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Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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(Nuevo)
03-15-11

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El coronavirus y la población extraordinariamente vulnerable de Guantánamo

Andy Worthington
EurasiaReview
4 de abril de 2020

Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 23 de abril de 2020

Desde que el coronavirus comenzó a esparcirse de manera alarmante a nivel global, aquellos que trabajan con y a favor de los prisioneros, ha sido consciente de la amenaza que representa para aquellos encarcelados. Esto aplica, como han mencionado los comentaristas, mientras piden acción urgente, a los millones de prisioneros alrededor del mundo quienes se encuentran encarcelados después de ser encontrados culpables, así como, en algunos países, a los prisioneros políticos.

En el Reino Unidos, abogados le piden al gobierno, inútilmente, que liberen a Julian Assange, quien se encuentra en la prisión de máxima seguridad en Belmarsh, Londres, luchando contra los esfuerzos del gobierno británico de extraditarlo a los Estados Unidos para enfrentar cargos completamente inapropiados de espionaje en relación a su trabajo con Wikileaks; y en los EE. UU. también subrayando los peligros que enfrenta un país que tiene 2.2 millones de prisioneros domésticos, la cantidad más grande por persona en el mundo, algunos activistas han destacado los peligros que el virus representa para los 40 hombres que se encuentran detenidos en la prisión de la bahía de Guantánamo, todos por entre 12 y 18 años, y casi todos encerrados de manera indefinida sin cargos ni juicio.

La difícil situación de los prisioneros en Guantánamo fue particularmente destacada hace ocho días, el pasado 24 de marzo, cuando la Marina estadounidense anunció, en un comunicado de prensa, que un marinero de la base había “salido positivo por COVID-19” y se encontraba “actualmente bajo evaluación y tratamiento”. El desplegado de prensa de la Marina añadió que el Departamento de la defensa había ya “notificado a las autoridades de la salud pública acerca del resultado positivo” y que habían “tomado las precauciones prudentes” para asegurar que el miembro de servicio estuviera “recibiendo el cuidado apropiado”. También se mencionó que le marinero estaba “en ese momento aislado en su hogar y restringido en movimiento siguiendo las estipulaciones del Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y de Lineamientos de Prevención” y que los esfuerzos para rastrear recientes contactos que haya tenido el marino se estaban llevando a cabo”.

El comunicado de prensa también mencionó que “la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo ha desarrollado una estrategia de mitigación agresiva para minimizar la expansión del COVID-19 y para proteger la salud de nuestra fuerza” pero, como expliqué en una anotación en Facebook después de las noticias, “ninguna mención se hizo acerca de la protección de la salud de los 40 detenidos a su cargo, que no es ninguna sorpresa, pero es cruel”.

Añadí que “lo que debería suceder ahora es que los prisioneros que no estén enfrentando un juicio, y que probablemente jamás lo hagan, podrían de ser liberados, pero desafortunadamente es poco probable que sea llamativo para un gobierno cuya cabeza es Donald Trump, a quien no le importa y quien no se le puede hacer que le importe”.

Desafortunadamente creo que es verdad que Trump no tendrá interés alguno en liberar a ninguno de estos hombres, pero me da gusto mencionar que, ayer, Scott Roehm, director en Washington del Centro para Víctimas de Tortura (o Center for Victims of Torture), escribió un artículo para Just Security en el que hace un llamado para otras respuestas prácticas que deberían de ser proporcionadas por el gobierno. Concretamente, otorgarle a los prisioneros y a sus abogados “cualquier protocolo, plan o lineamiento” para “prevenir que el COVID-19 llegue a las instalaciones de detención” y para lidiar con él si esto llegara a suceder, dándoles a los abogados los registros médicos (si el prisionero está de acuerdo), pidiéndole al Congreso que permita que los prisioneros sean transferidos a territorio estadounidense para cualquier emergencia médica”, evadir el aislamiento de los prisioneros cuando sea posible y designando a un jefe médico como solicitó la Ley Nacional de Autorización de la Defensa.

Se tiene toda la esperanza de que el gobierno ponga atención y de que la prensa retome la importancia de intentar garantizar la seguridad de los detenidos en Guantánamo durante la crisis del coronavirus, especialmente porque, como lo explica Scott Roehm, varios prisioneros tienen serios problemas de salud, lo que los hace particularmente vulnerables al virus. Saifullah Paracha, el detenido más Viejo, cuyo caso he revisado de cerca en los catorce años que llevo dedicándole mi vida a la cobertura de Guantánamo y a lograr que cierre, y a quienes dediqué mi más reciente artículo publicado la semana pasada titulado Uzair Paracha, víctima de las mentiras torturadas del terrorismo es liberado de la prisión estadounidense. ¿Por qué su padre continúa detenido en Guantánamo?. Nashwan al-Tamir (también conocido como Abd al-Hadi al-Iraqi), un “detenido de alto valor” que fue candidato para juicio, que sufre de problemas severos de espalda que no han sido adecuadamente abordados con las cuatro operaciones realizadas en Guantánamo en los últimos seis meses; Sharqawi Al-Hajj, de quien también he escrito extensamente es un huelguista de hambre de mucho tiempo que intentó quitarse la vida el año pasado y cuya salud está bastante en riesgo.

