Diez años de la legalización de la tortura,
aunque “nosotros no torturemos”
Debra Sweet
1 de agosto de 2012
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
23 de agosto de
2012
Hoy hace 10 años, los abogados del gobierno Bush enviaron unos memorandos a
la cadena de mando que llegaron rápidamente a los militares y a la CIA. El 1 de
agosto de 2002 los “memorandos de la tortura”, creados por los abogados en la
Oficina de la Consejería Legal en la Casa Blanca, dieron luz verde a la tortura,
denominándola “interrogatorios duros” y convirtiéndola en completamente
legal.
Los prisioneros en Guantánamo empezaron a ser inmediatamente “submarino”
(water-boarded), “encerrados”, puestos en aislamiento, privados del
sueño. Unos pocos eran hombres de los que EE.UU. sospechaba que eran parte de al
Qaeda. La mayoría de ellos eran simplemente jóvenes que fueron vendidos en
Afganistán a cambio de una recompensa. Casi ninguno de ellos, según se admite
hoy en día, estuvo involucrado en actividades criminales,ni en luchas militares
contra los EE.UU. Sin embargo, seguían siendo“lo peor de lo peor”.
Curt Wechsler, que edita FireJohnYoo.net, un proyecto de El Mundo
no Puede Esperar, me recordó este aniversario:
El reloj está en marcha. El 1 de agosto marca el décimo aniversario de la
aprobación de los “Memorandos de la tortura” del profesor John Yoo, que
autorizaba los tormentos mentales y físicos y la coerción practicada por el
Estado. Han pasado 9 años desde que esos mismos documentos fueron declarados
legalmente defectuosos y se retiraron. La banda de Bush abandonó el escenario y
Barack Obama tomó el timón, y 168 prisioneros permanecen en Guantánmo, junto a
varios miles más en Bagram, Afganistán. Esos hombres no pueden ser olvidados ni
sus historias convenientemente puestas bajo la alfombra durante esta campaña
electoral.
Amy Davidson, una veterana editora del The New Yorker, entrevistó
a Jose Rodriquez, que durante 30 años fue el jefe del Centro de
Contraterrorismo en la CIA y que hace poco publicó un libro defendiendo todo lo
que se hizo a los prisioneros: Hard
Measures: How Aggressive C.I.A. Actions After 9/11 Saved American Lives.
Rodriguez relató claramente dónde funcionaban los Memorandos de la Tortura:
Durante el verano de 2002, cuando nos dimos cuenta de que teníamos que hacer
algo diferente para obtener información de Abu Zubaydah, que había sido
capturado unos meses antes, trabajamos con nuestros abogados para asegurar que
creábamos técnicas que estuviesen dentro de la ley. Estas técnicas fueron
examinadas por el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, con los políticos y
los líderes de la Casa Blanca. Después, el 1 de agosto de 2002, recibimos por
escrito una opinión legal vinculante del Departamento de Justicia que decía que
utilizar submarino (“waterboarding”) y las otras nueve técnicas que queríamos
aplicar no suponían tortura. Después fuimos a la Casa Blanca y pedimos al
Consejo de Seguridad Nacional que nos diera su aprobación política para comenzar
a aplicarlo y al presidente para que nos permitiera proceder. Y lo hicieron. Un
mes más tarde, cuando el Congreso volvió a la ciudad, informamos a los comités
de inteligencia del Congreso y del Senado, tanto demócratas como republicanos.
No pusieron ninguna pega.
Exactamente ese es el problema. Todo el mundo estaba involucrado. “Todo el
mundo” ahora en el gobierno nunca puso objeciones a lo que ocurrió. John Yoo
enseña Derecho Constitucional en una de las más prestigiosas escuelas de
Derecho, la Boalt Hall en la Univesridad de Berkeley, protegido, y defendido por
una administración que utiliza sus credenciales liberales como un escudo contra
la justicia. Jay Bybee consiguió trabajo como juez federal, nominado por G.W.
Bush y aprobado por el mismo Congreso que estuvo de acuerdo con los métodos de
tortura siempre que se llamaran de “interrogación dura”.
Y ninguno de los miembros del equipo de la tortura ha sufrido una acusación
ni siquiera una investigación seria del gobierno de Obama.
Tengo que añadir un agradecimiento a Women Against Military Madness
(Mujeres contra la locura militar) de Minneapolis, que se encuentran hoy a
las afueras del edificio federal de Minneapolis en una acción que se llama Terminar
con la tortura es lo primero.
Y de Curt Wechsler:
Los aviones no tripulados y Guantánamo, fueron creados y llevados a cabo por
los dos partidos. Pero es el Partido Demócrata de la Guerra el que llevó a la
gente a aceptarlo como “normal” e incluso a legitimarlo.
Lean los memorandos originales por cortesía de torturingdemocracy.org: (en inglés)
Memorando de
Jay Bybee a Alberto Gonzales
FECHA: 1 de agosto, 2002
ASUNTO: “Normas
de conducta para el interrogatorio bajo 18 U.S.C. 2340 – 2340A”
AUTOR: Jay Bybee, Asistente del Fiscal General, Oficina de Asesoría Legal. En
los ya famosos “memorandos de la tortura”, Jay Bybee suscribe una opinión de
John Yoo. El memorandum ignora sistemáticamente numerosas leyes federales de los
EE.UU., tratados y leyes internacionales que prohiben el uso de la tortura,
definiendo esencialmente el término sin existencia
Carta de
John Yoo a Alberto Gonzales
FECHA: 1 de agosto de 2002
ASUNTO: N/A
AUTOR: John Yoo, Fiscal General Adjunto, Oficina de Asesoría Legal. John Yoo
escribe al consejero de la Casa Blanca, Alberto Gonzales, advirtiéndole de las
potenciales amenazas de enjuiciamiento internacional a causa de las políticas de
interrogatorios del gobierno. Yoo dice que “los interrogatorios a los miembros
de Al Qaeda… no pueden constituir un crimen de guerra” por la determinación
presidencial de no aplicar las protecciones del Convención de Ginebra.
Memorandum de
Jay Bybee a la CIA
FECHA: 1 de agosto de 2002
ASUNTO: Memorandum para
(censurado) interrogatorio (censurado).
AUTOR: Jay Bybee, Asistente del Fiscal General, Oficina de Asesoría Legal.
Escrito por Jay Bybee de la Oficina de Asesoría Legal y enviado a la Agencia
Central de Inteligencia, este documento toscamente redactado fue publicado por
el ACLU en 2008. En él se detalla que “asesoran a la CIA sobre los métodos de
interrogatorio que pueden usar contra los miembros de Al Qaeda” y en una parte
no censurada, sostiene que “para violar el estatuto, un individuo tiene que
tener una intención específica de infligir dolor intenso o sufrimiento.
Basándonos en la información que usted nos ha entregado, creemos que quienes
llevan a cabo estos procedimientos no tendrían la inteción de infligir dolor
inteso o sufrimiento”.
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