El legado indeleble de Guantánamo
O cómo todo ha ido transformándose en un mundo "Gitmo"
Karen J. Greenberg y Joshua L. Dratel
TomDispatch.com
29 de enero de 2020
Traducido del inglés para Rebelión
por Sinfo Fernández
El centro de detención en la Bahía de Guantánamo, Cuba, abrió sus puertas
en enero de 2002 a los primeros 20 detenidos de la guerra contra el
terrorismo. En
cuestión de 100 díasllegarían 300 más,
a menudo encapuchados y con aquellos infames monos
naranjas, y eso sería solo el principio. En el momento álgido, la
población del centro aumentaría hasta casi 800 presos de
59 países. Dieciocho años después, todavía retiene a 40
de esos prisioneros, la mayor parte de los cuales permanecerá sin duda
allí, sin cargos ni juicio, para el resto de su vida. (Eso puede suceder
también con los cinco cuya liberación se ordenó hace más de una década). En
2013, la periodista Carol Rosenberg los etiquetó sagazmente como “presos
de por vida”. Y esos detenidos no son el único legado perdurable de la
Bahía de Guantánamo. Gracias a ese campo de prisioneros, nosotros, como país,
hemos llegado a entender aspectos de la ley y la política en formas tales que
podrían también representar “cambios para siempre”.
Expongo a continuación ocho formas con las que las políticas tóxicas de esa
instalación fuera de nuestro territorio han ido contaminando las instituciones
estadounidenses, nuestras leyes y nuestras costumbres a lo largo de los años
transcurridos desde 2002:
- Detención indefinida: El primer elemento en cualquier lista de los
frutos de Guantánamo tendría que ser la categoría “detención indefinida”.
En el contexto de las leyes de Estados Unidos y hasta el lejano enero de
aquel año, la noción era extraña y prohibida a
la vez. La detención sin cargos ni juicio estaba prohibida de facto en
virtud del derecho a un debido proceso contenido en la Quinta
Enmienda, una realidad que se había venido honrando desde la
fundación de la República. Aunque a los detenidos se les otorgó finalmente
el acceso a abogados y el derecho a que se revisaran sus
casos, solo un puñado de ellos ha podido hacer
realidad el derecho a ser acusado o a ser liberado.
La detención indefinida que comenzó en la Bahía de Guantánamo ha generado
ahora su imagen especular en los campamentos para inmigrantes indocumentados (y
sus hijos) a lo largo de la frontera mexicana de Estados Unidos. Hay diversos
elementos allí que parecen copias al papel carbón de Guantánamo: jaulas de
alambre al aire libre, guardias armados y maltrato
físico de migrantes y solicitantes de asilo, tanto adultos como
niños. En la Bahía de Guantánamo el gobierno no
empezó a distinguir entre menores y adultos hasta años después de
que se abriera la instalación, otro ejemplo de una política impulsada por Gitmo
que antes era inconcebible en el sistema legal estadounidense. De alguna
manera, la situación en la frontera puede ser realmente aún peor, ya que los
detenidos allí se encuentran en condiciones insalubres con apenas
acceso a la atención médica.
Y aquí hay otro aspecto en el que la frontera está superando a Guantánamo.
El gobierno debe permitir que el Comité Internacional de la Cruz Roja acceda a
sus instalaciones de detención en tiempos de guerra, por lo cual las
condiciones médicas y de salud en Gitmo pudieron monitorizarse y mantenerse a
un nivel relativamente decente una vez que terminaron esos tres meses iniciales
de jaulas al aire libre. Sin embargo, en los centros de detención fronterizos,
los niños tienen que permanecer con pañales
sucios, alojados junto a sus madres y padres con temperaturas heladoras
y en situaciones parecidas a las de una cárcel, negándoseles el
acceso a una atención médica adecuada, incluidas las vacunas.
- Un nuevo lenguaje legal con
el objetivo de eludir la ley: Desde el principio en Guantánamo se desafió el lenguaje normal de la ley y
la democracia. No podía llamarse “prisioneros”
a los allí detenidos, ya que entonces tendrían que ser considerados
“prisioneros de guerra” y, por lo tanto, estarían sujetos a las
protecciones de los Convenios
de Ginebra. Las jaulas y los complejos carcelarios prefabricados
posteriores (transportados desde Indiana)
no podían etiquetarse como “prisiones” por la misma razón. Así pues, el
gobierno se inventó un nuevo término, “combatiente
enemigo”, derivado de “beligerante enemigo ilegal”, que tenía
legitimación legal. El propósito, por supuesto, era crear una categoría
legal completamente nueva que, al igual que la prisión más allá de las
fronteras, fuera inmune ante las leyes existentes, estadounidenses o
internacionales, relativas a los prisioneros de guerra.
