Un juez impide el regreso a la tortura de un tunecino inocente de Guantánamo
11 de octubre de 2007
Andy Worthington
En un hecho realmente sorprendente ocurrido en el Tribunal de Distrito de Columbia,
la juez Gladys Kessler ha dictaminado que Mohammed Abdul Rahman, detenido
tunecino en Guantánamo cuya puesta en libertad fue autorizada tras la primera
ronda de revisiones administrativas en 2006, "no puede ser enviado a Túnez
porque podría sufrir "daños irreparables" que los tribunales
estadounidenses serían incapaces de revertir", según la descripción del
Washington Post.
Migrante económico que viajó a Pakistán desde Italia, donde había estado viviendo, este tunecino de 42
años, que declaró a la Junta de Revisión Administrativa en 2005 que su
verdadero nombre era en realidad Lufti bin Ali, dijo que fue a Pakistán para
recibir tratamiento médico y encontrar esposa. "He contado mi historia quinientas
veces", dijo. "Fui a Pakistán a por medicamentos. Estaba enfermo y
quería curarme, así que fui a Pakistán". También viajó, dijo, "para
casarme y relajarme y salir de donde estaba".
Negando un aluvión de acusaciones sobre su supuesta implicación con terroristas y campos de
entrenamiento, declaró que no estaba involucrado ni con el Grupo Islámico
Armado (GIA) argelino ni con el Grupo de Combate Tunecino (GTC), y negó
específicamente las acusaciones de que hubiera participado en la creación del
GTC y formado parte de su Consejo Asesor. También negó que se hubiera reunido
en Italia con pakistaníes de la mezquita ICI (de Milán) que intentaban reclutar
gente para ir a Pakistán y Afganistán, negó haber visitado una casa de
huéspedes tunecina en Afganistán "gestionada por una célula tunecina con
posibles vínculos con Al Qaeda", y también declaró que no tenía
conocimiento del campo de entrenamiento de Jaldan, donde, según se afirmaba,
"un lugarteniente de alto rango de Al Qaeda" lo identificó como
persona que había estudiado en 1998 o 1999.
Afirmó que sólo había ido a Afganistán porque el gobierno pakistaní había iniciado una campaña contra
los árabes (y señaló que, de hecho, fue detenido a su regreso a Pakistán, en
Quetta, según el sumario desclasificado de pruebas de su atestado), y se
retractó de una confesión, "admitida hace algún tiempo", de que se
había asociado con "varias cantidades" de terroristas mientras estuvo
en Jalalabad, afirmando: "No represento una amenaza. Estoy en contra del
terrorismo... Estoy en contra del asesinato de personas inocentes... Llevo una
vida normal. No me gustan los problemas. Eso es todo".
Lo que llamaba especialmente la atención de su comparecencia ante el ARB era que se había
añadido un nuevo conjunto de acusaciones desde su comparecencia ante el
Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente el año anterior. En su vista
ante el CSRT, sólo se alegó que "viajó a Afganistán en 1998 y permaneció
viviendo en Afganistán en 2001", que "se alojó en una casa de huéspedes
argelina en múltiples ocasiones en Jalalabad", que "se alojó en una
casa de huéspedes, que está asociada con personas que han entrenado en campos
de Al Qaeda," y -la alegación que refutó en su ARB- que "se asoció
con varios terroristas", mientras que en su ARB "un lugarteniente de
alto rango de Al Qaeda" le identificó como persona que se había entrenado
en Jaldan, la casa de huéspedes argelina se convirtió en una casa de huéspedes
tunecina "posiblemente asociada con Al Qaeda", y Abdul Rahman se
convirtió en una pieza clave del TCG y "al parecer" del GIA.
Cabe destacar que, cuando preguntó a la Junta: "Estas acusaciones, todas ellas, ¿de dónde las
han sacado?", un miembro de la Junta respondió: "De una recopilación
de entrevistas e interrogatorios y de fuentes externas"; en otras
palabras, de otros presos, tanto dentro como fuera de Guantánamo, que fueron
sobornados, coaccionados o torturados para que hicieran tales afirmaciones.
Para que no quede ninguna duda de que el "lugarteniente de alto rango de
Al Qaeda" y otros se inventaron todas esas afirmaciones, es importante
recordar que Abdul Rahman fue puesto en libertad, lo más cerca que esta
administración, con su insistencia en que los que libera no son en realidad
inocentes, sino "ya no combatientes enemigos", llega a estar de
admitir que ha cometido errores terribles que han destrozado vidas.
