Estudio pide mayores protecciones para niños ciudadanos de indocumentados
detenidos o deportados
03 de febrero de 2010
Maribel
Hastings
En Estados Unidos hay 5.5 millones de niños con padres indocumentados y tres
cuartas partes de esos niños son ciudadanos estadounidenses. Se calcula que en
los pasados diez años Estados Unidos ha deportado a 100,000 padres de niños que
son ciudadanos estadounidenses, según un reporte del Instituto Urbano (IU).
El informe “Enfrentando
nuestro Futuro: los niños y las secuelas de la aplicación de leyes
migratorias”, da seguimiento a otros análisis conducidos por el IU sobre el
efecto de las redadas migratorias sobre los niños de los inmigrantes detenidos y
deportados.
Esta vez se analizaron las circunstancias experimentadas por 190 niños en 85
familias a raiz de redadas conducidas por la Oficina de Inmigración y Controles
Aduanales (ICE) en seis diferentes puntos del país entre diciembre de 2006 y
mayo del 2008.
Según el estudio, los niños sufrieron el trauma de la separación familiar con
todas las secuelas sicológicas que eso supone, ya sea desórdenes alimenticios,
insomnio, retraimiento, agresividad, problemas escolares. Al mismo tiempo, la
pérdida de uno o de ambos padres ha supuesto carencias económicas en los hogares
con sus secuelas de inestabilidad.
“La nación construye su propio futuro invirtiendo en el futuro de los niños,
gastando miles de millones de dólares anualmente en educación, cuidados médicos,
previniendo el abuso infantil, y proveyendo la ayuda para suplir necesidades de
vivienda o de alimentación. Sin embargo, contrario a otros niños en este país,
los niños de indocumentados viven con el temor de que sus padres serán
arrestados, detenidos o deportados”, dice el estudio.
“Más de la mitad de los niños en nuestro estudio lloraban con mayor
frecuencia o tenían miedo, más de una tercera parte se mostraron ansiosos,
retraídos, enojados, en extremo dependientes, o agresivos. Una mayoría de estos
niños experimentó cuatro o más de estos cambios de conducta”, dice el
estudio.
Aunque con el tiempo los efectos se fueron subsanando, todavía estaban
presentes seis meses después de las redadas. El análisis señala que obviamente
no pueden determinarse todavía las secuelas que todos estos cambios puedan tener
en estos niños a largo plazo.
Asimismo, algunas de las familias afectadas optaron por llevarse a los niños
estadounidenses a los países de origen de los padres deportados.
“A largo plazo, cuando menos 20 familias de nuestro estudio experimentaron la
deportación de un padre y fueron forzados a enfrentar dolorosas decisiones sobre
si los niños debían irse con el padre deportado o quedarse en Estados Unidos con
el otro padre o con algún otro familiar”, señala el estudio.
“En ocho de estas familias algunos o todos los niños retornaron con uno o con
ambos padres a los países de origen de estos padres, y en 12 casos los niños
permanecieron en Estados Unidos con uno de sus padres, aunque posteriormente y
en algunos casos, toda la familia optó por dejar Estados Unidos para reunirse
con el padre deportado”, agrega el estudio.
Finalmente, en algunos casos los padres optaron por regresar ilegalmente a
Estados Unidos para reunirse con su familia. En un caso, uno de los padres murió
el día después de reunirse con su familia.
En momentos en que el gobierno de Estados Unidos ha intensificado las
redadas, el estudio recomienda que “el Congreso modifique las leyes actuales
para tomar en cuenta las circunstancias y los intereses de todos los niños
(afectados), especialmente los niños que son ciudadanos estadounidenses, durante
los procesos de deportación”.
Recomienda además que se aumenten las alternativas a la detención y
desarrollar un sistema que provea a las familias de los inmigrantes detenidos
mayor acceso a esos familiares, medida que según el análisis, beneficiaría a los
niños.
Pide asimismo, que los niños nacidos en Estados Unidos tengan un apoderado
legal que pueda presentar una petición expedita para la residencia legal de sus
padres.
Sugiere además que cualquier proyecto de reforma otorgue a los jueces de
inmigración la discreción de considerar la separación entre padres y sus niños
estadounidenses como una privación "excepcionalmente dañina" para el desarrollo
de los niños ciudadanos.
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