4 de junio de 2010: ¿Qué está haciendo Obama en
Bagram? (Segunda parte): La detención ejecutiva, la rendición, tribunales de
revisión, salida en libertad de los presos y juicios
Andy Worthington
4 de junio de 2010
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
25 de octubre de
2010
En el primero de
dos artículos sobre las políticas de Obama respecto a la base aérea de
Bagram, Afganistán, examiné las revelaciones recientes sobre la existencia de
una prisión secreta dentro de la base, aparentemente a mando de una misteriosa
rama del Pentágono, donde se usan “técnicas de interrogatorio ampliadas” de la
época de Bush como la privación del sueño y el aislamiento, autorizadas por el
apéndice M del Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos. Este segundo
artículo examina los esfuerzos confusos del gobierno de Obama de conciliar las
políticas de detención en la prisión principal con las normas aceptadas
internacionalmente para presos capturados en tiempos de guerra, que han
resultado en fracasos espectaculares –la insistencia en denegar derechos de
habeas corpus a los presos extranjeros llevados a Bagram de otros países—y en
ciertas mejoras, como nuevos tribunales de revisión, la salida en libertad de
unos presos y la realización de juicios, que no obstante revelan el tipo de
confusión que seguirá prevaleciendo en tanto que el gobierno de Obama siga
aceptando las modificaciones unilaterales que hacía su predecesor de la
Convención de Ginebra.
Un nuevo proceso de revisión en Bagram, y la lucha del gobierno de Obama
para denegar derechos de habeas corpus a los presos extranjeros
Más allá del creciente escándalo sobre la “prisión negra”, que urge una mayor
investigación, las autoridades estadounidenses han estado tratando de ponerle
una nueva cara a la prisión principal de Bagram, y en esto han tenido un poco
más éxito, pues han abierto una nueva instalación para reemplazar la escuálida
fábrica rusa inmortalizada en
las tristes historias de los presos recluidos ahí en los días iniciales; en
enero dieron a conocer
por primera vez una lista de presos; y establecieron un nuevo proceso de
revisión con el fin de poner en libertad a los presos que “son combatientes no
ideológicos o ‘casuales’ que no representan una amenaza de largo plazo a Estados
Unidos”; como Max Fisher explicó en un artículo de Atlantic en marzo, estos son “el 80 al 90 por ciento”
de la población carcelaria total, la cual calculó en 750 presos.
Se inició un nuevo proceso de revisión por dos razones, una mucho más
benévola que la otra. La primera razón tenía que ver con las lecciones que las
Fuerzas Armadas sacaron
de Irak, por tarde que fuera, a raíz del nombramiento por el general David
Petraeus, el comandante general de operaciones en Afganistán e Irak, del general
de división Doug Stone para supervisar el sistema de detención en Irak. Como un informe de la radio NPR explicó en agosto: “Había 21.000
detenidos. Pero [Stone] descubrió que la mayoría de esos detenidos iraquíes, tal
vez el 67%, no eran radicales, sino que eran en gran parte jóvenes analfabetos y
sin trabajo. En algunos casos se trataba de personas ingenuas que habían
colaborado con la insurgencia simplemente porque necesitaban dinero. Stone se
preocupaba que detener a tales personas solo empeoraría las cosas, pues las
convertiría en radicales”.
El informe de la NPR añadió que como resultado de su éxito en Irak, el
general Petraeus le mandó al general Stone a Afganistán, y este “fue con un
equipo a Afganistán, entrevistó a los detenidos, inspeccionó las instalaciones
de detención” y escribió un informe de 700 páginas en el cual calculó que “hasta
400 de los 600 presos en Bagram pueden ser puestos en libertad”, con la razón de
que “muchos de estos hombres fueron detenidos en el curso de redadas militares”
y “tienen pocas conexiones con la insurgencia”.
Sin embargo, la segunda razón por implementar un nuevo proceso de revisión se
debió a una demanda judicial en Estados Unidos, la cual el gobierno de Obama vio
con suma gravedad, lo mismo que el gobierno de Bush. En marzo de 2009, en el
tribunal federal de Washington, D.C., el juez John Bates le otorgó el derecho de habeas corpus a tres
presos extranjeros arrestados en otros países (incluidos Tailandia y Pakistán) y
trasladados más tarde a Bagram (vía prisiones secretas de la CIA), donde fueron detenidos por
hasta ocho años.
