Tortura, detención preventiva y juicios por terrorismo en Guantánamo
01 de diciembre de 2008
Andy Worthington
En el mundo real, fuera de la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba), la promesa
de Barack Obama de cerrar Guantánamo y desechar las Comisiones Militares (el
sistema de juicios para "sospechosos de terrorismo" que se estableció
tras los atentados del 11-S) ha provocado un inusitado estallido de frenesí en
los medios de comunicación.
A falta de planes concretos anunciados por el equipo de transición del Presidente electo, expertos y
funcionarios extraoficiales de todos los colores políticos han intervenido para
llenar el vacío con especulaciones
sobre la importancia de los 255 presos restantes, algunas demandas estridentes
de legislación que respalde la "detención preventiva","algunas
advertencias igualmente estridentes de que en el futuro se necesitarán técnicas
más contundentes para tratar a los terroristas capturados, y una serie de
opiniones sobre si los presos de Guantánamo considerados una amenaza real para
Estados Unidos (las estimaciones
oscilan entre varias docenas de presos y unos 80) debiesen ser trasladados al
territorio continental de Estados Unidos para ser juzgados en tribunales
federales o en otro sistema completamente nuevo.
Algunas de estas opiniones son realmente preocupantes y revelan hasta qué punto la retórica de la
"Guerra contra el Terror" de los últimos siete años, llena de miedo,
ha calado en la psique estadounidense. Las propuestas para crear una nueva
legislación que autorice la "detención preventiva", por ejemplo, en
realidad pretenden justificar gran parte de lo que el gobierno de Bush ha
estado haciendo en Guantánamo, y resulta increíble que los ciudadanos de una
sociedad civilizada basada en el Estado de Derecho intenten justificar el
encarcelamiento de personas no por lo que han hecho, sino para prevenir lo que
podrían hacer en el futuro.
La propuesta es doblemente inquietante porque las afirmaciones del gobierno de que algunos de los presos
pueden ser peligrosos no se basan en pruebas que puedan probarse ante un
tribunal, sino en informes de inteligencia que pueden o no ser fiables, y en
rumores y confesiones -hechas por otros presos o por los propios presos- que
pueden haberse obtenido mediante tortura u otras formas de coacción, o mediante
soborno (un sistema de "recompensas" bien documentado para los presos
considerados "cooperativos").
Además, los llamamientos en favor de técnicas sólidas para tratar a los sospechosos de terrorismo
capturados en el futuro están claramente influidos por los argumentos de la administración
Bush de que los prisioneros capturados en la "Guerra contra el
Terror" constituyen una amenaza de un tipo nunca antes encontrado, y que
esta amenaza justifica sus intentos de redefinir la tortura, y su respaldo al
uso de la tortura por parte de las fuerzas estadounidenses. Para que conste en
acta, la tortura, tal como se define en la Convención
de la ONU contra la Tortura (de la que Estados Unidos es signatario), se
define como "todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales", y no,
como afirmaba la administración estadounidense en su tristemente célebre "Memorando
sobre la tortura" de agosto de 2002, un acto que produzca un dolor
"equivalente en intensidad al dolor que acompaña a una lesión física grave,
como la insuficiencia orgánica, el deterioro de las funciones corporales o
incluso la muerte".
Gran parte de esto ha sido confirmado por Dan Coleman, un alto interrogador del FBI que trabajó en varios
casos de terrorismo de alto perfil antes de los atentados del 11-S. Coleman ha
declarado que "la gente no hace nada a menos que se le recompense".
En una entrevista concedida en 2006 a Jane Mayer, de The New Yorker,
reconoció que la brutalidad puede "proporcionar una información
puntual", pero es "completamente insuficiente" en la lucha a más
largo plazo contra el terrorismo. "Hay que hablar con la gente durante
semanas. Años", explicó.
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Cuando se trata de propuestas para establecer un nuevo sistema de enjuiciamiento de
sospechosos de terrorismo, es evidente que quienes las presentan no han
analizado los fallos del sistema concebido por Dick
Cheney y sus asesores cercanos en noviembre de 2001. Anuladas por el
Tribunal Supremo en junio de 2006, las Comisiones fueron reactivadas por el
Congreso ese mismo año, pero han tenido dificultades para establecer su legitimidad,
principalmente porque los jueces militares nombrados por el gobierno están
facultados para aceptar pruebas obtenidas mediante coacción, para impedir toda
mención de pruebas obtenidas mediante tortura, y a difuminar la distinción
entre ambas, y también porque, como informé ampliamente en un
artículo anterior, cada vez hay más pruebas que indican que todo el sistema
está amañado, y que los representantes del Pentágono, que se supone que son
imparciales, en realidad reciben órdenes de la Oficina del Vicepresidente, que
es muy parcial.
