Cómo la ley fracasó en Guantánamo
16 de julio de 2021
Andy Worthington
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 6 de agosto de 2021
Las celdas aisladas del Campamento 5 en Guantánamo, en donde los “detenidos de alto valor” llevados a la
prisión desde “sitios negros” de la CIA en septiembre del 2006 fueron
recientemente transferidos después de que su bloque anterior, Campamento 7, fuera
juzgado como inadecuado e inapropiado.
|
Hace tan solo cinco días, el 11 de julio, la prisión de la bahía de Guantánamo marcó otra
fecha triste e injustificable en su larga
historia — diecinueve y medio años desde que abrió sus puertas el 11 de enero del 2002.
Desde el comienzo, Guantánamo fue un proyecto de extralimitaciones ejecutivas — del
gobierno de Estados Unidos, bajo George W. Bush, decidiendo que, después de los
ataques del 11/9, las reglas normales sobre el encarcelamiento de combatientes
durante tiempos de guerra deberían ser puestas aparte. Los hombres que llegaron
fueron privados de las protecciones de la Convención de Ginebra y fueron
designados como “enemigos combatientes ilegales”, quienes, decía el gobierno de
Bush, podrían ser detenidos indefinidamente. Para aquellos quienes han sido
acusados con algún crimen, esa administración revivió el sistema de juicios de
comisiones militares, utilizado para los saboteadores alemanes durante la
Segunda Guerra Mundial, decidiendo que los actos de terrorismo — e incluso
algunas acciones que eran parte de la guerra como tiroteos — eran crímenes de
guerra. El resultado fue que los soldados que eran considerados terroristas y
supuestos terroristas eran considerados guerreros. A los primeros se les
negaron todas las nociones de justicia y a los segundos se les dio un encuentro
legal que llevaría a su ejecución después del juicio.
El desorden que garantizó todavía no ha sido adecuadamente abordado. Casi dos años
y medio después de que Guantánamo abriera, la Suprema Corte tomó un paso
inusual al otorgarles derechos de habeas corpus a prisioneros de guerra, habiendo
reconocido que los hombres detenidos no tenían manera alguna de retar la base de
su encarcelamiento si, como muchos dijeron, habían sido arrestados por error.
Ese fallo, Rasul v. Bush, le permitió a los abogados entrar a la prisión para
comenzar a preparar casos de habeas corpus pero el mismo día, en otro fallo, Hamdi v. Rumsfeld, la
Suprema Corte aprobó que Guantánamo fuera la sede del ejercicio de una versión
de detención paralela para las políticas de detención en época de guerra de las
Convenciones de Ginebra decidiendo que los prisioneros podían ser detenidos
hasta que terminaran las hostilidades; un movimiento imprudente dado que el
gobierno de Bush se refería a eso como la “guerra contra el terror” como una
guerra global que ignoraba el contexto geográfico que podría durar varias generaciones.
De manera separada, la CIA había sido empoderada para ensuciar las aguas todavía
más al tener permitido detener a prisioneros que sospechaban ser de “alto
valor” en “sitios negros”, prisiones secretas endosadas por regímenes
complacientes alrededor del mundo en donde los detenidos eran víctimas de
programas de tortura que, retando a las leyes internacionales y domésticas,
habían sido aprobados por abogados de la Oficina de Consejo Legal del
Departamento de Justicia (OLC por sus siglas en inglés), que es el organismo
legal encargado de dar opiniones legales objetivas a la rama ejecutiva. Un
tercer fallo de la Suprema Corte, en junio del 2006, Hamdan v. Rumsfeld,
revocaron a las comisiones militares por ilegales, mientras que le recordaban
al gobierno de Bush que el Artículo
3 común de las Convenciones de Ginebra ;— la prohibición del uso de la tortura y “cruel, humillante y degradante
tratamiento” — aplicaba a todos los prisioneros bajo control estadounidense. Los
“sitios negros” subsecuentemente cerraron y los 14 “detenidos de alto valor”
fueron llevados a Guantánamo, en donde una versión mejorada de las comisiones,
aprobadas por el congreso, supuestamente daban un espacio más justo para sus
subsecuentes enjuiciamientos.
