Los Lores condenan el uso de pruebas secretas y órdenes de control en
el Reino Unido
13 de junio de 2009
Andy Worthington
Con cuatro años de retraso, la Cámara de los Lores puso por fin el miércoles en el punto
de mira la política antiterrorista del Gobierno británico al rechazar
rotundamente el uso por el Gobierno de pruebas secretas para imponer órdenes de
control a presuntos sospechosos de terrorismo (la sentencia completa está aquí).
Una restricción injustificada de la libertad: las órdenes de control
Introducidas en marzo de 2005 después de que los Lores dictaminaran en diciembre
de 2004 que la anterior política del gobierno de encarcelar a sospechosos sin
cargos ni juicio en la prisión de Belmarsh (que había comenzado tres años
antes) contravenía la Ley de Derechos
Humanos, el régimen
de órdenes de control es en la práctica una forma de arresto domiciliario.
Como expliqué en un artículo para The
Guardian en abril,
[órdenes de control] de arresto domiciliario que mantiene a los sospechosos, durante la mayor parte del
día, confinados en sus casas. Se les etiqueta, se les dice que se presenten
ante las autoridades varias veces al día y se les somete a redadas
domiciliarias sin previo aviso por parte de funcionarios del Ministerio del
Interior para asegurarse de que no incumplen las condiciones de su confinamiento.
Los visitantes tienen que ser examinados por el Ministerio del Interior. Si el detenido es un
hombre soltero, está insoportablemente aislado; si está casado y tiene hijos,
se encuentra atrapado, sin poder trabajar, abocado al colapso mental, ya que
sus hijos no pueden recibir visitas de amigos y se le niega el acceso a un
ordenador para sus estudios.
En los años de Belmarsh, varios de los presos recluidos sin cargos ni juicio desarrollaron lo que Gareth
Peirce, uno de sus abogados, describió como "psicosis florida", y
como informó Press TV hace dos semanas en una entrevista exclusiva con uno de
estos hombres, Mahmoud Abu Rideh, palestino que ha pasado los últimos siete
años en Belmarsh, en el hospital psiquiátrico Broadmoor o en su casa bajo una orden
de control, la diferencia práctica entre la prisión y el arresto domiciliario
es a menudo mínima.
El 25 de mayo, la esposa de Abu Rideh abandonó finalmente la lucha y regresó a Jordania con sus hijos. Como
explicó Cageprisoners, "se les impidió llevar consigo muchas de sus
pertenencias, ya que muchas de las posesiones de los niños habían sido
confiscadas por la policía como supuestas infracciones de la orden de control
de su padre." Cageprisoners también señaló que "al Sr. Abu Rideh se
le negó la oportunidad de despedirse de su familia en el aeropuerto", y
afirmó que "ahora se desespera ante la idea de no volver a ver a su
familia, ya que no puede salir del país y a su familia se le dijo que no tienen
derecho a regresar al Reino Unido, a pesar de que son ciudadanos británicos."
En su entrevista con Press TV, que tuvo lugar justo una semana antes de la muerte, al parecer por
suicidio, de Muhammad Salih, preso de Guantánamo que estuvo recluido siete años
sin cargos ni juicio, Abu Rideh declaró que era incapaz de soportar la idea de
seguir viviendo:
Ya estoy muerto. Mi alma, mi vida, mi corazón, cada parte de mí está muerta. Soy como una máquina que camina, sin
ningún otro sentimiento. No me queda nada, ni siquiera puedo dormir por la
noche; tengo pesadillas de lo que me han hecho, a mi mujer, a mis hijos, mi
estancia en la cárcel, los registros... ya basta. He perdido el juicio, me han
vuelto loco, ya no puedo más. ¿Qué sentido tiene vivir? Lo he perdido todo, he
perdido a mi mujer, mejor me suicido, es lo mejor para mí. Juro por Dios que le
he escrito a Gordon Brown diciéndole que tiene dos semanas, si no me ayudan en
este periodo me suicidaré, ya sea arrojándome delante de un tren, cortándome
las venas, tirándome desde un edificio alto o tomando una sobredosis, lo que
haga falta. Nadie ha vivido la vida que yo he vivido ni lo que yo he tenido que
soportar.
