Llamamiento estratégico del jefe militar
estadounidense para cerrar Guantánamo
16 de enero de 2008
Andy Worthington
En los últimos días se ha informado ampliamente de los comentarios realizados por
el oficial militar de mayor rango de Estados Unidos, el almirante Mike Mullen,
durante una visita a Guantánamo el domingo. En su primer viaje a la prisión
desde que fue nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto en octubre, el almirante
Mullen dijo a los periodistas: "Me gustaría verla cerrada". Al
preguntársele por qué, explicó: "Más que nada ha sido la imagen... cómo se
ha convertido Guantánamo en todo el mundo, en términos de representación de
Estados Unidos. Creo que, desde el punto de vista de cómo se refleja en
nosotros, ha sido bastante perjudicial".
Mullen también señaló que se sentía "animado" al oír que la población reclusa se había
reducido considerablemente durante el último año, pero sus críticas a
Guantánamo no eran tan unilaterales como algunos informes de prensa hicieron
parecer. Indicando el enorme abismo existente entre sus deseos y el punto de
vista de la administración, admitió que "no me consta que en este momento
haya nadie planteándose eso [el cierre de la prisión]", y explicó:
"Desde luego, consideramos esta misión como una misión duradera hasta que
alguien venga y la cierre. No tengo ni idea de cuánto tiempo pasará. La
dirección política tendría que tomar esa decisión".
Como jefe de la armada estadounidense, Mullen ya había visitado la prisión en diciembre de 2005. En
aquella ocasión no se grabó su opinión, aunque uno de sus acompañantes, el
general Bantz J. Craddock, comandante del CENTCOM, pronunció el típico discurso
para levantar la moral de las tropas, en el que dijo: "La dedicación y
profesionalidad de los miembros de la JTF [Joint Task Force], que siguen
operando en condiciones muy difíciles, es evidente para todos los que visitan
Guantánamo. Nuestra Nación puede estar orgullosa de su contribución a la Guerra
Global contra el Terrorismo".
Matices de este elogio inquebrantable e incuestionable de Guantánamo como parte de la primera línea en
la "Guerra contra el Terrorismo" pudieron percibirse en los
comentarios de Mullen el domingo de que "la JTF Guantánamo ha actuado
extraordinariamente bien y ha cumplido realmente durante una misión
difícil", y su afirmación de que "el mundo está centrado en
Guantánamo. Tenemos que hacerlo bien cada hora. Las consecuencias de
equivocarnos podrían ser mundiales".
Este análisis del papel de Guantánamo también se puso de manifiesto en su comentario de que
"hay gente muy, muy mala aquí que ha perpetrado crímenes
extraordinarios", aunque fue su adenda a este comentario -que esa
"gente mala" "pasará por algún tipo de proceso debido, proceso
legal debido"- lo que, junto con su deseo declarado que se cierre la
prisión, indicó que estaba exponiendo cuidadosamente una postura sobre
Guantánamo que se hacía eco de las opiniones del secretario de Defensa Robert Gates.
Fue, por supuesto, Gates quien nombró a Mullen para su nuevo puesto, declarando que
tenía "la visión, la perspicacia estratégica y la integridad para dirigir
las fuerzas armadas de Estados Unidos", y también estaba claro que su
nombramiento marcaba una ruptura con el régimen del Pentágono del anterior
secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.
Casi tan pronto como sustituyó a Rumsfeld, en noviembre de 2006, Gates pidió el cierre de Guantánamo
y que los juicios se celebraran en territorio continental estadounidense.
Declaró que la reputación de la prisión estaba tan manchada que cualquier
veredicto de los juicios celebrados allí -en las muy criticadas Comisiones
Militares- carecería de legitimidad a ojos de la comunidad internacional. Sin
embargo, aunque su opinión fue respaldada por Condoleezza Rice y el
Departamento de Estado, fue desautorizado por el fiscal general Alberto
Gonzales y, en particular, por el vicepresidente Dick
Cheney, el más firme defensor de Guantánamo y el principal artífice -con la
inestimable ayuda de sus asesores más cercanos, entre ellos David Addington- de
la política gubernamental de "Guerra contra el Terror".
