No se olvide de Guantánamo
03 de febrero de 2009
Andy Worthington
Con 50 presos en huelga de hambre, entre ellos el residente británico Binyam Mohamed,
que al parecer está "cerca de la muerte", la disidencia de un juez
militar, un protegido de Dick Cheney que sigue supervisando las Comisiones
Militares, y las dudas sobre las lagunas de las órdenes presidenciales del
presidente Obama en relación con las "entregas extraordinarias" y el
uso de la tortura, Andy Worthington, autor de The Guantánamo
Files, anima a los opositores a Guantánamo y a la "Guerra contra el
Terror" a permanecer vigilantes.
A primera vista, "No se olviden de Guantánamo" podría parecer un titular innecesario, dado que
Barack Obama lleva sólo dos semanas como Presidente y que uno de sus primeros
actos fue firmar una orden presidencial declarando que la tristemente célebre prisión
de la "Guerra contra el Terror" en la bahía de Guantánamo se cerrará
en el plazo de un año.
Sin embargo, creo que es apropiado, no sólo porque declaraciones tan radicales animan al público en
general a creer que el cierre de Guantánamo es un hecho consumado, sino
también porque ya se ha puesto de manifiesto que emitir una orden presidencial
no es lo mismo que abordar inmediatamente los abusos contra los derechos
humanos que han perseguido la historia de la prisión y que, lamentablemente,
continúan hasta el día de hoy.
La disidencia de un juez militar
La semana pasada, los principales medios de comunicación se hicieron eco de la primera manifestación
de disensión desde dentro del Pentágono, cuando el coronel del ejército James
L. Pohl, juez del juicio programado por la Comisión Militar contra el preso
saudí Abdul
Rahim al-Nashiri, se negó a detener el caso. Al-Nashiri, uno de los 14
"detenidos de alto valor" trasladado a Guantánamo desde prisiones
secretas de la CIA en septiembre de 2006, se enfrenta a la pena de muerte por
su presunta participación en el atentado terrorista contra el USS Cole en 2000.
Su comparecencia estaba prevista para el 9 de febrero.
En su primer día en el cargo, el presidente Obama pidió a todos los jueces de las Comisiones Militares
que suspendieran
los procedimientos durante cuatro meses, para que la nueva administración
pudiera estudiar los casos y decidir si seguía o no adelante con el tan
criticado sistema de juicios, concebido en la Oficina del Vicepresidente en
noviembre de 2001, al que Barack Obama se opone desde que votó en contra de la
Ley de Comisiones Militares en otoño de 2006. Esta fue la legislación que
resucitó las Comisiones después de que el Corte Supremo las declarara ilegales
en junio de 2006, y la petición de Obama fue la primera manifestación de su promesa,
largamente manifestada, de derogar la Ley de Comisiones Militares y
trasladar a quienes deban enfrentarse a un juicio por una Comisión Militar al
territorio continental de Estados Unidos, para ser juzgados en un tribunal
federal o en un consejo de guerra militar.
Aunque varios jueces respondieron inmediatamente a la petición del Presidente de suspender los
procedimientos de la Comisión, el coronel Pohl, recién nombrado para el cargo
de juez principal, dijo que "la petición de retrasar la comparecencia no
es razonable", argumentó que era importante que el caso siguiera adelante
porque "el interés público en un juicio rápido se verá perjudicado por el
retraso en la comparecencia" y, según el New York Times, en ocasiones
"adoptó un tono polémico que parecía desafiar a la administración Obama."
En honor a la verdad, no se trató de un acto de insurrección mayor, como quedó claro en la opinión
escrita del coronel Pohl, en la que explicaba que se limitaba a seguir la
ley en su estado actual. "La Comisión no es consciente de cómo la
realización de una comparecencia impediría cualquier opción por parte de la
administración", escribió. "El Congreso aprobó la Ley de Comisiones
Militares, que sigue vigente. La Comisión está obligada por la ley tal como
existe actualmente, no como pueda cambiar en el futuro."
