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¿Está la Asociación Americana de Psicólogos socavando sus propias políticas acerca de Guantánamo y la tortura?

Stephen Soldz
CounterPunch
23 de marzo de 2021

Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 24 de septiembre de 2021


Fuente fotográfica: D Smith – Mindlab – dominio público

La mayor parte de mi vida en los últimos quince años ha estado dedicada a dos asuntos interrelacionados: la lucha en contra de la tortura patrocinada por Estados Unidos y las preocupaciones en relación a los roles éticos apropiados de aquellos psicólogos profesionales, conocidos como psicólogos operacionales, que actúan en apoyo de operaciones militares y de inteligencia. Estos asuntos están interrelacionados porque los psicólogos operacionales eran actores centrales en la era del programa de tortura de Bush y es más probable que jueguen papeles similares en los futuros regresos de tortura. Al mismo tiempo, los psicólogos operacionales están actualmente involucrados en otras formas de actividades con problemáticas éticas. Por una década la Asociación Americana de Psicólogos (American Psychological Association (APA por sus siglas en inglés)), la organización de psicólogos más grande de la nación, di cobertura profesional oficial para estos psicólogos declarando que la participación de psicólogos en interrogaciones de seguridad nacional era tanto ética como conveniente. De hecho, los líderes de la APA dicen, con poca evidencia hasta el 2015, que los psicólogos tenían una calificación única para prevenir abuso en detenidos.

Después de casi una década de luchas, otros llamados psicólogos disidentes y yo, ganamos victorias grandes cambiando las políticas que la APA que parecían permisivas en la participación psicológica en detención e interrogaciones en Guantánamo y en las prisiones secretas de la CIA. Estas victorias de vuelta llevaron a la remoción de los psicólogos de las operaciones de detención en Guantánamo.

Con un sentido de deja vu, recientes acciones por parte de la APA y del Departamento de Defensa (DoD) están levantando preocupantes preguntas acerca de si estas reformas fueron socavadas. En este artículo, doy un antecedente para explicar los asuntos que están en juego y por qué estoy preocupado de que las fuerzas dentro de la APA secretamente socaven, otra vez, sus políticas públicas.

Las reformas de interrogación y políticas de detención de la APA 2015

Comenzamos la historia en agosto del 2015 en el Consejo de Representantes de la APA que, por 157 a 1 en la votación, adoptaron una prohibición para la participación psicológica en interrogaciones de seguridad nacional. Este voto llevó a la APA, a cierto punto, a alinearse con políticas de la Asociación Médica Americana y la Asociación Psiquiátrica Americana. Estas organizaciones médicas habían vetado la participación de sus miembros tanto en interrogaciones de seguridad nacional como de organismos de seguridad en el 2006.

En esta reunión del 2015, el Consejo de la APA también votó para prohibir la participación de psicólogos en actividades relacionadas con detenidos en sitios de detención de Estados Unidos, como Guantánamo, que fueran considerados por los comités de las Naciones Unidas en violación a la ley internacional. Algunas excepciones fueron hechas para psicólogos que estuvieran atendiendo tropas estadounidenses o trabajando directamente para un detenido o para un grupo de derechos humanos. Esta prohibición llegó siete años después de un referéndum ratificado en el 2008 sobre un asunto socavado por el liderazgo de la APA. El voto del 2008 culminó una lucha de cuatro años después de un informe de la Cruz Roja en el 2004 acerca de la participación de psicólogos y psiquiatras en Guantánamo como “una evidente violación de ética médica” mientras ayudaban al desarrollo de un sistema de detención e interrogación “equivalente a la tortura”. En relación, reportes mediáticos de 2007 y después el reporte del Comité de Inteligencia del Senado describieron el papel central de los psicólogos en el diseño e implementación del programa de tortura de “interrogación mejorada” de la CIA.

La racionalización para la política de prohibición de la participación de todos los psicólogos en Guantánamo y otros centros de detención de Estados Unidos era que todos los psicólogos militares involucrados con detenidos en la prisión eran parte inherente de un sistema injusto que los detiene y abusa, incluso aquellos psicólogos que proveen un tratamiento de salud mental para detenidos. Por ejemplo, reportes tempranos revelaron que la información de los archivos médicos de detenidos, como sus fobias, fue utilizada para desarrollar planes de interrogación. En otros casos, la salud mental del personal fue utilizada para convencer a los detenidos de renunciar a sus huelgas de hambre. Adicionalmente, los psicólogos en Guantánamo dieron una importante cubierta al negar la existencia del aislamiento de detenidos y al representar a aquellos que sufren de problemas derivados de enfermedades mentales como el PTSD (síndrome de estrés post traumático, por sus siglas en inglés) como “afligidos por “desórdenes de personalidad pre existentes,” en contradicción con valoraciones por parte de profesionales independientes en salud mental.

