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Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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03-15-11

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Cómo la ley fracasó en Guantánamo

16 de julio de 2021
Andy Worthington

Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 6 de agosto de 2021


Las celdas aisladas del Campamento 5 en Guantánamo, en donde los “detenidos de alto valor” llevados a la prisión desde “sitios negros” de la CIA en septiembre del 2006 fueron recientemente transferidos después de que su bloque anterior, Campamento 7, fuera juzgado como inadecuado e inapropiado.

Hace tan solo cinco días, el 11 de julio, la prisión de la bahía de Guantánamo marcó otra fecha triste e injustificable en su larga historia — diecinueve y medio años desde que abrió sus puertas el 11 de enero del 2002.

Desde el comienzo, Guantánamo fue un proyecto de extralimitaciones ejecutivas — del gobierno de Estados Unidos, bajo George W. Bush, decidiendo que, después de los ataques del 11/9, las reglas normales sobre el encarcelamiento de combatientes durante tiempos de guerra deberían ser puestas aparte. Los hombres que llegaron fueron privados de las protecciones de la Convención de Ginebra y fueron designados como “enemigos combatientes ilegales”, quienes, decía el gobierno de Bush, podrían ser detenidos indefinidamente. Para aquellos quienes han sido acusados con algún crimen, esa administración revivió el sistema de juicios de comisiones militares, utilizado para los saboteadores alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, decidiendo que los actos de terrorismo — e incluso algunas acciones que eran parte de la guerra como tiroteos — eran crímenes de guerra. El resultado fue que los soldados que eran considerados terroristas y supuestos terroristas eran considerados guerreros. A los primeros se les negaron todas las nociones de justicia y a los segundos se les dio un encuentro legal que llevaría a su ejecución después del juicio.

El desorden que garantizó todavía no ha sido adecuadamente abordado. Casi dos años y medio después de que Guantánamo abriera, la Suprema Corte tomó un paso inusual al otorgarles derechos de habeas corpus a prisioneros de guerra, habiendo reconocido que los hombres detenidos no tenían manera alguna de retar la base de su encarcelamiento si, como muchos dijeron, habían sido arrestados por error. Ese fallo, Rasul v. Bush, le permitió a los abogados entrar a la prisión para comenzar a preparar casos de habeas corpus pero el mismo día, en otro fallo, Hamdi v. Rumsfeld, la Suprema Corte aprobó que Guantánamo fuera la sede del ejercicio de una versión de detención paralela para las políticas de detención en época de guerra de las Convenciones de Ginebra decidiendo que los prisioneros podían ser detenidos hasta que terminaran las hostilidades; un movimiento imprudente dado que el gobierno de Bush se refería a eso como la “guerra contra el terror” como una guerra global que ignoraba el contexto geográfico que podría durar varias generaciones.

De manera separada, la CIA había sido empoderada para ensuciar las aguas todavía más al tener permitido detener a prisioneros que sospechaban ser de “alto valor” en “sitios negros”, prisiones secretas endosadas por regímenes complacientes alrededor del mundo en donde los detenidos eran víctimas de programas de tortura que, retando a las leyes internacionales y domésticas, habían sido aprobados por abogados de la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia (OLC por sus siglas en inglés), que es el organismo legal encargado de dar opiniones legales objetivas a la rama ejecutiva. Un tercer fallo de la Suprema Corte, en junio del 2006, Hamdan v. Rumsfeld, revocaron a las comisiones militares por ilegales, mientras que le recordaban al gobierno de Bush que el Artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra ;— la prohibición del uso de la tortura y “cruel, humillante y degradante tratamiento” — aplicaba a todos los prisioneros bajo control estadounidense. Los “sitios negros” subsecuentemente cerraron y los 14 “detenidos de alto valor” fueron llevados a Guantánamo, en donde una versión mejorada de las comisiones, aprobadas por el congreso, supuestamente daban un espacio más justo para sus subsecuentes enjuiciamientos.

