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Entrevista a Lissa Hajjar
Sobre la Bahía de Guantánamo y las detenciones en alta mar
Jadalilyya.com
9 de Julio de 2014
Traducido del inglés por Sinfo Fernández para Rebelión
[La coeditora de Jadaliyya.com, Lisa Hajjar, ha vuelto recientemente de su quinta visita a la
base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, donde EEUU mantiene una
prisión militar desde 2002. A continuación, nos aporta sus impresiones y
análisis acerca del estado actual de los juicios militares a los detenidos.]
Jadaliyya (J): Has visitado recientemente
Guantánamo para informar sobre los procedimientos de las comisiones militares.
¿Cuál es el estado actual de los casos que están juzgándose?
Lisa Hajjar (LH): En el caso del 11-S, hay cinco acusados, incluyendo al autoproclamado “autor
intelectual” de los ataques terroristas, Jalid Seij Mohammad. En el caso del
trasatlántico USS Cole, hay un inculpado, Abd al-Rahim al-Nashiri, acusado de
delitos relativos al ataque-suicida contra un navío que se hallaba en el año
2000 en el puerto yemení de Aden reabasteciéndose de combustible.
Hay dos razones relacionadas entre sí de por
qué se llevan arrastrando estos casos tanto tiempo y de que sigan aún
estancados en la fase previa al juicio: primera, la CIA mantuvo durante años
bajo vigilancia secreta y bajo tortura a todos los seis acusados, y segunda, el
gobierno está buscando la pena de muerte en los dos casos citados. Estas
cuestiones están interrelacionadas debido al secretismo que rodea el programa
de torturas de la CIA. Los equipos de la defensa quieren –y en interés de un
juicio justo podría decirse que se merecen- información sobre el trato dado a
sus clientes desde el momento en que fueron arrestados hasta que fueron
trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006. Sin embargo, el gobierno se ha
resistido a poner esta información a disposición de los abogados, a pesar del
hecho de que todos ellos tienen acreditación de seguridad de alto secreto. Por
tanto, lo que está sucediendo en las comisiones militares son una serie de
batallas libradas a través de mociones en las que se produce un litigio entre
el secretismo y la revelación.
Podríamos desglosar esto en dos preguntas:
¿Por qué el gobierno está intentando excluir esa información del proceso de
revelación de pruebas teniendo en cuenta que el Presidente Obama puso fin al
programa de torturas? Y, ¿por qué los equipos de la defensa insisten en que
deberían disponer de ella? La posición del gobierno, según el General Mark
Martins, el principal fiscal en ambos casos, es que ninguna declaración o
información obtenida mediante tortura puede utilizarse contra los acusados y,
por tanto, no hay necesidad de revelar información sobre los tratos abusivos
aplicados por la CIA mientras se encontraban desaparecidos en los agujeros
negros, que Martins describe como un error de la anterior administración.
Además, proporcionar esa información supondría distraer o destruir
potencialmente el objetivo de rendir cuentas por las bombas del 11-S y del USS
Cole. En resumen, que a quien se está juzgando es a los acusados y no a la CIA.
Los equipos de la defensa insisten en su derecho
y en la necesidad de acceder a esta información porque, entre otras razones, es
importante para el tema de los atenuantes. En los casos de pena de muerte
juzgados en los tribunales estadounidenses, los juicios se componen de dos
elementos: la lucha antagonista respecto a las acusaciones que concluye con un
veredicto, y la fase de sentencia, cuando los defensores pueden argumentar
contra la pena de muerte para clientes hallados culpables a partir de la base
de una serie de factores que deberían atenuar el “castigo máximo”. Cada unos de
los seis equipos de la defensa tiene un “asesor experto”, es decir, un abogado
especializado en el derecho que regula la pena de muerte. Todos con los que me
he entrevistado han manifestado su extrañeza de que la información sobre un
factor obviamente atenuante como son los años de tortura y tratos crueles pueda
ocultarse cuando intentan preparar sus casos. Sin embargo, el 25 de junio de
2014, el equipo de Al-Nashiri se impuso en su batalla por conseguir información
sobre el programa de la CIA cuando el juez James Pohl (un coronel del ejército
que preside ambos casos) confirmó
su decisión de que había que proporcionar tal información a la defensa. Es razonable asumir que el
juez Pohl decidirá de forma similar en el caso del 11-S, siempre que las
pertinentes mociones consigan llegar finalmente a la parte superior de la lista de casos.
Una de las muchas ironías sobre estos juicios
es la posibilidad de que varios de los sospechosos del 11-S no quieran que les salven de una sentencia de muerte. A
finales de 2008, durante el último período de la administración Bush, en una
vista del 11-S y según alega la comisión militar, Jalid Seij Mohammad afirmó
que los acusados estaban dispuestos a declararse culpables a condición de que
se les sentenciara de inmediato y que la sentencia fuera la de muerte suicidio.