Pasajes de estas reformas por parte de la APA resultaron en una orden, en diciembre del 2015, del general John F. Kelly, el líder del Comando Sur de los Estados Unidos, que supervisa Guantánamo, para remover a los psicólogos de roles que involucren detenidos. James Risen, reportero del New York Times citó a oficiales del Departamento de Defensa (DoD por sus siglas en inglés) explicando que la orden “está destinada para evitar que los psicólogos violen leyes nuevas, que pudieran exponerlos a perder sus licencias. Muchos estados usan el código de ética de la Asociación psicológica en sus requisitos profesionales en licencias para psicólogos”. [énfasis añadido]

El reporte Hoffman sobre la complicidad de la APA y el DoD

Pasajes de estas políticas de la APA siguieron después de la publicación, en ese verano, del reporte de más de 500 páginas (acompañado de más de 6,000 páginas de documentación adicional) por parte del abogado de Chicago David Hoffman y su equipo. Hoffman fue contratado por la APA para llevar a cabo una revisión independiente en las alegaciones del periodista James Risen, mis colegas en la Coalición por la Psicología Ética y otros que la APA había coludido o implicado en un canal secreto de coordinación, con oficiales de la CIA y el DoD facilitando los programas de interrogación del gobierno de Bush.

Hoffman no confirmó del todo las sospechas que teníamos acerca de la colusión de la APA-CIA. Encontró que, mientras que la evidencia disponible de coordinación cercana entre ambos era fuerte, no pudo conseguir evidencia de una colusión más secreta. Añadió que su investigación de las interacciones APA-CIA podían haber sido limitadas por posibles esfuerzos por parte de la CIA para mantener sus interacciones secretas. Hoffman encontró que un individuo conectado con la APA fue intervenido por la CIA para evaluar la ética de su programa de tortura de “interrogación mejorada”, que fue diseñado y ampliamente implementado por psicólogos. Ese individuo descubrió que la tortura de la CIA era consistente con la ética de la APA, levantando la posibilidad de que un hallazgo contrario podría haber terminado la tortura de la CIA.

Mientras la investigación de Hoffman descubrió sólo lazos limitados de APA-CIA, expuso los recursos de evidencia que los oficiales de la APA habían secretamente coordinado con los oficiales del programa de interrogación del Departamento de la Defensa. La publicación del reporte de Hoffman reporte encabezados generados en medios de comunicación grandes que avergonzaron a la APA. “Investigación: Grupo de psicólogos coludieron con el Pentágono y la CIA en interrogaciones” fue el encabezado en el Washington Post. El Chronicle of Higher Education le puso el encabezado al primero de cuatro artículos acerca del reporte Hoffman y su secuela inmediata “La Asociación Psicológica ayudó a justificar el programa de tortura, dice el reporte bombazo” (“Psychological Association Helped Justify Torture Program, Bombshell Report Says”).

El reporte Hoffman se enfoca en la coordinación entre el Departamento de Defensa (DoD) y la APA que creó y conservó los estándares éticos perdidos para los psicólogos involucrados en interrogaciones de seguridad nacional: “la colusión fue hecha para apoyar la implementación por parte del DoD de técnicas de interrogación que el DoD quería implementar, sin las restricciones substanciales de la APA; con conocimiento de que probablemente habían sido técnicas abusivas de interrogación utilizadas y que quedaba un riesgo substancial de que sin las limitaciones estrictas, tales técnicas abusivas de interrogación continuarían y con substancial indiferencia de los hechos actuales en relación a las continuas técnicas de interrogación abusivas” (Hoffman, pág. 68).

Un segundo descubrimiento del Reporte Hoffman fue que, aunque los líderes de la APA repetidamente afirmaron que vigorosamente perseguirían investigaciones éticas en contra de cualquier psicólogo del que hubiera evidencia creíble de participación en abusos de detenidos, cuatro quejas del tipo habían sido descartadas por parte de la APa sin ningún tipo de investigación exhaustiva.

Hoffman adicionalmente encontró que “la APA quería implementar una estrategia de medios de comunicación en la que se mostrara como una asociación muy comprometida en el asunto y muy preocupada por lo ético” (pág. 11), cuando, en realidad, la APA sistemáticamente evitó asuntos éticos complejos evocados por la participación de psicólogos en interrogaciones de seguridad nacional, especialmente bajo un gobierno que había autorizado la tortura y otras técnicas de abuso.

Por ejemplo, a finales del 2004, el staff de la APA discutió cómo abordar las preocupaciones que levantó un reporte del New York Times reporte que decía que psicólogos estaban ayudando a construir “un sistema equivalente a la tortura”, el entonces consejo general de la APA escribió en un correo electrónico involucrado a ocho líderes principales de la APA:

“El punto más fuerte para mí es la pregunta, que parece ser inevitable, de si los psicólogos pueden legítima/éticamente trabajar con interrogadores para identificar maneras de romper a un prisionero que no sea torturándolo. Pienso que la respuesta a eso probablemente es “sí”, pero es un poco complicado dejarlo así sin crear un sonido que puede ser desastroso. (Hoffman, pág. 208; con énfasis añadida, cadena de correos electrónicos comienzan en Binder 1: 598).