El cuarto fallo, a la fecha, de la Suprema Corte y el último en relación a Guantánamo vino en junio del 2008. Boumediene v. Bush como resultado de la respuesta del congreso a Rasul v. Bush, cuatro años antes, aprobando la legislación designada para evitar que los prisioneros ejercieran sus derechos de habeas. La Corte dijo que el congreso había actuado de manera inconstitucional y les dio a los prisioneros derechos que constitucionalmente les garantizaba derechos de habeas corpus.

En el 2021, tristemente, Guantánamo sigue siendo un lugar sin ley. Boumediene v. Bush llevó a un periodo de dos años en el que los jueces fueron capaces de revisar de manera objetiva la supuesta evidencia que el gobierno tiene contra los prisioneros, decidiendo, en 38 casos, que el gobierno había fracasado en demostrar, incluso con un estándar bajo, que los hombres en cuestión tuvieran una conexión significativa con al-Qaeda o los talibanes, ordenando, por ende, su liberación. Vergonzosamente, los jueces de los tribunales de apelación motivados políticamente subsecuentemente cambiaron las reglas, revocando seis de esas decisiones y eventualmente clausurando habeas corpus para los prisioneros ordenándoles a los jueces que tomaran en cuenta la evidencia del gobierno — por ridícula que fuera — como presumiblemente precisa; y en estos años la Suprema Corte ha rechazado varias oportunidades de tomar nuevamente el control.

Y en relación a las comisiones militares, doce prisioneros han pasado por el proceso, dos a través de juicios y seis con acuerdos, aunque muchos fueron rechazados en apelaciones, bajo la base predecible de que el congreso había inventado los crímenes de guerra por los cuales fueron condenados. Mientras tanto, los juicios de “alto valor”, incluyendo aquellos cinco hombres acusados de ser parte de los ataques del 11/9, están inmersos en audiencias sin final alguno, mientras el gobierno intenta borrar cualquier mención de tortura, a la cual fueron sujetos estos hombres, mientras que los equipos defensores insisten en que exponer la tortura es la única manera de obtener lo que pudiera parecer un juicio justo.

Estos son mis pensamientos diecinueve años después de que la prisión en la bahía de Guantánamo abriera y estaban destinados para ser la introducción de un artículo importante que fue recientemente publicado en el Atlantic, escrito por Benjamin Farley, un abogado del equipo legal Defensor de Ammar al Baluchi, uno de los cinco hombres acusados de estar involucrados en los ataque del 11/9. El artículo de Farley se titula “El cuento de hadas que a Estados Unidos le encanta contarse” y lo pongo aquí abajo porque da un recuento interno poderoso de cómo la ley ha fallado en Guantánamo y, más importante aún, de lo que el presidente puede hacer acerca de eso si es que su deseo de cerrar la prisión es sincero.

Espero que tengas tiempo de leer el artículo de Farley completo, porque llega a lugares y da detalles que mis propios esfuerzos no han logrado y espero que el presidente Biden escuche sus conclusiones acerca de lo que necesita hacerse ahora para restaurar el estado de derecho. Antes que nada, pide el cierre de Guantánamo y la liberación inmediata de 28 hombres, de 40 (39 al momento de esta traducción), que no han sido acusados. Después, hace un llamado para que los acuerdos a los que algunos llegaron sean negociados para los diez hombres que actualmente se encuentran enfrentando juicio. También hace un llamado para que el reporte complete de Inteligencia del Comité Selecto del Senado acerca de las entregas e interrogación (el reporte de tortura de la CIA) sea publicado y, de manera innovadora, le pide al gobierno de Biden que evite cualquier posible repetición de los desastrosos errores de las últimas dos décadas al “convocar a una conferencia internacional que apunte a articular las leyes de guerra aplicables a conflictos armados no internacionales”.

El cuento de hadas que a Estados Unidos le encanta contarse

Por Benjamin R. Farley, The Atlantic, junio 29, 2021

El país cree que sus políticas son como un péndulo, meciéndose hacia atrás y hacia adelante en un punto medio. Pero desde el 11/9, el péndulo ha estado atorado.