Queda por ver cómo esta cadena de mando -que pivota sobre el papel desempeñado por la juez retirada
Susan Crawford, la "Autoridad Convocante" de la Comisión, y amiga
íntima tanto de Dick Cheney como de su jefe de gabinete David Addington-
sobrevivirá a la transición a la administración Obama, pero los entusiastas de
la creación de otro sistema completamente nuevo deberían tener realmente en
cuenta la oposición sostenida a las Comisiones que se ha montado desde dentro.
Los que se han opuesto implacablemente al sistema no son sólo los abogados defensores militares, que
han estado dispuestos a sacrificar
sus carreras en defensa de la justicia, sino también el coronel Morris
Davis, ex fiscal jefe, y varios ex fiscales, entre ellos, más recientemente, el
teniente coronel Darrel Vandeveld, que se opuso a la creación de la Comisión.
Darrel Vandeveld, que pasó de ser un "verdadero creyente a alguien que se
sentía realmente engañado" por el sistema, cuando descubrió que se estaban
reteniendo sistemáticamente pruebas vitales para la defensa en el caso de Mohamed
Jawad, un adolescente afgano acusado de un ataque con granadas contra las
fuerzas estadounidenses en diciembre de 2002.
Mientras tanto, mientras los entusiastas de un nuevo sistema de juicios se entregan a sus
elucubraciones, en gran medida abstracta, la realidad de las propias Comisiones
sigue confundiendo a la realidad, ya que los responsables del proceso persisten
en comportarse como si todo siguiera igual.
En vísperas de las elecciones presidenciales, la incapacidad de las comisiones para hacer algo
parecido a la justicia quedó demostrada cuando Ali Hamza al-Bahlul, miembro
confeso de Al Qaeda, fue condenado a cadena
perpetua por conspiración y apoyo material al terrorismo, que se supone que
debe cumplir en régimen de aislamiento total en Guantánamo. Al-Bahlul fue
condenado tras un vergonzoso juicio de exhibición unilateral en el que, debido
a las normas mal definidas que rigen las Comisiones, se le permitió anotarse lo
que en la práctica fue una victoria propagandística de Al Qaeda al negarse a
organizar una defensa.
Desde entonces, las Comisiones han seguido dando tumbos como si nada hubiera cambiado con las
elecciones del 5 de noviembre. El 17 de noviembre, el juez principal, el
coronel de la Infantería de Marina Ralph Kohlmann, que había estado
supervisando los tortuosos procedimientos previos al juicio de Khalid
Sheikh Mohammed y otros cuatro hombres acusados de participar en los
atentados del 11-S, anunció su jubilación
inmediata, echando por tierra cualquier posibilidad de que el principal
juicio de las Comisiones se celebrara antes de que la administración Bush
abandonara el poder.
En una
vista celebrada en septiembre, Kohlmann había admitido que su jubilación
estaba prevista para abril de 2009, lo que llevó a Mohammed a pedirle que se
inhibiera del caso, alegando que "podría precipitar indebidamente el
procedimiento". Cualquier tipo de "precipitación" queda ahora
completamente descartada, por supuesto, y en su lugar, como explicó el teniente
comandante James Hatcher (abogado de uno de los acusados, Walid bin Attash), la
marcha de Kohlmann significa que "será necesaria una nueva ronda de
audiencias previas al juicio y el nuevo juez [se verá] obligado a reexaminar
resoluciones anteriores", lo que "hará aún más complejo un caso ya de
por sí complejo."
La marcha de Kohlmann, un operador sin pelos en la lengua que ha participado en las Comisiones desde
diciembre de 2005, no facilitará en absoluto el trabajo del sistema de
enjuiciamiento, sobre todo teniendo en cuenta que su sucesor elegido, el
coronel del Ejército Stephen Henley, "ha demostrado ser más flexible que
los demás jueces". Stephen Henley, ha "mostrado más paciencia"
con los abogados defensores que su predecesor (como lo describió el Miami
Herald), y era, en el momento de su nombramiento, el único juez que había
dictaminado que una parte importante de las pruebas de la acusación en un caso
-el de Mohamed Jawad- eran inadmisibles,
porque habían sido extraídas mediante el uso de la tortura.
