Farsa en Guantánamo: denegada la petición de hábeas corpus de un preso absuelto
06 de abril de 2009
Andy Worthington
En 2007, tras cuatro rondas de revisiones administrativas en Guantánamo, Hedi Hammamy,
preso tunecino nacido en 1969, recibió el visto bueno para su puesta en
libertad, tras haber convencido al Pentágono de que ya no representaba una
amenaza para Estados Unidos o sus aliados, y de que ya no poseía ningún valor
de inteligencia. Sin embargo, no fue puesto en libertad porque, aunque el
gobierno estadounidense había obtenido una "garantía diplomática" del
gobierno del dictador tunecino Zine El Abidine Ben Ali (foto de la izquierda),
que pretendía garantizar que los presos devueltos recibirían un trato humano,
dos presos devueltos en junio de 2007 fueron aparentemente maltratados bajo
custodia tunecina, y posteriormente encarcelados
tras lo que los observadores de derechos humanos consideró juicios espectáculo.
Esto llevó a un juez del Tribunal de Distrito a impedir
la devolución de un tercer tunecino en noviembre de 2007, con el resultado
de que este hombre, Lotfi bin Ali, y varios otros tunecinos exculpados
-incluido Hedi Hammamy- han languidecido en Guantánamo desde entonces, mientras
el Departamento de Estado ha intentado en vano encontrar un tercer país
dispuesto a aceptarlos.
En el surrealista mundo de Guantánamo, las revisiones anuales -que se basan en gran medida en pruebas
clasificadas que no se revelan a los presos y que, por tanto, no pueden ser
impugnadas por ellos- fueron introducidas por la administración Bush como
desplante al Corte Supremo, que concedió a los presos el derecho de hábeas
corpus (el derecho a preguntar a un juez por qué estaban detenidos) en junio de
2004. No fue hasta el pasado mes de junio (casi exactamente cuatro años
después) cuando el Corte Supremo volvió a ocuparse de los derechos de hábeas
corpus de los presos, declarando
inconstitucionales las disposiciones de dos leyes -la Ley de Tratamiento de
Detenidos de 2005 y la Ley de Comisiones Militares de 2006- que habían
pretendido privar a los presos de sus derechos de hábeas corpus en los años intermedios.
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Como consecuencia, las primeras revisiones judiciales de los casos de los presos de
Guantánamo no se produjeron finalmente hasta el pasado mes de noviembre, casi
siete años después de la apertura de la prisión, cuando el juez Richard Leon,
nombrado por George W. Bush, sorprendió a la administración al admitir los
recursos de hábeas corpus de cinco
presos bosnios de origen argelino y ordenar su puesta en libertad tras
dictaminar que el gobierno no había justificado su detención. Desde entonces,
el juez Leon también ha ordenado la liberación de Mohammed
El-Gharani, residente saudí de origen chadiano, que sólo tenía 14 años
cuando fue capturado por soldados paquistaníes en una redada en una mezquita de
Pakistán, y posteriormente vendido a las fuerzas estadounidenses.
Sin embargo, el juez Leon también dictaminó, en otros cuatro casos, que el gobierno había establecido,
"por preponderancia de las pruebas", que un sexto argelino bosnio, el
yemení Moaz
al-Alawi, Hisham Sliti (tunecino) y otro yemení, Ghaleb
al-Bihani, habían sido designados correctamente como "combatientes
enemigos" y podían seguir detenidos. En los artículos que publiqué en su
momento, me opuse a estas sentencias por tres motivos concretos: en primer
lugar, porque parecía que ninguno de los hombres había participado realmente en
actividades terroristas y, en segundo lugar, porque la definición de
"combatiente enemigo" era inadecuadamente amplia y, en lugar de centrarse
en las personas que habían contribuido directamente a la planificación y
ejecución de atentados terroristas, persistía en confundir a Al Qaeda con los
talibanes, a pesar de que la primera es un grupo terrorista y los segundos
-aunque muy denostados- eran de hecho el gobierno de Afganistán.
La definición de "combatiente enemigo" que eligió el juez Leon antes de que comenzaran
las vistas de hábeas corpus (y que fue arrancada de varias versiones diferentes
propuestas por el Pentágono a lo largo de los años) declaraba que un
"combatiente enemigo" era alguien que "formaba parte o apoyaba a
las fuerzas talibanes o de Al Qaeda, o a fuerzas asociadas que participan en
hostilidades contra Estados Unidos o sus socios de la coalición", y
también incluía a cualquiera "que haya cometido un acto beligerante o haya
apoyado directamente las hostilidades en ayuda de fuerzas armadas enemigas".
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La tercera razón por la que me opongo a las resoluciones del juez Leon se basa en la liberación
de Guantánamo de otro preso yemení, Salim
Hamdan, que fue enviado a casa el pasado noviembre para cumplir el último
mes de la corta condena que le había impuesto un jurado militar el verano
pasado, tras un juicio celebrado en Guantánamo en el marco del sistema de
comisiones militares inventado por Dick
Cheney y sus asesores más cercanos. Hamdan había sido en realidad uno de
los varios chóferes de Osama bin Laden, pero su puesta en libertad, tras un
juicio ideado por el propio gobierno, puso en ridículo tanto la justificación
del gobierno para seguir reteniendo a presos considerados menos significativos
(esencialmente, la mayoría de los 241 presos que siguen retenidos) como, cabe
señalar, las resoluciones del juez Leon en los casos de presos que no tenían
ninguna relación con Al Qaeda y que ni siquiera se habían reunido nunca con
Osama bin Laden.