A diferencia del presidente Bush, que ha declarado públicamente que quiere ver cerrado
Guantánamo (aunque tal comentario sea tan fiable como su afirmación de que
Estados Unidos "no tortura"), Cheney no ha cedido ni un ápice en lo
que respecta a Guantánamo. Poco después de la apertura de la prisión, en enero
de 2002, declaró, en uno de los discursos más hiperbólicos de los que se tiene
constancia sobre los detenidos: "Estos son los peores de un grupo muy
malo. Son muy peligrosos. Están decididos a matar a millones de
estadounidenses, estadounidenses inocentes, si pueden, y están perfectamente
preparados para morir en el intento. Y hay que detenerlos, tratarlos con mucha
cautela, para que nuestra gente no corra peligro".
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En junio de 2005, un año después de que el Corte Supremo dictaminara que los
detenidos tenían derecho a impugnar el fundamento de su detención, las
opiniones de Cheney apenas habían cambiado. Dijo a Wolf Blitzer de CNN:
"Las personas que están allí son gente que recogimos en el campo de
batalla, principalmente en Afganistán. Son terroristas. Fabrican bombas.
Facilitan el terrorismo. Son miembros de Al Qaeda y de los talibanes".
Esto en sí mismo era inexacto, ya que los tribunales convocados para evaluar el
estatus de los detenidos como "combatientes enemigos" habían
demostrado que un gran número de detenidos no fueron "recogidos en el
campo de batalla" y tampoco fueron capturados en Afganistán, pero aunque
reconoció que algunos detenidos habían sido puestos en libertad, explicando:
"Hemos dejado marchar a aquellos que hemos considerado que no constituían
una amenaza continua", su conclusión fue tan arrolladoramente estridente
como lo había sido cuando se abrió la prisión. "Los 520-algunos que están
allí ahora", insistió, "son amenazas graves y mortales para Estados Unidos".
En el verano de 2007, cuando la población de la prisión había descendido aún más, a 360 detenidos,
Cheney había reducido las cifras, pero su retórica era esencialmente la misma.
En una nueva aparición en la CNN, explicó
que se oponía a los planes de cierre de Guantánamo y afirmó que había
"cientos de personas" como Khalid Sheikh Mohammed -el alto operativo
de Al Qaeda que declaró ante un tribunal de Guantánamo en marzo que era el
arquitecto del 11-S- que seguían recluidas en la prisión. Y ello a pesar de que
las cifras facilitadas al mismo tiempo por la Oficina para la Revisión
Administrativa de la Detención de Combatientes Enemigos (OARDEC) del Pentágono
afirmaban que se presumía que un máximo de 80 detenidos eran lo suficientemente
importantes como para enfrentarse a un juicio.
Robert Gates, sin embargo, se ha negado a abandonar la cuestión del cierre de Guantánamo y, como
ya se ha mencionado, se ha atrevido incluso a contemplar una línea de actuación
que provoca ataques de histeria combativa por parte de otros republicanos:
trasladar a los considerados verdaderamente peligrosos a prisiones del
territorio continental de Estados Unidos. Cuando se planteó esta cuestión el verano
pasado, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, consiguió
persuadir a sus compañeros senadores para que declararan, por 94 votos contra
3, que los detenidos, "incluidos los miembros de alto rango de Al Qaeda,
no deben ser liberados a la sociedad estadounidense" ni trasladados a
"instalaciones en comunidades y barrios estadounidenses", exponiendo
sus quejas en un discurso que debería haber mortificado a los muchos demócratas
que dicen oponerse a la existencia de la prisión, pero que evidentemente no
estaban escuchando cuando emitieron sus votos.
"Algunos en el Congreso han propuesto de hecho que exijamos al Presidente que traslade a los
terroristas detenidos en Guantánamo al territorio continental de Estados Unidos
y los mantenga aquí", fulminó McConnell. "Eso significa trasladarlos
a instalaciones en ciudades y pequeños pueblos de toda América en estados como
California e Illinois y Kentucky. Pues bien, puedo garantizarles que mis
electores no quieren terroristas alojados en sus patios traseros en Fort Knox,
Fort Wright o cualquier otro lugar dentro de la Commonwealth. Sé que yo no".