Como reconoció el juez Bates, los derechos de habeas corpus que la Corte Suprema había otorgado a los presos de Guantánamo
en junio de 2008 también eran aplicables a los presos extranjeros entregados a
Bagram, porque: “los detenidos al igual que los motivos por detenerlos son en
esencia idénticos [a los de Guantánamo]”, el proceso de revisión de Bagram “es
peor aún que el proceso de Guantánamo, que la Suprema Corte falló que era
inadecuado”, y porque los “obstáculos prácticos” a una revisión judicial de los
casos “no son insuperables” y, es más, “están mayormente a la disposición del
Ejecutivo” porque los presos fueron transportados específicamente a Bagram, en
una zona de guerra, desde otros lugares.
Hace dos semanas, el tribunal de apelaciones anuló vergonzosamente el fallo del juez Bates, una decisión que
echa a los presos extranjeros entregados a Bagram una vez más en un hoyo negro
jurídico; pero, como indicó Al-Jazeera en abril, es un hoyo negro jurídico que se podría
resolver rápida y decisivamente transfiriéndolos de nuevo a la custodia de sus
países de origen, lo que evitaría nuevos llamados a que Estados Unidos rinda
cuentas. El 27 de abril, Al-Jazeera informó que el vicealmirante Robert Harward,
al cargo de las operaciones de detención en Afganistán, afirmó mientras hablaba
sobre los presos extranjeros recluidos en Bagram –31 presos total, de acuerdo a
un artículo del New York Times en marzo—que las autoridades estaban
“coordinando en estos momentos” con los gobiernos de los países de origen de los
presos, y agregó: “Estamos trabajando para devolverlos al sistema judicial de
sus países”.
En un informe desde Kabul, James Bays afirmó: “Los afganos no van a querer
tener custodia de estos detenidos cuando [la prisión] vuelva al control afgano
y, por eso, Estados Unidos está hablando con algunos de los gobiernos de donde
vienen esos presos, para ver si estos los aceptarán”. Esta explicación puede
tener una pizca de verdad, pero también resulta conveniente pasar por alto el
hecho de que al despachar el problema de los presos, Estados Unidos evitará
tener que responder a por qué los arrestó en primer lugar y qué les hizo en las
prisiones secretas de la CIA incluso antes de que llegaran a Bagram.
El fallo del juez Bates en marzo, además de causar pánico sobre la extensión
del derecho de habeas corpus a los presos extranjeros en Bagram, empujó al
gobierno a responder a un tema que Bates mencionó en particular --las
deficiencias del proceso de revisión en Bagram-- con la introducción de un nuevo
proceso de revisión que el gobierno decidió anunciar, con cierto cinismo, como parte de su
apelación judicial en septiembre, sin duda esperando persuadir al tribunal de
apelaciones de que estuviera logrando mejoras significativas en Bagram.
Como dije en marzo, el juez Bates hizo una crítica mordaz del proceso de
revisión que existía en ese tiempo en Bagram, señalando que el Tribunal de
Revisión de Combatientes Enemigos Ilegales era “inadecuado” y también “más
propenso a cometer errores” que el proceso de revisión usado en Guantánamo de
2004 a 2005, o sea, los Tribunales de Revisión del Statu de los Combatientes,
condenados por ser simplemente un aval automático de la detención ejecutiva por
varios oficiales que habían trabajado bajo ese sistema, incluyendo en particular
el teniente coronel Stephen Abraham.
En su análisis del proceso de Bagram, el juez Bates notó que no se permitía
que los presos acudieran a un “representante personal” de las Fuerzas Armadas
(como es el caso en Guantánamo) en lugar de un abogado, y por ende se les
obligaba a representar a sí mismos, y explicó: “Además, los presos ni siquiera
pueden hablar por sí mismo; solo se les permite presentar una declaración
escrita. Pero cuando presentan esa declaración, los detenidos no saben en qué
evidencias Estados Unidos está basándose para justificar su designación como
‘combatiente enemigo’ y, por eso, no tienen una oportunidad real de refutar
dicha evidencia”. Señaló también que, a diferencia de Guantánamo donde se
convocan cada año un consejo de revisión administrativa: “Los detenidos de
Bagram no reciben ninguna revisión que no sea del mismo Tribunal de
Revisión”.