El incierto papel del Pentágono y la CIA
La opinión del coronel Pohl toca, sin embargo, algunas cuestiones generalmente incómodas sobre la relación
de la Casa Blanca con el Pentágono que aún no se han abordado adecuadamente.
Robert Gates, contratado por Obama como secretario de Defensa, puede haber demostrado
que estaba en línea con el pensamiento de su nuevo jefe cuando refutó las
afirmaciones de una reciente -y muy criticada- declaración del Pentágono, en la
que se afirmaba que 61 ex presos de Guantánamo habían "regresado al campo
de batalla", pero los críticos de las órdenes presidenciales de Obama han
señalado que las otras órdenes, que, a primera vista, prohíben totalmente la
tortura, exigen a la CIA que cierre sus prisiones secretas y obligan a todo el
personal estadounidense a acatar las técnicas de interrogatorio no coercitivas
contenidas en el Manual de Campo del Ejército, en realidad contienen lagunas
que podrían aprovecharse para continuar algunas de las violaciones de derechos
humanos más atroces de la administración anterior.
Se trata de un apéndice
poco notorio del Manual de Campo del Ejército, que parece preservar el
acceso restringido al uso de las "técnicas de interrogatorio
mejoradas" que constituyen el núcleo de los inquietantes intentos de la
administración Bush de legalizar el uso de la tortura, y de disposiciones
para que la CIA lleve a cabo una versión reducida del programa de
"entregas extraordinarias" y mantenga "instalaciones utilizadas
únicamente para retener a personas a corto plazo y de forma transitoria".
Aún se desconoce hasta qué punto el Pentágono o la CIA influyeron en la
inclusión de estas lagunas en las órdenes presidenciales, pero su existencia
indica que la lucha por garantizar que Estados Unidos sea, de verdad, un país
que no tortura, aún no ha terminado.
El papel continuo de Susan Crawford
En lo que respecta a las Comisiones, el efecto más perturbador de la disidencia del
coronel Pohl fue la constatación de que la persona mejor situada para tratar su
decisión no es el Presidente, sino Susan Crawford, la Autoridad Convocante de
las Comisiones. Crawford, la alta funcionaria del Pentágono responsable de
aprobar los cargos y remitir los casos a juicio, puede, si lo desea, retirar
los cargos sin consultar al coronel Pohl. Se desconoce si lo hará o no, pero el
hecho de que siga influyendo en las Comisiones es una clara señal de que poco
ha cambiado hasta ahora con la salida de la administración Bush de la Casa Blanca.
Crawford causó una gran
conmoción en los días previos a la toma de posesión de Barack Obama cuando
admitió que, en mayo del año pasado, se había negado a presentar cargos contra Mohammed
al-Qahtani, un preso saudí considerado como posible secuestrador del 11-S,
porque sus interrogatorios en Guantánamo "cumplían la definición legal de
tortura". Esta fue la primera admisión por parte de un alto cargo del
Pentágono de que se habían practicado torturas bajo la administración Bush, y
dio lugar inmediatamente a peticiones para que se procesara a quienes aprobaron
las torturas en virtud de lo dispuesto en la Convención de la ONU contra la
Tortura, de la que Estados Unidos es signatario.
Sin embargo, aunque la confesión de Crawford parecía indicar que había cambiado de opinión, es
probable que tuviera un motivo oculto: o bien insinuar que debería instigarse
una nueva política de "detención preventiva" para prisioneros como Al
Qahtani que no pueden ser procesados, o bien, tal vez, protegerse de las
acusaciones de complicidad en torturas si, por algún milagro, se nombra un
fiscal especial para investigar a la administración Bush por crímenes de guerra.
En pocas palabras, la razón para dudar de que la conversión de Crawford al campo antitortura fuera tan
directa como parece es la misma por la que su continua participación en las
Comisiones demuestra que Obama todavía tiene mucho que hacer para poner aguas
claras entre él y la administración anterior. Como expliqué en un detallado
artículo el pasado mes de octubre, El
oscuro corazón de los juicios de Guantánamo, Crawford, aunque nombrada para
un papel supuestamente imparcial como Autoridad Convocante de las Comisiones,
es en realidad una protegida del ex vicepresidente Dick
Cheney y una buena amiga de su jefe de gabinete David Addington, los
principales arquitectos del enfoque perturbadoramente innovador y extralegal de
la detención, el interrogatorio y el enjuiciamiento que se aplicó en la
"Guerra contra el Terror".