Esta evasión de la ley no solo ha persistido hasta el día de hoy, sino que
se ha infiltrado en otras áreas de la política exterior de Washington.
Recientemente, por ejemplo, los abogados de la administración Trump invocaron el
término “combatiente enemigo” para justificar el asesinato con drones del
general iraní Qassem Suleimani en Iraq. Mientras tanto, en la frontera, los
solicitantes de asilo se han transformado en “inmigrantes ilegales” y, sobre
esa base, se les han denegado derechos
esenciales.
- Cobertura legal: Mientras iba institucionalizándoe un nuevo
lenguaje, el Departamento de Justicia ofreció su propia versión de
cobertura legal. Su Oficina de Asesoría Jurídica (OLC, por sus siglas en
inglés) se enroló para proporcionar justificaciones legales, a menudo
secretas, para las políticas subyacentes a lo que entonces se llamaba la
Guerra Global contra el Terror. La OLC idearía,
de hecho, una lógica disparatada para muchas políticas de esa guerra
anteriormente prohibidas, sobre todo para los programas
de tortura e interrogatorio de la CIA cuyas “técnicas de
interrogatorio mejoradas” se utilizaron en los “sitios negros”
(o prisiones secretas) de la Agencia por todo el mundo con varios
detenidos de alto perfil que luego fueron enviados a Guantánamo.
Antes del 11 de septiembre, pocas personas de fuera sabían de la existencia
de la Oficina de Asesoría Jurídica. Sin embargo, en los años transcurridos
desde entonces, se ha convertido en el departamento de referencia de la Casa
Blanca para “opiniones” legales retorcidas, a menudo secretas, destinadas a
justificar acciones del ejecutivo previamente cuestionables o no autorizadas.
De forma notoria, los memorandos de la OLC justificaron “asesinatos selectivos”
por aviones no tripulados de figuras clave en grupos terroristas, incluido
un ciudadano
estadounidense. Recientemente, por ejemplo, se ha utilizado esa oficina
para explicar una serie de cuestiones, incluyendo por qué no
se puede acusar a un presidente en ejercicio (ver: ex asesor
especial Robert Mueller) o la concesión de inmunidad absoluta
a los funcionarios de la Casa Blanca para que puedan eludir citaciones para
testificar ante el Congreso (ver: audiencias de impeachment en
el Congreso). Y como cualquier memorando de la OLC puede mantenerse en secreto,
¿quién puede saber, por ejemplo, si se escribieron o no memorandos legales
similares para cubrir actos como el reciente asesinato del general Suleimani?
- Marginación y destitución de profesionales: Desde
su inicio, los supervisores de Guantánamo fueron apartando a los
profesionales o funcionarios gubernamentales que se interpusieron en su
camino. Cabe destacar que el entonces secretario de Defensa, Donald
Rumsfeld, nombró a una serie de individuos para que dirigieran Guantánamo
y le informaran directamente a
él en lugar de pasar por cualquier cadena de mando preexistente. De ese
modo eliminó eficazmente a quienes contradecían sus órdenes o las
políticas establecidas bajo su mando, incluyendo, por ejemplo, que los
prisioneros en huelga de hambre debían ser alimentados
a la fuerza.
En la era de Trump, esta aversión a los profesionales se ha extendido por
muchas agencias y departamentos del gobierno. Lo que ocurre ahora es que, a
menudo, esos profesionales se van por decisión propia. El Departamento de
Estado, por ejemplo, ha disminuido de
tamaño de forma ininterrumpida desde que Donald Trump asumió el cargo, ya que
aquellos que no estaban de acuerdo con las políticas administrativas se
marcharon o dimitieron en cifras significativas. Del mismo modo, en el
Pentágono, y a
un ritmo constante, los funcionarios dimitieron o acabaron despedidos a
causa de los desacuerdos políticos.
