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Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

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En un fallo histórico, el caso de cuatro sobrevivientes de rendimiento de la CIA y de tortura en “sitios negros” será escuchado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

8 de agosto de 2020
Andy Worthington

Traducido del inglés por El Mundo No Puede Esperar 25 de agosto de 2020


Cuatro de los hombres sujetos a entrega y tortura en la “guerra contra el terror” que los Estados Unidos declaró después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. De izquierda a derecha: Binyam Mohamed y Bisher al-Rawi, Abou Elkassim Britel, ciudadano italiano y Mohamed Farag Ahmad Bashmilah, un yemení.

Cuando se trata de crímenes cometidos por el gobierno estadounidense en la brutal “guerra contra el terror” declarada después de los ataques de septiembre del 2011, las ruedas de la justicia se mueven tan lento que su movimiento es casi imperceptible.

El caso en cuestión involucra a cuatro sobrevivientes del programa de entrega y tortura de la CIA: los residentes británicos Binyam Mohamed y Bisher al-Rawi, el ciudadano italiano Abou Elkassim Britel y Mohamed Farag Ahmad Bashmilah, un yemení. También puedes ver mi extenso archivo acerca del caso de Binyam Mohamed, que cubrí en gran detalle en el 2008 y 2009.

El mes pasado, el 8 de julio, en lo que la ACLU describió como una “decisión histórica”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un tribunal internacional de derechos humanos en Washington D.C, que revisa casos en el continente americano y cuyas sentencias son de carácter vinculante en los estados involucrados, determinó que los cuatro hombres “sobrevivientes del programa secreto de detención y tortura de los Estados Unidos” tienen “el derecho a presentar su caso ante un tribunal regional”.

¿Y esas ruedas de justicia? Bueno, aquí va. El caso fue enviado a la CIDH en noviembre del 2011, después de que una larga búsqueda exhaustiva por la justicia en los Estados Unidos. La ACLU había presentado una demanda en mayo del 2007 en nombre de tres de los hombres, en contra de Jeppesen Dataplan, Inc., un subsidiario de Boeing, cuyo papel como “agente de viaje de la CIA” fue expuesto por primera vez a través de testimonios realizados por un ex empleado de Jeppesen, en un artículo de Jane Mayer para el New Yorker en octubre del 2006.

Como expliqué en un artículo hace diez años:

    En los testimonios que posteriormente fueron entregados al tribunal, Sean Belcher, ex empleado, dijo que el director de Jeppesen International Trip Planning Services, Bob Overby le había dicho que “hacemos todos los vuelos de entrega extraordinaria”, a los cuales se refirió como “vuelos de tortura” o “vuelos escalofriantes”. Belcher declare que “había algunos empleados que no estaban cómodos con ese aspecto del negocio de Jeppesen” porque sabían que “esos vuelos finalizaban” con la tortura de prisioneros, pero añadió que Overby había explicado que “es lo que es, lo seguimos haciendo porque los vuelos de entrega son muy bien pagados”.

En su desplegado de prensa el mes pasado, la ACLU explica cómo “durante los vuelos de entrega, las víctimas son desnudadas, agredidas sexualmente, obligadas a usar pañales, encadenadas y amarradas al piso del avión como parte del proceso brutal llamado “choque de captura”.

Como explicó la ACLU en su página en relación al caso, en febrero del 2008 el tribunal de distrito “descartó su caso en contra de Jeppesen después de la intervención del gobierno, invocando de manera inapropiada el “privilegio de secretos de estado” para evitar escrutinio legal de un programa ilegal”. La ACLU apeló y en febrero del 2009 un panel de tres jueces del Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos escuchó el caso. Barack Obama era presidente, pero el Departamento de Justicia “una vez más acertó que todo el asunto era un secreto de estado”.

En abril del 2009 un panel de tres jueces del Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, encabezado por el juez Michael Daly Hawkins, incluyendo a los jueces Mary M. Schroeder y William C. Canby, Jr. echaron para atrás el fallo anterior, “determinando que el gobierno no puede invocar el privilegio de secretos de estado para desestimar toda una demanda, sino que ese privilegio solo puede ser invocado en relación a evidencia específica”, como lo describe la ACLU.

Escribí acerca de eso en ese momento, cuando Obama llevaba cien días en la presidencia, citando pasajes pertinentes del fallo, incluyendo lo siguiente:

    De base, el gobierno argumenta… que secretos de estado del asunto en cuestión de la demanda y, por lo tanto, requiere una desestimación, cada vez que la queja contenga alegatos, ya sea que la veracidad o falsedad de lo que es clasificado como secreto de estado por un oficial del gobierno. El tribunal de distrito estuvo de acuerdo que desestimar el caso únicamente porque “involucra alegatos” acerca de la conducta secreta de la CIA. Esta caracterización radical de esta barra de “asunto muy subjetivo” no tiene límite lógico. Aplicaría de manera equitativa a ciudadanos estadounidenses, no solo a los nacionales extranjeros y a la conducta secreta cometida en territorio nacional, no únicamente en el extranjero.

