Así actuaron los 13 de Chiquita acusados de crímenes de
lesa humanidad en Colombia
Escrito por: Michael Evans
VerdadAbierta.com
21 de diciembre de 2018
Traducción: Juan David Restrepo O.
En Washington, el National Security Archive detalló información de cada uno
de estos ejecutivos aprovechando los contenidos de por lo menos 48 mil páginas
de documentos internos de la compañía adquiridos a través de un litigio
judicial. Reproducimos el artículo en español, cedido por su autor a este
portal.
Pocas personas que trabajaban en Chiquita Brands International sabían más sobre los pagos secretos de la
compañía a los grupos terroristas colombianos que John Paul Olivo. Como
director financiero de la sede operativa de Chiquita Brands en
Colombia desde 1996 hasta 2001, una de sus tareas era mantener bajo vigilancia
miles de cientos de dólares que la Compañía canalizaba a insurgentes y
paramilitares, piezas claves en el conflicto interno colombiano.
Citado a interrogatorio por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en 1999, Olivo tenía
mucho qué decir acerca de los
gastos. En conversación con los investigadores dejó saber que se sentía “inseguro”
con el sistema que la compañía implementó para seguir los pagos. Como auditor
profesional, Olivo estaba preocupado por la carencia de controles efectivos,
explicando que una sola persona, el jefe de seguridad en Colombia, negociaba
con los grupos, pedía los pagos, y entregaba los fondos, casi siempre a través
de un tercero. No había recibos como tampoco manera alguna de saber a quién se
le entregaba el dinero.
Él (jefe de seguridad) coordinaba él mismo el dinero, y a través de un
intermediario, el dinero es llevado, si se quiere, a las selvas donde ellos están
y distribuido. No lo sé – no hay código, código secreto, si es a grupos del
lado izquierdo o derecho, o quién es.
Más de diez años han pasado desde que Chiquita se declaró culpable ante una corte federal norteamericana
por el financiamiento de uno de estos grupos, las Autodefensas Unidas de
Colombia (Auc), declarado en el 2001 por Colin Powell, Secretario de Estado
Americano, como una “Organización Terrorista Reconocida”. Pero, a pesar de la
admisión, una multa de 25 millones de dólares e incontables años de litigio
civil en las cortes estadounidenses, impulsado por víctimas de las Auc, ni un sólo
empleado de la compañía ha sido, en todo este tiempo, procesado o considerado
responsable por los crímenes, ni en Estados Unidos o Colombia.
Pero todo esto estaría a punto de cambiar. A principios del presente año, la Fiscalía General de la Nación
colombiana anunció que había formulado cargos en contra de Olivo y
otros 12 ejecutivos de Chiquita –incluyendo el jefe de seguridad mencionado en
su testimonio– por financiar de forma discreta un frente paramilitar de las Auc
desde 1996 hasta el 2004. Después de tantos años de impunidad, la decisión de
enjuiciar a antiguos ejecutivos de Chiquita, por lo que la Fiscalía dice que
son “crímenes de lesa humanidad”, abre un dramático nuevo capítulo en la larga
y trágica historia del involucramiento de Chiquita en Colombia. (Leer más en: Acusan a directivos de Chiquita Brands de financiar grupos paramilitares en Urabá)
El National Security Archive (NSA) publica un perfil de los 13 ejecutivos acusados, aprovechando la disponibilidad
de las fuentes públicas y el tesoro de 48 mil páginas de los documentos
internos de la compañía adquiridos a través de la exitosa demanda de la Ley por libertad de información (en inglés
Freedom of Information Act) (FOIA).
El resultado es un complejo e inacabado retrato de los individuos que Chiquita envió a las primeras filas de
la guerra colombiana, los cuales se volvieron financiadores de los más temidos
grupos armados en este país.
Consulte aquí la versión en inglés.
¿Cuáles son los cargos?
Las 13 personas son acusadas de financiar el Frente Arlex Hurtado de las Auc, un grupo paramilitar activo en la
costa caribeña de Colombia, el centro de operaciones del imperio bananero de
Chiquita en el país.
La Fiscalía General de la Nación en Colombia acusó en febrero del 2017 al jefe del grupo, Raúl Emilio Hasbún
Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, y a 30 de sus miembros, de adelantar una campaña
sistemática de violencia en contra de la población civil, incluyendo actos que
la Fiscalía considera como crímenes de lesa humanidad. Hasbún ha confesado
incontables violaciones de los derechos, incluyendo la infame masacre de
Mapiripán en 1997.
Reconocido como empresario bananero en Urabá, Hasbún se respaldaba en una red de grupos de autodefensa
apoyada por el gobierno bajo el nombre de Convivir para respaldar sus fuerzas
paramilitares y, también, para lavar las contribuciones que hacían compañías
como Chiquita. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y en aquel entonces
gobernador de Antioquia, fue acusado de haber organizado su propio grupo paramilitar, y a
su vez fue uno de los más atribulados
defensores de los grupos Convivir en Urabá. En la acusación, la Fiscalía pidió que Álvaro Uribe, ahora senador, y
otros exgobernadores del departamento sean investigados por “omisión” al
permitir que las Convivir realizaran actividades ilegales.
Las Auc eran una confederación de fuerzas de milicias contrainsurgentes, responsables de masacres, asesinatos
y desplazamientos forzados desde mediados de los años noventa. Algunos miembros
de fuerzas de seguridad estatales colombianas, incluyendo altos oficiales,
colaboraron con las Auc, mientras que muchos otros simplemente apartaban la
vista de las atrocidades que cometían. A su vez, las Auc eran una gran
organización narcotraficante que utilizó, varias veces, los puertos de Chiquita
para mover estupefacientes fuera de Colombia.
Con la acusación contra los 13 directivos de Chiquita, la Fiscalía admitió que los terceros que financiaban o
apoyaban el frente paramilitar de Hasbún –asimismo los ejecutivos de Chiquita
acusados– son culpables de crímenes de lesa humanidad. La designación significa
que el estatuto de limitaciones, las cuales en otros casos excluían la
persecución de crímenes de tiempos muy pasados, no aplica en los casos de estos individuos.