Con los nuevos Tribunales de Revisión de Detenidos, establecidos para reemplazar el antiguo Tribunal de Revisión de
Combatientes Enemigos Ilegales, ahora se proveen representantes personales a los
presos y los presos pueden llamar al estrado a testigos, lo que es
indudablemente una mejora. Sin embargo, más allá de los problemas que conlleva
importar desde Guantánamo un sistema que la Suprema Corte determinó que fuera
“inadecuado”, un problema más fundamental es que los presos de Bagram todavía no
reciben un trato de prisioneros de guerra bajo la Convención de Ginebra. Si los
trataran así, como expliqué hace poco:
Se habría tenido que investigarlos en el momento de su captura para
determinar si eran combatientes o personas civiles agarrados por error, y se
habría tenido que recluirlos sin causarles mayores problemas hasta que
terminaran las hostilidades. Por cierto eso no habría supuesto faltarles una
investigación adecuada en el momento de su captura y someterlos en algún momento
después de su captura a un proceso de revisión sacado de la nada.
En marzo de este año, Jonathan Horowitz de One World Research asistió a cinco de estas nuevas audiencias, cuyo propósito es
determinar “si se debería poner en libertad al detenido o recluirlo hasta una
nueva revisión de su caso en seis meses, o transferirlo a las autoridades
afganas para un juicio o una reconciliación”. Dijo que estas audiencias son de
hecho mejor que el antiguo tribunal de revisión, pero agregó: “las mejoras son
relativas y el listón ya estaba muy bajo”.
A Horowitz claramente le impresionó que ahora se puede llamar a testigos al
estrado y que los representantes personales se esfuerzan por actuar en defensa
del preso, pero se preocupó por la falta de suficiente personal, los problemas
con los traductores, la falta de conocimiento de la historia y cultura afganas
y, haciendo eco de los problemas en Guantánamo, criticó duramente el uso de
evidencia clasificada:
El hecho de que no se les permite a los presos repasar información que es
clasificada, perjudica seriamente la exactitud y la legitimidad de las
audiencias. Tal procedimiento respecto a lo clasificado, aunque importante para
proteger la identidad de los informantes, hace casi imposible que el detenido
cuestione con eficacia la verdad de las alegaciones. Para solucionar el
problema, las agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos tienen que
poner fin a su cultura de excesiva clasificación y dar mayor prioridad a mejorar
su capacidad de recabar evidencia, y no su capacidad de recabar información. Sin
dejar atrás su dependencia en fuentes secretas y adoptar una mayor
transparencia, las operaciones de detención estadounidenses y su sistema de
revisión de detenidos están condenados a fracasar.
Horowirz también quejó de los continuos fracasos en recabar información, un
problema que desde luego ha plagado las operaciones estadounidenses en
Afganistán desde un principio, como se ha demostrado una y otra vez con los presos afganos en Guantánamo. En su artículo, dijo que los militares “necesitan
revisar sus fuentes de inteligencia y eliminar a las fuentes que en repetidas
ocasiones han proporcionado información falsa e imprecisa. Una de las mayores
quejas que hacen los afganos de la política de detención estadounidense es que
los informantes no tienen que rendir cuentas a nadie” o, como él pudiera haber
agregado, es demasiado fácil que los informantes embauquen a los militares, como
revelan las historias más abajo.
Ponen en libertad a presos de Bagram
A raíz de la formación de los Tribunales de Revisión de Detenidos, docenas de
presos han salido de Bagram en libertad desde comienzos del año. Por supuesto,
otros salieron en libertad antes de eso, pero el proceso carecía de un
escrutinio independiente y muchas veces, aparentemente, se los trasladaron a la
custodia afgana, a pesar de los temores de que equivaldría a relegar al preso a
un sistema brutal donde había aún menos oportunidades para poner a la prueba los
argumentos estadounidenses por capturarlo.