    Según la teoría del gobierno, el Judicial debería, de manera efectiva, acordonar todas las acciones secretas del gobierno del escrutinio judicial, inmunizando a la CIA y sus socios de demandas y límites de la ley.

Después del fallo de abril del 2009, el caso fue reenviado de vuelta al tribunal de distrito, sin embargo, antes de que eso sucediera, el gobierno solicitó que el tribunal de apelaciones, un panel de once jueces, escucharan el caso. Eso sucedió en diciembre del mismo año y en septiembre del 2010 la corte revirtió el fallo de abril del año anterior, decisión que llevó, como expliqué en mi artículo en ese momento, a que, por un voto, el tribunal estadounidense aceptara la tortura y la “rendición extraordinaria”.

Como expliqué en mi artículo, “cuando se pidió el fallo acerca de si estos cinco hombres deberían de tener su día en corte o si el gobierno debería de permitir que su demanda legal se desestimara bajo el pretexto de que se expondría información relacionada con la “rendición extraordinaria” y tortura que amenazara la seguridad nacional de los Estados Unidos, la justicia estadounidense contempló verse cuadradamente en el espejo, decirle la verdad al poder y permitir que estos hombres tengan la oportunidad de decir lo que les pasó en un tribunal, pero, de último momento, pero flaquearon y se dieron la vuelta. Por seis votos a cinco, el tribunal decidió que, bajo intereses de seguridad nacional, el día en corte para estos hombres, sería negado”.

En diciembre del 2010, la ACLU “presentó una cierta petición solicitándole a la Suprema Corte una revisión de la decisión de desestimación de la demanda de la otra corte” pero en mayo del 2011 la Suprema Corte rechazó la petición, terminando con las opciones legales en Estados Unidos y llevado a la ACLU, junto con la Clínica de Justicia Global de la NYU (Universidad de Nueva York) a acercarse a la CIDH.

Mientras tanto en los Estados Unidos, la verdad de las aserciones sobresalió todavía más con la publicación, en diciembre del 2014, de un resumen ejecutivo del reporte del Comité Selecto del Sendo sobre Inteligencia del programa de tortura de la CIA, que tomó cinco años completarse y que, dañino para la CIA y el gobierno de Bush, condenó el programa por ser brutal y contra productivo. Ciento diecinueve víctimas de rendición y tortura fueron nombradas en el reporte incluyendo a Binyam Mohamed, Bisher al-Rawi y Mohamed Farag Ahmad Bashmilah, aunque, como un gran número de prisioneros no fueron detenidos específicamente en “sitios negros” de la CIA, pero en otro tipo de instalaciones, por ejemplo, Marruecos, Jordania, Siria o Egipto, Abou Elkassim Britel (detenido en Marruecos) no fue mencionado. Mohamed and al-Rawi fue uno de dos, de los cuatro, detenidos en Guantánamo.

Después del fallo reciente de CIDH, la ACLU explicó que “para que el caso siguiera adelante, la Comisión Interamericana encontró que “insuperables obstáculos dentro del sistema legal estadounidense previene que las víctimas del contra terrorismo obtengan remedios ante los tribunales”.

Steven Watt, abogado senior del staff con el Programa de Derechos Humanos de la ACLU dio “la Comisión encontró que las víctimas de rendición extraordinaria y tortura pueden tener sus casos escuchados, no como los tribunales estadounidenses. La búsqueda de nuestros clientes por justicia por décadas finalmente ha sido recompensada”.

La ACLU mencionó que la CIDH “encontró que los Estados Unidos son responsables bajo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de respetar los derechos de todos los que están bajo el control estadounidense incluso cuando dichas personas se encuentren localizas fuera del país”. Después de la decisión para proceder, el CIDH “considerará ahora los méritos de los reclamos legales de los sobrevivientes, incluidas las violaciones de derechos consagradas en la Declaración Americana”.

La profesora Margaret Satterthwaite, directora de la Clínica de Justicia Global de la NYU y consejera del Sr. Bashmilah dijo que “en momentos en los que la administración de Trump se encuentra haciendo todo lo que está en su poder para impedir responsabilidad para los Estados Unidos por tortura, esta decisión demuestra que este país no está por encima de la ley. El presidente Trump ha atacado sin cesar a las instituciones internacionales de justicia, recientemente con una orden ejecutiva autorizando las sanciones contra la CPI (Corte Penal Internacional) por investigar a Estados Unidos por crímenes de guerra. La decisión de la Comisión Interamericana para aceptar este caso muestra que la búsqueda de responsabilidad no será sofocada”.


 

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