Sin embargo, aunque los efectos prácticos de las órdenes de control deberían ser realmente preocupantes
para cualquiera que crea en la justicia abierta y en el antiguo derecho a no
ser privado de libertad salvo por el veredicto de un jurado de iguales, la
sentencia de los Lores del miércoles se centró en el contexto, igualmente
preocupante, de cómo se toman las decisiones de imponer órdenes de control.
El kafkiano mundo de las pruebas secretas
Principalmente, esto se centra en una absurda situación por la que, en el Tribunal Especial de
Apelaciones sobre Inmigración (SIAC), que se ocupa de estos casos, los abogados
especiales son los encargados de representar a los acusados en sesiones a
puerta cerrada que implican el uso de pruebas secretas, pero se les impide
revelar nada sobre esas sesiones a los hombres a los que representan. Esta
barrera impenetrable a la transparencia también funciona en la otra dirección,
ya que los sospechosos no pueden informar eficazmente a los abogados cuando se
les mantiene a oscuras sobre los detalles del caso contra ellos.
En marzo, Dinah Rose QC expuso todo lo horrible y absurdo de este sistema en una reunión
parlamentaria presidida por la diputada Diane Abbott, que se convocó para
recabar apoyos a una moción
de urgencia que pedía el fin del uso de pruebas secretas y para debatir
estrategias para futuras campañas. Por lo que yo sé, Rose es la única que tiene
experiencia directa con el SIAC en tres funciones distintas: como instructora
del Ministerio del Interior, como representante de algunos de los detenidos en
virtud de pruebas secretas y como defensora especial.
Hablando de un caso en el que había actuado como abogada especial, explicó: "A los abogados
especiales se nos dijo cuáles eran las pruebas, pero se nos prohibió discutir
el material con el recurrente o sus abogados. Sencillamente, no pudimos oponer
resistencia alguna a la solicitud, a falta de instrucciones que pudieran haber explicado
o arrojado una luz diferente sobre las pruebas."
Como resultado, el juez revocó la libertad bajo fianza del hombre y ordenó su envío a Belmarsh.
Recordando esta decisión, Rose dijo: "Todavía puedo recordar mi profundo
sentimiento de vergüenza cuando oí al apelante hacer al juez la pregunta: ¿por
qué me envía a la cárcel? A lo que el juez respondió: 'No puedo decírselo'. No
podía creer que estuviera presenciando semejante acontecimiento en un tribunal
británico. No podía creer que nadie protestara ni montara un escándalo.
Simplemente se lo llevaron a la cárcel, sin ninguna explicación".
También explicó que, "aunque la SIAC parece y suena como un tribunal, y los jueces y abogados
se comportan con la cortesía y las formalidades que se utilizan en los tribunales,
en realidad no es nada de eso. A menudo me parece una farsa elaborada, en la
que todos desempeñamos los papeles de abogado, procurador, apelante y juez,
pero en la que falta por completo la sustancia básica de una vista judicial: la
comprobación de las pruebas para determinar dónde está la verdad".
Los detenidos y la sentencia de los Lores
En la sentencia del miércoles, tras las vistas celebradas en febrero y marzo, los Lores decidían
sobre los casos de tres hombres, un ciudadano libio-británico, un iraquí y un
británico, identificados únicamente como AF, AE y AN. Este anonimato es
supuestamente para su propia protección -aunque también los deshumaniza
convenientemente-, pero algunos detalles sobre ellos son de dominio público.
AE, por ejemplo, que habló con la BBC el
miércoles, es un imán kurdo que huyó de Irak en 2002 tras ser encarcelado por
el régimen de Sadam Husein en la prisión de Abu Ghraib, y obtuvo permiso para
permanecer en el Reino Unido. Incautado en su casa en mayo de 2006, dice que no
tiene ni idea de por qué se le impuso una orden de control, y no tiene forma de
responder a las vagas afirmaciones que se han hecho públicas, que indican que
los servicios de seguridad lo consideran una influencia radicalizadora que
apoya a la insurgencia en Irak. Hablando de cuando le detuvieron por primera
vez, declaró a la BBC: "Dije: '¿Por qué me han puesto una orden de
control? La respuesta fue que no tenían por qué decírmelo".