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En marzo, como informó la agencia noticiosa Associated Press (AP),
pusieron en libertad a cuatro hombres en una ceremonia oficial, una “shura”, en
que estaban presentes “el gobernador de la provincia y decenas de líderes
ancianos transportados desde Logar, la provincia inmediatamente al sur de
Kabul,... [quienes] mordisqueaban la torta de chocolate y la fruta que se habían
puesto para ellos en una mesa de conferencia, y escuchaban discursos que
elogiaban un nuevo programa en que se pondría en libertad a presos de [Bagram]
si los líderes comunitarios respondieran por ellos”. Como explicó AP, bajo el
programa, que comenzó en enero, “los líderes afganos de una zona pueden pedir
que se pongan en libertad a presos de Bagram que no son considerados una
amenaza, si los jefes de la zona prometen observarlos para asegurar que no
ayuden a la insurgencia”.
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No obstante, las quejas persistían. Haji Katel, un hombre de 67 años de edad
(puesto en libertad con tres hombres en sus treintenas) dijo: “No hicimos nada
malo y nos arrestaron”, pero prometió que cumpliría con las condiciones de su
libertad. Dijo: “Ahora estoy en libertad. No me importa. No hice nada contra el
gobierno antes y no haré nada contra él ahora”. Sin embargo, uno de los hombres
reunidos para saludarlo, Walir Wakil, un líder de la comunidad, criticó la
política estadounidense de una manera que es ya tristemente conocida en la larga
historia de la prisión y que surgió una y otra vez en los relatos de afganos
transferidos a Guantánamo en 2003 y 2003.
Preguntó: “¿Por qué a estos cuatro hombres puestos en libertad los detuvieron
sin evidencias por meses en la instalación fuera de la base aérea de Bagram?
¿Por qué los soldados estadounidenses siguen haciendo redadas de nuestras casas
sin consultar con los líderes de la comunidad?” Desdeñó la política declarada
del general McChrystal de “consultar con los representantes locales como parte
de la política contrainsurgente de ganarle corazones y mentes al Talibán”, y
dijo: “Entre los afganos se lo escucha mucho”.
La semana siguiente, el New York Times asistió a una asamblea de poner en
libertad a los presos, la cual fue más tormentosa y de paso reveló la naturaleza
ad hoc de la política estadounidense en Afganistán, ofreciendo así a los
que miraban con cuidado una lección del por qué la modificación unilateral de la
Convención de Ginebra solo conduce al caos. Esta vez, los líderes ancianos que
habían ido a responder por su compatriota eran mucho menos generosos en cuanto a
las fuerzas armadas estadounidenses. Cuando se leía el documento de salida en
libertad, “el comandante Dawood Zazai, un líder pastún altísimo de la provincia
de Paktia que había peleado contra los soviéticos, golpeó el suelo con su muleta
para llamarles la atención. Al igual que otros líderes, no le gustó una cláusula
del documento que decía que los presos quedaron recluidos por sospechas
razonables basadas en la inteligencia. El comandante, golpeando el suelo otra
vez con la muleta, dijo: “No puedo firmar esto. No sé qué dijo esa inteligencia,
pues no la vimos. Es cierto que somos analfabetos, pero no somos ciegos. ¿Quién
probó la culpabilidad de esos hombres?”
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Como señaló el Times: “Nadie contestó, porque el comandante Zazai
acababa de tocar el meollo del debate jurídico que había rugido en Estados
Unidos por casi una década: ¿Tiene Estados Unidos el derecho jurídico de
recluir, indefinidamente y sin acusaciones o juicio, a gente capturada en el
campo de batalla?”
El Times debería haber añadido: y también gente no “capturada en el
campo de batalla”. En sus entrevistas con ex presos, la corresponsala del
Times Alissa J. Rubin tocó un problema más fundamental, al notar que un
tema recurrente era que “los estadounidenses fueron embaucados regularmente por
informantes que, si no le tenían rencor a una persona determinada, fueron
pagados para dar información a los estadounidenses que resultaría en la
detención de esa persona”.
Como explicación, Hajji Azizullah, un líder de 54 años de la tribu andar de
Ghazni, dijo al firmar por dos presos: “En primer lugar, la información que
ustedes tenían acerca de estos dos hombres era incorrecta. Tenemos la confianza
de que no ellos estaban involucrados con los insurgentes. Si estuvieran
involucrados, no estaríamos aquí para firmar su salida”. Uno de los hombres
puestos en libertad, Pacha Khan, descrito como un panadero analfabeto de la
provincia de Kunar, dijo estar “perplejo todavía respecto a por qué lo
detuvieron en primer lugar, y ni hablar de haberlo recluido por tres años”.