A muchos estadounidenses les gusta contarse a sí mismos la historia cerca de las decisiones que el país toma en tiempos de crisis nacional. Vemos las políticas de nuestro país como un péndulo. Podemos sobre reaccionar al principio, sacrificando temporalmente los principios y derechos por la emergencia que se presenta, pero eventualmente la crisis retrocede y, para restaurar nuestro compromiso a los principios fundacionales y el estado de derecho, empujamos el péndulo hacia el equilibrio.

Esta historia es reconfortante, hace sentido de las reacciones de Estados Unidos a las crisis a través de la historia. De hecho, he usado esta historia de manera repetida para explicar las políticas post 11/9 en este país incluso jugando una pequeña parte en ella. Del 2013 al 2017 fui consejero de la oficina de enviados especiales para el cierre de Guantánamo del Departamento de Estado. Desde el 2017 he sido abogado en la Organización de Defensa de las Comisiones Militares del Departamento de la Defensa, en el equipo que representa a Ammar al Baluchi— uno de los hombres que enfrenta la pena de muerte en Guantánamo ante la comisión militar del 11/9. Pero lo que escribo aquí representa mis propios puntos de vista y no los del Departamento de Defensa. Desafortunadamente la historia que he contado de la exageración post 11/9 y el exceso ratificado por las instituciones estadounidenses parecen más un cuento de hadas cada vez más, no obstante la que el gobierno de Biden pudiera hacer verdadera.

Nuestro péndulo se movió en las secuelas de uno de los actos terroristas más devastadores de la historia, cuando el entonces presidente George W. Bush adoptó un set de políticas inextricablemente extraordinarias ligadas con el centro de detención en la bahía de Guantánamo en Cuba. Esas políticas post 11/9 constituyeron una partida significativa de las leyes y valores estadounidenses. Bush le autorizó a la CIA secuestrar y detener individuos, que se creía tenían enlaces con al-Qaeda, en calabozos secretos alrededor del mundo. En estos lugares — “sitios negros” — los Estados Unidos encarcelaron de manera incomunicada a hombres a los cuales torturaron violando tanto la prohibición universal como la propia repudiación vocal de su país sobre esa práctica.

La llamada “interrogación mejorada” incluía, entre otras tácticas aberrantes, encapuchar prisioneros, desnudez forzada, privación de sueño con inducción de alucinaciones, golpizas que provocaban conmociones cerebrales, así como crímenes de guerra que Estados Unidos había previamente perseguido como el “waterboarding”. En algunos casos, el personal estadounidense trató a hombres como mi cliente como “maniquíes de prueba”, atormentándolos sin intentar siquiera recolectar información. Por lo menos 26 de 119 hombres que Estados Unidos sabía estaban encarcelados como parte de su programa llamado “Entrega, Detención e Interrogación” no deberían haber estado ahí, según el propio estándar del programa. Un sitio negro fue incluso localizado con la prisión fuera del territorio en Guantánamo, establecido bajo Bush en donde casi 800 hombres han sido detenidos, supuestamente bajo las leyes de guerra pero más bien sin la protección que la ley otorga.

A los casi cinco años de “Guerra Global contra el Terror”, el péndulo parecía haberse movido de regreso al equilibro cuando la Suprema Corte pasó Hamdan v. Rumsfeld. Esa decisión rechazó la extrema interpretación de las leyes de guerra del gobierno de Bush, que regulan la manera de conducir la guerra, incluyendo el trato de enemigos capturados, el esfuerzo por ser más humanos y prometió un regreso a los principios profesados por tanto tiempo y al estado de derecho. Sin embargo, en los quince años desde entonces, el congreso, la rama ejecutiva y los tribunales federales han nutrido esa decisión y arrestado el curso del péndulo. Hoy, 40 hombres envejecidos y enfermos, muchos de los cuales fueron víctimas de tortura o trato inhumano y degradante por parte de los estadounidenses, continúan en custodia estadounidense en la bahía de Guantánamo bajo un régimen de detención que conforma un poco mejor las leyes de guerra ahora que en el 2006.