AN, de nacionalidad británica y nacido en Derby, es considerado al parecer un enlace entre
extremistas del Reino Unido y Oriente Medio, y se le impuso una orden de
control tras regresar de una visita a Siria, y el ciudadano libio/británico es
AF, nacido en el Reino Unido de padre libio y madre británica. Licenciado en
banca, tenía intención de convertirse en contable, pero en junio de 2006 se le impuso una
orden de control, supuestamente porque el ministro del Interior creía que
tenía conexiones con miembros de un grupo opuesto al régimen del coronel Gadafi
(que, no lo olvidemos, fue nuestro enemigo implacable hasta hace seis años,
cuando se apuntó hábilmente a apoyar la "Guerra contra el Terror").
En virtud de su orden de control, ahora está obligado a permanecer en su piso
durante 16 horas al día, no puede ver a nadie sin permiso y tiene prohibido
utilizar Internet.
Cuando los Lores emitieron su fallo, declararon por unanimidad que ya estaban hartos del sistema tal y
como está actualmente, Por nueve votos a cero, dictaminaron que la imposición
de órdenes de control vulnera el artículo 6 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un juicio justo,
porque a un sospechoso detenido en virtud de una orden de control no se le da
"información suficiente sobre las acusaciones que pesan contra él para que
pueda dar instrucciones efectivas al abogado especial que se le asigne".
En la sentencia, Lord Phillips de Worth Matravers, el Law Lord más antiguo, escribió: "Un
procedimiento judicial nunca puede considerarse justo si se mantiene a una de
las partes en él en la ignorancia del caso contra él."
Su opinión fue seguida por la de Lord Hope of Craigshead, quien declaró: "El principio de que el
acusado tiene derecho a saber lo que se alega contra él tiene un largo
pedigrí... El principio fundamental es que toda persona tiene derecho a que se
le revele material suficiente que le permita responder eficazmente a la
acusación formulada contra ella."
Lord Hope también escribió: "Es probable que las consecuencias de un atentado terrorista con éxito
sean tan terribles que existe un comprensible deseo de apoyar el sistema que
mantiene a los considerados más peligrosos fuera de circulación durante el
mayor tiempo posible. Pero hay que resistirse al lento avance de la
complacencia. Si el Estado de Derecho ha de significar algo, es en casos como
éste en los que el tribunal debe atenerse a los principios. Debe insistir en
que se informe a la persona afectada de lo que se alega contra ella".
Reforzando estas opiniones, Lord Scott de Foscote escribió: "Un requisito esencial de una audiencia
justa es que una parte contra la que se hacen alegaciones tenga la oportunidad
de refutarlas. Esa oportunidad no existe si la parte no sabe cuáles son las
alegaciones. En mi opinión, el grado de detalle necesario debe ser suficiente
para que la oportunidad sea real. La información facilitada a cada uno de estos
recurrentes fue insuficiente para darle una oportunidad real de refutar. Por lo
tanto, no tuvo un juicio justo a efectos del artículo 6, apartado 1, y estos
recursos deben ser estimados.
Oposición a las órdenes de control en los dos últimos años
Desde que se introdujeron las órdenes de control, el alcance de su aplicación ha sido cuestionado
periódicamente no sólo por aquellos cuyo trabajo consiste en luchar
incansablemente contra los impulsos cada vez más autoritarios del Estado, sino también
por los políticos y, en particular, por Lord Carlile, el "revisor
independiente" del Gobierno del régimen de órdenes de control.