Para complicar las cosas, Abdul Rahman fue condenado en rebeldía por delitos ficticios por la
dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, y sentenciado a 20 años de prisión, y
estaría claramente en peligro si fuera devuelto a Túnez, que, como el
Departamento de Estado de EE.UU. señala cada año, tiene un terrible historial
de derechos humanos. Su situación se complica aún más debido al precario estado
de su salud. Como han explicado sus abogados, Mark y Josh Denbeaux, de la
Facultad de Derecho de Seton Hall, "sufre frecuentes dolores de pecho e
intensas palpitaciones cardíacas relacionadas con [una] válvula cardíaca
aórtica sustituida y un marcapasos", y tiene "muchas otras dolencias
que harían extremadamente arriesgado un traslado a Túnez."
En junio, cuando otros dos detenidos tunecinos -Abdullah
bin Omar y Lofti
Lagha, ambos migrantes económicos como Abdul Rahman- fueron devueltos a su
país de nacimiento, pensé erróneamente que Abdul Rahman era uno de ellos, pero
resulta que, cuando los abogados del gobierno notificaron a Mark y Josh
Denbeaux en mayo que planeaban devolverlo a Túnez, consiguieron que un tribunal
dictara una orden de alejamiento temporal. Aunque el gobierno argumentó
posteriormente que el tribunal carecía de jurisdicción en la materia -y que,
por extensión, la administración podía hacer lo que le diera la gana con las
vidas ya arruinadas de hombres inocentes injustamente detenidos y brutalmente
encarcelados-, es la discrepancia del juez Kessler con esta postura lo que ha
salvado a Abdul Rahman de nuevos horrores (aceptando, eso sí, que algún día sea
liberado de Guantánamo y enviado a otro país).
Está claro que Abdul Rahman tuvo suerte de contar con abogados que le protegieran. Como ya informé
aquí, aquí y aquí, tanto bin Omar como Lagha han sido, al parecer, tratados
brutalmente a su regreso a Túnez, lo que subraya lo inútiles que son las
"garantías diplomáticas" de trato humano que la administración
estadounidense ha acordado con Zine El Abidine Ben Ali, como parte de sus
intentos desesperados y sin principios de librarse de sus propios errores. En
esto, como ya informé aquí, sus motivos coinciden con los del gobierno
británico, que, al igual que su socio en la "relación especial", está
muy ocupado en agravar sus actividades ilegales iniciales -reteniendo a hombres
indefinidamente sin cargos ni juicio- con más ilegalidad, ya que intenta violar
las leyes internacionales de nuevo mediante la firma de "garantías
diplomáticas" y "memorandos de entendimiento" con los dictadores
que dirigen varios países del norte de África y del Golfo (incluido Túnez), que
son a la vez inútiles e ilegales.
Reconociendo esto, y reconociendo también que el inminente enfrentamiento en el Corte Supremo
sobre los derechos de los detenidos está empezando a filtrarse a los tribunales
inferiores, la juez Kessler explicó, mientras se atrevía a poner por los suelos
al Gobierno, que había tomado su decisión porque la decisión del Tribunal
Supremo de examinar una vez más los derechos de los detenidos "arrojaba
una profunda sombra de incertidumbre" sobre las sentencias anteriores que
restringían sus derechos. "En vista de los graves perjuicios que Rahman ha
alegado que sufrirá si es trasladado", prosiguió, "sería un profundo
error judicial" que el tribunal denegara su petición de permanecer en
Guantánamo. Tras señalar que el Corte Supremo podría decidir finalmente que los
detenidos tienen derecho a impugnar su detención o su traslado a otros países,
añadió que una orden judicial que impidiera su regreso era "necesaria para
garantizar su supervivencia". De lo contrario, concluyó, "en ese
momento, el daño ya estaría echo".
Rebosante por lo que el New York Times describió como una sentencia que "parece ser el primer
fallo de este tipo", Josh Denbeaux elogió la actuación de la juez Kessler,
afirmando, inequívocamente: "Es la primera vez que el poder judicial
ejerce su poder inherente para controlar los excesos del ejecutivo en cuanto al
trato de los presos de Guantánamo. Ahora se le ha dicho al ejecutivo que no
puede enterrar sus errores de Guantánamo en prisiones del Tercer Mundo".
Al igual que las decisiones adoptadas por los tribunales de apelación del Reino Unido, que
impiden la devolución ilegal de hombres que nunca han sido acusados a regímenes
que bien podrían torturarlos, la decisión de principio del juez Kessler se
considera un golpe mortal a los intentos de la administración estadounidense de
hacer lo mismo con hombres inocentes, retenidos sin cargos ni juicio en
Guantánamo. Y creo que es un buen augurio para el próximo enfrentamiento en el
Corte Supremo sobre el derecho de los detenidos a impugnar el fundamento de su
detención. Casi seis años de flagrante anarquía e injusticia por parte del
ejecutivo son más que suficientes. Dejemos que los detenidos contra los que la
administración piensa que tiene un caso sean llevados ante un tribunal
reconocible; y dejemos que los demás -aquellos contra los que no se puede
construir ningún caso, porque no lo hay- sean liberados, a países que no los
someterán a más torturas o malos tratos.
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