Restablecer los Convenios de Ginebra
Estos acontecimientos son lo suficientemente inquietantes, pero una razón más importante para creer que
Guantánamo debe permanecer a la vista del público no tiene que ver con lo que
está sucediendo en el Pentágono, sino con lo que está sucediendo en la propia
Guantánamo. Aunque Barack Obama declaró, en su orden presidencial relativa al
cierre de la prisión, que Robert Gates tenía la obligación de garantizar que
los prisioneros que quedaran en Guantánamo estuvieran recluidos en condiciones
que cumplieran los Convenios de Ginebra relativos al trato humano de los
prisioneros, dio al secretario de Defensa 30 días para llevar a cabo una
revisión de las condiciones actuales de la prisión.
Ya entonces estaba claro que ese plazo era un lujo que los prisioneros no podían permitirse. A medida
que se acercaba el séptimo
aniversario de la apertura de Guantánamo (el 11 de enero), decenas de
presos se embarcaron en una huelga de hambre para protestar por su detención
continuada sin cargos ni juicio. Una semana antes de que Obama firmara su orden
presidencial, los medios de comunicación informaron de que 42 presos en total
estaban en huelga de hambre, aunque Gitanjali Gutiérrez, abogada del Centro de
Derechos Constitucionales, que acababa de regresar de Guantánamo, sugirió que
el verdadero total era aún mayor, y que más de 70 de los 242 presos restantes
se negaban a comer.
Binyam Mohamed y las huelgas de hambre
Tras una oleada inicial de actividad, los principales medios de comunicación pasaron de
la historia de la huelga de hambre, pero las noticias procedentes de Guantánamo
del fin de semana confirman que sigue tan vigente como hace tres semanas. La
teniente coronel Yvonne Bradley, abogada militar defensora del residente
británico Binyam
Mohamed, explicó en un correo electrónico que había visitado a Mohamed la
semana pasada, y que éste le había dicho que "al menos 50 personas están
en huelga de hambre, con unas 42 alimentadas a la fuerza y el resto amenazadas
con alimentación forzada".
Mohamed, una de las víctimas más notables de la "entrega extraordinaria" y la tortura en
la "guerra contra el terror", fue trasladado en avión a Marruecos por
la CIA para 18 meses de tortura, y luego entregado a la "prisión
oscura" de la propia CIA cerca de Kabul, Afganistán, donde soportó varios
meses más
de tortura hasta que hizo una confesión falsa sobre su implicación con Al
Qaeda y su complot para detonar una "bomba sucia" radiactiva en Nueva
York. A lo largo del año pasado, sus abogados se enzarzaron en procesos
judiciales a ambos
lados
del Atlántico en un intento de conseguir acceso a pruebas clasificadas que
revelaran el alcance de sus torturas, y al parecer sus esfuerzos tuvieron tanto
éxito que en diciembre se comunicó a Mohamed que pronto
sería puesto en libertad.
Sin embargo, como explicó en una carta fechada el 29 de diciembre, pero que no fue autorizada por los
censores militares hasta quince días después, se embarcó en una huelga de
hambre porque "es una cruel táctica dilatoria suspender mi viaje hasta los
últimos días de esta administración, cuando debería haber estado en casa hace
mucho tiempo".
Cuando la teniente coronel Bradley le vio la semana pasada, quedó conmocionada por su aspecto. No era,
escribió, "más que piel y huesos", y añadió: "Lo realmente
preocupante es que salga en un ataúd". También señaló que su huelga de
hambre había provocado complicaciones de salud. En su correo electrónico,
escribió: "Informó de que el 13 de enero se desmayó debido a su estado de
debilidad y le administraron varias bolsas de solución intravenosa. Por
desgracia, tuvo otras complicaciones a causa de la solución intravenosa, ya que
se le acumuló líquido en las rodillas, lo que causó pánico y un susto entre el
personal médico de la JTF [Joint Task Force]."