Sin embargo, en el estatuto no había ninguna contingencia que contemplara tal posibilidad,
por tanto, el caso se suspendió hasta que los acusados volvieran a comparecer
durante el primer mandato de la administración Obama. Ahora parece que los
cinco acusados del 11-S están dispuestos a permitir que el caso prosiga y no se
oponen a los esfuerzos de sus abogados de intentar reunir información sobre el
tiempo que pasaron bajo vigilancia de la CIA.
El pasado mes de junio, el único tema en la
agenda del caso del 11-S era el de las consecuencias por las revelaciones de
abril de que el FBI había reclutado a individuos de los equipos de defensa (no
abogados) para que informaran de cualquier actividad ilegal de sus colegas,
como revelación de información clasificada acerca de la tortura a sus clientes
y/o las condiciones de reclusión en las instalaciones secretas donde están
encerrados, las conocidas como Campo 7. Durante la audiencia de un día donde se excluyó o
“bloqueó” el procesamiento, los abogados de la defensa instaron al juez Pohl a
que ordenara una investigación completa sobre la operación de espionaje del FBI
para que ellos y sus clientes pudieran saber si la confidencialidad –un
componente esencial del imperio de la ley- había quedado irremisiblemente rota.
Hasta el momento, el juez no ha manifestado decisión alguna sobre el asunto.
Otro escollo del caso del 11-S es el
Memorando de Entendimiento que el gobierno quiere que firmen los abogados de la
defensa. Hasta ahora, sólo lo ha firmado uno. Los otros equipos se resisten, no
porque no estén dispuestos a seguir las normas, sino porque el documento
incluye una cláusula en el sentido de que ellos “están de acuerdo” con los
términos. Para estos abogados estadounidenses, las únicas condiciones que
dictan su trabajo en este sistema judicial son reprensibles y, por tanto, poco
éticas. Por ejemplo, los términos del acuerdo impedirían que los abogados
ayudaran a que sus clientes pudieran dirigirse a organizaciones de los derechos
humanos o a agencias de la ONU que abordan el tema de la tortura. El juez Pohl,
que no es experto en derecho internacional, rechazó su propuesta a favor del
derecho a obtener reparaciones bajo la Convención contra la Tortura, y esto es
algo que quieren volver a intentar. Si firman el acuerdo en su forma actual,
estarían abandonando voluntariamente esa opción. Por tanto, su posición es que
pueden cumplir las reglas aún sin estar de acuerdo con ellas. La posición de la
fiscalía es que el proceso de revelación no proseguirá hasta que firmen.
J: ¿Ha afectado el reciente intercambio de
prisioneros –cinco detenidos talibanes por el prisionero de guerra
estadounidense Bowe Bergdahl- al debate acerca de la continuación de la prisión
militar de la Bahía de Guantánamo?
LH: Uno de los efectos inmediatos de ese intercambio fue que los medios de
comunicación recuperaron el interés por la situación. Por vez primera en varios
años, las cadenas importantes de televisión –CNN, NBC y la Fox- enviaron
periodistas a Guantánamo en junio. En la primera conferencia de prensa con el
General Martins, esa cuestión fue la dominante en las preguntas que le
plantearon. Explicó que los cinco talibanes enviados a Qatar a cambio de
Berghdahl no estaban incluidos entre quienes debían ser procesados por las
comisiones militares. Pero tampoco se había autorizado su liberación con
anterioridad al acuerdo político, a diferencia de los 78 detenidos a los que síse había ordenado su liberación
pero que sin embargo siguen encarcelados y a los que la Task Force de la
administración Obama incluyó en 2009 en la categoría de detención indefinida;
esta categoría supone que no se puede juzgar a esas personas por falta de
pruebas o por cualquier otra razón, pero que se les considera demasiado
peligrosos como ordenar su liberación. El traslado de los cinco afganos rebaja
la cifra de detenidos indefinidos a 29.
En el debate político más amplio sobre Guantánamo, en cuanto al efecto del intercambio de prisioneros, el secretismo y
las prisas de la administración Obama para cumplir el acuerdo –y la ausencia de
información al Congreso antes del traslado de los cinco afganos- ha generado en
Washington una oleada completamente previsible de idas y venidas con la lengua
fuera. Un par de republicanos en la Cámara de Representantes ha presentado un
proyecto de ley que impondrá sanciones penales para los funcionarios que se
desvíen de las normas en cualquier futuro traslado de detenidos de Guantánamo.
J: ¿Por qué la administración Obama ha mantenido esta prisión a pesar de sus promesas de cerrarla?