El cuarto fallo, a la fecha, de la Suprema Corte y el último en relación a
Guantánamo vino en junio del 2008. Boumediene v. Bush como resultado
de la respuesta del congreso a Rasul v. Bush, cuatro años antes,
aprobando la legislación designada para evitar que los prisioneros ejercieran
sus derechos de habeas. La Corte dijo que el congreso había actuado de manera
inconstitucional y les dio a los prisioneros derechos que constitucionalmente
les garantizaba derechos de habeas corpus.
En el 2021, tristemente, Guantánamo sigue siendo un lugar sin ley. Boumediene v. Bush llevó
a un periodo de dos años en el que los jueces fueron capaces de revisar de
manera objetiva la supuesta evidencia que el gobierno tiene contra los
prisioneros, decidiendo,
en 38 casos, que el gobierno había fracasado en demostrar, incluso con un estándar
bajo, que los hombres en cuestión tuvieran una conexión significativa con
al-Qaeda o los talibanes, ordenando, por ende, su liberación. Vergonzosamente,
los jueces de los tribunales de apelación motivados políticamente
subsecuentemente cambiaron las reglas, revocando seis de esas decisiones y
eventualmente clausurando habeas corpus para los prisioneros ordenándoles a los
jueces que tomaran en cuenta la evidencia del gobierno — por ridícula que fuera
— como
presumiblemente precisa; y en estos años la Suprema Corte ha rechazado
varias oportunidades de tomar nuevamente el control.
Y en relación a las comisiones militares, doce prisioneros han pasado por el
proceso, dos a través de juicios y seis con acuerdos, aunque muchos fueron
rechazados en apelaciones, bajo la base predecible de que el congreso había inventado
los crímenes de guerra por los cuales fueron condenados. Mientras tanto, los
juicios de “alto valor”, incluyendo aquellos cinco hombres acusados de ser
parte de los ataques del 11/9, están inmersos en audiencias sin final alguno,
mientras el gobierno intenta borrar cualquier mención de tortura, a la cual
fueron sujetos estos hombres, mientras que los equipos defensores insisten en
que exponer la tortura es la única manera de obtener lo que pudiera parecer un
juicio justo.
Estos son mis pensamientos diecinueve años después de que la prisión en la bahía de
Guantánamo abriera y estaban destinados para ser la introducción de un artículo
importante que fue recientemente publicado en el Atlantic, escrito por Benjamin
Farley, un abogado del equipo legal Defensor de Ammar al Baluchi, uno de los
cinco hombres acusados de estar involucrados en los ataque del 11/9. El
artículo de Farley se titula “El cuento de hadas que a Estados Unidos le
encanta contarse” y lo pongo aquí abajo porque da un recuento interno poderoso
de cómo la ley ha fallado en Guantánamo y, más importante aún, de lo que el
presidente puede hacer acerca de eso si es que su deseo de cerrar la prisión es sincero.
Espero que tengas tiempo de leer el artículo de Farley completo, porque llega a
lugares y da detalles que mis propios esfuerzos no han logrado y espero que el
presidente Biden escuche sus conclusiones acerca de lo que necesita hacerse
ahora para restaurar el estado de derecho. Antes que nada, pide el cierre de
Guantánamo y la liberación inmediata de 28 hombres, de 40 (39 al
momento de esta traducción), que no han sido acusados. Después, hace un
llamado para que los acuerdos a los que algunos llegaron sean negociados para
los diez hombres que actualmente se encuentran enfrentando juicio. También hace
un llamado para que el reporte complete de Inteligencia del Comité Selecto del
Senado acerca de las entregas e interrogación (el reporte de tortura de la CIA)
sea publicado y, de manera innovadora, le pide al gobierno de Biden que evite
cualquier posible repetición de los desastrosos errores de las últimas dos décadas
al “convocar a una conferencia internacional que apunte a articular las leyes
de guerra aplicables a conflictos armados no internacionales”.
El cuento de hadas que a Estados Unidos le encanta contarse
Por Benjamin R. Farley, The Atlantic, junio 29, 2021
El país cree que sus políticas son como un péndulo, meciéndose hacia atrás y hacia adelante
en un punto medio. Pero desde el 11/9, el péndulo ha estado atorado.