¿Quiénes son los 13 de Chiquita?
¿Por qué ha decidido la Fiscalía enfocarse en este grupo de empleados de rango medio y no en altos directivos de
Chiquita, quienes son conocidos por haber tomado las decisiones claves en el
esquema de pago paramilitar?
Entre los acusados se encuentran ocho ciudadanos colombianos, tres estadounidenses, como también un
nacional de Honduras y otro de Costa Rica. En esencia, esta es la misma lista de ejecutivos identificada por fiscales en el
2008, cuando la Fiscalía investigó por primera vez los pagos a paramilitares
por parte de Chiquita.
Un aspecto que estos 13 individuos tienen en común es que todos trabajaron en Colombia para las
subsidiarias y empresas relacionadas con Chiquita. Ninguno de los empleados
estadounidenses o de Costa Rica involucrados en los pagos son nombrados en el
caso. Al parecer, por razones jurídicas, la oficina fiscal sólo está
concentrada en los crímenes cometidos en Colombia por la base operativa de Chiquita.
La lista de ejecutivos estadounidenses no nombrados en la acusación que tuvieron una función clave en
el desarrollo, implementación y supervisión de pólizas para realizar los “pagos
sensibles” durante ese periodo, incluyen a John Ordman, vicepresidente
ejecutivo para la European Banana Sourcing; Robert Kistinger, presidente de
Chiquita Fresh Group; Robert Thomas, abogado de Chiquita; William Tsacalis,
jefe contable, y Wilfred “Bud” White, vicepresidente de auditorias internas.
Al contrario de la persecución estadounidense que concluyó con la declaración de culpabilidad de Chiquita en el 2007, en
Colombia los fiscales están mirando todos los pagos de la compañía que fueron
hechos a paramilitares, incluyendo el apoyo financiero que corrió por más de
cinco años y medio, y el cual no fue incluido en el caso estadounidense. El
caso del Departamento de Justicia (DOJ) sólo examinó los pagos hechos después
del 10 de septiembre de 2001, cuando el Departamento de Estado designó a las
Auc como una Organización Terrorista Reconocida (FTO),
limitando el alcance de las ofensas perseguibles.
La Fiscalía colombiana está investigando individuos, no una entidad corporativa, como fue el caso en
Estados Unidos. En la Oferta Factual que expone los términos
del trato negociado, el Departamento de Justicia (DOJ) ni siquiera publicó los
nombres de los empleados de Chiquita detrás de los pagos al grupo terrorista,
mucho menos los persiguió. Igualmente Chiquita, en su propio “post-mortem”
en cuanto a la saga de los pagos realizados, el reporte del Comité Especial de Litigación (SLC Report) realizado
en el 2009, puso anónimos los nombres de los directivos y empleados
corporativos involucrados en dicho esquema.
El análisis realizado por el NSA sobre más de 48 mil páginas de la documentación interna de la compañía
(hecho posible a través de la demanda de la Ley por libertad de información (en inglés Freedom of
Information Act (FOIA)), nos ayudó a identificar los
funcionarios de Chiquita cuyos nombres habían sido borrados de las versiones públicas
de estos reportes. El FOIA (Ley por libertad de información) también descubrió
las declaraciones secretas de siete ejecutivos de alto rango de Chiquita
vinculados con los pagos ilegales, de los cuales sólo uno – Olivo – es nombrado
en el proceso en Colombia.
En una declaración realizada en 2017 ante la Corte Penal Internacional,
el NSA identificó diez funcionarios de Chiquita que fueron anónimamente “nombrados”
en el Oferente de Hecho, ocho que fueron pseudónimamente representados en el
reporte de SLC, y todos los siete funcionarios de Chiquita que atestiguaron
ante el SEC en 1999 – 2000 acerca de los pagos de seguridad hechos por la
compañía. El proceso de identificar a estos individuos efectivamente desnudó
las redacciones que habían protegido al personal de Chiquita del escrutinio,
proveyendo una imagen mucho más clara del rol que tuvo cada uno tuvo en los
pagos a paramilitares. Recientemente, la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional informó
que se mantendría al tanto de la investigación realizada por Colombia de los 13
de Chiquita.
El NSA utilizó un proceso de análisis y de referencia cruzada para construir los perfiles de los recientemente
acusados ejecutivos bananeros, combinando evidencias de los propios archivos de
la compañía con información extraída del Oferente de Hecho del Departamento de
Justicia (DOJ), el reporte SLC de Chiquita, y otras fuentes.
Los perfiles
Los 13 de Chiquita pueden ser divididos en dos grupos:
- Directivos senior y empleados de Banadex (9) – La lista incluye al gerente de seguridad, dos
directores generales, dos directores financieros, al director de relaciones
laborales, y tres representantes legales que trabajaron en Banadex, el
principal subsidiario colombiano de Chiquita en aquellos años.
- Representantes legales y ejecutivos de otras filiales relacionadas con Chiquita (4) – el
fiscal también ha acusado al presidente, secretario general, y dos abogados de
Banacol. En el 2004, Chiquita vendió su operación en Colombia a Banacol, una
compañía colombiana que produce y exporta bananos desde Colombia.
Directores generales
Charles Dennis “Buck” Keiser
Keiser era el director general de Banadex desde 1989 hasta el 2000 y una pieza clave en todas las operaciones
de negociación y seguridad de Chiquita en Colombia. Estaba radicado en Medellín
y le reportaba directamente a John Ordman, vicepresidente senior para European Banana Sourcing del
Chiquita Fresh Group, que estaba basado en Costa Rica.
Notas internas obtenidas a través del trabajo realizado por NSA demuestran que Keiser negoció y autorizó muchos
de los “pagos sensibles” que hizo la compañía a grupos armados ilegales. Bajo
la guía de altos empleados, Keiser utilizó una cuenta especial destinada para
los gastos de directivos generales para lavar dinero destinado a grupos
guerrilleros y paramilitares.
De acuerdo con el reporte realizado por SLC, Keiser, identificado aquí como “Empleado
Banadex #1,” estuvo involucrado en el primer pago hecho a un grupo guerrillero
a finales de los años ochenta.
