Las Injusticias de Estados Unidos: Los
torturados, los rendidos, los desaparecidos
Andy Worthington. 25 de febrero de 2013.
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
30 de marzo de
2013
Las injusticias no se vuelven menos injustas por más tiempo que se pase sin
afrontarlas, y cuando se trata de la “guerra contra el terror” lanzada por el
presidente Bush después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001,
esas injusticias siguen pudriendo y envenenando el alma de Estados Unidos.
Una de esas injusticias es Guantánamo, donde 166 hombres están todavía
encarcelados, a
pesar de que 86 de ellos fueron liberados de sus cargos, listos para ser
liberados por una fuerza especial establecida por el presidente hace 4 años, y
otra es Bagram en
Afganistán (renombrada y renovada la instalación de detenciones de Parwan),
donde George W. Bush hizo pedazos la Convención de Ginebra, y no ha sido
reinstaurada, y donde prisioneros extranjeros capturados en cualquier otro sitio
y entregados a la custodia de EEUU en Afganistán siguen encarcelados.
Algunos de estos hombres han sido mantenidos tanto tiempo como los de
Guantánamo, pero sin que se les permitiera el derecho a ser visitados por
abogados civiles, mientras que a los hombres en Cuba la Corte Suprema se lo ha
garantizado dos veces (en 2004 y en 2008) incluso si esos derechos han
sido ahora retirados por los jueces en la Corte de Apelaciones de Washington
DC, demostrando una susceptibilidad a la histeria colectiva con respecto a la
“guerra contra el terror,” más que a llevar justicia a los hombre en
Guantánamo.
Otra profunda injusticia, en torno al secuestro de prisioneros en cualquier
parte del mundo, y la rendición extraordinaria a “sitios negros” operados por la
CIA, o las mazmorras de torturas en otros países, también sigue sin
resolverse.
Algunos de los “Desaparecidos por América” finalmente aparecieron en
Guantánamo, y aquellos prisioneros extranjeros mantenidos en Bagram también
encajan en esa categoría. Lo que le pasó al resto, sin embargo, es tan
desconocido ahora como lo era hace seis años, cuando seis ONGs (incluyendo
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reprieve) publicaron un informe,
“Extraoficial: La responsabilidad estadounidense en las desapariciones forzosas
de la “Guerra contra el terror,” identificando a 39 prisioneros cuyo paradero
era desconocido (PDF).
En ese momento (junio de 2007) había algún interés en la historia, cuando
George W. Bush había caído en un problema de credibilidad durante su segundo
mandato, pero el interés había declinado para 2010, en el segundo año del
presidente Obama como presidente, cuando un informe de seguimiento, el “Estudio
conjunto sobre prácticas globales en relación a la detención secreta en el
contexto del anti-terrorismo,” fue publicado por las Naciones Unidas (PDF).
Yo era el autor principal de las secciones que trataban las desapariciones
llevadas a cabo por EEUU en la “guerra contra el terror,” el cual fue preparado
por el Enviado Especial para la promoción y y protección de los derechos humanos
y libertades fundamentales en su lucha contra el terrorismo, el Enviado Especial
para la tortura y otras tratos o castigos degradantes, inhumanos o crueles, y
los Grupos de Trabajo para la detención arbitraria, y desapariciones forzosas o
involuntarias.
Me di cuenta de que en el informe decía: “Basándose en las figuras reveladas
en una de las tristemente conocidas “circulares sobre la tortura” (PDF)
de la Oficina de Asesoramiento Legal, escrita en mayo del 2005 por el Asistente
del fiscal general Stephen Bradbury” y hecha pública por el presidente Obama
como parte de un juicio en abril del 2009, “la CIA había, hasta mayo de 2005,
tomado en custodia a 94 prisioneros y había utilizado “técnicas mejoradas” de
grados variables en las interrogaciones a 28 de esos detenidos.”
Esos 94 hombres formaban parte del
programa de “detenidos de alto valor”, y se mantuvieron en prisiones
secretas llevadas por la CIA en Tailandia, Polonia, Lituania, Rumanía y
Marruecos, aunque muchos de ellos también pasaron por la
red de prisiones secretas en Afganistán durante el traslado.
Sin embargo, un número no especificado de otros prisioneros fueron también
llevados ilegalmente a otros países para ser torturados, incluyendo Egipto,
Jordania y Siria. Su número no se estimó hasta septiembre del 2007, cuando el
entonces director de la CIA Michael
Hayden dijo a Charlie Rose que el número era “intermedio, de dos dígitos,
desde el 11 de septiembre de 2001,” sin dar más detalles. Tal como Rose declaró
en respuesta, “Dos dígitos. O sea, 50, 60. Lo que sea. No importa. Han habido
detenciones y entregas ilegales a algún sitio.”
Hace dos semanas, la última actualización de esta sórdida y desatendida
historia llegó vía La Iniciativa de la Sociedad abierta por la Justicia, que
publicó un nuevo informe, “Globalizando
la tortura: La detención secreta y la rendición extraordinaria de la CIA.”
