La sentencia del Corte Supremo sobre Guantánamo: ¿qué significa?
13 de junio de 2008
Andy Worthington
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 29 de septiembre de 2023
Quienes aprecian la adhesión histórica de Estados Unidos al Estado de Derecho -entre
los que me incluyo- se alegraron al saber que el Corte Supremo de Estados
Unidos dictaminó el jueves, en el caso Boumediene v. Bush, que los presos de Guantánamo "tienen derecho constitucional al
habeas corpus", lo que les permite impugnar el fundamento de su detención,
en virtud de los términos del "Gran Escrito" de habeas corpus, de 800
años de antigüedad. Bush, que los presos de Guantánamo "tienen el derecho
constitucional al habeas corpus", lo que les permite impugnar el
fundamento de su detención, en virtud de los términos del "Gran
Mandamiento" de habeas corpus, de 800 años de antigüedad, que prohíbe la
suspensión de los derechos de los presos a impugnar el fundamento de su
detención salvo en "casos de rebelión o invasión".
El hecho de que fuera necesaria esta decisión es sorprendente, ya que fue hace casi cuatro años, el
29 de junio de 2004, cuando el Corte Supremo dictaminó, en el caso
Rasul v. Bush, que
Guantánamo -elegido como base para la prisión porque se suponía que estaba
fuera del alcance de los tribunales estadounidenses- era "en todos los
aspectos prácticos un territorio de Estados Unidos" y que, por tanto, los
presos tenían derechos de hábeas corpus, lo que les permitía impugnar el
fundamento de su detención.
La diferencia entre entonces y ahora es que, en Rasul v. Bush, el Corte Supremo dictaminó
únicamente que los presos tenían derechos de hábeas corpus estatutarios y, tras
la sentencia, el ejecutivo respondió de dos formas que socavaron por completo
el veredicto del Corte Supremo.
La primera de ellas -cuando los abogados empezaron a solicitar visitar a los presos para establecer
casos de habeas- fue el establecimiento de Tribunales de Revisión del Estatuto
de los Combatientes (CSRT) en Guantánamo, que se crearon, aparentemente, para
revisar la designación de los presos como "combatientes enemigos",
que podían ser recluidos sin cargos ni juicio. En realidad, eran un lamentable
sustituto de una impugnación judicial válida. Aunque se permitió a los
prisioneros presentar su propia versión de los hechos que condujeron a su
captura, no se les permitió representación legal y se les sometió a pruebas
secretas que no podían ver ni impugnar.
El pasado mes de junio, el teniente coronel Stephen Abraham, veterano de los servicios de
inteligencia estadounidenses que trabajó en los CSRT, emitió un veredicto
condenatorio sobre su legitimidad, calificándolos de equivalente
administrativo de los juicios espectáculo, basados en pruebas generalizadas y a
menudo "genéricas", y concebidos para refrendar la designación previa
de los presos como "combatientes enemigos". El testimonio del
teniente coronel Abraham, presentado como declaración jurada en el caso Al Odah
contra Estados Unidos, uno de los casos consolidados con Boumediene, fue
considerado por los juristas como el detonante que impulsó al Corte Supremo,
que había rechazado una apelación en nombre de los presos en abril de 2007, a revocar
su decisión y aceptar conocer de los casos. La revocación era tan infrecuente
que se había producido por última vez 60 años antes.
La segunda respuesta del ejecutivo a Rasul fue eliminar los derechos estatutarios de los presos,
persuadiendo a la tercera rama del poder estadounidense -los políticos del
Congreso- para que aprobaran dos leyes terriblemente defectuosas: la Ley sobre
el Trato a los Detenidos de 2005 y la Ley de Comisiones Militares de 2006.
La Ley sobre el Trato a los Detenidos (DTA, por sus siglas en inglés), que se originó como un
proyecto de ley contra la tortura concebido por el senador John McCain, fue
secuestrada por el ejecutivo, que consiguió que se aprobara una enmienda que
eliminaba los derechos de hábeas de los prisioneros, aunque la legislación era
tan chapucera que no estaba del todo claro si los prisioneros habían sido
despojados totalmente de sus derechos, o si se seguirían considerando los casos
pendientes. Lo que estaba claro, sin embargo, era que la DTA limitaba cualquier
revisión de los casos de los presos al Tribunal de Circuito de DC (en lugar de
al Corte Supremo), impidiendo cualquier investigación independiente para
cuestionar el fondo de las alegaciones de la administración, y obligando a los
jueces a pronunciarse únicamente sobre si los CSRT habían seguido o no sus
propias normas, y si éstas eran o no válidas.