En algún momento entre 1987 y 1989, Banadex recibió una exigencia de pago
de las FARC por la cantidad de 10 mil dólares, llevada por un representante de
las FARC a un gerente de una finca de BANADEX. Dicho gerente de finca de
Banadex le dijo al Empleado Banadex #1 acerca de la exigencia. De acuerdo al
Empleado Banadex #1, era aparente para “todos” que si el pago no era realizado,
“personas serían secuestradas”. Como la propiedad de Banadex se había
expandido, el personal de la compañía estaba al tanto del creciente riesgo de
que pudiese haber exigencias de extorción. Esta fue la primera exigencia.
Keiser discutió la exigencia con Ordman y pronto fue llamado a la base central de la compañía en Cincinnati,
Ohio, para hablar sobre el tema con ejecutivos de Chiquita. Allí se reunió con
Kistinger, el jefe de Ordman, como también con Dennis Doyle, vicepresidente del
grupo de bananero de Chiquita, y Charles Morgan, en ese entonces abogado
general. Doyle aprobó el pago: “Paguémoslo”, dijo. El Reporte de SLC agregó que
“ninguna alternativa distinta a la de hacer el pago fue discutida en la reunión.”
Ordman (Empleado de Chiquita #2, luego se reunió con Keiser en una habitación de hotel en Guatemala y le dio
10 mil dólares en efectivo para realizar el primer pago a las FARC.
Después de la reunión, (Empleado de Chiquita #2) le dio las instrucciones a
(Empleado Banadex #1) de encontrarse con él en un hotel en Guatemala para poder
poner en movimiento el proceso del pago. (Empleado Chiquita #2) había venido de
Honduras, de donde había obtenido los 10 mil dólares del fondo del director
general (generalmente, una cuenta en el libro mayor de la división del cual el
director general es permitido hacer pagos discretos), los cuales fueron dados a
(Empleado Banadex #1), quien los trajo a Colombia. (Empleado Banadex #1) luego
llevó el dinero (el cual convirtió de dólares a pesos) al (Director de finca
Banadex), quien a su vez hizo el pago a las FARC.
Durante la siguiente década, Keiser supervisó una variedad de esquemas utilizados por la compañía para
ocultar los llamados “pagos sensibles” a insurgentes de la guerrilla, grupos
paramilitares, y las fuerzas de seguridad colombianas. Su nombre y firma son encontradas en muchos de los
formularios aprobando los pagos. En la autorización de los gastos, Keiser
trabajó con miembros de seguridad de Banadex, incluyendo a Juan Manuel Alvarado
y Victor Hugo Buitrago Sandoval, y los empleados financieros de Banadex Jorge
Fortón, John Paul Olivo y Fuad Giacoman.
Algunas de las notas de aprobación de pagos de Keiser demuestran que él buscaba negociar con los grupos
guerrilleros. Una nota de 1993 pidiendo fondos para la guerrilla de las
Farc incluye anotaciones a mano de Keiser diciendo “debemos obtener de ellos un
entendimiento de no bloquear nada de lo que hagamos con el sindicato laboral.”
Como director general, Keiser también era un directivo clave de Banadex para la negociación inicial de la
compañía con grupos paramilitares. Le dijo al SLC que él “entendía los pagos de
Convivir como dentro de la autoridad que se le había sido asignada muchos años
atrás para hacer pagos necesarios para preservar y proteger el personal y la
propiedad de la compañía.”
Keiser y otro de los 13 de Chiquita, Reinaldo Escobar de la Hoz, un abogado de Banadex, se reunió en
secreto “alrededor” del año 1997 con el líder de las Auc, Carlos Castaño, para
negociar el acuerdo de pagos con un grupo paramilitar radicado en Urabá. Su
encuentro con Castaño es también descrito en el Oferente de Hecho, en el cual Keiser es identificado como “exdirector
general de Banadex”.
El acusado CHIQUITA comenzó a realizar pagos a las AUC en Urabá luego de
haberse realizado una reunión alrededor del año 1997 entre el aquel entonces líder
de las AUC, Carlos Castaño, y el exdirector general de Banadex. En la reunión
Castaño informó al director general que las AUC estaban por sacar de Urabá a
las FARC. Castaño también dio instrucciones al Director General que el
subsidiario acusado de CHIQUITA debía realizar pagos a un intermediario
conocido como “convivir”.
Los documentos de Chiquita incluyen registros documentando los encuentros entre Keiser y otros
paramilitares de las Auc, incluyendo varias notas escritas por el abogado
Robert Thomas en el verano del 2000.
Thomas estaba investigando los pagos que realizaba Banadex a Inversiones Manglar, una compañía ficticia creada
por paramilitares radicados en Santa Marta con el fin de lavar las
contribuciones monetarias hechas por Chiquita y otras compañías. En notas escritas del
informe del director de seguridad de Chiquita, Alejando “Al” Bakoczy, y un
subsecuente memorándum registrado, Thomas describe el cómo y cuándo
comenzaron los pagos a las Convivir en cada zona.
El informe de Thomas dice que Keiser y Escobar sintieron que “no tenían otra opción excepto atender la reunión”,
con Castaño, “ya que el rechazar dicha reunión resultaría en la provocación de
las fuerzas militares colombianas, funcionarios locales y estatales del
gobierno y las autodefensas.”
No mucho después de la reunión, Keiser, (“Empleado Banadex #1”), le dijo al gerente de seguridad de Banadex,
Juan Manuel Alvarado (“Empleado Banadex #3”), que comenzara a transferirle
dinero a las Convivir en Urabá.
Poco después de la reunión con Castaño, (“Empleado Banadex #1”) le dijo a (“Empleado
Banadex #3”) que Banadex tendría que comenzar a hacer pagos a los paramilitares
en Urabá. Bajo la dirección de (“Empleado Banadex #1”), (“Empleado Banadex #3”)
luego atendió una reunión con los paramilitares en una estación de gasolina
cerca de las oficinas de la compañía. En dicha reunión, un hombre que se hacía
llamar a sí mismo como Michael y el cual se identificaba a sí mismo como
comandante paramilitar, demandó que la compañía pagase a su grupo la suma de 10
millones de pesos por mes. (“Empleado Banadex #3”) discutió la exigencia con
(Empleado de Chiquita #1) y con (“Empleado Banadex #1”), y autorizaron el pago.