Apenas ayer, de hecho, mientras era publicado el artículo de Scott Roehm, una carta suya y de otro experto fue enviada al secretario de la defensa Mark Esper, mencionando que “La salud del Sr. Al Hajj se ha deteriorado significativamente de nuevo”, animado a que Esper “tome las medidas apropiadas para mitigar la situación antes de que sea catastrófica”.

Como explicó en su artículo Scott Roehm, otro desafortunado efecto del coronavirus ha sido que “acceso a abogados” ha sido “severamente restringido debido al virus”, convirtiendo en algo “esencialmente imposible” las visitas de abogados, cortando la única línea independiente de vida para los prisioneros y también cercenando las pocas visitas permitidas para expertos médicos independientes. Sumándole a esto, “se suspendió el sistema de paquetería legal a y desde Guantánamo”, pero Roehm explica que la respuesta a todos estos problemas, en estos tiempos difíciles, es que las autoridades estén abiertas al uso de vídeo conferencias.

Entré en shock cuando me di cuenta de que los hombres encerrados ahí están actualmente completamente desconectados del mundo exterior debido al virus, que, para mí, significa que absolutamente esencial ejercer presión sobre el gobierno de Trump para que responda a las exigencias de Scott Roehm. Estuve analizando su artículo y si estás de acuerdo con que urge tomar acción, por favor contacta a tus senadores y representantes si vives en los Estados Unidos y escribe a los medios para pedir que cubran esta historia.


Las precauciones en Guantánamo para el COVID-19 deben salvaguardar los derechos de los detenidos

Scott Roehm, Just Security, 31 de marzo del 2020

Mi colega Daphne Eviatar escribió un excelente artículo la semana pasada acerca de las implicaciones en derechos humanos de la “guerra” contra el COVID-19, en el cual observa de manera correcta que “el medio billón de dólares gastados por año en una prisión fuera del territorio para 40 hombres a los cuales se les ha negado cargos justos o juicios sería mejor utilizado ciertamente para proveer verdaderos “servicios esenciales” en los tiempos de crisis nacional”. Por supuesto, Daphne se refería al centro de detención en la bahía de Guantánamo.

¿Pero qué sucederá cuando el COVID-19 llegue a Guantánamo? Tristemente eso ya pasó: el primer caso de COVID-19 fue reportado el pasado 24 de marzo. Un miembro de la marina estadounidense en la base dio positivo. Mientras que el marino aparentemente no está involucrado en operaciones de detención, la presencia local del virus, aunado a ciertas medidas que el Departamento de la Defensa está tomando para prevenir un brote mayor, pone en peligro tanto a los detenidos como sus ya limitados derechos.

Los 40 detenidos que permanecen en Guantánamo están envejeciendo y su salud está deteriorándose cada vez más, lo cual los hace particularmente vulnerables al virus.

Por ejemplo, Saifullah Paracha tiene 72 años, ha tenido dos ataques al corazón y actualmente sufre de “diabetes, enfermedad coronaria arterial, diverticulosis, gota, psoriasis y artritis”.

Nashwan al-Tamir ha tenido cuatro cirugías de columna en los últimos 18 meses, no se ha recuperado completamente y continúa sufriendo.

Sharqawi Al Hajj, quien expertos médicos independientes previamente han descrito como riesgo de “colapso corporal total” debido a una combinación de efectos de las huelgas de hambre y la tortura de la CIA, intentó suicidarse el año pasado y su salud ha comenzado a deteriorarse nuevamente (al punto en que mi organización y los Médicos por los Derechos Humanos le escribieron hoy al Secretario de la Defensa Esper buscando una intervención de emergencia. La lista sigue.

También existe la debilidad física y psicológica asociada con casi dos décadas de detención indefinida que marca la población de detenidos, así como la realidad de que muchos de los detenidos son sobrevivientes de tortura que tienen daño físico y/o psicológico derivado de esa práctica.

Si el COVID-19 atacara a esta población, las consecuencias serían catastróficas, especialmente dada la bien documentada falta de capacidades médicas en Guantánamo, incluyendo el equipo y experiencia insuficientes para abordar las necesidades de salud atípicas.

Pero incluso si el virus no alcanzara a los detenidos, algunas de las precauciones que en Guantánamo se están tomando, ausentes esfuerzos para mitigar los aspectos del impacto, podría socavar los derechos de los detenidos y comprometer su salud.

Un primer ejemplo es el acceso a consejo legal, que ahora ha sido severamente restringido por el virus. Las visitas personales son esencialmente imposibles, incluso si el abogado pudiera encontrar una manera de volar a Guantánamo, se le pediría que estuviera en cuarentena por dos semanas al llegar, después dos semanas para regresar a territorio nacional. Los abogados no pueden representar a sus clientes el precio a pagar es visitas cada cuatro semanas o habilidad perdida o reducida para otorgarles servicios legales, sin mencionar los riesgos a su salud.