La respuesta, veinte minutos después, del Director de Ética de la APA, indica lo inteligentes que se habían convertido en ofuscar asuntos para evadir el compromiso público para sus posiciones privadas:

Creo que nuestro programa de ética se ha vuelto muy bueno en evadir respuestas tipo “sí-no” (excepto en casos claros, e.g., no es aceptable involucrarse sexualmente con un paciente) y creo que eso debe ser nuestro primer enfoque aquí. Nos motivaría a ser conscientes de que somos una organización científica, así que como cuestión inicial tomamos la ciencia (e.g ¿qué información tenemos para indicar que esta técnica es efectiva? ¿Tenemos datos que indiquen que esta técnica es más efectiva que otras que representarían riesgo de daño?) Mencionaría que, ya que parte de la investigación en esta área es clasificada, no tenemos toda la información que podríamos necesitar para completar el análisis ético. (Hoffman, p. 208)

En otras palabras, en discusiones internas, oficiales de la APA apoyaron la participación de psicólogos en interrogaciones que se sabía causaban daño a los detenidos, pero públicamente proclamaban que aquellos mismos psicólogos eran defensores en contra del abuso de detenidos. Además, mientras que puede haber desacuerdos en relación al límite apropiado de “tortura”, la APA en repetidas ocasiones dijo que la participación en “trato cruel, inhumano o degradante”, una categoría mucho más amplia, también estaba prohibida; estos correos electrónicos demuestran que sus líderes entendían que estas categorías podían hacerse lo suficientemente flexibles para permitir técnicas de interrogación destinadas a “romper” a los detenidos.

Ocho de los miembros más antiguos en ese momento fueron incluidos en esta cadena de correos electrónicos, entre ellos el entonces CEO y CEO adjunto, los directores de los principales departamentos de la Asociación y su abogado más importante. Esto es destacable porque, mientras evidencia pública de la participación de psicólogos en la tortura y abuso de detenidos por parte del gobierno estadounidense se derramaba, gente del staff de la APA y otros partidarios promulgaron el mito de que el único problema fueron dos psicólogos – James Mitchell y Bruce Jessen – quienes fueran consultores para la CIA en su programa de tortura de “interrogaciones mejoradas”. Esta falsa narrativa protegió a los psicólogos militares en Guantánamo y en otros lugares. La cadena de correos electrónicos citada anteriormente muestra que el liderazgo de la APA entendió no eran sólo psicólogos con la CIA; psicólogos en el ejército también estaban participando en lastimar a los detenidos.

Además, evidencia de años recientes ha establecido claramente que un número de psicólogos en la CIA, no sólo Mitchell y Jessen, estuvieron involucrados en el programa de tortura de “interrogación mejorada”. Por ejemplo, el Resumen y reflexiones del jefe de servicios médicos de la CIA contiene discusiones extensas acerca de la participación de psicólogos a lo largo de la rama operacional de la CIA en la detención tortuosa de la Agencia y el programa de interrogación.

Otro mito de auto protección atribuyó las acciones de mala fe de la APA durante la década previa a un solo individuo, el director de ética de la Asociación. A ese individuo lo corrieron rápidamente cuando el reporte Hoffman fue publicado y unas otras seis de ocho personas en la cadena de correos descrita previamente fueron forzados a irse en las siguientes semanas o meses. Pero a la fecha ha habido poca estimación de cuánto liderazgo superior pudo haber estado involucrado en la aparente complicidad para lastimar a detenidos mientras públicamente diciendo lo contrario.

La respuesta inicial de la APA a Hoffman

En un breve periodo después de la publicación del Reporte Hoffman, parecieron haber consensos acerca de algo profundamente malo había sucedido en la Asociación. Las reformas de agosto del 2015 prohibiendo la participación de psicólogos en ciertas operaciones de seguridad nacional y en Guantánamo y otros sitios de detención fueron aprobadas de manera abrumadora por el consejo de la APA con únicamente un “no” voto de parte de un psicólogo militar que trabajó como consultor de ciencia del comportamiento en Guantánamo. Varias otras iniciativas de reforma fueron realizadas, incluyendo acciones hacia mayor transparencia en la Asociación y la designación de una comisión de alto nivel para investigar los procesos para las investigaciones de ética de la APA y se recomendaron mejorías. Además de psicólogos, prominentes éticos fuera de la profesión fueron contratados para la comisión.

Sin embargo, para cuando la Comisión de Éticas de algo nivel sacó su reporte en agosto del 2017, la marea de opiniones había dado vuelco. El reporte fue educadamente “recibido” por el Consejo de Representantes de la APA, el nivel afirmativo más bajo permitido, que implicó que no se tomó ninguna acción. Al Consejo le dijeron que el comité de la APA revisaría las recomendaciones de la comisión para tomar acción potencial. A la fecha no ha habido una respuesta seria de su parte al reporte de la comisión ética, excepto por una decisión de reducir radicalmente el cumplimiento ético, una posición diametralmente opuesta a la recomendación de la comisión para lograr el cumplimiento más firme de ética. El consejo de la APA utiliza el establecimiento de la Comisión de Ética, de alto rango, como una racional para que pareciera que el cambio ético estaba en camino, ignorando sus recomendaciones.