LH: Muchos republicanos y algo más que unos cuantos demócratas en Washington
creen que la prisión y las comisiones militares son añadidos necesarios y
maravillosos al aparato legal estadounidense. Por tanto, aunque la política
partidista es una característica que define la política interna en casi todos
los asuntos, hay un consenso bipartidista lo suficientemente fuerte en el
Congreso que hace que su cierre sea casi imposible. Esto incluye una
legislación que prohíbe trasladar a cualquier prisionero de Guantánamo a los
Estados Unidos por cualquier razón, incluido su enjuiciamiento en un tribunal
federal. Si es que en EEUU hay un electorado político que quiere cerrar
Guantánamo, es mucho más débil como para poder prevalecer sobre los que no quieren.
El Presidente Obama ha contribuido también al
problema que quiere ostensiblemente resolver. Por ejemplo, a principios de
2010, emitió una orden prohibiendo que se trasladara a nadie a Yemen. La
mayoría de los prisioneros son yemeníes, incluyendo los 58 cuya puesta en
libertad se ha autorizado ya.
J: ¿Quiere realmente Obama cerrar la prisión de la Bahía de Guantánamo?
LH: La única forma en la que Obama ha estado dispuesto y ha podido demostrar su
compromiso con el cierre es negándose a trasladar a cualquier nuevo prisionero
a aquellas instalaciones; el último prisionero llegó en 2008. El 15 de junio de
2014, un equipo de la Fuerza Delta del ejército y agentes del FBI capturaron a
Ahmed Abu Khattala en Bengasi, Libia, y le trasladaron al USS New York. Tras
las noticias de su captura, se produjeron los clamores
habituales de los entusiastas de Guantánamo, como el Senador John McCain, insistiendo en que
había que enviarle allí.
Abu Khattala fue retenido a
bordo del buque durante casi dos semanas antes de arribar a EEUU el 28 de junio. Abu Khattala, que es
sospechoso de ser uno de los líderes del ataque del 11 de septiembre de 2012 a
la embajada estadounidense en Bengasi, será procesado en el tribunal de
distrito estadounidense de Washington DC.
Abu Khattala es al menos el cuarto sospechoso de terrorismo arrestado
en el extranjero y trasladado a EEUU desde que Obama llegó al poder. Ahmed
Abdulkadir Warsame, nacional somalí, fue capturado en el Golfo de Aden
el 19 de abril de 2100 y retenido durante más de dos meses a bordo del USS
Boxer, en la mazmorra de un buque anfibio de ataque. En diciembre de 2011, se
declaró culpable de los cargos de apoyo material a Al-Shabab y Al-Qaida en el
Península Arábiga. En 2013, las Fuerzas Especiales de EEUU capturaron a Abu
Anas al-Libi durante una incursión en Libia y le retuvieron durante ocho días a bordo de un buque
antes de trasladarle a Nueva York, donde ya se le había acusado por su papel en
los atentados de la embajada africana en 1998.
En el caso de Warsame, y posiblemente también
de Abu Khattala (no se han revelado los detalles), la opción de la detención en
alta mar es un medio para facilitar un prolongado interrogatorio sin la
obligación de informar a una persona de sus derechos
Miranda la excepción de “la seguridad pública”). El protocolo para la detención a bordo combina dos
enfoques de interrogatorio: en primer lugar, el derecho del interrogatorio en
caso de conflicto armado para que los agentes de seguridad consigan
“inteligencia procesable”, en segundo lugar, la introducción de un “equipo
limpio” de interrogadores del FBI que se implican en el interrogatorio a
efectos del procesamiento.
J: ¿Qué diferencia supone que a la gente se
la enjuicie en tribunales federales o en comisiones militares?
LH: Una razón legalmente sólida para procesar a sospechosos de terrorismo en
tribunales federales es que los delitos penales de apoyo material y
conspiración no se reconocen como violaciones del derecho militar. Esto es algo
que ignora la gente que exige que esos casos se juzguen ante las comisiones
militares de Guantánamo. Permítanme darles algo más de contexto: Tras la
sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2006 en Hamdan v. Rumsfelden el sentido de que las
comisiones militares que Bush había creado mediante decreto del ejecutivo eran
inconstitucionales, el Congreso aprobó el Acta de las Comisiones Militares
(MCA, por sus siglas en inglés, 2006; una versión revisada de la MCA aprobada
en 2009). La MCA 2006 volvía autorizar las comisiones y reescribió –“estadounizó-
que las leyes internacionales de la guerra daban apoyo material al
terrorismo y que la conspiración es un delito perseguible militarmente.
Salim Hamdan, el conductor de Osama bin Laden, y Ali al-Bahlul, un
propagandista de al Qaida, fueron posteriormente juzgados y condenados por esos cargos.