Dijo: “Soy inocente. Unos espías aceptaron dinero y me vendieron a los
estadounidenses. Los estadounidenses nos trataron muy bien, pero tú sabes, la
cárcel es una cosa grande: estar lejos de tu familia, tus parientes”. Su
hermano, Gul Ahmed Dindar, recalcó el costo humano de la detención, diciendo que
“tenía que mantener a la familia de su hermano, ocho hijos y una esposa, con el
sueldo miserable de un policía local”. Le dijo al reportero: “Estaban a punto de
vender a sus hijos. Tenían muy poco con qué vivir. Vendieron su única cabra, su
única oveja y su vaca. Luego vendieron sus muebles, que no eran muchos. Han
tenido una vida muy difícil”.
La naturaleza ad hoc del proceso de poner en libertad a los presos se
reveló al final de la asamblea. Como explicó el Times, a pesar del hecho
de que el vicealmirante Robert Harward, al mando de las operaciones de detención
en Afganistán, “insistió en que la inteligencia estadounidense era buena y que
eran insurgentes”, pronto capituló a las quejas de los ancianos afganos, que
estaban molestos porque el documento de libertad requería que se pusieran de
acuerdo con el punto de vista estadounidense de que los hombres puestos en
libertad tenían un “vínculo con la insurgencia”. Mientras los ancianos
asintieron con la cabeza, el documento se cambió para decir que los hombres no
tenían “ningún vínculo con la insurgencia”. El Times apuntó que “el nuevo
lenguaje se incluirá en los futuros documentos de aval” y citó a Harward:
“Aprendemos algo nuevo cada vez que hacemos esto”.
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La asamblea reportada más recientemente ocurrió el 15 de mayo con la puesta
en libertad de diez hombres, lo que lleva a un total de 200 para el año, de
acuerdo a un informe de McClatchy. Sin embargo, otra vez llegó a ser un
episodio tormentoso para los militares estadounidenses, pues Haji Ghulam Farooq
(el número 142 en la lista de presos de Bagram dada a conocer en enero), detenido
por tres años, aprovechó la oportunidad para decirles a los oficiales presentes,
incluido el teniente general de la Infantería de la Marina John R. Allen, el
número dos del mando central en Florida, que “temía que fuera tachado para
siempre como un sospechoso que se podría agarrar en cualquier momento”, como
dijo McClatchy.
Acusado de colaborar con los insurgentes del Talibán, Farooq le dijo al
teniente general Allen: “Fui comandante del mujahedin. No tiene lógica que yo
estuviera contra este gobierno”. Otro hombre puesto en libertad, Azzimuddin, de
38 años y padre de cuatro hijos, también quejó de su detención. Dijo que “pasó
más de dos semanas en la ‘prisión negra’ donde lo recluían en una pequeña celda
aislada”, y luego lo mandaron a la prisión principal donde lo “interrogaban cada
día por casi tres meses en torno a acusaciones de que había ayudado a armar al
Talibán”. Preguntó: “¿Por qué me detuvieron si al final me dijeron ‘Eres
inocente’?”.
En respuesta, el capitán Jack Hanzlik, director de asuntos públicos del Mando
Central Estadounidense, reiteró la línea oficial sobre las prisiones secretas,
discutida en la primera parte de este artículo. Dijo: “No operamos centros de
detención secretos”. Sin embargo, por lo menos estaba contrito al responder de
la detención de esos hombres. Dijo: “Si los detuvimos injustamente, lo siento.
Espero que este sea un día maravilloso de regreso a sus familias”.
Eso fue una especie de gesto de reconciliación, pero como explicó el líder
tribal Dawood Zazai, que asistió a la asamblea en marzo y estuvo presente para
esta ceremonia también, es posible que fuera demasiado poco y demasiado tarde.
Afirmando una vez más que los estadounidenses “están siendo embaucados por
inteligencia errónea y utilizados por afganos maliciosos que acusan falsamente a
sus rivales de ser combatientes del Talibán para ajustar cuentas”, señaló lo
ruinoso que es el encarcelamiento falso en la lucha por ganar corazones y mentes
afganos. Dijo: “Ustedes hacen una operación y enemistan a 5.000 personas. Un
solo informe erróneo y han perdido todo un distrito.”
