Con pesar, un juez permite la detención indefinida en
Guantánamo de un médico
20 de abril de 2010
Andy Worthington
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 06 de octubre de 2023
Nota: Este artículo se publica como parte de la "Semana del Hábeas en
Guantánamo" (presentada aquí),
que también incluye una
lista interactiva de las 47 sentencias dictadas hasta la fecha (con enlaces
a mis artículos, las opiniones no clasificadas de los jueces, etc.).
El 25 de marzo, como expliqué en un artículo reciente, "Guantánamo
y el Habeas Corpus: La víctima de la tortura y el recluta talibán", el
juez jefe Royce C. Lamberth del Tribunal de Distrito de Washington D.C. denegó
la petición de habeas corpus de Mukhtar al-Warafi, un yemení que tenía 27 años
cuando fue capturado en el norte de Afganistán en noviembre de 2001. Como
expliqué en ese artículo, según los registros disponibles:
[Al-Warafi] sobrevivió
a una masacre en una fortaleza de paredes de barro, Qala-i-Janghi, donde
cientos de prisioneros -en su mayoría, aunque no todos, soldados de infantería
de los talibanes- habían sido llevados tras rendirse a la Alianza del Norte.
Según una declaración leída por un oficial militar asignado para representarlo
en una junta de revisión en Guantánamo, al-Warafi estudió procedimientos
médicos en Yemen, "no tuvo nada que ver en absoluto con los
talibanes" y fue a Afganistán "para ayudar a proporcionar asistencia
médica a los pobres y al público".
Como también señalé, "es seguro que al juez Lamberth no le habrá convencido la historia de
al-Warafi, y no habrá aceptado su declaración de que, aunque admitió haber
viajado a Khawaja Ghar en Afganistán y llevar un AK-47, dijo que lo tenía para
defensa propia y que se lo había dado un médico con el que trabajaba en una
clínica, ni su declaración de que prestó primeros auxilios en la clínica
al-Ansar de Kunduz, a todo tipo de personas, pero no 'a soldados heridos'.”
Ahora que el dictamen desclasificado del juez Lamberth se ha hecho público (PDF),
es justo decir que no le convenció del todo la explicación de al-Warafi sobre
cómo llegó a Afganistán y qué hacía allí. No obstante, sigue siendo un
resultado deprimente, por una serie de razones que expondré más adelante, pero
que, para dar una breve idea de lo que está mal en gran parte del marco
existente para detener a hombres en Guantánamo sobre una base legal, implica un
fallo familiar a la hora de distinguir entre los implicados con Al Qaeda (una
organización terrorista) y los talibanes (el gobierno de Afganistán en el
momento de la invasión de Afganistán liderada por Estados Unidos).
Y lo que es más chocante, la sentencia también se basa en la negativa a excluir de la detención
a quienes trabajaban como personal médico, debido a la legislación aprobada por
el Congreso bajo George W. Bush (que sigue vigente bajo Barack Obama), y que
impide a quienes solicitan un recurso de hábeas corpus acogerse a las
protecciones de los Convenios de Ginebra.
Además, en sus observaciones finales, el juez Lamberth también se hizo eco de otro juez que,
el pasado diciembre, se empeñó en inyectar disidencia en su propia sentencia al
afirmar que no creía que el hombre cuya detención en curso acababa de aprobar
constituyera una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
Para los jueces que resuelven los casos de hábeas corpus, el asesoramiento -o la falta de él- que
les dio el Corte Supremo cuando, en junio de 2008, concedió
a los presos los derechos de hábeas corpus garantizados por la
Constitución, ha generado ciertas dificultades, sobre todo en lo que se refiere
al grado de implicación con Al Qaeda o los talibanes que se requiere para
seguir privando de libertad a los presos.
Se han propuesto distintas definiciones, pero al igual que muchos otros jueces, el juez Lamberth
explicó que se basaba en el criterio de detención propuesto por el juez John D.
Bates en Hamlily v. Obama (PDF),
que sólo autoriza la detención continuada de los presos que formaban
"parte de los talibanes, Al Qaeda o fuerzas enemigas asociadas".