Pero la SLC no llega a ninguna conclusión definitiva en cuanto a cuándo fue realizado el primer pago a las
Convivir. El mismo Keiser le dijo a la SLC que ellos habían hecho algunos pagos
a las Convivir antes de la reunión con Castaño.
De cualquier forma, el primer pago en record a las Convivir – el cual se acerca a los 35 mil dólares – fue
hecho el 23 de junio de 1997, y fue aprobado por Keiser. Los documentos de
Chiquita incluyen un informe con la fecha, pidiendo fondos para las “Convivir
de Punta Piedra”, e incluyendo la anotación escrita a mano: “NO hay
alternativa. Pero el próximo año debe ser menos.”
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Sin embargo, en un artículo publicado el año pasado con Verdad Abierta,
encontramos que los primeros pagos a grupos milicianos de derecha ocurrieron
tan temprano como 1992, cuando Chiquita comenzó a pagar Comandos Populares. Los
reportes de seguridad de Banadex de aquella época identifican aquellos Comandos
como “la rama armada” del movimiento político Esperanza, Paz y libertad. Ya
para 1995, el equipo de seguridad de Colombia expresó que había un “nexo”
entre los Comandos y un grupo de paramilitares que habían llegado recientemente
a la región y los cuales se mostraban listos para “deshacerse de cualquier cosa
que huela a comunismo”. Los Comandos habían “iniciado patrullas conjuntas” con
los recién llegados paramilitares, de acuerdo con el reporte.
Keiser autorizó las primeras negociaciones con los paramilitares bajo el mando de Hasbún en 1999. El
entonces gerente de seguridad, Juan Manuel Alvarado, fue a donde Keiser y le
dejó saber que Irving Bernal, el mismo productor bananero que había arreglado
la reunión con Castaño en el pasado, había arreglado otra reunión con otro
grupo paramilitar en Santa Marta.
El informe de Thomas describe la subsecuente reunión entre
Alvarado y el “recaudador paramilitar” que le daba la dirección de hacer los
pagos a través de una compañía cuyo nombre es Inversiones Manglar.
Dos semanas después, un empresario haciéndose pasar por “recaudador” contactó —— . El recaudador le dejó
saber a Alvarado que Banadex hiciese los pagos a Inversiones Manglar, S.A.,
compañía creada por las autodefensas para recolectar los pagos. (¿A quién le
dieron los cheques? ———— El recaudador no dijo cuánto debía pagar Banadex, pero
——- entendió que desde que las autodefensas están exigiendo los pagos, la cantidad
sería la misma que Banadex pagaba a las Convivir en Turbo. —– revisará si hubo
algún tipo de pago en efectivo, y si sí, cuánto, cuándo y cómo.)
Keiser continuó trabajando para Chiquita luego de haber dejado a un lado el puesto de director general en el
2000 y era parte del “grupo de negocios” que manejo la compra de Banadex a
Banacol en el 2004.
Álvaro Acevedo González
Acevedo ocupó el puesto de director general de Banadex en el 2001 y asumió el cargo de Keiser como el
individuo responsable de la negociación y la autorización de los pagos a
fuerzas paramilitares. Poco después de haber empezado como director general,
Acevedo recibió un correo electrónico de Steven Kreps, vicepresidente de
auditorias internas para Chiquita, en el cual adjuntó una copia de su informe
de 1999 detallando el cómo justificar los “pagos confidenciales”, como los
hechos a las Convivir.
A comienzos de marzo de 2002, Chiquita y Banadex implementaron nuevos procedimientos bajo los cuales el
salario de Acevedo era artificialmente inflado como forma de ingresar dinero al
país para realizar los pagos a grupos paramilitares.
Un correo electrónico del 2003 de Fuad Giacoman, directivo
de Banadex, dirigido a Acevedo y otros explica cómo un incremento en los
impuestos de renta aumentaría efectivamente la cantidad de dinero que la compañía
pagaba en cuestiones de seguridad, ya que escondían los pagos como “pagos al
administrador de fondos.”
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El papel exacto de Acevedo en la realización de los pagos paramilitares luego de la implementación de nuevos
procedimientos de pago en marzo del 2002, son descritos en el Oferente de
Hecho, destacando el incremento de riesgo al que se sometía Acevedo como
resultado de la decepción de la compañía y la inflación artificial de su
salario. (Nota: Acevedo es identificado aquí como “Individuo F.” “Individuo G”
es Víctor Julio Buitrago Sandoval, jefe de seguridad para Banadex.)
El individuo F recibió un cheque que fue hecho para él personalmente y
adquirido a travésde una de las cuentas bancarias del acusado subsidiario de
CHIQUITA (Banadex). Luego el individuo F avaló el cheque. Puede que haya sido
Individuo F o Individuo G quien haya canjeado el cheque, y el Individuo G llevó
directamente el dinero al personal paramilitar de las AUC en Santa Marta…
Banadex trató estos pagos directamente a las AUC como pagos al Individuo F,
registrando la retención de la correspondiente responsabilidad impositiva
Colombiana, reportó los pagos al Individuo F como si fuesen para las
autoridades de impuestos Colombianos, y pagó la correspondiente responsabilidad
impositiva del individuo F. Este trato de los pagos creó la noción de que el
Individuo F estaba siendo pagado más dinero y consecuentemente incrementaba el
riesgo de que el individuo F sería un blanco para secuestro o cualquier
maltrato físico si esto se volviese conocimiento público… A su vez, el
Individuo F mantuvo un libro de contabilidad privado de los pagos, el cual no reflejaba
el último y dirigido receptor de los pagos. El libro de contabilidad privado
solo reflejaba la transferencia de fondos del Individuo F al Individuo G y no
los pagos directos en efectivo a las AUC.