Como explicaba el comunicado de prensa, el informe “identifica por primera vez
los nombres de un total de 136 víctimas y describe la complicidad de 54
gobiernos extranjeros en esas operaciones.” Se ha revelado que los gobiernos,
“que iban desde Islandia y Australia hasta Marruecos y Tailandia, han permitido
de varias maneras las detenciones secretas y operaciones de entregas ilegales,
incluyendo la acogida de prisiones de la CIA, asistiendo en la captura y
transporte de detenidos, y permitiendo el uso de espacio aéreo doméstico para
vuelos secretos.”
Como también indicaba el comunicado de prensa, “el informe subraya la
incapacidad del gobierno de los EEUU para afrontar el legado de abusos cometidos
en nombre del anti-terrorismo.” No se les escapó a los de la Iniciativa de la
Sociedad abierta por la Justicia que el informe fue publicado mientras el Comité
de Inteligencia del Senado presentaba un
informe de 6000 páginas que llevó tres años terminar que da un análisis
amplio del programa de torturas de la CIA bajo la administración Bush, mientras
la película de Kathryn Bigelow, “La noche más oscura,” sigue divulgando el falso e irresponsable
mensaje de que la tortura tuvo un papel clave en identificar la localización
de Osama bin Laden, y en la víspera de la confirmación de John Brennan como el
director de la CIA, a pesar de que bajo George W. Bush, había apoyado explícitamente la tortura y las
rendiciones extraordinarias.
Amrit Singh, el autor del informe y un veterano representante legal de la
Iniciativa de la Sociedad abierta por la Justicia, dijeron: “Ha llegado la hora
de que EEUU y sus gobiernos aliados admitan la verdad y garanticen que se tomen
responsabilidades por los abusos cometidos alrededor del mundo como parte de
esos programas de la CIA. La mancha de la tortura y otros abusos asociados con
estos programas continuará pegada a los EEUU y sus colaboradores todo el tiempo
que se sigan escondiendo tras un velo de secretismo y rechacen hacer a sus
funcionarios responsables.”
Por supuesto esto es verdad, pero todavía está por ver si algo puede
despertar a los medios estadounidenses, o al público, con suficiente indignación
para que se lleve a cabo alguna acción que haga a alguien responsable. Singh
comenta que las mejores esperanzas para la responsabilidad todavía están en
algún otro lugar, en Europa, donde, en diciembre de 2012, La
Corte europea de Derechos Humanos mantuvo que el gobierno macedonio había
violado los derechos de Khaled El-Masri, un ciudadano alemán, durante una
operación de la CIA que llevó a que El-Masri, un caso de identidad incorrecta,
fuera secuestrado y entregado ilegalmente a un “sitio negro” en Afganistán,
donde su trato “equivalió a tortura.”
Además, en 2009, una corte italiana condenó
en su ausencia a 23 estadounidenses (casi todos los oficiales y trabajadores
de la CIA) por el descarado secuestro a plena luz del día en Milán, en febrero
de 2003, de un clérigo, Abu Omar, que fue a continuación entregado ilegalmente
para ser torturado a Egipto, y, tan sólo la semana pasada, una corte de
apelaciones italiana sentenció
al anterior jefe de inteligencia del país, Niccoló Pollari, a diez años de
prisión “por complicidad” en ese secuestro.
Tal como la Iniciativa de la Sociedad abierta por la Justicia anota,
“Otros desafíos legales a la detención secreta y a la rendición extraordinaria
están pendiente ante la Corte europea de Derechos Humanos contra Polonia,
Lituania, Rumanía, e Italia; contra Djibouti ante la Comisión Africana de los
derechos de las personas y los pueblos; y contra autoridades locales o
funcionarios en Egipto, Hong Kong, Italia, y el Reino Unido.”
Estas siguen siendo la mejor esperanza de que algún día alguien en las más
altas esferas del gobierno de los EEUU será responsabilizado por sus crímenes.
Mientras tanto, los anteriores funcionarios de Bush (incluyendo al propio
ex-presidente) pasean libres, y el presidente Obama tiene
su propia “lista de asesinatos” y programa de aviones no tripulados, que
algún día será visto tan monstruoso e ilegal como el programa de rendición y
tortura de Bush.
Además, como apunta La Iniciativa de la Sociedad abierta por la Justicia:
“La administración Obama no ha repudiado definitivamente la rendición
extraordinaria. En el 2009, el presidente Obama publicó una orden ejecutiva
negando una responsabilidad sobre la tortura y cerrando los sitios de detención
secretos de la CIA, pero la orden fue supuestamente elaborada para permitir
detenciones transitorias de corta duración antes de llevar a los detenidos a
otros países para ser interrogados o enjuiciados. Las políticas y prácticas
actuales con respecto a la rendición extraordinaria permanecen
secretas.”
Como tantas otras cosas en la “guerra contra el terror”, el secretismo no es
nunca un buen signo. Sería demasiado esperar que el presidente Obama
voluntariamente afrontará el legado de “los desaparecidos por América,”
heredados de su predecesor, pero algún día alguien tiene que ser hecho
responsable por este programa global de torturas.
Andy Worthington es el autor de Los archivos de
Guantánamo: La historias de los 774 detenidos en la prisión ilegal de Estados
Unidos. Este artículo apareció originalmente en su página
web el 23 de febrero de 2013.
*Nota del traductor: La rendición extraordinaria es la práctica por la cual
EEUU secuestra a una persona en cualquier parte del mundo y es enviada a un
tercer país para ser interrogada y torturada bajo custodia estadounidense.
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