Sin embargo, el jueves pasado, más de dos meses después de su última resolución, el juez Leon decidió
que Hedi Hammamy había sido designado correctamente como "combatiente
enemigo" y que, por lo tanto, podía seguir detenido durante un tiempo
indeterminado. Y ello a pesar de que, hace tan sólo tres semanas, el nuevo
gobierno de Barack Obama tomó
la decisión de dejar de utilizar el término "combatiente enemigo"
y, además, modificó la definición de los presos para que sólo quedaran
detenidos aquellos cuyo apoyo a los talibanes o a Al Qaeda fuera "sustancial".
Como señalé en su momento, la situación a la que se enfrentaban los "Nadie antes
conocido como combatiente enemigo" -pues el Departamento de
Justicia no les había dado una nueva designación- no había mejorado mucho, ya que
el gobierno consideraba un apoyo "sustancial" a quienes "no han
cometido ni intentado cometer realmente ningún acto de depredación ni han
entrado en el teatro o zona de operaciones militares activas", y a otros
que no habían levantado las armas contra nadie pero que "se habían alojado
en pisos francos de Al Qaeda o los talibanes que se utilizan habitualmente para
alojar a reclutas militantes".
Sin embargo, el juez Leon no sólo parece no haber observado el nuevo cambio semántico del Gobierno, sino
que también parece haber intentado entrelazar hechos inconexos en un todo
coherente en su valoración de las pruebas del Gobierno. Hammamy, que fue
detenido en Pakistán en abril de 2002, vivió en Italia antes de viajar a
Pakistán, y el juez Leon se basó en la alegación de que era "miembro de
una célula terrorista con base en Italia que prestaba apoyo a diversos grupos
terroristas islámicos" para suponer que, por tanto, había llegado a
Pakistán en relación con el terrorismo, a pesar de que los cargos que se le
imputaban en Italia -de "apoyo al terrorismo, en parte, mediante el
suministro de documentos y moneda falsos"- no habían sido probados ante un tribunal.
Como el propio Leon señaló, "una conclusión judicial de un gobierno extranjero sobre la implicación de
Hammamy en esa célula terrorista sería claramente preferible a la revisión y
evaluación de los informes de investigación de una agencia del gobierno
estadounidense". No obstante, concluyó que, "en ausencia de cualquier
razón para cuestionar su exactitud, el informe merece, como mínimo, una
presunción refutable para estos fines limitados", aunque, en mi opinión,
se trataba de una conclusión plagada de salvedades.
El juez Leon estaba claramente persuadido de considerar fiables las alegaciones italianas no
probadas, porque llegó a la conclusión de que enlazaban con otra alegación
presentada por el Gobierno, relativa a los documentos de identidad de Hammamy,
que al parecer fueron "encontrados después de la batalla de Tora Bora en
el complejo de cuevas de Al Qaeda". Al igual que en el caso de la
acusación italiana, que Hammamy ha refutado insistentemente, siempre ha negado
haber estado en Tora Bora y ha afirmado que, en realidad, le robaron sus
documentos, y que el gobierno tiene pruebas de ello.
Sin embargo, para Hammamy, el juez Leon no se mostró convencido y señaló despectivamente que no había
logrado "explicar cómo sus documentos de identidad viajaron
misteriosamente cientos de kilómetros desde el lugar de su robo en Pakistán
hasta el escondite de montaña de Tora Bora, en Afganistán", y añadió:
"Aunque teóricamente es posible que este supuesto ladrón se dirigiera a
Tora Bora, el sentido común dicta que esa conclusión no es en absoluto probable".
Con la decisión del juez Leon, Hedy Hammamy se encuentra en una posición única -y singularmente
inquietante- en la larga e innoble historia de Guantánamo. Como me explicó una
de sus abogadas, Cori Crider, de la organización benéfica legal Reprieve,
"aunque esto no cambia la opinión de los militares de que Hedi Hammamy es
transferible, desde luego no va a ayudarle en el contexto político. Ser
declarado sujeto a detención militar no es ni remotamente lo mismo que una
condena penal, pero eso no impedirá que elementos de derechas de los posibles
Estados de reasentamiento confundan ambas cuestiones."
Hay, además, un subtexto inquietante en el caso de Hammamy, ya que conviene tener presente que es el
Departamento de Justicia del presidente Obama, y no el de George W. Bush, el
que está llevando ahora los expedientes del caso de Guantánamo. Es posible, por
tanto, que la nueva administración esté jugando un partido de fútbol político
con los prisioneros, contentándose con defender una detención a la que ya ha
decidido poner fin para evitar acumular demasiadas pérdidas en los tribunales.
Como tantas veces en los últimos siete años y tres meses, parece que Guantánamo tiene muy poco que ver
con la justicia y es, en cambio, un lugar en el que la política domina. Para
Hedi Hammamy, el precio es su detención continuada, sin final a la vista, y el
conocimiento de que las decisiones tomadas por las juntas de revisión en
Guantánamo son -como muchos de los prisioneros han mantenido a lo largo de los
años- casi indeciblemente vacías.
Nota: A lo largo de su detención, el Pentágono ha identificado a Hedi Hammamy como
Abdulhadi bin Haddidi.
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