Una recomendación que no fue implementada es especialmente relevante para entender el significado de las acciones problemáticas de la APA que discuto a continuación. Después del paso del referéndum iniciado por los miembros en el 2008 que vetaba la participación de psicólogos en sitios de detención que violan la ley internacional, la APA anunció que dicha política no podía ser obligada bajo el código de éticas para psicólogos. Sólo el Comité de Éticas de la APA podía hacer nuevas políticas éticas. Interesantemente, las declaraciones con discursos anti tortura nunca tuvieron un aviso de ser inválidas. Esto significa que la APA ignoró la política pasada por sus miembros en cuanto fue adoptada. La Comisión de Éticas lidió con este asunto haciendo la recomendación de que las políticas de la APA adoptadas por votos de miembros o del Consejo de Representantes fueran consideradas como una guía de la interpretación del código de ética. De ser implementadas, se les daría más fuerza a estas políticas. Sin embargo, el Consejo de la APA ignoró esta recomendación, más tarde permitiendo el reclamo de que las políticas de la Asociación son “inválidas”.

Los psicólogos militares lanzan ataques

El aparente consenso de la APA después de la publicación del Reporte Hoffman se disolvió velozmente. Aquellos psicólogos que apoyaron en operaciones militares, en lugar de participar en roles sanos tradicionales como tratar a las tropas, y sus aliados lanzaron una campaña para socavar la credibilidad del reporte. La Sociedad Psicológica Militar de la APA (División 19) publicó su propio reporte falso, que pretendía refutar a Hoffman, mismo que Steven Reisner y yo rebutamos. Los psicólogos operativos insistieron en que el ejército había prohibido el abuso a detenidos antes de la decisión de la APA en el 2005. De este modo, argumentaron, la determinación del Reporte Hoffman de coordinación secreta entre la APA y el DoD era irrelevante. Como documentamos Reisner y yo detalladamente, esta afirmación era falsa. Nuestra posición recientemente recibió más apoyo de la Comisión Inter-Americana en Derechos Humanos (IACHR). En una decisión en abril del 2020 acerca del trato al detenido en Guantánamo Djamel Ameziane, la IACHR falló que:

Varias de estas técnicas de interrogación a las cuales fue sujeto Ameziane son ampliamente reconocidas por estar al nivel de tortura. La Comisión encontró que, tomadas juntas y en el curso de años de confinamiento (hasta el 2008 ó 2009 cuando fue aprobado para ser liberado y, para el entendimiento de la Comisión, dejó de ser interrogado) y en las condiciones particulares de su confinamiento…el trato infringido sobre él para propósitos de interrogación, sin duda llegó al nivel de tortura. Los psicólogos militares continuaron atacando la credibilidad del Reporte Hoffman y de aquellos que habían ayudado con la investigación. En el 2018, tres psicólogos militares presentaron una queja ética en contra de mi colega Steven Reisner con el Comité de Éticas de la APA. La esencia de la queja era que Reisner actuó fuera de su competencia profesional al comentar acerca de las actividades de psicólogos militares, ya que Reisner no había servido en el ejército. Los psicólogos militares entonces atacaron el derecho de los psicólogos civiles a criticar acciones militares incluyendo la tortura. Sus reclamos atacaron más allá la base fundamental de las relaciones civil-militares en los Estados Unidos en donde el ejército existe para proteger y servir a la sociedad civil (no viceversa), por lo que los civiles tienen un rol importante en la crítica de políticas y acciones militares. La queja en contra de Reisner fue ultimadamente descartada por el Comité algunos meses después, pero no sin que Reisner, con ayuda de los abogados de la NYCLU haya pasador docenas de horas formulando una respuesta.

Estos intentos de ofuscar y negar los descubrimientos del Reporte Hoffman fueron complementados con acciones legales, empezando en febrero del 2017 por cinco individuos mencionados en el reporte: tres psicólogos militares y dos ex empleados de la APA. Juntos presentaron una demanda por difamación en dos estados (Ohio y Massachusetts) y en el Distrito de Columbia en contra de la APA, de Daniel Hoffman y su despacho de abogados. En su caso en Massachusetts, me añadieron como acusado. Al día de hoy, el caso en Ohio ha sido descartado por motivos de jurisdicción y en el caso del Distrito de Columbia por infringir la libertad de expresión (Anti-SLAPP, en donde SLAPP significa “Pleito estratégicas en contra de la participación pública” por sus siglas en inglés, Strategic Lawsuits Against Public Participation).

La APA retrocede

Como pasa seguido, en respuesta a la presentación de la demanda, oficiales de la APA han evadido la discusión de asuntos que el Reporte Hoffman planteó. Mientras que es problemático, este silencio es entendible. Lo que es preocupando no tan inmediatamente entendible es la naturaleza de las pocas declaraciones públicas que los líderes de la APA han hecho desde entonces. Sus comentarios han sido más consistentes con quienes han negado la instancia de abuso y colusión que con la posición que adoptó la APA en la inmediata consecuencia de la publicación del reporte, sugiriendo que una historia revisionista había estado ganando terreno.