En otoño de 2006, tras una segunda decisión trascendental del Corte Supremo, en el caso Hamdan v.
Rumsfeld, en la que los magistrados dictaminaron que los juicios propuestos por
la Comisión Militar para los detenidos de Guantánamo (que también se basaban en
el uso de pruebas secretas) eran ilegales en virtud del derecho nacional e
internacional, el ejecutivo persuadió al Congreso para que aprobara la Ley de
Comisiones Militares (MCA), que reinstauró las Comisiones Militares y también
eliminó cualquier duda persistente sobre los derechos de hábeas de los presos,
En ella se establecía explícitamente que "ningún tribunal, juez o
magistrado tendrá jurisdicción para conocer o examinar una solicitud de hábeas
corpus presentada por un extranjero detenido por los Estados Unidos, o en su
nombre, si se ha determinado por los Estados Unidos que ha sido debidamente
detenido como combatiente enemigo o está a la espera de tal
determinación"." En un nuevo intento de reprimir la disidencia, la
MCA definió a un "combatiente enemigo" como alguien que ha
participado en hostilidades contra Estados Unidos o las ha apoyado, o "ha
sido declarado combatiente enemigo ilegal por un Tribunal de Revisión del
Estatuto de Combatiente u otro tribunal competente establecido bajo la
autoridad del Presidente o del secretario de Defensa".
Los engranajes de la justicia giran tan lentamente que el Corte Supremo ha tardado más de un año y
medio desde la aprobación de la MCA en estampar su autoridad sobre los
engreimientos tanto del ejecutivo como del Congreso, y los cínicos pueden
argumentar que todo esto podría haberse evitado si el Corte Supremo hubiera
insistido en los derechos constitucionales de hábeas de los presos en junio de
2004. No obstante, la sentencia del jueves -aunque tardía- echa por tierra las
disposiciones de supresión del hábeas tanto de la DTA como de la MCA.
En términos inequívocos, el juez Anthony Kennedy, que emitió la opinión mayoritaria del
Tribunal, dictaminó que los "procedimientos de revisión de la situación de
los detenidos" de la DTA "no son un sustituto adecuado y eficaz del
habeas corpus" y que, por tanto, el componente de supresión del habeas
corpus de la MCA "funciona como una suspensión inconstitucional de la
orden judicial". Estas sentencias, que deberían avergonzar profundamente a
los políticos del país, no podrían ser más claras y, aunque no se sabe cómo
responderá la administración en sus últimos días, parece poco probable que el
ejecutivo pueda evitar que una serie de casos de habeas corpus, que llevan años
en una especie de bloqueo legal, lleguen a los tribunales.
El único otro recurso obvio, que también ayudará a los presos a escapar del intolerable limbo legal
en el que han permanecido hasta seis años y medio, es que la administración
desarrolle de repente una destreza diplomática antes inimaginable, y haga arreglos
para la liberación de un gran número de los 273 prisioneros restantes sin tener
que soportar la aguda vergüenza de justificar, en un tribunal adecuado, los
rumores, las insinuaciones, la información genérica disfrazada de prueba, y los
frutos de la tortura, la coacción y el soborno que ha utilizado para encarcelar
a estos hombres durante tantos años.
Lamentablemente, desde el 11-S, la justicia en EE.UU. ha avanzado tan lentamente que en ocasiones ha
parecido estar muerta, pero el veredicto del jueves es un triunfo rotundo de la
importancia de la ley como freno al poder ejecutivo sin límites y al capricho
de los políticos. Como afirmó el juez Kennedy en su opinión, "Las leyes y
la Constitución están diseñadas para sobrevivir, y permanecer en vigor, en
tiempos extraordinarios". Y añadió: "Sostener que los poderes
políticos pueden encender o apagar la Constitución a voluntad conduciría a un
régimen en el que ellos, y no este tribunal, dicen 'cuál es la ley'", una
cita de una sentencia de 1803, en la que el Corte Supremo explicaba su derecho
a revisar las leyes del Congreso, lo que, por supuesto, refuerza la supremacía
de la separación de poderes que yace en el corazón de la Constitución de
Estados Unidos.
POSDATA: Consulte Resultados
de Habeas de Guantánamo: La lista definitiva para conocer la historia
completa de cómo, después de que los jueces aprobaran la puesta en libertad de
38 presos de Guantánamo, el Tribunal de Circuito de Washington DC vació de todo
significado el habeas corpus.
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