A muchos estadounidenses les gusta contarse a sí mismos la historia cerca de las
decisiones que el país toma en tiempos de crisis nacional. Vemos las políticas
de nuestro país como un péndulo. Podemos sobre reaccionar al principio,
sacrificando temporalmente los principios y derechos por la emergencia que se
presenta, pero eventualmente la crisis retrocede y, para restaurar nuestro compromiso
a los principios fundacionales y el estado de derecho, empujamos el péndulo
hacia el equilibrio.
Esta historia es reconfortante, hace sentido de las reacciones de Estados Unidos a
las crisis a través de la historia. De hecho, he usado esta historia de manera
repetida para explicar las políticas post 11/9 en este país incluso jugando una
pequeña parte en ella. Del 2013 al 2017 fui consejero de la oficina de enviados
especiales para el cierre de Guantánamo del Departamento de Estado. Desde el
2017 he sido abogado en la Organización de Defensa de las Comisiones Militares
del Departamento de la Defensa, en el equipo que representa a Ammar al Baluchi—
uno de los hombres que enfrenta la pena de muerte en Guantánamo ante la
comisión militar del 11/9. Pero lo que escribo aquí representa mis propios
puntos de vista y no los del Departamento de Defensa. Desafortunadamente la
historia que he contado de la exageración post 11/9 y el exceso ratificado por
las instituciones estadounidenses parecen más un cuento de hadas cada vez más,
no obstante la que el gobierno de Biden pudiera hacer verdadera.
Nuestro péndulo se movió en las secuelas de uno de los actos terroristas más
devastadores de la historia, cuando el entonces presidente George W. Bush
adoptó un set de políticas inextricablemente extraordinarias ligadas con el
centro de detención en la bahía de Guantánamo en Cuba. Esas políticas post 11/9
constituyeron una partida significativa de las leyes y valores estadounidenses.
Bush le
autorizó a la CIA secuestrar y detener individuos, que se creía tenían
enlaces con al-Qaeda, en calabozos secretos alrededor del mundo. En estos
lugares — “sitios negros” — los Estados Unidos encarcelaron de manera
incomunicada a hombres a los cuales torturaron violando tanto la prohibición
universal como la propia repudiación vocal de su país sobre esa práctica.
La llamada “interrogación mejorada” incluía, entre otras tácticas aberrantes,
encapuchar prisioneros, desnudez forzada, privación de sueño con inducción de alucinaciones,
golpizas que provocaban conmociones cerebrales, así como crímenes de guerra que
Estados Unidos había previamente perseguido como el “waterboarding”. En algunos casos, el personal estadounidense trató
a hombres como mi cliente como “maniquíes de prueba”, atormentándolos sin
intentar siquiera recolectar información. Por lo menos 26 de 119 hombres que
Estados Unidos sabía estaban encarcelados como parte de su programa llamado
“Entrega, Detención e Interrogación” no deberían haber estado ahí, según el
propio estándar del programa. Un sitio negro fue incluso localizado
con la prisión fuera del territorio en Guantánamo, establecido bajo Bush en
donde casi 800 hombres han sido detenidos, supuestamente bajo las leyes de
guerra pero más bien sin la protección que la ley otorga.
A los casi cinco años de “Guerra Global contra el Terror”, el péndulo parecía
haberse movido de regreso al equilibro cuando la Suprema Corte pasó Hamdan v. Rumsfeld. Esa decisión rechazó la extrema
interpretación de las leyes de guerra del gobierno de Bush, que regulan la
manera de conducir la guerra, incluyendo el trato de enemigos capturados, el
esfuerzo por ser más humanos y prometió un regreso a los principios profesados
por tanto tiempo y al estado de derecho. Sin embargo, en los quince años desde
entonces, el congreso, la rama ejecutiva y los tribunales federales han nutrido
esa decisión y arrestado el curso del péndulo. Hoy, 40 hombres envejecidos y
enfermos, muchos de los cuales fueron víctimas de tortura o trato inhumano y
degradante por parte de los estadounidenses, continúan en custodia estadounidense en
la bahía de Guantánamo bajo un régimen de detención que conforma un poco mejor
las leyes de guerra ahora que en el 2006.