- La utilización de las fuerzas armadas para operaciones de detención: En el otoño de 2002 el general Tommy Franks, jefe del
Comando Central de Estados Unidos, se
quejó a Rumsfeld de que se estaba desaprovechando a sus
tropas para dedicarlas a operaciones de detención. Cientos de prisioneros
habían sido capturados en la invasión de Afganistán que comenzó en octubre
de 2001, pidiéndose al personal del ejército que sirvieran
como guardias en
los centros de detención establecidos en las nuevas bases militares
estadounidenses en aquel país. Aunque muchos de esos detenidos serían
trasladados posteriormente a Guantánamo, el ejército no se libró de esa
tarea. Una fuerza
de trabajo conjunta de sus cuatro ramas se desplegaría en
Guantánamo para servir como guardias para los detenidos que iban llegando.
Algunos de ellos insistieron en que no era una tarea para la que estaban
preparados, que su servicio anterior en las brigadas militares como
vigilantes del personal de servicio que hubiera violado la ley no era una
preparación adecuada para custodiar a los prisioneros procedentes del
campo de batalla. Pero fue en vano.
Hoy, ese ejército se ha desplegado de forma similar en la frontera sur en
apoyo de las operaciones de detención que allí se llevan a cabo, una presencia
constante de más de 5.000
soldados desde los primeros días de la presidencia de Trump,
incluido el personal militar en servicio activo y la Guardia Nacional.
Según la
ley de EE. UU., el ejército no está autorizado para aplicar la ley
nacional. Una carta de 30 miembros del Congreso al Inspector General Adjunto
del Pentágono, Glenn Fine, señalaba:
“El ejército no debería tener ningún papel en la aplicación de la ley nacional,
por lo que el despliegue de tropas de Trump en la frontera sur corre el riesgo
de erosionar las leyes y normas que han mantenido en esferas separadas la
aplicación de las leyes militares y el derecho interno”. Fine está revisando ahora
ese despliegue, pero quién sabe cuándo (o incluso si) verá la luz del día.
- Secretismo y retención de la información: En lo referente a
Guantánamo, los funcionarios del Pentágono que hablaban del número de
detenidos allí ofrecían por lo general solo aproximaciones en vez de cifras
específicas, tampoco mencionaban los nombres de los prisioneros.
Se mantenía normalmente a los periodistas alejados de
las instalaciones y estaba prohibido que hicieran fotografías. Mientras
tanto, una capa de secretismo cubría el trato previo dado a esos
detenidos, muchos de los cuales habían sido sometidos a abusos y torturas en
los sitios negros donde habían estado recluidos antes de ser trasladados a Gitmo.
Actualmente, en la frontera, la política hacia los periodistas, infamemente
llamados por este presidente “los enemigos del pueblo”, está siendo un claro
fruto del estilo Gitmo. Se ha retenido la información y se han hecho esfuerzos
para mantener a los periodistas y fotógrafos fuera de los campos de detención
fronterizos. Las peticiones que se han presentado, en virtud de la Ley de
Libertad de Información Periodística, han sido a menudo los medios singulares
por los cuales el público ha conseguido tener alguna idea acerca de las
políticas fronterizas del gobierno. Incluso se ha negado el acceso en los
centros de detención a los miembros del Congreso, mientras que la Agencia de
Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. no ha sido capaz de llevar a cabo
una recogida de datos que permita a las familias migrantes reunirse o permitir que
cualquier agencia de supervisión determine con precisión el número de
detenidos, en particular de los niños.
En el escenario bélico persiste un secretismo similar. Solo este mes, por
ejemplo, la administración se
negó a presentar ante Congreso (y menos aún ante el público)
alguna evidencia de su afirmación de que el general iraní asesinado por un dron
representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos y sus intereses.
- Desprecio por el derecho y los tratados internacionales:
La administración del presidente George W. Bush, al tildar la Convención
de Ginebra de “pintoresca”
y “obsoleta” como parte de su justificación para la detención y el
reclusión de prisioneros en la guerra contra el terrorismo, empezó a
socavar constantemente la adhesión de Washington a los tratados y
convenios internacionales de los que anteriormente había sido tanto parte
firmante como principal fuerza moral. Y lo que siguió fue, por ejemplo,
una contravención de
la Convención contra la Tortura, tanto en el programa global de torturas
de la CIA como en la aquiescencia de Washington ante el maltrato de los
detenidos entregados a
otros países.