El pasado mes de marzo, una votación en la Cámara de los Comunes para prorrogar, un año más, el uso de las
órdenes de control -que, en aquel momento, estaban en vigor contra 15 presuntos
sospechosos de terrorismo- fue aprobada por 267 votos a favor y 60 en contra,
pero, como
expliqué en aquel momento, "Está claro que los diputados tories no se
dejaron seducir por una declaración hiperbólica del ministro de Seguridad, Tony
McNulty, quien, como si estuviera infectado por los fantasmas de los anteriores
duros laboristas, John Reid y David Blunkett, afirmó: 'La amenaza (del
terrorismo) es claramente real, seria y representa una amenaza sin parangón en
la historia de nuestro país.'"
En nombre de sus colegas, el fiscal general en la sombra de los conservadores, Dominic Grieve, declaró:
"En conjunto, y con un considerable grado de reticencia, nuestra opinión
es que debemos permitir que la renovación tenga lugar este año." Otras
notas de cautela fueron pronunciadas por diputados laboristas. Andrew Dismore,
presidente de la Comisión Mixta de Derechos Humanos, advirtió de que las
órdenes podrían crear "mártires al estilo de Guantánamo" a menos que
se impusiera un límite máximo de tiempo, y Lord Carlile dijo que ninguna orden
de control debería prorrogarse más de dos años "salvo en circunstancias
realmente excepcionales".
Escenas similares -con alarmismo laborista, "reticencias" tories y oposición de los
liberaldemócratas- tuvieron lugar cuando se renovaron de nuevo las órdenes de control
hace tres meses, pero la disidencia más importante a tener en cuenta es el
mantra de Lord Carlile, repetido cada año en sus informes anuales (véase aquí
el último PDF), y hace apenas tres semanas repitió
su llamamiento, respaldado por pares y diputados de la Comisión
Parlamentaria de Derechos Humanos.
Refutando las afirmaciones del Ministerio del Interior de que "una fecha final definida significaría
que las personas sobre las que pesan órdenes de control podrían simplemente
desvincularse de la participación en actividades relacionadas con el terrorismo
basándose en que saben que podrían volver a participar al final de ese período
de tiempo", Carlile reiteró su afirmación de que las órdenes de control
que duran más de dos años sólo pueden justificarse "en unos pocos casos
excepcionales", diciendo a la Comisión: "Después de ese tiempo, al
menos la utilidad inmediata incluso de un terrorista dedicado se habrá visto
seriamente perturbada".
A lo largo de este periodo, los Law Lords también fueron críticos, pero no con la contundencia con la que
demolieron la política de encarcelamiento sin cargos ni juicio en diciembre de
2004. En noviembre de 2007, por ejemplo, cuando se les pidió que revisaran los
casos de seis iraquíes detenidos en virtud de órdenes de control, dictaminaron
que un toque de queda domiciliario de 18 horas vulneraba el derecho a la
libertad, garantizado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y, además,
dictaminaron que debía modificarse el sistema de pruebas secretas para que los
sospechosos conocieran el caso que se les imputaba, y para darles derecho a un
juicio justo, aunque la Ministra del Interior, Jacqui Smith, hizo caso omiso de
su decisión sobre las pruebas secretas (lo que llevó, 19 meses después, a la
reiteración el miércoles de los derechos de los sospechosos de terrorismo), y
también mostró poca voluntad de relajar los toques de queda.
Como expliqué
en un artículo en su momento, la sentencia contenía una gran retórica. Lord
Brown, memorablemente, dijo que el derecho a un juicio justo era
"demasiado importante para ser sacrificado en el altar del control del
terrorismo", y Lord Hoffman declaró: "Tal es la repulsión contra la
detención sin cargos ni juicio, tal es el apego de este país al habeas corpus,
que el derecho a la libertad normalmente supera incluso los intereses de la
seguridad nacional", añadiendo que tales derechos eran simplemente
"demasiado valiosos para ser sacrificados por cualquier razón que no sea
salvaguardar la supervivencia del Estado".
Sin embargo, como también señalé en su momento, era evidente que, al negarse a condenar rotundamente las
órdenes de control, los Lores "perpetuaban un sistema descaradamente
draconiano, que parece, peligrosamente, alimentado por la venganza antimusulmana,
aunque la verdad más prosaica es que está impulsado por una negativa anacrónica
a 'comprometer a los servicios de seguridad' procediendo a juicios utilizando
pruebas interceptadas (a pesar de que la mayoría de las demás democracias
occidentales han conseguido hacerlo sin poner en peligro a sus 'espías')".