Desde el principio, Estados Unidos ha declarado que las leyes de guerra autorizan el
encarcelamiento de hombres en Guantánamo durante la duración de la guerra con
al-Qaeda. El gobierno de Bush concluyó improbablemente que la novedad de esa
guerra excluía la aplicación de protecciones de la ley de guerra,
particularmente la Convención de Ginebra, para la detención que dicen que la
guerra justificó. Contrario a las leyes de guerra, el gobierno de Bush
transportó detenidos a un lugar lejos de su campo de batalla con al-Qaeda. Se
rehusó a tratar a esos hombres como prisioneros de guerra y fracasó en convocar
tribunales que determinaran su estatus apropiado bajo la ley. También se negó a
aplicar el Artículo 3 que hubiera prohibido la tortura de detenidos, así como
el trato cruel o inhumano. Torturó
por lo menos dos detenidos
en custodia militar en Guantánamo (en lugar de custodia de la CIA).
Pretendió establecer comisiones militares — tribunales estadounidenses
tradicionales de ley de guerra — que no solo no tienen garantías de juicio
justo sino que fracasan en aplicar los requisitos necesarios del Código
Uniforme de Justicia Militar. A pesar de estas desviaciones de la ley y de los
principios, los Estados Unidos estaban despreocupados por su inusual régimen de
detención en Guantánamo porque razonó que sus actividades estaban más allá del
alcance de la constitución y los tribunales nacionales. De hecho, un oficial de
la administración de Bush describió Guantánamo como el equivalente legal del
espacio exterior por la teórica y residual soberanía de Cuba sobre el contrato
de arrendamiento perpetuo de los Estados Unidos ahí.
Después, el 29 de junio del 2006 la Suprema Corte decidió Hamdan, llevando a creer a varios
observadores legales que el péndulo finalmente había sido empujado de vuelta por
la imposición de la ley y la supervisión legal de lo que está sucediendo en
Guantánamo. En Hamdan, el segundo de tres casos grandes en Guantánamo
resueltos entre 2004 y 2008, la Suprema Corte falló que el presidente Bush
abusó de su autoridad al ordenar tribunales militares para los detenidos en
Guantánamo que se desviaban radicalmente de la Convención de Ginebra y el UCMJ.
Hamdan pareció dictar que el régimen de detención en Guantánamo a
partir de entonces sería conforme a las leyes de guerra. La tortura y el trato
cruel, inhumano y degradante estarían prohibidos. La justicia se lograría
únicamente por tribunales regularmente constituidos que pudieran satisfacer las
garantías de juicio justo internacionalmente reconocidas. Con la decisión
crucial de Boumediene v. Bush
de la Corte en el 2008, se les garantizó a los detenidos en Guantánamo la habilidad de buscar
la revisión judicial en tribunales federales en Estados Unidos tanto de la legalidad como de
las condiciones de su detención, aparentemente consagrando la fuerza de la ley de guerra ahí.
Desafortunadamente, en los quince años posteriores a Hamdan, la promesa de ese fallo — y el de
Boumediene — han probado, como el cuento de hadas, ser demasiados buenos para ser verdad. Sólo
dos meses después de Hamdan, Estados Unidos transfirió a 14
víctimas de su programa de tortura a Guantánamo. Aunque estos hombres
estaban ahora, supuestamente,
en custodia militar, la CIA retuvo control
operativo sobre ellos. Aunque aparentemente ahora eran detenidos de ley de
guerra, continuaban a estar privados de acceso significativo a sus familias.
Aunque fueron transferidos a Guantánamo expresamente
para enfrentar juicios (justos) bajo las comisiones militares — y
aunque la Suprema Corte ya les había garantizado acceso a representación legal
— Estados Unidos continuó a evitar que hablaran o se reunieran con abogados por
lo menos
un año
más. Y, aunque ningún juicio justo necesariamente excluye la evidencia derivada
del uso de la tortura, Estados Unidos continuó a apoyarse en los beneficios de
la tortura mediante el uso
de agentes de FBI que habían estado íntimamente involucrados en el programa de tortura para supuestamente
reunir evidencia “limpia” para usarse en los juicios. De hecho, los frutos
de las interrogaciones contaminadas por tortura permanecen siendo
la base de los procesos penales en Guantánamo hasta el día de hoy. Un
juez militar incluso autorizó a los fiscales utilizar, en procedimientos
previos a juicio, declaraciones extraídas de la tortura en sitios negros, como
si aquellos hubieran sido testimonios de oídas.