La falta de respeto por las obligaciones del tratado y por la santidad de
la cooperación internacional en asuntos que afectan a la paz, la salud y la
armonía mundiales no ha hecho más que extenderse estos años con las decisiones
de la administración Trump de retirarse de los acuerdos y tratados de diversos
tipos. Entre estos se incluyen: el acuerdo
climático de París, el acuerdo
nuclear con Irán y los tratados de armas nucleares de la era de la
Guerra Fría con Rusia (el acuerdo de las Fuerzas Nucleares Intermedias del año
pasado y, más recientemente, el hecho de ignorar las advertencias de
los rusos de que no va a haber tiempo suficiente para negociar la renovación de
un acuerdo esencial para la limitación de armas nucleares New Start, acuerdo
que finaliza en 2021). Como resultado, el mundo se ha convertido en un lugar más
peligroso e impredecible.
- Ausencia de rendición de cuentas: Aunque el gobierno de
Obama puso
fin a algunas de las políticas recientemente legalizadas de
la era de Bush, incluido el uso de la tortura, no ha habido interés alguno
por responsabilizar a los funcionarios del gobierno por conducta ilegal e
inconstitucional. Como expresó el
presidente Obama, siguiendo la fórmula tradicional en cuanto a tomar
medidas para hacer rendir cuentas a determinadas personas por el programa
de torturas de la CIA, era hora de “mirar hacia adelante en lugar de mirar
hacia atrás”.
Hoy en día Donald Trump y su equipo esperan un tipo similar de impunidad de
estilo Gitmo para ellos. Como ha
dicho muchas veces, “como presidente, puedo hacer lo que quiera”.
La retención de la ayuda militar a Ucrania en
un intento de obtener información sobre su rival Joe Biden (y su hijo) es solo
un ejemplo de las licencias que se permite. Hay un sentido de inmunidad ante la
ley profundamente arraigado en esta administración (como ha quedado demostrado
con la negativa a
declarar ante la Cámara de Representantes por parte de destacados funcionarios).
Merece la pena señalar que el impeachment del
presidente por parte de la Cámara de Representantes fue un raro paso adelante
en lo que se refiere a responsabilizar a los funcionarios por las violaciones
de la ley en esta época (aunque la condena en el Senado es esencialmente
inimaginable). Queda por ver si esa rendición de cuentas se impondrá alguna
vez, en el contexto de la política global, al asesinato de Suleimani, a la
separación de los niños de sus familias en la frontera, o en el contexto de la
interferencia electoral. Por el momento, parece poco probable. Después de todo,
todavía vivimos en la era Guantánamo.
El coste de la guerra contra el terror en términos de vidas y del tesoro
nacional está bien documentado. A los contribuyentes estadounidenses les ha
costado al menos 6.400
millones de dólares (probablemente mucho más), a la vez que ha
provocado la muerte de hasta 500.000
personas, de las cuales se estima que casi la mitad eran civiles (una
cifra que no incluye las muertes indirectas por enfermedad, inanición y otras
causas relacionadas con la guerra). Mientras tanto, se ha ido creando una nueva
narrativa, estilo Gitmo, para la ley y la política de seguridad nacional.
La ironía es inequívoca. El centro de detención en la Bahía de Guantánamo
se estableció a propósito fuera de EE. UU. para que no estuviera sujeto a las
leyes y políticas internas del país. Como muchos advirtieron en aquel momento,
la idea de que permanecería como un hecho aparte y anómalo iba a ser
seguramente ilusoria. Y, de hecho, así ha resultado ser.
En lugar de seguir siendo una anomalía fuera del país, Guantánamo se ha ido
trasladando gradualmente hasta nuestro territorio, y ese es sin duda su legado
indeleble.
Karen J. Greenberg, colaboradora habitual de TomDispatch dirige
el Center on National Security Fordham Law,
y es editora-jefe del CNS Soufan Group Morning Brief. Es autora y
editora de muchos libros, entre los que figuran Rogue Justice: The Making of the Security State y The Least Worst Place: Guantánamo’s First 100 Days.
Joshua L. Dratel es un abogado que vive en Nueva York y suele litigar en casos clave de seguridad
nacional relacionados con el terrorismo, la vigilancia y los denunciantes por
conciencia. Es colaborador del nuevo volumen de Greenberg Reimagining
the National Security State: Liberalism on the Brink.
Julia Tedesco colaboró con sus investigaciones en la redacción de este
artículo.
Fuente: http://www.tomdispatch.com/post/176652/
tomgram%3A_greenberg_and_dratel%2C_the_gitmo_era/#more
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