El informe de la SLC indica que a principios del 2003 Acevedo – quien es identificado en el informe como “Empleado
Banadex #10” – “comenzó a sentirse altamente incómodo con el método de pago que
incrementaba su salario, y sus preocupaciones fueron comunicadas a los
directivos en Cincinnati… (Acevedo) sentía que registros internos y expedientes
gubernamentales mostrando la cantidad de dinero fluyendo hacia él, incluyendo
el salario para los pagos a las AUC, incrementaban el riesgo de que este fuese
secuestrado o sometido a cualquier otro tipo de mal.”
A pesar de (o quizá por) estas preocupaciones, Acevedo estaba entre un puñado de empleados de Banadex y
Chiquita que son conocidos por haber estado involucrados en la decisión de
continuar los pagos a las AUC luego de la fecha en la cual la compañía cayó en
cuenta de que el grupo había sido designado como una Organización Terrorista
Reconocida (FTO) por el Departamento de Estado estadounidense.
De acuerdo con el informe realizado por la SLC, Acevedo estuvo presente en una reunión realizada en abril
del 2003, en Cincinnati, donde funcionarios de la compañía discutieron las
alternativas a la luz del supuesto descubrimiento de que las AUC habían sido
designadas como una organización terrorista 19 meses antes, en septiembre del
2001. Acevedo dijo que él y el jefe de seguridad de Banadex Víctor
Buitrago fueron informados de que los pagos debían continuar.
Directores Financieros
John Paul Olivo
Olivo era el director financiero para Banadex desde 1996 hasta el 2001, asumiendo el cargo del
supervisor anterior Jorge Fortón. Antes de concentrarse en Colombia, Olivo
trabajaba en el departamento de auditorias internas de Chiquita y viajaba a
Colombia para revisar qué procedimientos estaban en lugar para justificar los “pagos
sensibles”, que para ese entonces iban, en su mayoría, a grupos guerrilleros
como las Farc y el Eln. Olivo fue nombrado supervisor de operaciones en
Colombia justo cuando Banadex comenzó a eliminar gradualmente los pagos a las
guerrillas e incrementar los pagos a grupos paramilitares.
Entre otras cosas, Olivo tomó una llamada telefónica en marzo del 2000 en la cual el
abogado de Banadex Reinaldo Escobar explicó los diferentes procedimientos que
se debían llevar a cabo para pagar a grupos Convivir en Santa Marta y Urabá –
una llamada que aparentemente llevó al abogado de Chiquita Robert Thomas a
sospechar que el dinero estaba siendo llevado a grupos paramilitares.
Mucho de lo que se sabe acerca del conocimiento de Olivo y su participación en la autorización de los pagos a
los grupos guerrilleros y paramilitares proviene de su declaración en 1999 a investigadores de la Comisión de
Bolsa y Valores Estadounidense (SEC). Olivo era uno de los siete empleados de
Chiquita y Banadex interrogados por la SEC como parte de una investigación de
un supuesto soborno pagado por Banadex a un oficial de un puerto colombiano. En
su declaración, Olivo también reveló bastante información acerca de su papel en
los pagos y otros individuos involucrados.
Olivo describió el proceso en el cual él y el exdirector de seguridad, Juan Manuel Alvarado, revisaban todos
los “pagos sensibles” hechos por Banadex a guerrillas, paramilitares y agentes
del estado colombiano. Olivo dijo que él fue quien insistió en discutir los
pagos a la guerrilla en estas reuniones, aunque esto no se le había instruido
para hacer.
Yo, a su vez, me iba un paso más adelante e incluía pagos que están
registrados en otra subcuenta que es llamada operaciones. Y estos pagos que están
en la cuenta de operaciones son pagos hechos a las guerrillas.
Olivo revisaba todos los pagos confidenciales que fueron hechos, incluyendo aquellos a los grupos
guerrilleros, paramilitares y oficiales gubernamentales. Él dijo que era
responsable de revisar “todos los pagos que eran hechos a través de cuentas de
seguridad bajo operaciones (pagos a guerrillas) y logísticas (pagos al gobierno
y paramilitares).” Añadió que era “el responsable de sentarse a revisar todos
los pagos hechos, no solo de los que yo tengo conocimiento, sino también los
pagos hechos por otros individuos en las operaciones.”
Olivo parecía preocupado por la cantidad de discreción otorgada al jefe de seguridad de Banadex, quien era la única
persona que tenía contacto con los grupos y oficiales que estaban recibiendo
los pagos confidenciales.
P: (SEC): ¿Cómo sabe que no
hay pagos a oficiales gubernamentales que fueron hechos afuera de las cuentas
de seguridad?
R: (OLIVO): Otra vez, confiábamos en nuestro director de
seguridad, quien es principalmente la única persona que tiene contacto con los
oficiales gubernamentales quienes serán pagados, y nosotros encargamos en él
este interés y responsabilidad. Y yo, al sentarme con él, estoy asumiendo que él
me está dejando claro todo conocimiento de los pagos que se han hecho.
P: Si entiendo lo que está diciendo, si se hace algún pago, él es el individuo que lo hace, ¿tengo la razón?
R: Es correcto.
Luego en su testimonio, Olivo otra vez expresó su preocupación en cuanto a la falta de controles financieros
efectivos para los pagos a grupos guerrilleros.
(Olivo): Me sentía tranquilo con los controles para registrar e identificar
estos tipos de pagos. Pero tomando en cuenta mi formación como auditor, No – a
menos de que sepa quién es el que recibe el dinero, sabes, nunca hay una forma
de saber si el dinero fue recibido por un tercero, y hablo específicamente
acerca de los grupos guerrilleros.
…
P: Responda esta pregunta específica: ¿Cómo sabía que en ese entonces (editado) no se estaba
guardando el dinero?
R: Es una pregunta muy válida, y esa ha sido mi preocupación (editado) desde el primer día, porque la única
persona que pide fondos y pagos para las guerrillas es el jefe de seguridad.