Por ejemplo, en octubre del 2017, mi colega Roy Eidelson publicó una opinión en el Washington Post que resumía brevemente la historia de intentos de la APA a lo largo de una década para suprimir la crítica por su cooperación con la administración de Bush — cooperación que había sido documentada a detalle sólo dos años antes que el Reporte Hoffman. En respuesta al artículo de Eidelson, el nuevo CEO de la APA escribió una carta al Post en la que ignoró completamente la historia de cooperación y atribuyó falsamente la conexión de la psicología al asunto de la tortura únicamente a los psicólogos de la CIA James Mitchell and Bruce Jessen, escribiendo que “es crítico distinguir entre las acciones que dos psicólogos malvados que diseñaron e implementaron el Famoso programa de tortura de la CIA para detenidos durante el gobierno de George W. Bush y la profesión de la psicología como un todo”. Con este comentario, el CEO de la PA borró no solo la historia problemática de la Asociación, sino la de otros psicólogos de la CIA que participaron en el programa de tortura de “interrogación mejorada” así como la de los Asesores de Ciencia del Comportamiento que, según la Cruz Roja habían ayudado a construir un sistema de interrogación “equivalente a tortura” en Guantánamo.

La declaración del CEO de la APA no fue una aberración o un error de una ocasión. En enero del 2020, el sitio de internet Mad in America publicó una entrevista con la presidenta del 2019 en la que se le pregunta acerca de la “colaboración de la APA con el gobierno de Bush en relación a la tortura de prisioneros” como documentó el Reporte Hoffman. En lugar de discutir abiertamente los descubrimientos del Reporte, ella simplemente negó los extensos descubrimientos de Hoffman: La APA no colaboró. Eso fue un error.

Teníamos dos psicólogos que no eran miembros de la APA que diseñaron el programa e hicieron dinero con eso. Se veía como que eran dos tipos que habían entrenado con el departamento de defensa, pero no estaban con la APA. La APA son 120,000 personas, la mayoría de los cuales no sabían nada acerca de esto, incluso la persona que era CEO no sabía nada acerca del entrenamiento. Esto es una falacia. Sin embargo, pintaron así a la APA.

Esta presidenta falló en mencionar que la persona que hizo el encubrimiento del entrenamiento de psicólogos del Consejo de Ciencia del Comportamiento para el Departamento de la Defensa fue ni más ni menos que el Director de Éticas, al que habían corrido recientemente o que el CEO suplente en ese momento había trabajado con el Director de Éticas para ocultar el entrenamiento del Consejo de la APA. Tampoco reconoció que el Director de Éticas buscó pre aprobación de sus contactos del DoD para posibles políticas de interrogación de la APA y que él y siete otros oficiales senior de la Asociación discutieron cómo esconder información de los psicólogos que estaban aconsejando cómo lastimar a los detenidos. Además, ignore cientos de artículos, declaraciones, periódicos editoriales, cartas y demostraciones por más de diez años que mencionaban la participación de la APA.

En el 2018, apenas tres años después del devastador Reporte Hoffman, le Consejo de la APA fue más allá de reescribir la historia a acciones e intentó parcialmente revertir las reformas de política del 2015 de la Asociación que prohibía a los psicólogos estar en sitios que violaran la ley internacional, incluyendo Guantánamo. El Consejo nos sorprendió al apoyar el esfuerzo patrocinado por la división de psicólogos del ejército para permitir el regreso de los psicólogos a Guantánamo, bajo la apariencia de darles tratamiento a los detenidos. A pesar de que el Consejo anunciara su apoyo para esta iniciativa sólo unas semanas antes de la reunión del Consejo de Representantes, en agosto de ese año, el esfuerzo para permitir el regreso de psicólogos a Guantánamo encontró alud de oposición de la comunidad de derechos humanos y psicólogos opositores. Yo fui uno de los que ayudaron a organizar la oposición. En el último momento, el liderazgo de la APA se dio cuenta de que este esfuerzo se estaba convirtiendo en un asunto de debate público y utilizó tácticas Fuertes para intentar obligar a los opositores a acordar un “compromiso” con los psicólogos militares que postpondría por seis meses el voto, permitiéndoles a los militares juntar apoyo. Las tácticas de los líderes de la APA para retrasar esto fueron rechazadas por los disidentes durante una pausa de almuerzo antes de que esta moción fuera presentada. Cuando la cuestión del retraso fue presentado a voto del Consejo de Representantes, de manera abrumadora la rechazaron. El Consejo, en lugar, insistió en un debate inmediato y voto sobre el intento de revertir las reformas del 2015, resultando en la moción para permitir el regreso de los psicólogos a Guantánamo abrumadoramente derrotada por casi dos a uno en votos por parte del Consejo.

Antes y durante el debate, líderes de la APA repetidamente destacaron la importancia vital del regreso de los psicólogos para ayudar a los 40 detenidos restantes en Guantánamo, hablando repetidamente de su preocupación por el bienestar de estos detenidos. En respuesta, mencioné que habían más de 700 detenidos liberados que sufrían de profundos problemas mentales por su encarcelamiento, que podrían beneficiarse de los servicios psicológicos si es que la APA realmente estaba comprometida a esta causa. A nosotros los opositores nos prometieron que después de la votación la APA crearía un comité que abordaría cómo darles servicios de salud mental a los detenidos liberados. Cuando los mismos líderes que habían hecho esta promesa fueron abordados a minutos de la votación, primero se vieron confundidos y luego dijeron que se pondrían en contacto con nosotros. No hemos Sabido de ellos desde entonces y su preocupación por el bienestar de los detenidos parece haberse disipado una vez que ya no era útil revertir las reformas de las políticas del 2015.