Desde el principio, Estados Unidos ha declarado que las leyes de guerra autorizan el encarcelamiento de hombres en Guantánamo durante la duración de la guerra con al-Qaeda. El gobierno de Bush concluyó improbablemente que la novedad de esa guerra excluía la aplicación de protecciones de la ley de guerra, particularmente la Convención de Ginebra, para la detención que dicen que la guerra justificó. Contrario a las leyes de guerra, el gobierno de Bush transportó detenidos a un lugar lejos de su campo de batalla con al-Qaeda. Se rehusó a tratar a esos hombres como prisioneros de guerra y fracasó en convocar tribunales que determinaran su estatus apropiado bajo la ley. También se negó a aplicar el Artículo 3 que hubiera prohibido la tortura de detenidos, así como el trato cruel o inhumano. Torturó por lo menos dos detenidos en custodia militar en Guantánamo (en lugar de custodia de la CIA). Pretendió establecer comisiones militares — tribunales estadounidenses tradicionales de ley de guerra — que no solo no tienen garantías de juicio justo sino que fracasan en aplicar los requisitos necesarios del Código Uniforme de Justicia Militar. A pesar de estas desviaciones de la ley y de los principios, los Estados Unidos estaban despreocupados por su inusual régimen de detención en Guantánamo porque razonó que sus actividades estaban más allá del alcance de la constitución y los tribunales nacionales. De hecho, un oficial de la administración de Bush describió Guantánamo como el equivalente legal del espacio exterior por la teórica y residual soberanía de Cuba sobre el contrato de arrendamiento perpetuo de los Estados Unidos ahí.

Después, el 29 de junio del 2006 la Suprema Corte decidió Hamdan, llevando a creer a varios observadores legales que el péndulo finalmente había sido empujado de vuelta por la imposición de la ley y la supervisión legal de lo que está sucediendo en Guantánamo. En Hamdan, el segundo de tres casos grandes en Guantánamo resueltos entre 2004 y 2008, la Suprema Corte falló que el presidente Bush abusó de su autoridad al ordenar tribunales militares para los detenidos en Guantánamo que se desviaban radicalmente de la Convención de Ginebra y el UCMJ. Hamdan pareció dictar que el régimen de detención en Guantánamo a partir de entonces sería conforme a las leyes de guerra. La tortura y el trato cruel, inhumano y degradante estarían prohibidos. La justicia se lograría únicamente por tribunales regularmente constituidos que pudieran satisfacer las garantías de juicio justo internacionalmente reconocidas. Con la decisión crucial de Boumediene v. Bush de la Corte en el 2008, se les garantizó a los detenidos en Guantánamo la habilidad de buscar la revisión judicial en tribunales federales en Estados Unidos tanto de la legalidad como de las condiciones de su detención, aparentemente consagrando la fuerza de la ley de guerra ahí.

Desafortunadamente, en los quince años posteriores a Hamdan, la promesa de ese fallo — y el de Boumediene — han probado, como el cuento de hadas, ser demasiados buenos para ser verdad. Sólo dos meses después de Hamdan, Estados Unidos transfirió a 14 víctimas de su programa de tortura a Guantánamo. Aunque estos hombres estaban ahora, supuestamente, en custodia militar, la CIA retuvo control operativo sobre ellos. Aunque aparentemente ahora eran detenidos de ley de guerra, continuaban a estar privados de acceso significativo a sus familias. Aunque fueron transferidos a Guantánamo expresamente para enfrentar juicios (justos) bajo las comisiones militares — y aunque la Suprema Corte ya les había garantizado acceso a representación legal — Estados Unidos continuó a evitar que hablaran o se reunieran con abogados por lo menos un año más. Y, aunque ningún juicio justo necesariamente excluye la evidencia derivada del uso de la tortura, Estados Unidos continuó a apoyarse en los beneficios de la tortura mediante el uso de agentes de FBI que habían estado íntimamente involucrados en el programa de tortura para supuestamente reunir evidencia “limpia” para usarse en los juicios. De hecho, los frutos de las interrogaciones contaminadas por tortura permanecen siendo la base de los procesos penales en Guantánamo hasta el día de hoy. Un juez militar incluso autorizó a los fiscales utilizar, en procedimientos previos a juicio, declaraciones extraídas de la tortura en sitios negros, como si aquellos hubieran sido testimonios de oídas.