Sin embargo, a lo largo de este período, las opiniones más inquietantes no procedieron de los Lores, sino
del Tribunal de Apelación, cuya sentencia
de octubre de 2008 -que podía haber casos en los que se revelara "muy
poco o nada" a las personas acusadas de estar implicadas en terrorismo, a
pesar de la alarma de un juez discrepante ante un principio que podría
"hacernos retroceder hacia un poder ejecutivo desenfrenado sobre la
libertad personal"- desencadenó en parte la última revisión de los Lores,
y puede que, en su defensa a ultranza de un secretismo intolerable, haya
contribuido a una reacción necesaria.
¿Y ahora qué?
Lo que suceda a continuación no está del todo claro. Los Lores no anularon las órdenes de
control el miércoles, pero ordenaron que se volvieran a examinar los casos de
los hombres, y ahora corresponde al Ministerio del Interior decidir si entrega
más material a los hombres y a sus abogados, o si anula por completo las
órdenes de control.
Tampoco está claro qué efecto tendrá la sentencia en los otros 14 hombres sobre los que pesan
actualmente órdenes de control, o en la veintena de hombres en prisión -o en
libertad bajo fianza de deportación- cuyos casos están estrechamente
relacionados, diferenciados únicamente por la extremadamente dudosa
determinación del gobierno de deportarlos a sus países de origen, a pesar de
que, como
informé en febrero, esto implica que políticos y jueces se vean obligados a
reinterpretar creativamente las leyes contra la tortura que impiden la
devolución de extranjeros a países donde corren el riesgo de ser torturados.
Recién llegado a su puesto, el Ministro del Interior Alan Johnson todavía no ha sucumbido a la rabiosa
paranoia que infecta a todos los Ministros del Interior cuando se enfrentan a
la "amenaza terrorista". En febrero, por ejemplo, Jacqui Smith
declaró realmente la guerra al propio
tribunal terrorista secreto del gobierno, anulando las decisiones de un
juez de la SIAC que suscitaron su desaprobación y -en lo que sólo puede
describirse como un acto de fiat ejecutivo- revocando unilateralmente la
libertad bajo fianza de cinco hombres en libertad bajo fianza de deportación,
secuestrándolos de camino a casa desde la sala del tribunal de Londres (o en
redadas en sus domicilios) y encarcelándolos en Belmarsh hasta que el juez
reafirmara su autoridad al día siguiente.
Presumiblemente leyendo un guión que le había dejado Smith, Johnson dijo el miércoles que la sentencia era
"extremadamente decepcionante", pero no estalló espontáneamente, como
bien podría haber hecho Jacqui Smith. "Proteger al público es mi máxima
prioridad y esta sentencia dificulta esa tarea", continuó. "No obstante,
el Gobierno seguirá tomando todas las medidas que podamos para gestionar la
amenaza que representa el terrorismo".
Y añadió: "Todas las órdenes de control seguirán en vigor por el momento y seguiremos intentando
mantenerlas ante los tribunales. Mientras tanto, estudiaremos detenidamente
esta sentencia y nuestras opciones". Explicando que las órdenes de control
se habían introducido para "limitar el riesgo que suponen los sospechosos
de terrorismo que no pueden ser procesados o deportados", como dijo The
Guardian, también dijo: "El gobierno se basa en material sensible
de inteligencia para apoyar la imposición de una orden de control, que los
tribunales han aceptado que revelar en audiencia pública perjudicaría el
interés público. Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones con los
derechos humanos y, por ello, hemos puesto en marcha fuertes medidas para
tratar de garantizar que nuestra dependencia de material sensible no perjudique
el derecho de las personas sujetas a órdenes de control a un juicio justo."