El delicado estado de Mohamed era tan alarmante que, según informó el sábado The
Guardian, el gobierno británico estaba haciendo "preparativos
frenéticos" para traerlo de vuelta al Reino Unido esta semana. Para
quienes han seguido la historia de Mohamed durante los últimos tres años y
medio, desde que sus abogados hicieran pública
por primera vez la historia de su entrega y tortura en agosto de 2005, se
trata de una noticia tranquilizadora, pero resulta inquietante darse cuenta de
que, aun estando "al borde de la muerte" (como también informó The
Guardian), Mohamed es más afortunado que los demás presos en huelga de hambre.
Cuando el teniente coronel Bradley vio a Mohamed la semana pasada, le explicó que estaba siendo alimentado
"voluntariamente". Esto supuso un alivio para Bradley, que señaló:
"Estoy seguro de que es incapaz de oponer mucha resistencia si no quisiera
ser alimentado por sonda y sufriría graves lesiones si fuera golpeado y sacado
por la fuerza de su celda", pero, como también explicó Mohamed, había
"presenciado cómo otros detenidos eran golpeados y sacados por la fuerza
de sus celdas para ser alimentados por sonda".
Alimentación forzada y extracción forzada de células
Mientras Binyam Mohamed se prepara para abandonar Guantánamo, estos otros hombres no tienen esa vía de escape.
Y mientras el resto de nosotros esperamos la revisión de Robert Gates -y
observamos con interés que el presidente Obama ha nombrado un nuevo comandante
para la prisión, el contralmirante Thomas H. Copeman III, que fue a la misma
escuela que Obama en Hawai-, la amarga verdad mientras escribo estas palabras
es que Guantánamo se sigue gestionando como si la administración Bush siguiera
teniendo el control.
Para los huelguistas de hambre -que están ejerciendo el único poder que tienen en un lugar que se ha
dedicado a aislarlos y deshumanizarlos durante siete años- su alimentación
forzada es ilegal y, podría decirse, una forma de tortura en sí misma. Dos
veces al día son atados a una silla de inmovilización, con 16 correas distintas
para que no puedan moverse, y alimentados a la fuerza a través de un tubo
introducido por la nariz hasta el estómago. Como ha explicado
el abogado de Mohamed, Clive Stafford Smith,
La ética médica nos dice que no se puede alimentar a la fuerza a un huelguista de hambre mentalmente competente,
ya que tiene derecho a quejarse de su maltrato, incluso hasta la muerte. Pero
el Pentágono sabe que un prisionero que se muere de hambre sería una pésima
publicidad, así que lo alimentan a la fuerza. Por si fuera poco, cuando el
general Bantz J. Craddock dirigía el Mando Sur de EEUU, anunció que los
soldados habían empezado a hacer menos "convenientes" las huelgas de
hambre. En lugar de dejar una sonda de alimentación en su sitio, la insertan y
la retiran dos veces al día. ¿Alguna vez te han introducido un tubo de 43
pulgadas por la fosa nasal hasta la garganta?
Es, como ha explicado Stafford Smith en otro lugar,
"insoportablemente doloroso". Además, como ha señalado Binyam
Mohamed, quienes se niegan a salir voluntariamente de sus celdas para ser
alimentados a la fuerza son "golpeados y sacados a la fuerza de sus
celdas", otro procedimiento espantoso que forma parte del tejido mismo de
Guantánamo, llevado a cabo por equipos de cinco guardias fuertemente blindados,
encargados de sofocar incluso las infracciones más leves de las normas, que, a
lo largo de los años, han sido responsables de ataques tan graves que los
presos han acabado con miembros rotos.
Estoy seguro de que estarán de acuerdo en que esto dista mucho del "trato humano de los
prisioneros" que exigen los Convenios de Ginebra, y por ello es crucial
que quienes se preocupan por el trato de los prisioneros de Guantánamo
mantengan la presión sobre el nuevo Presidente para que demuestre que cumple su palabra.
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