En los años desde Boumediene, posiciones agresivas contenciosas adelantadas por los Estados Unidos en los procedimientos de habeas corpus en Guantánamo, combinadas con diferentes tribunales federales de apelación hicieron del proceso judicial de revisión de detención algo más que una letra muerta. El Circuito de D.C estableció un tiempo estándar de detención para tiempos de guerra tan expansiva que abarca no solo hombres que lucharon contra los Estados Unidos sino algunos que jamás lo hicieron e incluso hombres que fueron rechazados por al-Qaeda. Es un estándar tan Amplio que Estados Unidos parece creer que apoya la continua detención de un miembro de Hezb-e-Islami Gulbuddin, un grupo que se rendió hace 5 años ante los Estados Unidos y posteriormente se convirtió en aliado estadounidense.

Durante ese mismo periodo, el congreso escribió la mayoría de la ley de guerra acerca de la detención bajo la ley de guerra en la bahía de Guantánamo. A través de la Ley de Comisiones Militares del 2006, el congreso prohibió que los hombres detenidos en Guantánamo dependieran de la Convención de Ginebra para establecer parámetros para su detención. El congreso también modificó la Ley de Crímenes de Guerra para aislar al personal estadounidense de responsabilidad por violaciones de las leyes de guerra, incluyendo ultrajes contra la dignidad de la persona y violaciones a las protecciones del proceso legal debido.

Por su parte, a pesar de que repetidamente se ha dicho que la detención en Guantánamo es “informada acerca de los principios de las leyes de guerra”, la rama ejecutiva — a través de los gobiernos de Bush, Obama y Trump — emasculó el poder regulatorio de aquellas leyes al escoger a las autoridades mientras desechaban sus obligaciones en Guantánamo. Por ejemplo, los Estados Unidos confundieron categorías legales distintas y regímenes legales absurdos, asegurando que sus detenidos en Guantánamo pueden ser detenidos durante la duración de su guerra con al-Qaeda, como si fueran soldados bajo la tercera Convención de Ginebra, incluso aunque establece un proceso de revisión de detención que se parece al que se aplica a civiles bajo la cuarta Convención. Sin embargo, al hacerlo, ha fracasado en adherirse, aunque sea a una parte de los Principios de Copenhague, escritos por los Estados Unidos al insistir que tal revisión es a discreción y en prohibir que haya reconsideración del subyacente encarcelamiento de prisioneros nacionales. Peor aún, la detención continua por años de hombres que Estados Unidos ya no cree debe estar encarcelados es inconsistente con el principio fundacional de ley de guerra de la necesidad militar que aprueba la detención como un expediente de batalla en primer lugar.

De manera similar, la rama ejecutiva se rehúsa a aplicar principios fundamentales y humanitarios de la ley de guerra en Guantánamo. Tan reciente como enero 11 de este año, en un esfuerzo por evadir una orden federal, la rama ejecutiva alegó de forma retroactiva excluir a Guantánamo de las regulaciones de detención que de otra manera requerirían una comisión médica mixta para determinar si una víctima de tortura está tan enferma que debe ser liberada. Exacerbando ese fracaso, Estados Unidos de la misma manera se rehúsa a darles a los detenidos de Guantánamo acceso a cuidados de salud iguales a los que están disponibles para los hombres y mujeres que son parte de los guardias, acogiendo una perversa justificación para esta privación: Guantánamo, dice, es más como los remotos campos de batalla del otro lado del mundo que una base pacífica a menos de 500 millas de la costa de Florida. Esa política es probable que ya haya resultado en la permanente debilitación de por lo menos un prisionero.

Sin embargo, en este aniversario de Hamdan, una nueva administración impregnada con lecciones de los años de Obama da razón, aunque sea poca, a la esperanza de que Estados Unidos pueda resucitar sus valores y restaurar el equilibrio de nuestro péndulo. Aunque mucho del daño forjado por los excesos del gobierno después del 11/9 no pueden deshacerse, aquellos torturados no pueden des-torturarse, aquellos debilitados no pueden curarse; puede ser mitigado en una manera que ayude a restaurar el liderazgo global de Estados Unidos. Esa mitigación requiere que tomen cuatro pasos que pudieran, en palabras del presidente Joe Biden, restaurar el compromiso del país para “sostener derechos universales, respetar el estado de derecho y tratar a cada persona con dignidad”. Juntos, estos pasos salvarían nuestra historia de su destino como un cuento de hadas.