Si el nuevo Ministro del Interior está buscando una "tercera vía", más allá de la divulgación
de material más sensible o la anulación de las órdenes de control, tal vez
quiera seguir el consejo de Chris Huhne, portavoz de Interior del Partido
Liberal Demócrata, que respondió a la sentencia de los Lores diciendo que
"establece claramente que las órdenes de control son una violación
fundamental de los derechos humanos y una afrenta a la justicia británica. Es
inaceptable negar la libertad a una persona sin decirle siquiera de qué es
sospechosa". Y Huhne añadió: "No tenemos por qué sacrificar las
libertades por las que tanto hemos luchado. No debemos convertirnos en aquello
contra lo que luchamos. Este régimen desacreditado debe ser eliminado
inmediatamente. En su lugar, el Gobierno debería centrarse en facilitar el
procesamiento de los terroristas haciendo que las pruebas de interceptación
estén disponibles en los tribunales."
Uso de pruebas de interceptación y comprobación de la fiabilidad de los servicios de inteligencia
El punto principal de Huhne -que el gobierno debe encontrar una manera de unirse al resto del mundo en la
búsqueda de una manera de utilizar las pruebas de interceptación en los
tribunales sin comprometer sus fuentes o métodos de inteligencia- es claramente
el camino a seguir, ya que sin ella el gobierno se queda aferrado a nada más
que su intento manifiestamente injusto, y en gran medida fallido, de deportar a
los hombres a escondidas, o se ve obligado a mantener la farsa de "arresto
domiciliario" que es a la vez terriblemente mezquina y ruinosamente
agotadora para los detenidos en una forma tan novedosa de limbo legal.
Como también expliqué en mi artículo de febrero, el Gobierno se ha mostrado durante años angustiosamente
intransigente en el tema de las pruebas de interceptación, aunque, en una carta
reciente del Ministerio del Interior, el Ministro de Estado Vernon Coaker me
informó de que "Nosotros [el Gobierno] hemos aceptado la recomendación de
Chilcot de que introduzcamos la interceptación como prueba siempre que se
puedan cumplir las condiciones expuestas en el informe".
La referencia a "la recomendación Chilcot" alude a las conclusiones de la
Revisión por el Consejo Privado de la interceptación como
prueba (Privy Council Review Of Intercept As Evidence) (PDF),
dirigida por Sir John Chilcot y publicada en enero de 2008, y aunque la
concesión de Coaker sigue estando bastante rodeada de salvedades, espero que
signifique un cambio real, porque el miércoles, la ONG JUSTICE, que se describe
a sí misma como "una organización multipartidista de reforma legislativa y
derechos humanos que trabaja para mejorar el sistema jurídico y la calidad de
la justicia, publicó un importante informe sobre el uso de pruebas secretas en
los tribunales británicos desde que se introdujo el SIAC en 1997 (241 páginas, PDF),
en el que se establece hasta qué punto se han utilizado pruebas secretas
"en una amplia gama de procedimientos judiciales, desde audiencias de
deportación ante el SIAC, audiencias de detención previas a los cargos en casos
de terrorismo, tribunales de empleo, casos de congelación de activos,
audiencias de la junta de libertad condicional y casos de órdenes de control en
el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelaciones".
El informe también explica que, aunque se han nombrado más de 90 defensores especiales desde 1997,
"no se publican cifras centrales e incluso es posible que el gobierno
desconozca el número total de defensores especiales que se han nombrado",
y también señala, en un análisis del uso de pruebas secretas que es al menos
tan preocupante como el "desplazamiento de la misión" descrito en el
párrafo anterior, que "los acusados en algunos casos penales ahora están
siendo condenados sobre la base de pruebas que nunca se han hecho públicas. Los
tribunales penales han dictado sentencias con redacciones [pasajes tachados]
para ocultar algunas de las pruebas en las que se basaban. Las pruebas
aportadas por testigos anónimos también se han utilizado en juicios penales y
están muy extendidas en las vistas de las órdenes de alejamiento."