Después de la derrota de la propuesta de la APA de regresar a los psicólogos militares a Guantánamo, quedaron algunas indicaciones preocupantes de que algunos dentro de la APA habían decidido socavar las reformas de políticas del 2015 a través de medios menos trasparentes y engañosos. En septiembre 21 del 2018, el presidente de la APA envió una carta al asistente del secretario de Defensa para Asuntos de Salud que reiteró la política de la APA que prohibía la participación de psicólogos en interrogaciones de seguridad nacional y de sitios de detención en violación de la ley internacional. Mientras que cartas parecidas reiterando la posición de la APA han sido enviadas anualmente al presidente, secretario de defensa, director de la CIA y otros oficiales, como está estipulado por el referéndum del 2008, esta carta del 2018 fue diferente porque incluye esta oración que socava la fuerza de la declaración de política de la APA:

Como pueden saber, en una conferencia telefónica solicitada por el Sr. Carson en diciembre del 2015, nuestra entonces presidenta la Dra. Nadine Kaslow y varios miembros del staff explicaron que las resoluciones del Consejo de la APA son declaraciones aspiracionales que no son aplicables, no como los requisitos de nuestros Principios Éticos para Psicólogos de y Código de Conducta de la APA (códigos de ética) con énfasis añadido.

Las palabras le dieron esencialmente al Departamento de Defensa permiso para ignorar las reformas de políticas de la APA por las que tanto se luchó. No fue la primera vez que vimos ese lenguaje: una frase con este efecto había sido incluida en párrafos de previas cartas anuales de la APA post Hoffman, pero mis colegas y yo nos habíamos opuesto fuertemente y la frase había sido eliminada. En esta ocasión, sin embargo, no nos consultaron antes y el mensaje fue enviado al DoD. Recuerda que cuando el general Kelly ordenó que sacaran a los psicólogos de operaciones de detención en Guantánamo, la razón que les dieron a los oficiales del DoD fue que la posibilidad de que los psicólogos que servían en el centro de detención perdieran sus licencias como muchos estados piden que obedezcan el Código de Éticas de la APA como una condición. Así que, añadiendo la franse innecesaria, la APA pareció estar directamente debilitando el poder de su propia política para limitar las operaciones militares.

El DoD publica nueva guía para la consultoría de psicólogos en interrogaciones ignorando la política de la APA

Parece que ahora los oficiales del DoD, de hecho, tomaron el mensaje de la APA como luz verde. En septiembre del 2019, emitieron una nueva guía de políticas policy guidance para psicólogos. Este documento titulado Behavioral Science Support for Detainee Operations and Intelligence Interrogations (“Apoyo de ciencia de comportamiento para operaciones de detenidos e interrogaciones de información”) crea una nueva categoría llamada Consejeros de Ciencia del Comportamiento (BSC por sus siglas en inglés) que son “psicólogos clínicos con licencia a nivel doctorado” con responsabilidad para consulta ren interrogaciones y otras operaciones con detenidos. Los BSCs también supervisan a los Técnicos Consejeros de Ciencia del Comportamiento (BSCTs). Estas responsabilidades están den violación directa de la política del 2015. (Nota: por más de 15 años antes, el acrónimo BSCT (por sus siglas en inglés) se refería a los Equipos Consejeros de Ciencia del Comportamiento (BSCTs) que incluían psicólogos y/ o psiquiatras y técnicos. El nuevo acrónimo es BSS por Apoyo de Ciencia de Comportamiento. Cambiando el acrónimo, el DoD parece estar intentando separar a estos psicólogos operativos de los reportados previamente que sugerían estar involucrados en abuso de detenidos).

De manera más específica los psicólogos del BSC y el personal del BSCT “están autorizados a realizar evaluaciones psicológicas de carácter, personalidad, interacciones sociales y otras características de comportamiento en sujetos de interrogaciones y dar consultas acerca de las valoraciones de detenidos al personal autorizado que realiza las interrogaciones” (pág. 8). Además de consultar en interrogaciones, el personal del BSS hace juicios “sobre la posibilidad de que el detenido participe en actividades terroristas, ilegales, combatientes o similares en contra de los intereses de los Estados Unidos”. Hoy no está claro cuántos psicólogos del BSC hay o a dónde son enviados. Hace meses envié una consulta a la oficina de prensa de Guantánamo. No he recibido respuesta alguna.

Documentos de orientación previa para los Consultores de Ciencia del Comportamiento tenían discusiones de la relación de esta actividad a las políticas de ética de la APA y de la Asociación Psiquiátrica Americana. Por ejemplo, en octubre del 2006, Memorandum for Commanders, MEDCOM Major Subordinate Commands: Behavioral Science Consultation Policy contenían una discusión detallada de la política permisiva de la APA que dejaba claro que la APA aprobaba la participación de psicólogos en actividades de detención e interrogación. De hecho, este documento incluía las 11 páginas del Reporte de grupo operativo presidencial sobre ética psicológica y seguridad nacional (reporte PENS) de la APA del 2005 como índice.