Nadie nunca sabe quién – o negocia con estos grupos, excepto él. Y esa ha sido
mi, si se puede, preocupación desde el primer día. Pero esto a mi no fue
explicado, ese era el procedimiento que estaba en lugar, y que la única forma
de estar seguros que estos dineros han sido entregados a estos grupos, es que
si no les entregamos el dinero, nos queman las fincas, o violentan – o
maltratan físicamente nuestro personal
P: Se deposita mucha confianza en la integridad de (editado)
R: Es lo correcto.
En su declaración, Olivo dijo que la compañía no veía los pagos a la guerrilla como reportables ante la
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), ley federal estadounidense la cual pide que las compañías reporten ciertos
pagos a oficiales gubernamentales extranjeros.
Antes de ir a Colombia, (borrado) me hizo caer en cuenta de los pagos que
estaban siendo hechos en Colombia a distintos grupos. Y estos pagos fueron
aprobados normalmente por el director general, y que estos pagos también eran –
esta información era mantenida separadamente en diferentes cuentas. Y aunque no
caía bajo los requerimientos de la FCPA, eran a su vez segregados y
considerados sensibles.
Olivo le dijo a la SEC que él creía que los pagos eran legales, y que tenían las apropiadas autorizaciones,
pero que él nunca estuvo tranquilo con el hecho de que no podían confirmar de
que los pagos habían sido recibidos.
P: ¿Recibió usted alguna instrucción en cuanto a lo que supuestamente debía hacer en su auditoria
en cuanto a estos pagos en estas cuentas?
R: … Mi entendimiento,
en términos de lo que debíamos hacer para los pagos a las guerrillas, dado el
caso de que no estaban relacionados con la FCPA, era el asegurar de que tuviesen
la autorización adecuada del director general, y que estuviesen registrados en
las cuentas adecuadas. Como lo mencioné anteriormente, con estos tipos de
pagos, no puedes tomar ese paso extra y buscar una confirmación del pago y de
la persona que lo recibía. Y eso es lo que me ha generado intranquilidad desde
que he estado en Colombia cuando discutimos este tipo de pagos.
Olivo sugirió que Banandex lavaba pagos sensibles a oficiales militares a
través de vendedores terceros inocuos.
Así que el primero fue el pago a la guerrilla, los cuales están
identificados, como lo he acabado de describir, y los segundos pagos son
dirigidos a oficiales gubernamentales. Y estos pagos (borrado) son muy
descriptivos, ya que si miramos la exhibición no. 11 de la SEX, como ven
oficial militar, vemos oficial de policía, y ven un batallón de inteligencia.
Esos son grupos militares específicos y/o oficiales. Así que ese tipo de
documentos son justamente descriptivos. Tienen otros tales como el último, que
dice, (borrado), y esto a es a un proveedor específico. En este caso, muchas
veces (borrado) yo entiendo, negocia con un proveedor tercero para donar o dar
materiales a o un oficial militar.
Olivo dijo que el director de seguridad a veces se respaldaba en intermediarios para entregar los pagos a
grupos extremistas tanto de izquierda como de derecha.
Él (Director de seguridad) coordinaba el dinero él mismo, y a través de un
intermediario, el dinero es llevado, si se quiere, las selvas donde están
localizados y son distribuidos. Yo no sé – no hay código, código secreto, para
saber si es a un grupo de izquierda o derecha, o quién es.
Olivo dijo que el 1 de enero, año 2000, la Compañía, bajo la dirección del departamento de auditoria interna,
planeó parar el registro de pagos sensibles en cuentas separadas para
Operaciones (pagos a guerrilla) y Logísticas (pagos a paramilitares y
gobierno), y juntaría amabas para crear una cuenta de Gastos del Director General.
Fuad Alberto Gioacoman Hasbún
Poco se sabe acerca del sucesor del cargo de Olivo, Fuad Giacoman, quien tomó riendas de las operaciones de
control de Banadex del 2002 al 2004. Mucho de lo que sabemos proviene de
nuestros documentos en nuestra colección de Chiquita Papers.
En enero del 2003, Giacoman envió un correo electrónico a Acevedo, Ordman y Kreps,
informándoles que el incremento del impuesto de renta aumentaría, a su vez, el
costo de los pagos a paramilitares y oficiales gubernamentales a través de la
cuenta de gastos del director general, estrategia que escondía el dinero
destinado a grupos paramilitares en el salario del director general.
Otro documento interno demuestra que Giacoman habría reportado violaciones procesales conectadas a
unos nueve incidentes en los cuales barcos de Chiquita era utilizados para
transportar estupefacientes a Europa. Un reporte interno de Chiquita sobre “Operaciones Logísticas Colombianas,” del 12 de junio, 2003, decía “Manrique
(Ugalde) y Fuad (Giacoman) se rehúsan a ser representantes legales debido a
preocupaciones por su seguridad y sus responsabilidades legales personales por
las decisiones tomadas otros afuera de la División y en violación de
procedimientos ya existentes.”
Manrique Ugalde era el principal jefe administrado de Banadex desde abril 2002 hasta junio 2003.
Director de Seguridad de Banadex
Entre los que tenían una visión más íntima del proceso de pagos a paramilitares se encontraban los encargados
de la seguridad en Banadex.
Víctor Julio Buitrago Sandoval
Como director de seguridad para Banadex desde 1999 hasta el 2004, Víctor Buitrago era una pieza clave en la
operación de pagos a paramilitares, principal testigo en cómo el mecanismo del
esquema evolucionó durante ese tiempo, y una de las figuras involucradas en la
decisión de continuar con los pagos incluso después de que la Compañía dijese
que había aprendido que las Auc había sido designada como Organización
Terrorista Reconocida.
Previo a Buitrago, el director de seguridad era Juan Manuel Alvarado, quien ocupó el cargo por casi una década
y estuvo involucrado “en la decisión original de aprobar los pagos a la
guerrilla.” En coordinación con los directores generales y supervisores
financieros en Banadex, Alvarado era responsable por la negociación y el pago
habitual a grupos insurgentes durante los años noventa. Alvarado a su vez
supervisó los primeros años de pagos a paramilitares, que empezaron en algún
momento entre 1992 y 1995.
