En The Guardian: ¿Es el fin de las órdenes de control?
07 de septiembre de 2009
Andy Worthington
Para Comment is free, de The Guardian, "Abandonar
las órdenes de control" es un artículo que escribí para examinar si el
muy criticado sistema del gobierno de arresto domiciliario para sospechosos de
terrorismo detenidos sin cargos ni juicio sobre la base de pruebas secretas
está a punto de colapsar después de que un juez anulara la orden de control que
había mantenido a un ciudadano conjunto británico-libio (identificado sólo como
AF) marcado, vigilado y sometido a un toque de queda de 14 horas durante más de
tres años.
La decisión del juez siguió a una
sentencia crucial dictada en junio, cuando los Lores de la Ley demostraron
que ya estaban hartos del planteamiento del Gobierno para tratar a los
sospechosos de terrorismo que no pueden ser deportados (en algunos casos porque
son ciudadanos británicos) y a los que, según sostienen los ministros, no se
puede someter a juicio, porque comprometería las fuentes y los métodos de los
servicios de inteligencia, al dictaminar que la imposición de órdenes de
control infringe el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que
garantiza el derecho a un juicio justo, porque un sospechoso detenido en virtud
de una orden de control no recibe "información suficiente sobre las
acusaciones que pesan contra él para que pueda dar instrucciones efectivas al
abogado especial que se le asigne."
Ante los
fuertes indicios del Ministerio del Interior de que las órdenes de control
restantes (que se cree que son unas 19) dejarán de tener efecto, ahora es un
buen momento no sólo para que el gobierno acepte finalmente que debe unirse al
resto del mundo en la búsqueda de una forma de utilizar las pruebas de
interceptación en los tribunales (lo que implica una serie de técnicas
perfectamente válidas para proteger sus fuentes y métodos - ver PDF),
sino también para que los activistas presionen al gobierno para que abandone
los casos de otros hombres detenidos bajo fianza de deportación, que también
están detenidos sobre la base
de pruebas secretas.
Como este último caso afectaba a un ciudadano conjunto británico-libio, escribir este artículo
también me dio la oportunidad de demostrar cómo, en lo que respecta
a los libios detenidos como sospechosos de terrorismo en el Reino Unido, el
gobierno británico parece estar menos preocupado por prevenir el terrorismo y
más por plegarse a los deseos del paria convertido en aliado coronel Gadafi y a
los lucrativos contratos petrolíferos que esperan a las empresas británicas en
el desierto libio. Como señalo en la conclusión de mi artículo: "A medida
que el régimen de orden de control se desmorona, es hora de que esta hipocresía
respecto a los libios también llegue a su fin".
Abandonar las órdenes de control
Andy Worthington
The Guardian
7 de septiembre de 2009
A medida que se desmorona el régimen de orden de control, también es hora de que se ponga fin a la
hipocresía del gobierno en relación con los sospechosos de terrorismo libios.
El futuro del sistema de órdenes
de control del gobierno -concebido en 2005 para mantener a los sospechosos
de terrorismo bajo una forma de arresto domiciliario- está hoy en entredicho,
después de que el gobierno haya retirado
una orden de control que, durante más de tres años, mantuvo a un ciudadano
conjunto británico-libio etiquetado, vigilado y sometido a un toque de queda de
14 horas, en lugar de revelar información que le permitiera responder a la
causa abierta contra él. Ahora parece probable que el
ministro del Interior revoque el resto de órdenes de control.
El sistema de órdenes de control fue, en esencia, improvisado por el gobierno después de que los jueces
dictaminaran en diciembre de 2004 que mantener a hombres sin cargos ni juicio
en la prisión de Belmarsh -la respuesta anterior del gobierno para retener a
sospechosos de terrorismo que no podían ser deportados y que, según mantenía,
no podían ser juzgados- era ilegal.
Aunque el sistema requiere la aprobación parlamentaria cada año, y también es supervisado por Lord
Carlile, el revisor independiente de la legislación antiterrorista del
gobierno, ha sido duramente criticado por abogados y grupos de derechos
humanos, aunque no fue hasta junio de este año cuando los law lords
dictaminaron finalmente que la imposición de órdenes de control infringe
el artículo 6 del convenio europeo de derechos humanos, que garantiza el
derecho a un juicio justo, porque un sospechoso detenido en virtud de una orden
de control no recibe "información suficiente sobre las acusaciones que
pesan sobre él para que pueda dar instrucciones efectivas al abogado especial
que se le asigne".
Los jueces dictaron sentencia en el caso de tres hombres, identificados únicamente por sus
iniciales. A uno de ellos, un ciudadano británico conocido como AN, se le anuló
la orden de control en julio, cuando el juez Mitting dictaminó que el
secretismo del gobierno en relación con las pruebas en su contra había "llegado
al extremo de negar a AN el conocimiento de la esencia del caso contra él",
y la semana pasada una sentencia similar en el caso de otro de los tres
hombres, AF, llevó al ministro del Interior, Alan Johnson, a revocar su orden
de control.
Mientras abogados y defensores de los derechos humanos se preguntan si será posible que el gobierno
mantenga las órdenes de control que actualmente se aplican a otros 19
sospechosos de terrorismo -incluidos ciudadanos británicos y extranjeros-, la
verdad contundente ahora es que el gobierno debería abandonar por completo las
órdenes de control y, en su lugar, acusar formalmente a quienes considere que
tienen conexiones con el terrorismo, unirse al resto del mundo en el abandono
de su anacrónica oposición al uso de pruebas de interceptación en los
tribunales y llevar a juicio a los sospechosos de terrorismo, con la seguridad
de que existen medios viables para presentar pruebas al tiempo que se protegen
las fuentes y los métodos de inteligencia.
Con el reciente furor por la liberación del terrorista convicto de Lockerbie, Abdelbaset al-Megrahi, y la
creciente importancia de los acuerdos comerciales basados en el petróleo que
Gran Bretaña mantiene con el gobierno libio (como admitió
el secretario de Justicia, Jack Straw, la semana pasada), el caso de AF
plantea otros interrogantes sobre la relación del gobierno británico con el
dictador libio, Muamar Gadafi.
AF, cuya madre inglesa y padre libio están divorciados, nació en el Reino Unido en 1980, pero se crió en
Libia. Tras regresar a Inglaterra con su padre en diciembre de 2004, se le
impuso una orden de control por supuestos vínculos con un grupo de oposición al
régimen de Gadafi. En junio, los Lores concluyeron que había "demostrado
que mantenía vínculos inocentes con las personas mencionadas", pero como expliqué
en un artículo en mayo, quizá sea aún más significativo que la respuesta
del gobierno británico a los presuntos sospechosos de terrorismo libios en el
Reino Unido parece haber estado dictada no por políticas antiterroristas
nacionales, sino por consideraciones políticas, desde que Tony Blair visitó a
Gadafi en 2004 y habló de la "nueva relación" que se había hecho
posible desde que el régimen renunció a su programa de armas de destrucción masiva.
Como señalé en su momento, tanto el Reino Unido como Estados Unidos estaban tratando con supuestos
sospechosos de terrorismo libios no porque fueran una amenaza para Occidente,
sino porque era "considerado una amenaza para Gadafi, a pesar de que,
antes de que el presidente libio se uniera hábilmente a la "guerra contra
el terrorismo", era considerado un paria y un terrorista internacional y
quien se le oponían eran vistos como luchadores por la libertad". A medida
que el régimen de orden de control se desmorona, es hora de que esta hipocresía
con respecto a los libios también llegue a su fin.
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