La historia de Mukhtar al-Warafi
Para establecer que al-Warafi se ajustaba a esta descripción, el juez Lamberth (foto
de la izquierda) repasó su historia más de lo que se había revelado hasta entonces,
explicando que nació en Taiz (Yemen) y que "sólo tiene unos pocos años de
educación formal y ha trabajado desde muy joven" en "una variedad de
trabajos ocasionales, como camarero, friegaplatos, conserje y, durante un breve
periodo de tiempo, ayudante de laboratorio en la clínica médica de su hermano
en Taiz", donde "aprendió varios conocimientos médicos básicos, como
la administración de vías intravenosas y la toma de muestras de sangre".
En la primavera de 2001, "leyó dos fatwas en la mezquita Jamal al-Din de Taiz", en las
que "se hablaba de los talibanes y de sus victorias en Afganistán y se
animaba a ayudar a los talibanes", y en agosto de 2001, tras pedir
prestados 400 dólares a su padre (diciéndole que iba a peregrinar a La Meca),
se puso en marcha, localizó la oficina talibán en Quetta (Pakistán) (como
aconsejaba una de las fatwas) y entró en Afganistán, donde se dirigió al frente
de Khawaja Ghar, en el norte del país.
Sólo "pasó aproximadamente una o dos semanas" en el frente, donde "recibió entrenamiento
con un AK-47, pero no participó en ningún combate activo", y luego, cuando
"Un superior... buscó voluntarios para servir como médicos en una clínica
cercana", "se ofreció voluntario y fue trasladado a una clínica
dirigida por un médico saudí, el Dr. Abdullah Aziz", que le enseñó "a
limpiar heridas, extraer sangre y reconocer los síntomas de la malaria".
Tras 25 días en la clínica, donde "trató aproximadamente de seis a siete combatientes
talibanes enfermos y heridos al día", fue trasladado a la clínica al-Ansar
de Kunduz, también dirigida por el Dr. Aziz, donde "trató a combatientes
talibanes heridos y enfermos". Luego pasó un mes en un hospital,
"porque la zona en la que se encontraba la clínica al-Ansar se había
vuelto demasiado peligrosa a medida que la Alianza del Norte avanzaba hacia
Kunduz", y el 23 de noviembre de 2001, cuando los talibanes se rindieron,
viajó a Mazar-e-Sharif con otros hombres, como parte de un trato negociado por
un hombre llamado Thakker, descrito como su "comandante talibán", por
el que a él y a los demás se les hizo creer que serían devueltos a sus países
de origen.
En lugar de ello, fueron llevados a Qala-i-Janghi por el general Dostum, de la Alianza del Norte,
y, cuando los prisioneros organizaron un levantamiento, el Dr. Aziz y cientos
de otros prisioneros fueron asesinados, y al-Warafi recibió un disparo en el
brazo y sólo sobrevivió porque se escondió en el sótano con unos 100 hombres
más. Cuando estos hombres finalmente se rindieron, tras ser bombardeados e
inundados, fueron llevados a la escandalosamente cruel y hacinada prisión de
Sheberghan, y al-Warafi fue llevado entonces por las fuerzas estadounidenses a
Kandahar, donde permaneció tres meses hasta su traslado a Guantánamo.
Detención justificada de un médico
El núcleo de la afirmación del juez Lamberth de que al-Warafi puede seguir detenido es un
cúmulo de contradicciones en sus propias declaraciones, que esencialmente
socavan las afirmaciones de que "viajó a Afganistán para prestar
asistencia médica" debido a otras declaraciones en las que admite que
"fue a Afganistán para luchar contra la Alianza del Norte tras leer dos
fatwas en Yemen".
A ello puede añadirse la conclusión, quizá comprensible, del juez de que, incluso mientras trabajaba
como médico, al-Warafi seguía trabajando "dentro de la estructura de mando
de los talibanes", y que su entrega en Mazar-e-Sharif también se llevó a
cabo como parte de la misma estructura de mando. En consecuencia, el juez
Lamberth tenía derecho -de hecho, estaba obligado- a concluir que se le puede
considerar "parte de los talibanes".
Puede que así sea, pero no deja de ser deprimente que un hombre que, como mucho, pasó una semana
con un arma en el frente y "no entró en combate" pueda seguir privado
de libertad en Guantánamo tras más de ocho años de encarcelamiento sin cargos
ni juicio.
