Los esfuerzos tropiezos de Donald Trump por reavivar Guantánamo
Collage de Donald Trump y el letrero de Camp Delta en Guantánamo.
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Andy Worthington
Close Guantánamo
16 de julio de 2017
En Guantánamo, Donald Trump, esencialmente ha hecho nada desde que tomó la presidencia a pesar de haber prometido, durante su
campaña, llenar nuevamente la prisión con “malos tipos” y reavivar la tortura.
Poco tiempo después de convertirse en presidente, un
borrador de una orden ejecutiva fue filtrado. En este documento se proponía
el montaje de nuevos “sitios negros” y el envío de nuevos prisioneros a
Guantánamo, pero en lo primero fue bloqueado inmediatamente con críticas del
ambiente político y por algunos de sus consejeros y su silencio en relación a
lo segundo ha significado que ha sido aconsejado acerca de no hacerlo, no
mandar nuevos prisioneros a Guantánamo.
Existe un número de razones por las cuales este consejo era de esperarse: las cortes federales tienen un exitoso historian en
el manejo de casos relacionados con terrorismo y, porque la legislación que
autoriza la detención en Guantánamo, la
autorización del uso de fuerza militar, que pasó días después de los
ataques del 11 de septiembre, se enfocan en el 11/9, en al-Qaeda, los talibanes
y fuerzas relacionadas, y no en nuevas amenazas, como el Estado Islámico, por
ejemplo, para lo cual se necesitaría
una nueva legislación.
Como resultado, aunque Guantánamo está prácticamente borrado del radar, dando la impresión que los hombres que siguen ahí
están atrapados en un lugar que Trump ha decidido ignorar, reasegurando que se
ha mantenido en silencio en relación a su promesa de reavivar la prisión.
Fue, más que nada, lectura para desconectarse, en The
Hill, el 8 de julio, el titular “Oficiales de Trump firman intento para
rellenar Guantánamo”. The Hill estaba escribiendo acerca de una visita a
Guantánamo el viernes 7 de julio del fiscal general Jeff Sessions y el fiscal
general adjunto Rod Rosenstein, quien acompañó a Dann Coats, el Director de
Inteligencia Nacional y Thomas Bossert, el consejero de la lucha contra el
terrorismo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quienes hicieron el viaje
para “ponerse al corriente de las operaciones, siendo esta la primera acción
concreta que ha tomado la administración de Trump en relación a este lugar”.
Como añadió el artículo “hasta ahora, Guantánamo ha sido manejado en auto
piloto; la orden ejecutiva del ex presidente Obama para que fuera cerrado es,
técnicamente todavía la ley en el terreno”.
El
New York Times reportó que la visita fue “un gesto de apoyo para la
continua detención de sospechosos de terrorismo sin juicio” en Guantánamo, “y
para procesar a algunos mediante las comisiones militares”. En una declaración
Ian Prior, un vocero del Departamento de Justicia, dijo que Sessions y
Rosenstein estaban “reuniéndose con gente que están encabezando los amplios
esfuerzos del gobierno” en la prisión, añadiendo que “es importante para el
Departamento de Justicia estar al corriente y tener conocimiento y
entendimiento de las operaciones que se llevan a cabo ahí”.
Sessions, para la preocupación de todos los que hacen campaña para el cierre de Guantánamo, ha estado hablando en apoyo de que la
prisión se mantenga en uso y a favor del sistema de juicios de las comisiones
militares, mostrando su apoyo desde que era senador representante de Alabama.
Poco después Trump lo nominó como Fiscal General, definió
la prisión como un “muy buen lugar” para detener, interrogar y procesar a
sospechosos de terrorismo”, describió el Times.
En contraste, Rosenstein, un abogado de Maryland bajo las administraciones de Bush y Obama, le dijo al Congreso que “esperaba que los
casos de terrorismo fueran procesados en cortes civiles”, en cortes federales,
durante su confirmación para ser Fiscal General Adjunto. “Numerosos casos
relacionados con terrorismo han progresado a través juicios del Artículo III y
espero que eso continúe”, escribió
en respuesta al senador demócrata Sheldon Whitehouse.