Más que raro, esta guía del 2019 para psicólogos es claramente una violación de la política de la APA y no tiene mención alguna de la APA, de la política del 2015, del memorándum del DoD del 2006 que discute la dicha política o ninguna otra guía profesional o ética. Aparentemente, el ejército quería evitar la política de la APA afirmando que los BSCs sólo eran voluntaries.

¿Se coordinaron la APA y el DoD acerca de una nueva política?

De manera interesante, la guía del 2019 del DoD declara que el Departamento “asegura que todas las políticas y orientación desarrollada con motive del Programa de Detenidos del DoD que se relaciona con el uso de BSS está coordinado con el ASD(HA)”. El ASD(HA) es precisamente la oficina del Asistente Activo del Secretario de Defensa para Asuntos de Salud por sus siglas en inglés. En otras palabras, fue el recipiente de la carta de la APA de septiembre del 2018 que declaraba que las prohibiciones eran inválidas. El momento de la comunicación de la APA con esta oficina, después de la re autorización del DoD de la participación de psicólogos en operaciones de detenidos que, supuestamente había terminado como resultado de la política del 2015, fuertemente sugería la posibilidad de que había, nuevamente, una coordinación entre algunos oficiales dentro de la APA y el Departamento de Defensa.

Para ser claros, no puedo confirmar definitivamente la existencia de tal coordinación. Sin embargo, varias piezas de información fortalecen mi preocupación de que dicha coordinación sucedió. Primero, parece casi inimaginable que el staff de la política de la APA, que están en contacto cercano con los legisladores en el ejército y en otros lados, no fueran informados de esta nueva política del DoD. Segundo, parece muy poco probable que la Sociedad de Psicología Militar de la APA no estuviera consciente de o potencialmente involucrada en la política de esta nueva política. Tres, desde enero del 2020, personalmente le he comunicado mis preocupaciones acerca de esta política del DoD al staff de la APA y a los oficiales top por lo menos en tres ocasiones. En enero, en su momento, me dijeron que esperara una respuesta dentro de dos semanas. Al siguiente año, después de darle seguimiento, no he recibido respuesta alguna. Cuatro, dado que la APA ha estado consciente de esta política desde enero del 2020 y permanece en silencio, uno solo puede asumir que están cómodos con que el DoD activamente trabaje para socavar la voluntad expresada de los miembros de la APA y del Consejo de Representantes a través de esta orientación de política nueva. Si la APA quiere probar que estoy equivocado, todo lo que tienen que hacer es condenar la política del DoD, dar una explicación creíble a su silencio hasta el día de hoy (no una basada en la improbable afirmación de que no sabían acerca de dicha política) y presentar un plan para revertirla y sancionar a los psicólogos que actúan en violación de la política de la APA.

En una reunión en febrero del 2021 del Consejo de Representantes, líderes de la APA presentaron más evidencia de su repudio por la política propia de la Asociación al premiar con una Distinción presidencial a un psicólogo militar que había estado en Guantánamo antes de la prohibición de la APA en contra de cualquier participación en el sistema injusto en ese lugar. Más aún, este mismo psicólogo militar que un líder en el fallido intento de revertir, en el 2018, la política de la APA del 2015 que prohibía el servicio en Guantánamo. La mención anunciando el premio elogia a este psicólogo por haber “publicado varios libros importantes incluyendo “Psicología militar: aplicaciones clínicas y operativas”. Ese “libro importante” defendía el trabajo de psicólogos en Guantánamo. La expedición de este premio demuestra, como mínimo, que los líderes actuales de la APA ven las reformas de la política del 2015 por la cual lucharon tanto como una molestia menor en lugar de lo que en realidad son: una respuesta casi unánime por parte del Consejo a la exigencia de los miembros para que hagan responsables a los psicólogos operativos.

¿Por qué esto importa?

Además de levantar cuestionamientos en relación las continuas conexiones entre las acciones de la APA y los cambios de política del DoD, el asunto de la participación de psicólogos en interrogaciones de seguridad nacional es importante por varias razones. La primera, eliminar la participación de psicólogos en interrogaciones potencialmente tortuosas de seguridad nacional es una parte esencial de la lucha en contra de la tortura en sí. En el mundo post Segunda Guerra Mundial, incluyendo los casi veinte años desde el 11/9, hemos sabido que la implementación de la tortura por parte del gobierno estadounidense ha involucrado a psicólogos que aportan con su experiencia a la compañía. Al mismo tiempo, su participación ha sido utilizada por abogados gubernamentales para dar protección legal a los torturadores.

Segunda, los esfuerzos anti tortura dentro de la APA son una respuesta al desarrollo del régimen esencialmente sin ley que existe en Guantánamo, uno que previamente ha permitido detención inimaginable por parte del gobierno estadounidense — sin cargos ni juicio — de gente acusada de terrorismo. La existencia de Guantánamo ha sido un reto para los conceptos fundamentales estadounidenses del derecho a un juicio justo bajo el supuesto de ser inocente hasta probar lo contrario.