Más aún, el servicio postal jurídico desde y hacia Guantánamo fue recientemente suspendido y, mientras que medidas temporales han sido puestas en marcha, habrá un impacto tanto en privilegios como en frecuencia del correo jurídico para los detenidos. Finalmente, el acceso remoto es extremadamente limitado (especialmente para los detenidos de “alto valor”); no porque sea técnicamente inviable, sino porque el Departamento de la Defensa ya prohibido uso más amplio.

Las restricciones al consejo legal también tienen consecuencias negativas sobre la salud de los detenidos, exacerbando condiciones pre existentes que en Guantánamo se ha probado, con el paso del tiempo, que no quieren abordar o no pueden hacerlo de manera adecuada, en todo, eliminando el acceso a expertos médicos independientes.

El Sr. Al Hajj, mencionado anteriormente, es el punto de esto. En agosto del año pasado, intentó cortarse las muñecas con un trozo de vidrio roto durante una llamada telefónica con su abogado. Amenazó con hacerse más daño al poco tiempo. Todo el tiempo, dos psicólogos independientes con los cuales el Sr. Al Hajj estuvo en contacto lo caracterizaron como “activamente” suicida.

Según el Sr. Al Hajj y su abogado, mientras que su cuidado eventualmente mejoraría, la respuesta inicial del staff de Guantánamo fue peligrosamente inadecuado: el Sr. Al Hajj dio que fue movido a “condiciones de aislamiento” en una celda “congelada” y le negaron cobijas y ropa calientita, ambas cosas en contra de las recomendaciones de sus doctores en Guantánamo.

El Sr. Al Hajj está, aparentemente, en crisis nuevamente, pero en esta ocasión con la mínima capacidad para comunicarse con el mundo exterior. Como sobreviviente de tortura y, especialmente, dado su historial de salud mental, el Sr. Al Hajj necesita conexiones humanas de confianza. No puede formar esas conexiones con el staff en Guantánamo, un fenómeno que es común entre detenidos, tanto porque los Estados Unidos son culpables de su tortura como porque el personal médico estadounidense fue cómplice de la misma, en Guantánamo. Este nivel en aumento de aislamiento podría, en tanto, acelerar su decline.

Las restricciones actuales también terminarán con las visitas periódicas de expertos médicos independientes, para la minoría de los detenidos que todavía son visitados periódicamente. Como expliqué aquí previamente, los detenidos no habían sido capaces de tener expertos médicos independientes sin el proceso de litigación y es por eso que el acceso de esos expertos dependen del acceso legal.

Nada de esto es para decir que el Departamento de la Defensa no debería de tomar medidas razonables y apropiadas, consistentes con las recomendaciones de los expertos en salud pública, para proteger a todos en Guantánamo de la exposición al COVID-19, pero ellos no necesitan ir más allá para infringir los derechos de los detenidos en el nombre de la salud y de mantenerlos a salvo. Para empezar, el Departamento de la Defensa debería, inmediatamente:

  • Entregarles a todos los detenidos y a sus abogados (ambos, tanto de habeas como de comisiones militares) cualquier protocolo, plan o lineamiento, incluidos las actualizaciones a tiempo si existieran cuando ocurrieran, para prevenir que el COVID-19 llegue al centro de detención, para identificar y hacer pruebas a potenciales infectados y para poder darles un rango de cuidados que pudieran ser necesarios si algún detenido sale positivo.
  • Expandir dramáticamente el acceso remoto a abogados y a expertos médicos independientes vía videoconferencia, en particular, para todos los detenidos
  • Sujeto al consentimiento de los detenidos, proveer inmediatamente a sus abogados y a otras partes interesadas que autoricen (especialmente a los expertos médicos independientes) copias completas y sin censura de sus registros médicos, incluyendo toda la información y actualizaciones
  • Buscar que el Congreso transfiera a los detenidos a los Estados Unidos para cuidados de urgencia
  • Evitar el uso de aislamiento en la máxima extensión posible consistente con el estándar de cuidado médico que el presidente Donald Trump firmó como parte del año fiscal de la Ley de Autorización de Defensa Nacional del 2020 (National Defense Authorization Act (FY2020 NDAA)*) y con las recomendaciones de los expertos en salud pública por cómo abordaron el COVID-19
  • Designar un Oficial Médico en jefe como requiere la sección 1046 del FY2020 NDAA

Algunos de estos puntos podrían parecer medidas drásticas para aquellos que están inmersos en la historia de Guantánamo, pero no lo son. Son medidas razonables y sensibles para la salvaguarda de los derechos de los detenidos, de su salud y de la salud de todos en Guantánamo de frente a la pandemia del COVID-19.

*Por sección 1046 del FY2020 NDAA, todos los detenidos deben recibir “valoración y tratamiento que sea aceptado por expertos médicos y reflejado en literatura médica revisada por colegas como el abordaje apropiado médico para una condición, síntomas, enfermedad o padecimiento y que sea ampliamente utilizado por profesionales del campo de cuidado de la salud”.


 

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