Alvarado es, también, la persona que le presenta a Buitrago a Raul Hasbún, identificándolo como ‘Pedro’
y “el individuo responsable por las Convivir”, de acuerdo con el reporte de la
SLC. Ambos Alvarado y Buitrago dijeron que no se dieron cuenta al principio de
que Hasbún era un miembro de las Auc y solo cayeron en cuenta de esto después.
Al poco tiempo de volverse director de seguridad, Buitrago descubrió que que la organización ficticia que
Hasbún había estado utilizando para recolectar los pagos de Banadex en Santa
Marta, Inversiones Manglar, no era una Convivir oficialmente registrada. Luego de
discutir el tema con Hasbún, Buitrago cedió a realizar futuros pagos a través
de La Tagua del Darién, Convivir radicada en la ciudad portuaria de Turbo, en Urabá.
Otro empleado de Banadex informó al abogado Robert Thomas en marzo del 2000 de la opinión de Buitrago con
respecto a que la Compañía debería continuar haciendo los pagos porque la compañía
“necesitaba la seguridad brindada por Inversiones Manglar.” (La conversación
está también reportada en las notas de Thomas de marzo 6 de 2000. El comentario llevó a
Thomas a “sospechar de que los pagos hechos por Banadex estaban siendo
destinados a organizaciones paramilitares.”
Poco después, las Auc comenzaron a utilizar las instalaciones portuarias de Chiquita y los barcos en
Turbo para traficar armas y estupefacientes dentro y fuera de Colombia. En un
caso particular, el “incidente de Pascua” de 2001, Buitrago dijo que Hasbún había
dado la orden de permitir el paso de un cargamento de armas a través del puerto
de operaciones de Chiquita y que Buitrago le habría dado a Hasbún una cinta de
video de una cámara de seguridad en el cual había quedado registrado el
incidente para destruirla.
Luego de otro incidente de tráfico de drogas por parte de las Auc al año siguiente, Buitrado y Acevedo no
reportaron que uno de los inspectores de Chiquita habría aceptado un soborno
para permitir el envío de drogas en un barco con destino a Bélgica, e
intentaron retornar el dinero a las Auc.
Alrededor de la primavera del 2002, un integrante de las Auc de Santa Marta le dijo a Buitrago que La Tagua
del Darién, la Convivir en Urabá, no estaba compartiendo con el grupo la
totalidad de los fondos. El paramilitar “demandó que todos los futuros pagos
destinados a Santa Marta fueran directamente en efectivo.”
Alrededor del mismo tiempo, la compañía rediseñó su esquema de pago a los paramilitares. La exigencia de pagos
en efectivo en Santa Marta llevó a Buitrago y otros en la compañía a
implementar nuevos procedimientos para traer fondos para paramilitares al país.
Como es descrito previamente en el perfil del Director General de Banadex, Álvaro
Acevedo, el dinero era escondido en su salario. Buitrago, luego, “entregaba el
dinero en persona al personal de las Auc en Santa Marta.”
El reporte de la SLC describe cómo Ordman (“Empleado Chiquita #2”) y William Tsacalis, el jefe de contabilidad de
Chiquita, diseñó los nuevos procedimientos mediante los cuales se hacía llegar
los pagos paramilitares a través de la cuenta discreta de Acevedo.
Tsacalis y (Empleado Chiquita #2) diseñaron, y Olson revisó, una serie de procedimientos
para hacer pagos en efectivo a las AUC en Santa Marta. Estos pagos serían extraídos
de una cuenta de “Gastos de Gerente” utilizada por el Director General de
Banadex para los gastos que conciernan viajes y entretenimiento, y estaría
sujeta a controles de seguridad que iban más allá de aquellos que eran
requeridos para los pagos por cheque.
El acuerdo también fue descrito en las notas de Ordman, resumiendo una conversación telefónica
realizada el 28 de marzo, 2002, en la cual los roles de Tsacalis, Ordman,
Acevedo, Buitrago y Robert Kistinger están subrayados.
En los procedimientos resumidos en las notas, el director general, Acevedo, “obtiene y mantiene un recibo
escrito por parte de Víctor.”
Como Acevedo, Buitrago también atendió a una reunión en el 2003 en la sede principal de Chiquita en
Cincinnati, donde la decisión de continuar haciendo los pagos a los
paramilitares fue tomada, pese a que ya se sabía que las Auc habían sido
designadas como una Organización Terrorista Reconocida.
En noviembre del 2003, Buitrago, Acevedo y otros dos empleados de Banadex se reunieron con altas
directivas de Chiquita en Cincinnati para discutir sus preocupaciones con
respecto a la investigación sobre los pagos a paramilitares por parte del
Departamento de Justicia estadounidense, especialmente la posibilidad de que su
cooperación con la investigación los pondría en peligro. Por esos tiempos, la
compañía recibió varios correos electrónicos de un “whistleblower”
(denunciante), que dijo que Buitrago estaba asociado con las Auc y les habría
facilitado cargamentos de armas y estupefacientes.
El 24 de enero, 2004, Buitrago “inició el proceso de aprobación para el último pago a las Auc en Santa Marta,”
considerado como el último pago al grupo paramilitar.
Abogados y Representantes Legales de Banadex
Reinaldo Escobar de la Hoz
Como el principal abogado para Banadex, Escobar estuvo directamente involucrado en las negociaciones con los
grupos guerrilleros y paramilitares, y desarrolló la estrategia legal de la
Compañía con respecto a los pagos de seguridad. Escobar renunció a la empresa
en 1998 (y fue subsecuentemente recontratado como asesor externo) luego de ser
implicado en un soborno pagado por Banadex para asegurar la renovación de una
licencia de operación de puerto en Colombia.
De acuerdo con el reporte de la SLC, Escobar, identificado como “Empleado Banadex #4”, era uno de los dos
empleados, junto con el director general Charles Keiser (“Empleado Banadex #1”),
que hizo el primer contacto con el jefe de las Auc Carlos Castaño entre el año 1996 y 1997.