Hace tan sólo tres semanas, en una conferencia de prensa en el Pentágono, Gates volvió a plantear
esta cuestión del traslado de detenidos al territorio continental
estadounidense en un discurso en el que abordó específicamente los problemas
asociados al cierre de la prisión (algunos de los cuales se destacaron en un
artículo que escribí el viernes con motivo del sexto aniversario de
Guantánamo). "Creo que el principal obstáculo ha sido resolver muchas de
las cuestiones jurídicas relacionadas con el cierre de Guantánamo y lo que se
hace con los presos cuando regresan [a Estados Unidos]", dijo.
"Debido a algunas de estas preocupaciones legales -algunas de las cuales
son compartidas por personas de ambos partidos en el Capitolio- no se ha
avanzado mucho en este sentido".
Las elucubraciones del general Mullen no contribuyen en nada a resolver la inercia a la que se refería
Robert Gates sobre los planes de cierre de Guantánamo, pero representan una
ruptura con las opiniones de sus predecesores, el general Peter Pace, y el
general Richard Myers -ambos nombrados por Donald Rumsfeld- y deben
considerarse, por tanto, como una salva más en la lucha del secretario de
Defensa por persuadir a la Casa Blanca de que restablezca el imperio de la ley
en la "Guerra contra el Terror".
Visto así, el nombramiento de Mullen -y sus declaraciones del domingo- reflejan el cambio de
perspectiva de los militares en los últimos seis años, como puede verse en un
breve repaso a las declaraciones de sus predecesores.
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El general Myers, que era el jefe del Estado Mayor Conjunto cuando se abrió
Guantánamo, tenía una facilidad para la hipérbole que rivalizaba con la de Dick
Cheney. El 11 de enero de 2002, cuando llegaron los primeros detenidos a la
prisión, declaró a los periodistas que se les retenía porque, si tuvieran la
oportunidad, "roerían los conductos hidráulicos de la parte trasera de un
C-17 [avión militar] para derribarlo". Fue una opinión que mantuvo durante
todo su mandato. En junio de 2005, después de que Amnistía Internacional
publicara un informe en el que describía Guantánamo como "el gulag de
nuestro tiempo", calificó el informe de "absolutamente irresponsable",
e insistió
en que Estados Unidos estaba haciendo todo lo posible por detener a
combatientes que, de ser liberados, "se darían la vuelta e intentarían
degollarnos, degollar a nuestros hijos".
Al parecer, su sucesor, el general Pace, nombrado por Rumsfeld en septiembre de 2005, mostró
un enfoque más escéptico respecto a la conducción de la "Guerra contra el
Terror", y se le atribuyó el haber abordado a su jefe en privado,
recomendando el cierre de Guantánamo y declarando su convicción de que Estados
Unidos debía seguir las Convenciones de Ginebra en su trato a los prisioneros,
incluso a los de Al Qaeda. En público, sin embargo, poco de esto quedó patente.
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Hablando sobre los detenidos de Guantánamo en un almuerzo del Club Nacional de Prensa en
febrero de 2006, admitió que presentaban un dilema, admitiendo que
"algunos de los que han estado en Guantánamo con el tiempo han sido
juzgados como menos amenazadores de lo que eran cuando fueron recogidos en el
campo de batalla, y algunos de ellos han regresado a sus países y han reanudado
una, cito, vida 'normal'", pero añadió que "otros han vuelto
inmediatamente a la batalla y han intentado matarnos de nuevo". Su
conclusión, sin embargo, siguió una línea más dura que los recientes
pronunciamientos del almirante Mullen, con ecos inequívocos de la postura
adoptada por Donald Rumsfeld y Dick Cheney. "Pero se trata de combatientes
enemigos ilegales", dijo. "Son nuestros enemigos declarados. Han
dicho que quieren matarnos y acabar con nuestro modo de vida".
Al dejar escapar su calculada frase sonora del pasado domingo, el almirante Mullen puede que sólo
haya dado un pequeño paso hacia el cierre de Guantánamo -alineando a los
militares con el Pentágono y el Departamento de Estado-, pero puede que sea uno
que a la larga resulte significativo.
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