El giro político más reciente: comienzan los juicios
Aunque en general el programa de poner en libertad a los presos es loable,
ningún repaso de la situación actual sería completo, si no mencionara el frente
más reciente de los continuos esfuerzos de Estados Unidos de racionalizar la
“guerra contra el terror” del gobierno de Bush. Associated Press informó el 26 de mayo que, como parte del plan
de entregar --a principios de 2012 a más tardar-- el control de las
instalaciones carcelarias de Bagram al gobierno afgano, las autoridades
estadounidenses empezarían a hacer juicios el 1 de junio. En estos juicios, que
se llevarían a cabo bajo la supervisión estadounidense, los presos irían ante
jueces afganos y los representarían abogados afganos.
Es parte de lo que AP describió como “un esfuerzo por ganar el apoyo de una
población desconfiada, al ser más transparente sobre lo que les pasa a las
personas capturadas”, y algunas personas lo ven como un avance, pero aún así da
lugar a varias preguntas inquietantes: en particular, ¿de veras serán apropiados
los juicios en una situación de guerra o serán otro intento atolondrado de
descartar la importancia de la Convención de Ginebra? ¿se puede confiar en que
el gobierno afgano trate con justicia a los enjuiciados? y ¿qué influencia
seguirán teniendo los estadounidenses en cuanto a proporcionar evidencias? Hasta
qué punto esas preguntas se inquietan, y la base muy real que tienen en
preocupaciones demostrables, se pueden deducir de varios informes recientes de Human Rights First. Es más, el
comienzo de juicios tan pronto después de que el tribunal de apelaciones
denegara las peticiones de los presos extranjeros por habeas corpus, no puede
sino parecerles a algunos observadores como oportuno y, por eso, sospechoso.
Es muy pronto para decir si tendrá éxito esta política más reciente. Como informó
la Associated Press el 1 de junio, día en que comenzó la primera audiencia,
“la naturaleza caótica de la primera sesión de corte... demostró que la
transición a un papel afgano probablemente será lenta y tumultuosa”. Se
procesaba a cuatro hombres: Misri Gul, un hombre de 24 años arrestado en Khost
en octubre de 2009; su hermano Ghazni, detenido en marzo cuando fue a visitar a
Misri en Bagram; y el padre de ambos, Bismullah, y un tercer hermano Rahmi, de
22 años, ambos arrestados en una redada a la casa el mes pasado.
Se los acusa de haber participado en ataques con bombas. Según dice la
fiscalía, sus huellas digitales correspondieron a huellas digitales encontradas
en una bombas descubiertas en la provincia de Khost, y en la redada a su casa se
encontraron rifles Kalashnikov y pistolas. Sin embargo, surgieron problemas
desde un principio, aparte de la afirmación obvia de los cuatro abogados de
defensa nombrados por el gobierno: “Comúnmente los hombres de las montañas
remotas del este de Afganistán guardan armas para proteger a su familia, y no es
necesariamente para pelear al lado de los insurgentes”.
La audiencia se condujo en dari, aunque los acusados hablan pashto, y los
abogados también quejaron que “se les dieron solo unos cuantos días para repasar
los hechos del caso”. El juez principal suspendió la audiencia para darle más
tiempo a la defensa para repasar el caso, hablar con sus clientes y reclutar a
un traductor, pero no fijó una nueva fecha y no está del todo claro si los
juicios se realizarán sin más complicaciones, o abiertamente. Como dijo AP: “Los
procesos presentan retos. No se permite que los detenidos escuchen ciertas
evidencias en su contra si son clasificadas. No está claro el grado de acceso
que tendrán los abogados y los jueces a esa información”.
Además, otros comentarios –que algunos de los detenidos “probablemente
representan una amenaza demasiado grande para la seguridad o un valor de
inteligencia demasiado alto para cederlos al sistema afgano”—ensombrecen todo y
deben servir para recordarnos una vez más que, en la “guerra contra el terror”,
la Convención de Ginebra no solo está “desaparecida en acción”, sino que detrás
de cada intento de dar transparencia y ganar a corazones y mentes acecha un
sistema de detención secreto, en el cual siguen recluyendo a “amenazas a la
seguridad” y “personas de alto valor de inteligencia” a pesar de lo que
estipulan las leyes.
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