De acuerdo con (Empleado Banadex #4), a finales de 1997 o principios de
1997, él fue abordado por Irving Bernal, un prominente productor bananero en
Colombia, quien le dijo acerca de “una reunión muy importante” con respecto a
temas de seguridad. Bernal animó a (Empleado Banadex #4) a atender la reunión
junto con (Empleado Banadex #1). (Los empleados Banadex) se reunieron con
Bernal en las oficinas de Chiquita en Medellín, y luego lo siguieron por
separado en un carro a una gran casa en Medellín, donde se encontraron con
Carlos Castaño, el reconocido líder y rostro público de las AUC. Ambos
(Empleados de Banadex) reconocieron a Castaño.
Castaño le dijo a Escobar y Keiser que “las Auc habían comenzado una ofensiva sostenida para sacar de Urabá
a las guerrillas”. Él quería que la Compañía detuviese los pagos a la guerrilla
con el fin de que comenzaran a apoyar a las Auc.
Un artículo publicado en el periódico colombiano El Espectador el 20 de
septiembre de 2009, describe la misma reunión con Castaño ocurrida en 1997 e
identifica a Escobar y Keiser como los dos funcionarios de Banadex que
atendieron dicho encuentro. El artículo incluye una cita de Escobar en la cual
confirma que Bernal lo contactó para organizar el encuentro con Castaño. El artículo
también incluye una cita proveniente de Keiser en la cual dice que el líder
paramilitar le pidió a la Compañía que detuviese los pagos a las guerrillas con
el fin de que comenzaran a hacer los mismos pagos a su grupo.
Un documento interno de Chiquita producido por el Departamento de Justicia (DOJ), en respuesta a
nuestra petición por medio de la FOIA, describe la misma reunión con Castaño
ocurrida en el año 1997 como también una segunda reunión algunos meses después
con otro grupo paramilitar que exigía pagos de Chiquita/Banadex.
El documento, proveniente del reporte legal del abogado Robert Thomas, de septiembre de
2000, revela que Escobar fue contactado algunos meses después por un “reconocido
organizador y defensor de las autodefensas Auc” que “le dijo que Banadex
necesitaba empezar a pagar 3 centavos/caja a la nueva organización Convivir en
Urabá llamada La Tagua del Darién.”
Durante los próximos años, Escobar era uno de los pocos directivos de Banadex con un conocimiento
detallado de cómo la Compañía estructuraba y escondía los pagos a paramilitares
a través de las Convivir.
Escobar era también un punto de contacto primario para Thomas durante su investigación de los pagos a
paramilitares en el 2000. En una llamada telefónica realizada en marzo de 2000 a Thomas,
Escobar explicó por qué la Compañía había estado realizando los “pagos de
seguridad” a una firma llamada Inversiones Manglar en Santa Marta. Él dijo que
la firma no era una Convivir, pero realizaba la misma función, la cual era
brindar seguridad. “Dinero para obtener información acerca de los movimientos
de la guerrilla,” dicen las notas de Thomas acerca de la llamada.
En el 2001, fue Escobar quien reportó primero a los ejecutivos de Chiquita en Cincinnati que un barco
propiedad de la Compañía había sido utilizado para traficar armas dentro de
Colombia en el llamado “Incidente de Pascua”.
José Luis Valverde Ramírez
Existe muy poca información en registros públicos y en el material liberado por la FOIA acerca del papel que
tuvo Valverde, ciudadano costarricense, quien era representante legal para
Banadex desde el 2000 hasta el 2002.
Principal Oficial Administrativo de Banadex
Dorn Robert Wenninger
No mucho se sabe acerca del papel que tuvo en el esquema de pagos a los paramilitares Dorn Wenninger,
ciudadano estadounidense que tenía el cargo de jefe administrativo para Banadex
desde 1999 hasta el 2001, y es al momento vicepresidente para Walmart México. Él
es reconocido por hacer parte de una élite de atletas por completar siete maratones en todos los siete continentes
en siete días consecutivos.
Wenninger es uno de varios directivos de Chiquita que recibió una copia de un reporte realizado en 1999
proveniente de Steven Kreps sobre “Registros de Pagos Confidenciales”.
El único documento en la colección de documentos de Chiquita que menciona a Wenninger, quien habría sido
Jefe de Análisis (CAO) en ese entonces, parecería ser eximente, al menos con
respecto a los nuevos procedimientos para los pagos a paramilitares
implementados en el 2003. Aquel reporte, un resumen de las notas de John Ordman obtenidas de una llamada realizada
el 28 de marzo de 2002, dicen que los pagos a paramilitares serían “aprobados
solo por el supervisor (Sin necesidad de aprobación por parte del CAO).
Jefe de relaciones laborales de Banadex
Luis Germán Cuartas Carrasco
Cuartas, colombiano, era jefe de relaciones laborales para Banadex desde 1990 hasta el 2004. Ya que existe
poca información en los registros públicos acerca del papel que tuvo en las
operaciones de pagos, desde su posición tuvo que haber supervisado la sensible
relación entre la Compañía y los sindicatos. Como es mencionado anteriormente
(y en un artículo publicado el año pasado), el director general de
Banadex Charles Keiser vio los pagos a los grupos guerrilleros como una forma
de obtener una ventaja en las negociaciones con los sindicatos, algunos
presuntamente asociados con grupos insurgentes como las Farc y el Eln.
Oficiales Banacol
Banacol, firma radicada en Colombia que adquirió Banadex de Chiquita en el 2004 y que, consecuentemente,
continuó suministrando bananos para la distribución internacional de Chiquita.
Víctor Manuel Henríquez Velásquez
Henríquez es un ejecutivo bananero colombiano que fue presidente de Banacol desde el 2000 hasta el 2004.
En una entrevista realizada por la revista Semana, Raúl Hasbún dijo que Henríquez
era un prominente defensor de sus fuerzas paramilitares y que se reunían casi
cada mes.
Juan Diego Trujillo Botero
Trujillo era Secretario General de Banacol empezando en 1995. (fue absuelto por la Fiscalía en septiembre de 2019).
Javier Ochoa Velásquez y Jorge Alberto Cadavid Marín
Ochoa y Cadavid, ambos colombianos, eran los representantes legales para empresas agrarias afiliadas a
Banacol en el 2000.
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