Para el Times, Charlie Savage y Adam Goldman, notaron que, por meses, “oficiales han
tratado de traer a Abu Khaybar, sospechoso de ser miembro de Al Qaeda, que
está detenido en Yemen, al Distrito Este de Nueva York para que enfrente cargos
ahí en una corte civil”, explicando, de cualquier manera, que “no está claro si
el gobierno de Trump ha tomado una decisión acerca de la custodia de este
sujeto y de ser así, qué hacer con él”. Escribí
acerca de esto el febrero pasado.
Autoridades estadounidenses actuales y pasadas, hablando de manera extra oficial, también le han dicho al Times, que el FBI
“esperan traer de vuelta y juzgar un par de americanos sospechosos de
terrorismo que se encuentran detenidos en Turquía.”. El Times añadió “bajo la
ley actual, los tribunales militares de Guantánamo podrían no usarse para
procesar ciudadanos estadounidenses, aunque el Sr. Trump dijo
durante su campaña que estaba “bien” con expandir su uso para incluir a sus ciudadanos”.
Trump podrá estar bien con esto, pero cumplir con sus deseos no es una labor fácil. Los ciudadanos estadounidenses tienen
considerablemente más derechos que los extranjeros detenidos en Guantánamo, e
incluso cuando se trata de llevar extranjeros a la prisión, expertos legales le
han advertido a Trump que, como lo puso el Times, “no está claro que la
autoridad del gobierno en época de guerra contra los ejecutores de los ataques
del 11 de septiembre -que es Al Qaeda- cubra al Estado Islámico y que llevar
detenidos a miembros de ese grupo podría crear riesgos legales”.
Desde que se convirtió en Fiscal General, Jeff Sessions ha “expresado frustración ante el ritmo de las comisiones militares”,
también reportó el Times. Casos en proceso en contra de cinco hombres acusados
de estar involucrados en los ataques del 11/9 y del supuesto autor intelectual
del bombardeo del Cole en el 2000, han estado detenidos en audiencias previas a juicio por años, orillando a
Sessions a declarar que “ya es tiempo de poder acordar cómo usar el sistema de
una manera eficiente”.
Nuevos cargos levantados en las comisiones militares
Como con Trump, los deseos de Sessions también son
difíciles de lograr. Como ejemplo, la decisión tomada para un caso el mes
pasado por el Departamento de Justicia de acusar al “detenido de gran valor”
Hambai por su supuesto rol en dos ataques terroristas en Indonesia en el 2002 y
2003. Capturado en el 2003, Hambali fue mantenido en “sitios negros” hasta
septiembre del 2006, cuando fue enviado a Guantánamo y ha estado detenido sin
cargos o juicio desde entonces, aunque el año pasado su
caso fue revisado por la Junta de Revisión Periódica (Periodic
Review Board), un proceso tipo “libertad condicional” introducido en el 2013, en donde se aprobó
que continué su detención.
Acusarlo formalmente ha sido, sin duda, algo bueno para Jeff Sessions, pero los críticos no están convencidos. Para el Daily
Beast, Spencer Ackerman, fresco de una larga y aclamada carrera en
Guardian, escribió en un artículo francamente titulado “El primer juicio de
Guantánamo para Trump es dañado desde el día uno”, en el que un miembro de la
administración de Trump, que está “familiarizado con un debate interno acerca
de futuras detenciones”, le dijo, anónimamente, que “acusar a Hambali era de
“mente limitada” y un “indicador de la falta de entendimiento de las
complicaciones de la política estadounidense de detenciones”, particularmente
sin una política completa que pueda enmarcar el caso de Hambali”, añadiendo,
“es lo mismo que dar inicio a un proceso que va a tomar un tiempo indefinido
resolver. Este sistema no funciona”.