Está previsto que el juicio de Jawad comience el 5 de enero de 2009, pero al día siguiente del nombramiento
de Henley para el juicio de Khalid Sheikh Mohammed y sus presuntos cómplices,
asestó otro golpe a la acusación en el caso de Jawad al dictaminar que una
segunda confesión, realizada bajo custodia estadounidense al día siguiente de
su confesión afgana, también era inadmisible, en parte porque, como describió
Associated Press, "el interrogador estadounidense utilizó técnicas para
mantener 'el estado de shock y miedo' asociado a su detención por la policía
afgana, entre ellas vendarle los ojos y colocarle una capucha en la
cabeza"." Como explicó Henley en su fallo, "la comisión militar
concluye que el efecto de las amenazas de muerte que produjeron la primera
confesión del acusado a la policía afgana no se había disipado con la segunda
confesión a Estados Unidos. En otras palabras, la confesión posterior fue en sí
misma el producto de las amenazas de muerte precedentes".
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En el resto de las Comisiones, la evolución de otros dos casos tampoco contribuyó a
aumentar la legitimidad del sistema judicial. En el caso de Ibrahim al-Qosi,
preso sudanés procesado el 19 de noviembre, la principal acusación contra él
-que era responsable de la nómina de Al Qaeda en Jartum, antes de que Osama bin
Laden y su séquito se trasladaran a Afganistán en 1996- ha sido retirada por el
gobierno, y todo lo que queda son afirmaciones de que trabajó en un complejo de
Al Qaeda de 1996 a 1998, que luchó "como hombre de mortero de Al Qaeda
cerca de Kabul de 1998 a 2001", y que a veces trabajó como conductor y
guardaespaldas de Bin Laden.
Además, el abogado civil de al-Qosi, Lawrence Martin, tiene una opinión sobre el papel de su cliente que,
para el gobierno, debe sonar incómodamente similar a la de Salim Hamdan.
Hamdan, yemení y uno de los siete chóferes de Bin Laden, acaba de ser repatriado
para cumplir el último mes de la exigua
condena que se le impuso en agosto, después de que el jurado militar desestimara
la acusación de conspiración contra él, aceptando que no sabía nada sobre el
funcionamiento de Al Qaeda. En la comparecencia de Al Qosi, Martin declaró:
"El Sr. Al Qosi, lejos de ser un criminal de guerra, era un
cocinero", y añadió: "Ni siquiera era cocinero de Bin Laden, sino
cocinero de un complejo en el que Bin Laden era a veces visitante".
La otra comparecencia del 19 de noviembre -la de Mohammed Hashim, otro preso afgano- era aún menos justificable.
Hashim fue acusado
en junio de espiar para Al Qaeda en Afganistán y de llevar a cabo un ataque con
cohetes contra las fuerzas estadounidenses, a pesar de que era, en el mejor de
los casos, un insurgente afgano menor. Como en los casos de otros
dos
afganos (además de Mohamed Jawad), es difícil averiguar cómo interpreta la
administración estos cargos como "crímenes de guerra". Su caso se
complica por el hecho de que su testimonio públicamente disponible -que está
salpicado de referencias inverosímiles a su conocimiento de los atentados del
11-S (a través de un miembro de la Alianza del Norte, los enemigos implacables
tanto de Al Qaeda como de los talibanes), su supuesta relación con Osama bin
Laden y los supuestos vínculos entre Al Qaeda y Sadam Husein- sugiere que, o
bien tiene problemas de salud mental, o bien ha inventado las mayores mentiras
posibles para asegurarse un trato más favorable.
A pesar de todos estos dudosos acontecimientos, la señal más preocupante de que las Comisiones siguen
operando en una realidad paralela se produjo el 19 de noviembre, cuando el
coronel Lawrence Morris, fiscal jefe, anunció que los cargos contra Mohammed
al-Qahtani, que se habían retirado sin explicación alguna en mayo, se iban a
volver a presentar, y que los cargos contra otros cinco prisioneros, que se
habían retirado el mes pasado, también se volverían a presentar en un futuro próximo.
