Un tribunal español inicia la investigación criminal a seis ex funcionarios
del gobierno de Bush por justificar las torturas en Guantánamo
BBC
31-03-2009
Un tribunal español inició los procedimientos para la apertura de una
investigación criminal a seis ex funcionarios del gobierno del ex presidente
estadounidense George W. Bush por proporcionar justificación legal a supuestas
prácticas de tortura llevadas a cabo en la prisión de Guantánamo, en
Cuba.
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, envió el caso a la
fiscalía para que decida sobre la idoneidad de la apertura de un proceso contra
el ex fiscal general, Alberto Gonzáles, y otros cinco ex integrantes de la
administración Bush.
La querella criminal contra los ex funcionarios estadounidenses fue
presentada por la Asociación por la Dignidad de los Presos y Presas de
España.
Los querellantes alegan que los ex funcionarios violaron las leyes
internacionales al proveer el marco legal que justificó la tortura de
prisioneros en el centro de detención estadounidense en Cuba.
En la querella se nombra a altos funcionarios de la administración Bush, como
John C. Yoo, ex abogado del Departamento de Justicia; Douglas J. Feith, ex
subsecretario de Defensa para Asuntos Legales; William J. Hayes II, ex consejero
general de la Oficina del departamento de Defensa; Jay S. Bybee, ex asistente
del fiscal general y David S. Addington, ex jefe de gabinete y antiguo consejero
del ex vicepresidente Dick Cheney.
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Jurisdicción
Según le explicó a la BBC Philippe Sands, profesor de derecho internacional
de la Universidad de Londres, los países signatarios de las Convenciones de
Ginebra, como España, "tienen la obligación de ejercer su jurisdicción sobre
cualquier persona que esté en el país de la que se sospeche haya participado en
actos de tortura".
Según Sands, ninguna de las seis personas que figuran en la querella está en
España, pero sí residían en ese país algunos de los presos de Guantánamo, dónde
supuestamente se practicaron actos de tortura.
El jurista aseguró que "eso es lo que ha llevado al juez Garzón a otorgarse
jurisdicción a raíz de la querella presentada por ciudadanos españoles y una ONG
española".
El abogado Juan Garcés, quien en el pasado colaboró con Garzón, coincide con
Sands en que "la ley española es muy clara en los términos de la jurisdicción
para la persecución de crímenes contra la humanidad bajo los principios de
jurisdicción internacional".
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Según le explicó Garcés a la BBC, "tanto España como Estados Unidos tienen la
obligación de investigar alegaciones de comisión de tortura por parte de
funcionarios públicos".
El abogado español explicó que bajo los principios de jurisdicción que se
aplican en España, correspondería a los tribunales de EE.UU. la
investigación.
"Sólo si esos tribunales no quieren perseguir el crimen, el tribunal español
de manera complementaria, puede continuar con el proceso", aseguró Garcés
De seguir adelante el proceso, los ex funcionarios estadounidenses podrían
llegar a ser arrestados y extraditados, según Philippe Sands.
"Si el caso siguiera adelante, la justicia española haría una petición de
información sobre los individuos. EE.UU., como parte en la convención, tendría
la obligación de cooperar y le quedarían dos opciones: llevar a cabo su propia
investigación -algo que por el momento no han querido hacer- o bien extraditar a
los individuos", explicó Sands.
Dilema
Según el jurista, este es uno de los asuntos más complicados a los que se
enfrenta la administración de Barack Obama.
"Si la administración Obama llevara a cabo su propia investigación sería muy
difícil justificar una investigación en España", aseguró Sands.
"Así que una de las consecuencias, si no la intención del proceso en España,
es presionar al gobierno de Obama -que está dividido sobre esta cuestión- para
que tome una decisión".
Juan Garcés, por su parte, señaló que no cree que detrás de este proceso haya
motivaciones políticas.
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"No creo que Garzón siga una agenda política. Existe la obligación
internacional de perseguir la tortura", recalcó Garcés.
Tortura
En la actualidad en Guantánamo hay recluidas unas 250 personas. 50 de ellas
han sido declaradas como no peligrosas para la seguridad estadounidense, pero no
han sido liberadas, bien porque sus países de origen no los aceptan, o porque
los abogados defensores temen que sus clientes sean maltratados al regresar a
sus naciones.
Sólo 80 están en la lista de quienes Washington quiere procesar por
supuestamente promover actividades contra la seguridad de los ciudadanos
estadounidenses.
El resto está en un limbo jurídico, sin haber recibido información sobre qué
acusación específica tienen en su contra.
El pasado enero una alta funcionaria del gobierno de George W. Bush afirmó en
una entrevista con el diario The Washington Post que agentes
estadounidenses torturaron en el centro de detención a un ciudadano saudita que
supuestamente iba a participar en los atentados del 11 de septiembre de
2001.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos llevan tiempo denunciando
las técnicas de interrogación utilizadas por EE.UU. en Guantánamo, que según
afirman incluyen actos de tortura contrarios a la ley internacional.
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Agentes de Guantánamo "torturaron"
El juez español Baltasar Garzón alcanzó notoriedad internacional cuando
emitió una orden internacional de arresto contra el ex gobernante de facto
chileno Augusto Pinochet, quien fue detenido en Londres en 1998.
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