Por medio de análisis objetivo, es pacientemente verdadero. Sólo
ocho convicciones han sido aseguradas en las comisiones militares en 15
años y, como dijo Ackerman, “la mayoría han sido refutadas o descartadas”. Añadió
que “las convicciones más sólidas vienen de tres acuerdos logrados y no de
victorias por parte del gobierno”.
Como también explicó Ackerman, “un asunto importante para los equipos de defensa que facilita el Pentágono es que sus clientes
quieren evidencia de tortura introducida en sus casos de pena de muerte, para
poder discutir la inadmisibilidad de lo que fue dicho a los interrogadores.
Pero intentar eso requiere sobre pasar una enorme pared de secrecía
oficial, incluso después de la publicación de sanciones del Informe
de la Tortura del Senado del 2014, que nos da una idea de lo brutal que es
el trato de la CIA con los detenidos como Hambali”.
Añadió que “es una de las mayores razones por las cuales el más importante crimen terrorista del siglo, el 11/9, no irá a juicio
por un número desconocido de años. Un preludio de esto, el ataque de Al Qaeda
en el 2000 en el Cole de Estados Unidos en Yemen, no procede un juicio para el
acusado Abd al-Rahim al Nashiri hasta el 2018
por lo menos.”
El caso de Hambali no es fundamentalmente nada distinto. Como notó Ackerman:
Porciones desclasificadas del reporte del Senado del 2014 no detallan en específico qué tipo de tortura fue
infligida sobre Hambali. Pero los documentos de la CIA citan en el reporte el
indicio de que Hambali cooperó con los interrogadores antes del “uso de más
procedimientos intrusivos de interrogación estándar, mucho menos de medidas
mejoradas”. Posteriormente se retractó de lo que les dijo bajo tortura, decía
un cable oficial de la CIA: “Él dio información falsa para reducir la presión
sobre él mismo…y para dar una historia congruente con lo que Hambali creía que
los interrogadores querían escuchar.” Los Estados Unidos dirían posteriormente
que la tortura de Hambali llevaría a la captura de una célula de Al Qaeda en
Karachi, algo que el reporte del Senado llama “inacertado”). Por lo menos un
interrogador le dijo a Hambali “no podemos dejar que el mundo sepa lo que te
hicimos, nunca”, menciona el reporte.
James Connell, un abogado para el acusado Ammar
al-Baluchi del 11/9, dijo que “la decisión de acusar a Hambali después de seis
años de persecuciones sin éxito en otros casos de comisiones militares, sugiere
que Estados Unidos no ha aprendido de sus errores insistiendo en estas
comisiones en primer lugar”, añadiendo, como lo puso Ackerman, que “era casi
certero que el equipo legal haría de la tortura de Hambali el punto más
importante en su juicio por crímenes de guerra”. Como declaró Connell, “está
claro que el caso de Hambali presenta puntos similares de tortura que el caso
de Nashiri y el 11/9”.
Los fiscales aparentemente le dijeron a Hambali que no
buscarán la pena de muerte en su caso, que potencialmente facilita el progreso
en casos de pena capital relacionados con el 11/9 y el Cole, pero la intención del gobierno de Trump de continuar con un
nuevo juicio fundamentalmente no tiene sentido, y nosotros en “Close
Guantánamo” estamos decepcionados por eso, además de sorprendidos.
Como explicó Laura Pitter, de Human Rights Watch,
“acusar a Hambali en una corte militar es una terrible decisión”, agregó “el
caso del 11/9, el caso de Nashiri habría terminado ya en una corte federal. En
su lugar, tenemos todos estos retrasos que son consecuencia de la sobre clasificación
en las comisiones”.
Nota: para un análisis legal más detallado, por favor
checa el “A Test Case for Guantánamo’s New Convening Authority" por Ryan
Goodman y Steve Vladeck para Just Security
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