En los años desde Boumediene, posiciones agresivas contenciosas adelantadas por
los Estados Unidos en los procedimientos de habeas corpus en Guantánamo,
combinadas con diferentes tribunales federales de apelación hicieron
del proceso judicial de revisión de detención algo más que una letra muerta.
El Circuito de D.C estableció un tiempo estándar de detención para tiempos de
guerra tan expansiva que abarca no solo hombres que lucharon contra los Estados
Unidos sino algunos que jamás lo hicieron e incluso hombres
que fueron rechazados por al-Qaeda. Es un estándar tan Amplio que Estados
Unidos parece creer que apoya la continua
detención de un miembro de Hezb-e-Islami Gulbuddin, un grupo que se
rendió hace 5 años ante los Estados Unidos y posteriormente se convirtió en
aliado estadounidense.
Durante ese mismo periodo, el congreso escribió la mayoría de la ley de guerra acerca
de la detención bajo la ley de guerra en la bahía de Guantánamo. A través de la
Ley de Comisiones Militares del 2006, el congreso prohibió que los hombres
detenidos en Guantánamo dependieran de la Convención de Ginebra para establecer
parámetros para su detención. El congreso también modificó la Ley de Crímenes
de Guerra para aislar al personal estadounidense de responsabilidad por
violaciones de las leyes de guerra, incluyendo
ultrajes contra la dignidad de la persona y violaciones a las protecciones del
proceso legal debido.
Por su parte, a pesar de que repetidamente
se ha dicho que la detención en Guantánamo es “informada acerca de los
principios de las leyes de guerra”, la rama ejecutiva — a través de los
gobiernos de Bush, Obama y Trump — emasculó el poder regulatorio de aquellas
leyes al escoger a las autoridades mientras desechaban sus obligaciones en
Guantánamo. Por ejemplo, los Estados Unidos confundieron categorías legales
distintas y regímenes legales absurdos, asegurando que sus detenidos en
Guantánamo pueden ser detenidos durante la duración de su guerra con al-Qaeda,
como si fueran soldados bajo la tercera Convención de Ginebra, incluso
aunque establece un proceso de revisión de detención que se parece al que se
aplica a civiles bajo la cuarta Convención. Sin embargo, al hacerlo, ha
fracasado en adherirse, aunque sea a una parte de los Principios de Copenhague,
escritos por los Estados Unidos al insistir que tal revisión es a discreción y
en prohibir que haya reconsideración del subyacente encarcelamiento de
prisioneros nacionales. Peor aún, la detención continua por años de hombres que
Estados Unidos ya no cree debe estar encarcelados es inconsistente con el
principio fundacional de ley de guerra de la necesidad militar que aprueba la
detención como un expediente de batalla en primer lugar.
De manera similar, la rama ejecutiva se rehúsa a aplicar principios fundamentales
y humanitarios de la ley de guerra en Guantánamo. Tan reciente como enero 11 de
este año, en un esfuerzo por evadir una orden federal, la rama ejecutiva alegó
de forma retroactiva excluir a Guantánamo de las regulaciones de detención que
de otra manera requerirían una comisión médica mixta para determinar si una
víctima de tortura está tan enferma que debe ser liberada. Exacerbando ese
fracaso, Estados Unidos de la misma manera se rehúsa a darles a los detenidos
de Guantánamo acceso a cuidados de salud iguales a los que están disponibles
para los hombres y mujeres que son parte de los guardias, acogiendo una
perversa justificación para esta privación: Guantánamo, dice, es más como los
remotos campos de batalla del otro lado del mundo que una base pacífica a menos
de 500 millas de la costa de Florida. Esa política es probable que ya haya
resultado en la permanente debilitación de por lo menos un prisionero.
Sin embargo, en este aniversario de Hamdan, una nueva administración impregnada con lecciones de
los años de Obama da razón, aunque sea poca, a la esperanza de que Estados
Unidos pueda resucitar sus valores y restaurar el equilibrio de nuestro
péndulo. Aunque mucho del daño forjado por los excesos del gobierno después del
11/9 no pueden deshacerse, aquellos torturados no pueden des-torturarse,
aquellos debilitados no pueden curarse; puede ser mitigado en una manera que
ayude a restaurar el liderazgo global de Estados Unidos. Esa mitigación
requiere que tomen cuatro pasos que pudieran, en palabras del presidente Joe
Biden, restaurar el compromiso del país para “sostener
derechos universales, respetar el estado de derecho y tratar a cada persona con
dignidad”. Juntos, estos pasos salvarían nuestra historia de su destino
como un cuento de hadas.