El caso de Mohammed al-Qahtani es uno de los más escandalosos de toda la larga e innoble historia
de Guantánamo. Considerado como el vigésimo secuestrador propuesto para los
atentados del 11 de septiembre, hasta que fue rechazado por los funcionarios de
inmigración en Orlando (Florida), al parecer al-Qahtani estaba siendo
interrogado por el FBI con cierto éxito (mediante las técnicas de la vieja
escuela favorecidas por Dan Coleman), cuando el Pentágono, en otoño de 2002, se
impacientó con los resultados del FBI.
Tras obtener la aprobación del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, para una serie de "técnicas de
interrogatorio mejoradas", Al Qahtani fue interrogado durante 20 horas al
día a lo largo de 50 días a finales de 2002 y principios de 2003, según reveló
la revista Time en un diario de interrogatorios (PDF) publicado en
2005. Entre las técnicas empleadas -además de la persistente privación de
sueño- figuraban la humillación sexual extrema y el "aseo forzado"
(afeitarse el pelo y la barba), y también fue amenazado con perros, desnudado y
cacheado, y obligado a ladrar como un perro y a gruñir ante fotografías de
terroristas. En una ocasión fue sometido a una "falsa entrega", en la
que lo tranquilizaron, lo sacaron de la isla, lo reanimaron, lo llevaron de
vuelta a Guantánamo y le dijeron que estaba en un país que permitía la tortura.
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Además, como expliqué en mi libro The Guantánamo
Files, "Las sesiones eran tan intensas que a los interrogadores
les preocupaba que la falta de sueño acumulada y los constantes interrogatorios
supusieran un riesgo para su salud. El personal médico comprobaba su estado de
salud con frecuencia -a veces hasta tres veces al día- y en una ocasión, a
principios de diciembre, la rutina de castigo se suspendió durante un día
cuando, como consecuencia de negarse a beber, se deshidrató gravemente y su
ritmo cardíaco descendió a 35 pulsaciones por minuto. Sin embargo, mientras un
médico acudía a verle a la cabina, se ponía música a todo volumen para impedir
que durmiera".
Hasta que el coronel Morris hizo su anuncio, se había presumido ampliamente que se habían retirado los cargos contra Al
Qahtani porque -a diferencia de los interrogatorios en las prisiones secretas
de la CIA en las que estuvieron recluidos Khalid Sheikh Mohammed y otros
"detenidos de alto valor", que pueden ser excluidos de sus juicios-
los detalles de los interrogatorios de Al Qahtani no sólo están a disposición
del público, sino que fueron declarados "degradantes y abusivos" por
una investigación del Pentágono en 2005 (PDF).
Sin embargo, en el mundo paralelo de las Comisiones Militares, donde los intentos de la administración
Bush de redefinir la tortura siguen siendo claramente acogidos con entusiasmo,
nada de esto parece importar. Al anunciar su intención de volver a acusar a
al-Qahtani, el coronel Morris declaró, como explicó el New York Times,
que "los fiscales habían decidido que existían pruebas 'independientes y
fiables' de que el Sr. Qahtani había estado conspirando con los secuestradores
del 11 de septiembre."
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El coronel Morris también declaró su intención de presentar nuevos cargos contra los cinco
prisioneros cuyos cargos
fueron retirados en octubre, lo que resulta casi igual de desconcertante.
Cuando se retiraron los cargos contra Noor Uthman Muhammed, Ghassan al-Sharbi,
Jabran al-Qahtani, Sufyian Barhoumi y Binyam Mohamed (foto de la izquierda), se
dio por sentado que se debía a que su fiscal, el teniente coronel Vandeveld,
que acababa de testificar a favor de la defensa en el caso de Jawad después de
ponerse en contra del gobierno, tenía más revelaciones sobre las maquinaciones
de los fiscales que socavarían sus casos. Esto puede ser cierto, especialmente
en relación con Binyam
Mohamed, residente británico que fue enviado a Marruecos en 2002 para que
los torturadores por poderes pasaran 18 meses extrayéndole una confesión falsa
sobre su papel en un complot inexistente de "bomba sucia".
Mohamed se encuentra actualmente inmerso en disputas
legales sobre su caso en tribunales de ambos lados del Atlántico, por lo
que es una muestra más del alejamiento de la realidad por parte de la Comisión
que el coronel Morris esté planeando presentar nuevos cargos contra él. Sin
embargo, lo que demuestra sobre todo, como en el caso de Mohammed al-Qahtani,
es que Barack Obama tendrá que actuar con rapidez y decisión después del 20 de
enero si quiere demostrar que, bajo su administración, ya no se tolerará el uso
de la tortura ni las confesiones obtenidas mediante tortura.
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