Tres, la lucha dentro de la APA también se trata de la naturaleza de la profesión psicología. En su código de éticas y declaraciones públicas, la APA — y de manera general la psicología profesional — dice que lleva el bien social bajo un principio de “no hacer daño” característico de las profesiones de salud. Ha sido nuestra afirmación que el involucrarse en interrogaciones es inherentemente contrario a este principio, incluso en los casos en los que los interrogadores no torturan. De este modo la lucha sobre la participación de psicólogos en interrogaciones de seguridad nacional es una pelea acerca de cuál es la naturaleza apropiada de la psicología. Además, esta lucha tiene implicaciones para la mayoría de los psicólogos profesionales cuyo trabajo depende de la confianza pública o la confianza de los que pedimos que participen en estudios de investigación. Si la psicología es conocida como una profesión que lastima gente, la confianza se verá amenazada.

Éticas o psicología operativa

Finalmente, mientras que la participación psicológica en tortura e interrogaciones de seguridad nacional en general ha sido el foco de la lucha, esto es sólo una pequeña parte de la problemática de la participación psicológica con el estado de seguridad nacional. Existe una gama de otros roles para psicólogos que son, en lo mínimo, potencialmente problemáticos. La participación de psicólogos en operaciones militares y de inteligencia, contrastadas aquí con sus roles tradiciones como proveedores de salud a personal militar, es un área competitiva conocida como “psicología operative”. Incluidas en el campo de la psicología operativa están dichas actividades como desarrollo de planes para destruir la reputación de la gente utilizando falsos rumores en el internet, negociaciones de rehenes, estudios de investigación en el que personal militar en servicio es falsamente llevado a creer que están a punto de morir, estrategias de desarrollo para aumentar resistencia a romperse bajo tortura para miembros del ejército en alto riesgo de captura, consultoría en drones para ataque y selección personal de especialidades de alto riesgo, como fuerzas especiales o espionaje.

En una serie de publicaciones y un taller que involucraba la colaboración con éticos y miembros de la comunidad militar y de inteligencia, mis colegas y yo hemos intentado delinear límites entre lo éticamente aceptable y lo éticamente problemático en los roles de la psicología operativa. Uno de los principios que usamos es universalidad: cualquier actividad que esté considerada ética para que un psicólogo estadounidense conducta también debe ser considerada ética para los psicólogos que trabajan para nuestros adversaries. Por ejemplo, si fuera ético para psicólogos nacionales desarrollar estrategias para manipular votantes en otros países, entonces no tendríamos nada que hacer llorando si la ayuda de psicólogos rusos, chinos o iraníes se usó para manipular votos americanos.

Creo que este taller y otros proyectos actuales sobre ética en la psicología operativa son de vital importancia mientras nos enfrentamos a un futuro en donde nuestra profesión, apoyada por nuevas tecnologías, tiene mayor potencial que nunca para influenciar procesos psicológicos y comportamientos. Mis colegas y yo creemos que estas posibilidades de manipulación representan peligros para la sociedad civil que no pueden ser ignorados. La pregunta de actividades apropiadas para psicólogos operativos no es solo para los psicólogos, sino también para que la sociedad en general determine si debemos o no poner límites a las maneras en las que la manipulación psicológica puede ser utilizada para lastimar a otras personas. Si la sociedad no aborda esta pregunta, entonces se les dejará solo a los psicólogos y a la comunidad militar y de inteligencia decidir. Esa posibilidad nos concierne a todos.

También creo que es vital para la profesión aprender lecciones de la participación de líderes de la APA y algunos de sus miembros en las actividades abusivas y problemáticas de la comunidad militar y de inteligencia después del 11/9. Por eso otras personas y yo hemos hecho un llamado para que una comisión de la verdad cree recuento definitivo de la participación de nuestra profesión con la era de interrogación y el programa de detención de Bush para desarrollar un grupo de lecciones aprendidas. Más allá, esta comisión debería presentar recomendaciones acerca de cómo estas lecciones pueden ser comunicadas a psicólogos de carrera temprana y futuras generaciones. Después de la participación de más de ochenta instituciones (incluyendo 44 colegas y universidades y 100 científicos de comportamiento y sociales) en el programa de la CIA MKULTRA y otras investigaciones relacionadas con tortura y lavado de cerebros expuestos en los años 70s, la APA no hizo esfuerzo alguno para aprender lecciones y comunicarlas a futuras generaciones. Como resultado de esto, la profesión no estaba preparade para confrontar los retos impuestos por la “guerra contra el terror” post 11/9. Se lo debemos a las futuras generaciones de psicólogos y al futuro de nuestra sociedad el no repetir este error.

STEPHEN SOLDZ es un psicoanalista, psicólogo, investigador de salud pública y miembro de la facultad de Boston Graduate School of Psychoanalysis. Edita el blog Psyche, Science, and Society. Es el fundador de la Coalición para Psicología Ética, una de las organizaciones que trabaja para cambiar la política de la Asociación Psicológica Americana sobre la participación en interrogaciones abusivas. Es el presidente electo de Psychologists for Social Responsibility [PsySR].


 

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