Todos los casos que van a juicio en las comisiones militares, en contraste con los que se resuelven mediante un acuerdo
con el fiscal, están automáticamente sujetos a apelación. En el momento en el
que los dos casos de la era Bush llegaron al Tribunal de Apelación del Circuito
DC, Hamdan había cumplido ya su sentencia. El tribunal sentenció, primero en
Hamdan y después en al-Bahlul, que el apoyo material y la conspiración no son
delitos militares, y por tanto había que anular las condenas. El gobierno
decidió no apelar en el caso de Hamdan (porque su liberación lo hizo imposible)
pero sí lo hizo en al-Bhalul, con la esperanza de mantener la condena y así
poder continuar utilizando los cargos contra los que quedaban en Guantánamo. El
tribunal concedió la petición del gobierno de una revisión por el tribunal en
pleno. Nueve meses han pasado desde la vista y aún no se ha tomado una
decisión. Si el panel en pleno ratifica la anterior decisión, entonces ni la conspiración
ni el apoyo material podrán considerarse como crímenes de guerra por conductas
anteriores a 2006, el año en el que el Congreso aprobó la MCA original.
Según Adam Thurschwell, asesor general en la
Oficina del Jefe del Consejo de Defensa de las Comisiones Militares:
La pregunta de si la conspiración y el apoyo material cometidos después de 2006 pueden considerarse
o no como crímenes de guerra en las comisiones militares seguirá, no obstante,
abierta. Esa pregunta plantea una serie de cuestiones constitucionales más
amplias, incluyendo el alcance de los poderes de la guerra y la jurisdicción de
los tribunales en el caso del Artículo I. Estas cuestiones abiertas se
presentan ahora en el caso que acabamos de mencionar de Abd
al-Hadi al-Iraqi, que está acusado de conspiración por conductas que
sucedieron tras 2006. [Al-Hadi fue procesado el 18 de junio de 2014.] La
legitimidad de esa acusación, que probablemente será desafiada en cuanto
empiece su caso, será el primer vehículo para responder a la pregunta de los
hechos ocurridos tras 2006. Muchas cosas dependen de la respuesta, porque hasta
la fecha la inmensa mayoría de las acusaciones contra los acusados en las
comisiones militares han sido de conspiración y/o apoyo material al terrorismo.
Si resulta que las comisiones militares no pueden probar las acusaciones de conspiración/apoyo
material posteriores a 2006, entonces se convertirán en algo así como una reliquia
histórica y los detenidos que no son de alto valor, los cocineros, los
conductores, etc., tendrá que ser juzgados en tribunales federales si es que
alguna vez llegan a ser juzgados. Por otra parte, si los tribunales pueden
abordar las acusaciones posteriores a 2006 de conspiración y apoyo material,
les quedará alguna vida más, al menos mientras haya una guerra coloreable en
algún lugar del mundo y algún presidente que quiera intentar capturar
terroristas/“combatientes enemigos” en ellos.
J: Teniendo en cuenta todos esos problemas y complicaciones, ¿cómo es
que todavía hay alguien que aboga por la existencia de Guantánamo?
LH: Guantánamo es como un test político de Rorschach. A sus entusiastas les
gusta aparecer como realistas de mirada dura mientras flagelan a sus oponentes
como seres de voluntad débil, o mal encaminados, por su cariño desmesurado
hacia el imperio de la ley que dicen les hace seguir el juego a los
terroristas. El ex vicepresidente Dick Cheney, uno de los arquitectos
principales de la “guerra contra el terror” de EEUU, y su hija Liz, formaron
recientemente la Alliance for a Strong America. En el video
en que se anuncia la nueva organización, los Cheney aluden a las “absurdas líneas rojas” de la
administración Obama. De forma clara, y teniendo en cuenta sus muchas
declaraciones en el pasado, se están refiriendo al fin del uso de la tortura y
a la promesa de cerrar Guantánamo. Por tanto, la existencia –y la popularidad-
de esos puntos de vista es la respuesta a tu pregunta.
Lisa Hajjar es profesora de Sociología en la Universidad de
California, Santa Bárbara. Sus investigaciones se centran en cuestiones de
leyes y legalidad, guerra y conflicto, derechos humanos y tortura. Ha
escrito Courting Conflict: The Israeli
Military Court System in the West Bank and Gaza (University of California Press, 2005) y Torture: A Sociology of Violence and
Human Rights (Routledge, 2012). Además de ser coeditora en Jadaliyya, colabora con los comités editoriales de Middle East Report y Journal
of Palestine Studies. En la actualidad, trabaja en un libro sobre la abogacía en lucha contra la
tortura en EEUU.
Fuente:
http://www.jadaliyya.com/pages/index/18303/quick-thoughts_lisa-hajjar-on-guantanamo-bay-and-h
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