Primero, el gobierno de Biden debe finalmente
cerrar el centro de detención en la bahía de Guantánamo para poder dar fin
al aberrante experimento ahí. El presidente
Biden y los miembros
senior de su gobierno ya se comprometieron a hacer justamente eso. El
presidente debe designar a un miembro del gobierno para que pueda repatriar o
reubicar rápida y responsablemente a los 28 detenidos que no están siendo
acusados ni están esperando sentencia en las comisiones militares. Al
transferir a esos detenidos, el gobierno de Biden debe reconocer a las víctimas
de tortura y asegurarse, que, en cuanto sean liberados, reciban el cuidado
médico apropiado para sus heridas complejas.
Segundo, el gobierno de Biden debe demostrar su compromiso con el estado de derecho al
introducir inmediatamente acuerdos de negociación para resolver los casos de
los diez hombres con juicios pendientes en las comisiones militares en
Guantánamo. Tales negociaciones ciertamente significan que los Estados Unidos
no ejecutará, ultimadamente, a los supuestos perpetradores del 11/9 ni de otros
actos terroristas. Eso es tanto apropiado como proporcionado. Ningún gobierno,
ni el de Estados Unidos, debería de poder ejecutar víctimas de su propia
tortura y ciertamente no deberían de tener permitido hacerlo con base en
evidencia derivada de esa tortura. Deshabilitar la pena de muerte para víctimas
de tortura significaría desalentar a futuros líderes estadounidenses que están
tentados a descartar la ley estadounidense y sus valores para afrontar esa crisis.
Los acuerdos deben ofrecer, también, el camino más rápido para lograr un poco
de justiciar para los Estados Unidos, su gente y las víctimas de terrorismo al
finalmente asignar responsabilidad individual por el terror, un resultado
negado por tanto tiempo las interminables y fallidas comisiones militares.
Tercero, el gobierno de Biden debe desclasificar todo el reporte del Comité Selecto del
Senado sobre Inteligencia sobre la entrega e interrogación. También debe hacer
disponible la versión complete desclasificada de ese reporte a los abogados que
tienen permisos de seguridad y representan a detenidos de Guantánamo en juicio
antes las comisiones militares. Aquellos abogados que necesiten acceso al
reporte completo para servir adecuadamente a sus clientes y el acceso a éste
asegurará que sus clientes reciban sentencias que reflejen de manera correcta a
la escala de sus crímenes y de la perversa brutalidad ilegal que sufrieron.
Cualquier cosa menos solo serviría para extender la negación de décadas de los
Estados Unidos acerca de un juicio justo para supuestos criminales que también
son víctimas de tortura.
Finalmente, para restaurar el historial estadounidense y el liderazgo global de la ley de
guerra, el gobierno de Biden debe convocar a una conferencia internacional que
tenga como objetivo el articular las leyes de guerra aplicables para conflictos
armados no internacionales. Esta conferencia llenaría los espacios en
regulación de conflictos armados como el de EE.UU. con al-Qaeda. Demostraría el
compromiso retomado por Estados Unidos para el estado de derecho mediante el
establecimiento de un marco legal que claramente define los derechos, deberes y
obligaciones de los participantes de dichos conflictos. Haciendo eso, frenaría
a las partes a participar en futuros conflictos, limitando su habilidad en
vincularse en la evasión de la ley que marcó mucho los excesos post 11/9 de
Estados Unidos.
De ser tomados, estos pasos ayudarían a mitigar e impedir significativamente la
recurrencia de los daños infringidos desde los ataques del 11/9. Estos pasos
también ayudarían a restaurar nuestra postura en la comunidad internacional
como un país comprometido con los valores universales y el estado de derecho. Y
vindicarían, por fin, nuestra historia pendular.
Benjamin R. Farley es un abogado penalista y consejero de ley de guerra en el Departamento
de Defensa, Organización de Defensa de Comisiones Militares en donde representa
a Ammar al Baluchi, uno de los cinco hombres que enfrentan la pena de muerte
por el 11/9 en Guantánamo.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