Primero, el gobierno de Biden debe finalmente cerrar el centro de detención en la bahía de Guantánamo para poder dar fin al aberrante experimento ahí. El presidente Biden y los miembros senior de su gobierno ya se comprometieron a hacer justamente eso. El presidente debe designar a un miembro del gobierno para que pueda repatriar o reubicar rápida y responsablemente a los 28 detenidos que no están siendo acusados ni están esperando sentencia en las comisiones militares. Al transferir a esos detenidos, el gobierno de Biden debe reconocer a las víctimas de tortura y asegurarse, que, en cuanto sean liberados, reciban el cuidado médico apropiado para sus heridas complejas.

Segundo, el gobierno de Biden debe demostrar su compromiso con el estado de derecho al introducir inmediatamente acuerdos de negociación para resolver los casos de los diez hombres con juicios pendientes en las comisiones militares en Guantánamo. Tales negociaciones ciertamente significan que los Estados Unidos no ejecutará, ultimadamente, a los supuestos perpetradores del 11/9 ni de otros actos terroristas. Eso es tanto apropiado como proporcionado. Ningún gobierno, ni el de Estados Unidos, debería de poder ejecutar víctimas de su propia tortura y ciertamente no deberían de tener permitido hacerlo con base en evidencia derivada de esa tortura. Deshabilitar la pena de muerte para víctimas de tortura significaría desalentar a futuros líderes estadounidenses que están tentados a descartar la ley estadounidense y sus valores para afrontar esa crisis. Los acuerdos deben ofrecer, también, el camino más rápido para lograr un poco de justiciar para los Estados Unidos, su gente y las víctimas de terrorismo al finalmente asignar responsabilidad individual por el terror, un resultado negado por tanto tiempo las interminables y fallidas comisiones militares.

Tercero, el gobierno de Biden debe desclasificar todo el reporte del Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia sobre la entrega e interrogación. También debe hacer disponible la versión complete desclasificada de ese reporte a los abogados que tienen permisos de seguridad y representan a detenidos de Guantánamo en juicio antes las comisiones militares. Aquellos abogados que necesiten acceso al reporte completo para servir adecuadamente a sus clientes y el acceso a éste asegurará que sus clientes reciban sentencias que reflejen de manera correcta a la escala de sus crímenes y de la perversa brutalidad ilegal que sufrieron. Cualquier cosa menos solo serviría para extender la negación de décadas de los Estados Unidos acerca de un juicio justo para supuestos criminales que también son víctimas de tortura.

Finalmente, para restaurar el historial estadounidense y el liderazgo global de la ley de guerra, el gobierno de Biden debe convocar a una conferencia internacional que tenga como objetivo el articular las leyes de guerra aplicables para conflictos armados no internacionales. Esta conferencia llenaría los espacios en regulación de conflictos armados como el de EE.UU. con al-Qaeda. Demostraría el compromiso retomado por Estados Unidos para el estado de derecho mediante el establecimiento de un marco legal que claramente define los derechos, deberes y obligaciones de los participantes de dichos conflictos. Haciendo eso, frenaría a las partes a participar en futuros conflictos, limitando su habilidad en vincularse en la evasión de la ley que marcó mucho los excesos post 11/9 de Estados Unidos.

De ser tomados, estos pasos ayudarían a mitigar e impedir significativamente la recurrencia de los daños infringidos desde los ataques del 11/9. Estos pasos también ayudarían a restaurar nuestra postura en la comunidad internacional como un país comprometido con los valores universales y el estado de derecho. Y vindicarían, por fin, nuestra historia pendular.

Benjamin R. Farley es un abogado penalista y consejero de ley de guerra en el Departamento de Defensa, Organización de Defensa de Comisiones Militares en donde representa a Ammar al Baluchi, uno de los cinco hombres que enfrentan la pena de muerte por el 11/9 en Guantánamo.


 

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