Aún más deprimente, sin embargo, es el hecho de que, en virtud del artículo 24 del Primer Convenio
de Ginebra (Convenio para aliviar la suerte que corren los heridos y los
enfermos de las fuerzas armadas en campaña), se supone que los médicos como
al-Warafi están calificados como "personal médico no retenible". El
Convenio establece explícitamente que el personal médico "dedicado exclusivamente
... al tratamiento de heridos o enfermos, o a la prevención de
enfermedades" no es detenible, salvo en lo necesario para tratar a otros prisioneros.
Sin embargo, como explicó el juez Lamberth, esta disposición fue erradicada en la Sección 5 de la
Ley de Comisiones Militares de 2006 (PDF,
p. 32), aprobada por el Congreso bajo el mandato de George W. Bush, que
cínicamente insiste: "Ninguna persona puede invocar los Convenios de
Ginebra... en ningún procedimiento de habeas corpus... como fuente de derechos
en ningún tribunal de Estados Unidos".
Como añade en una nota a pie de página, "En Boumediene v Bush,
el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la Sección 7 de la Ley de
Comisiones Militares ... porque 'efectúa una suspensión inconstitucional del
mandamiento [de habeas corpus]'". Sin embargo, "el Tribunal dejó intactas
las restantes disposiciones de la ley" y, por tanto, "la Sección 5 de
la Ley de Comisiones Militares sigue siendo constitucional y no efectúa una
suspensión de la orden de habeas corpus".
Hay, por supuesto, una oscura ironía en el hecho de que la detención ilimitada de un médico se
justifique sobre la base de la legislación aprobada por el Congreso bajo George
W. Bush (y mantenida, en gran parte intacta, por Obama), porque despojar a los
prisioneros de las protecciones de los Convenios de Ginebra fue una de las
señas de identidad de la extraordinaria arrogancia de la administración Bush, y
se suponía que había sido desterrada.
Por otra parte, la constatación de que la anarquía de la administración Bush perdura y, por
primera vez, ha impedido explícitamente que un médico reciba algo parecido a la
justicia, resulta aún más oscuramente irónica si se tiene en cuenta que el
personal médico estadounidense de Guantánamo -y de otros lugares en la
"Guerra contra el Terror"- ha estado implicado en torturas, pero, a
diferencia de Mukhtar al-Warafi, que atendió a soldados en tiempo de guerra, no
parece ser considerado ni remotamente responsable de sus actos.
En esa analogía, sin embargo, está contenida la esencia de la injusticia de la falsa "Guerra
contra el Terror": no el aspecto criminal de las cosas, que debería haber
implicado la detención y el procesamiento de auténticos sospechosos de
terrorismo en tribunales federales, sino la forma en que se ha reformado la
propia guerra, de modo que los de un bando -el ejército estadounidense y sus
aliados- no pueden hacer nada malo, mientras que a los del otro bando no se les
conceden los derechos más mínimos, e incluso un médico se convierte en terrorista.
Para ser justos con el juez Lamberth, está claro que no se conformó del todo con seguir la letra de la
ley para llegar a su conclusión de que Mukhtar al-Warafi puede seguir detenido
indefinidamente en Guantánamo. En sus observaciones finales, se hizo eco de los
comentarios realizados en diciembre por el juez Thomas E. Hogan, cuando denegó
la petición de hábeas corpus de Musa'ab al-Madhwani, yemení detenido en
Karachi (Pakistán) en septiembre de 2002, que fue torturado en la "prisión
oscura" de la CIA antes de su traslado a Guantánamo.
En aquella ocasión, el juez Hogan señaló que no estaba "convencido de que sea más probable que no
que [p]etitioner sea una amenaza para la seguridad de Estados Unidos".
Después de citar al juez Hogan, el juez Lamberth añadió, señalando:
El demandante era un miembro de bajo nivel o asociado de los talibanes. No pasó más que unas pocas semanas en el
frente, y no hay pruebas de que "planeara, participara o tuviera
conocimiento de ningún complot terrorista." El Tribunal espera que este
memorando no impida al Gobierno seguir revisando el expediente del peticionario
y evaluar si sigue representando una amenaza para la seguridad nacional de
Estados Unidos.
Cualquier persona interesada en la justicia -y no en la perpetuación de un sistema viciado basado
en la cruel e inepta reacción exagerada de la administración Bush a los
atentados del 11-S- debe estar esperando que las palabras del juez Lamberth
hayan sido tenidas en cuenta en los pasillos del poder.
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