En conclusión, por tanto, si alguna vez se quiere hacer justicia en el Reino Unido, el gobierno debe
actuar con rapidez para incorporar las pruebas de interceptación en los juicios
por terrorismo, de modo que el público -así como los propios sospechosos- pueda
comprobar la validez de sus afirmaciones. Un problema adicional de las pruebas
secretas, por supuesto, es que su uso impide todo escrutinio de la fiabilidad
de los servicios de inteligencia, y aunque es necesario que este trabajo se
lleve a cabo entre bastidores, también es inaceptable que el gobierno se
esconda detrás de una afirmación generalizada de que los servicios de
inteligencia nunca cometen errores, y que las "preocupaciones de seguridad
nacional" deben anular cualquier noción de escepticismo por parte de
abogados, presos y miembros del público, sobre todo porque el registro público
está plagado de fallos abominables de inteligencia en los años posteriores a
los atentados del 11 de septiembre.
Sin ni siquiera tener que establecer comparaciones con la inexistente "trama de la ricina", la
inútil y brutal redada de Forest Gate, los fallos de los servicios de
inteligencia en torno a los atentados terroristas del 7 de julio de 2005, el
asesinato de Jean Charles De Menezes y otros innumerables incidentes, algunos
de los fallos crónicos de los servicios de inteligencia en el régimen de
órdenes de control -agravados por la incompetencia burocrática- son ya bien
conocidos. En abril de 2005, por ejemplo, el Ministerio
del Interior se vio obligado a pedir disculpas a diez de los hombres sobre
los que pesaban órdenes de control tras lo que describió como un "error
administrativo", que dio lugar a que se les enviaran cartas en las que se
afirmaba, erróneamente, que la base de su detención era su presunta implicación
en el "complot de la ricina", y en enero de 2005 se publicó en The
Independent una extraordinaria lista de errores de inteligencia
relacionados con los presos de Belmarsh.
En un artículo titulado "Detenidos
en Belmarsh: La inteligencia defectuosa destapa el escándalo", Robert
Verkaik señaló, entre otros errores, que "Se retiró de forma vergonzosa
una evaluación del servicio de seguridad después de que saliera a la luz que el
propósito de la visita a Dorset de un grupo de hombres musulmanes no había sido
elegir a un líder terrorista, sino alejarse de sus esposas durante el fin de
semana.que "el Ministro del Interior se ha visto obligado a reconocer que
parte de los fondos recaudados por [Mahmoud] Abu Rideh para supuestas
actividades terroristas se enviaron a orfanatos de Afganistán dirigidos por un
sacerdote canadiense", que "a dos de los detenidos se les concedió
una indemnización por detención ilegal poco antes de que fueran detenidos en
virtud de los poderes de excepción antiterroristas", y que "el
testimonio contra dos de los detenidos procedía de una declaración jurada de un
hombre al que se ofreció una sentencia indulgente a cambio de pruebas".
Aunque Verkaik observó, justificadamente, que estos errores se basaban en las pruebas "abiertas" contra los
sospechosos, sin duda tenía razón al añadir que "la inexactitud de algunas
de estas afirmaciones plantea dudas sobre la fiabilidad de las pruebas secretas
que nunca se ha permitido ver a los detenidos". Dado el pobre historial
del gobierno, no hay absolutamente ninguna razón para creer que la calidad de
las pruebas secretas del gobierno sea más fiable y, de hecho, hay razones más
que suficientes para sospechar que no sólo implican credulidad e incompetencia,
sino también, como en el caso de la "trama de la ricina" (uno de
cuyos acusados exculpados tiene actualmente una
orden de control), material derivado del uso de la tortura.
Como declaró el miércoles Eric Metcalfe, director de política de derechos humanos de JUSTICE, en
respuesta a la sentencia de los Lores: "La sentencia de la Cámara de los
Lores marca un punto de inflexión. El gobierno puede decidir seguir cojeando
con el uso de pruebas secretas con rendimientos cada vez menores. O el
Parlamento puede actuar para poner fin a su uso de una vez por todas". Y
añadió: "Las pruebas secretas son siempre poco fiables, innecesarias,
antidemocráticas e injustas. Como nunca se han probado adecuadamente, generan
complacencia y una falsa confianza en sus resultados. Las pruebas secretas
dañan la confianza pública en nuestros tribunales y en el propio Estado de Derecho."
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