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18-06-2008
Tras la decisión del Tribunal Supremo de respetar el habeas corpus de los detenidos en Guantánamo
La sentencia dictada no sirve para contener las avalanchas de la guerra contra el terror
Chris Floyd
Empire Burlesque
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Por supuesto que la reciente decisión del Tribunal
Supremo restaurando el habeas corpus para los cautivos de la Guerra
contra el Terror secuestrados en la Bahía de Guantánamo supone un avance que es
bienvenido. Es un severo reproche a una de las cláusulas clave de la odiosa Ley
de Comisiones Militares (MCA, en sus siglas en inglés), que entregó
oficialmente las libertades estadounidenses a la tiranía presidencial. Pero
esta siniestra y vergonzosa ley sigue aún vigente; además, el fallo del
Tribunal Supremo no toca el principio esencial del Acta: el poder arbitrario
del presidente para declarar que cualquiera es un “combatiente enemigo”, disponiendo
de él como le plazca, incluso matándole. Por tanto, el efecto más probable de
esta cuidadosamente restringida sentencia es que va a hacer que las operaciones
más siniestras del gulag se hundan más profundamente en las sombras.
La decisión del Tribunal Supremo se refiere exclusivamente a los cautivos retenidos en la
base del ejército estadounidense en la Bahía de Guantánamo. A la opinión
mayoritaria le cuesta mucho esfuerzo aprehender las especiales circunstancias
históricas que rodean la existencia de esa base, especialmente el hecho de que
EEUU ha ejercido de facto una continua e incuestionable soberanía sobre
el territorio durante más de 100 años. Aunque Cuba conserva una soberanía
nominal, en función de un tratado, EEUU representa la única autoridad legal en
el trozo de tierra y mar de 45 millas cuadradas. Así, la conclusión del
Tribunal: “Mantenemos que [la cláusula del habeas corpus] de la
Constitución tiene efectos plenos en la Bahía de Guantánamo”. La opinión
mayoritaria es más explícita aún acerca de las limitaciones de la sentencia:
“Nuestra decisión de hoy mantiene que sólo quienes presenten ante nosotros una
solicitud [todos ellos detenidos en Guantánamo] tienen derecho a pedir la orden
judicial”.
Además, el tribunal confirma los irregulares y arbitrarios Tribunales de Revisión del
Estatus de Combatiente (CSRT, en sus siglas en inglés) establecidos por la MCA.
En esos tribunales, como Andy Worthington
indica, el cautivo no tiene representación legal y no tiene derecho a
cuestionar –ni siquiera a ver- las “pruebas secretas” presentadas por
sus captores para determinar su estatus de “combatiente enemigo”. Los
tribunales declaran también que, en general, cualquier vista sobre el habeas
corpus para los cautivos de Guantánamo debería aplazarse hasta que se
completen esos kafkianos tribunales. Y la mayor parte de la sentencia afirma
explícitamente que, en un primer momento, no opinará sobre la ley que permite
que el Presidente detenga arbitrariamente cautivos en Guantánamo.
Así, aunque la sentencia puede tener algún efecto eventual sobre las operaciones del
campo de Guantánamo –un pretendido escaparate que se ha convertido desde hace
tiempo ya en un dolor de cabeza de relaciones públicas del que a Washington, en
cualquier caso, le gustaría librarse-, parece que no hay nada en la sentencia
que pueda parar al régimen de Bush de atestar de cautivos de la Guerra contra
el Terror cualquiera de las otras innumerables guaridas en las que opera por
todo el mundo, o de entregarles a la tierna compasión de cooperativos gobiernos
extranjeros, o, como indiqué antes, sencillamente matarles, como se ha hecho en
un número de casos de los que se ha jactado George W. Bush.
Todo esto a pesar del hecho de que gran número de todos los arrojados durante años al gulag
de la Guerra contra el Terror eran completamente inocentes, como el
servicio de noticias McClatchy ha
ido detallando en una serie de artículos. En efecto, en un momento dado, la
Cruz Roja Internacional determinó que entre el 70-90% de los miles de seres
retenidos por los estadounidenses en Iraq eran inocentes de cualquier crimen, y
mucho menos del de terrorismo o actividad insurgente. Y que el trato adjudicado
a esos cautivos ha sido brutal, a menudo bestial, algunas veces letal, como
informamos aquí (y en más sitios) durante años. De nuevo, otra historia de la serie McClatchy
proporciona un excelente resumen de algunos de los más atroces casos conocidos,
y de la ausencia de cualquier castigo real incluso para el asesino de los
detenidos.
Hay una buena razón para esta ausencia de justicia, como McClatchy señala: George W. Bush creó deliberadamente un
caos en la niebla para tapar las torturas que él y sus altos subordinados –los
“Principales de la Seguridad Nacional”- ordenaron, con total conocimiento de
que esas acciones eran crímenes sujetos a la pena de muerte bajo la ley
estadounidense. McClatchy:
En febrero de 2002, el Presidente Bush emitió una orden negando el estatuto de
prisioneros de guerra a los supuestos talibanes y detenidos de al-Qaida.
También les negó las protecciones básicas de Ginebra conocidas como los Tres
Artículos Comunes, que fijan unos estándares mínimos para el trato humano… La
orden de Bush dificultó que se pudiera perseguir a los soldados que violaran
esas normas bajo la ley básica militar, el Código Uniforme de Justicia Militar,
en gran medida porque sus abogados defensores podrían afirmar que las tropas
sobre el terreno no sabían qué era lo que estaba o no estaba permitido.
En estas circunstancias, es en efecto una pérdida de tiempo intentar enjuiciar al
pequeño y frito carne de cañón enviado a hacer el trabajo sucio del régimen de
Bush. La responsabilidad criminal principal recae claramente en aquellos que
habitan las más altas instancias de poder que crearon el sistema del gulag.
Sus propios asesores legales
confirmaron que el esquema exponía a los “Principales” a enjuiciamiento por
crímenes capitales. Más allá de cualquier disputa, está claro que si la ley
existe, George W. Bush, Dick Cheney, Don Rumsfeld y otros “Principales” la han
hecho trizas.
Pero, ¿y si la ley no existe? ¿Qué ocurre si es sólo una ficción de conveniencias, o quizá
un artículo de fe, que va tomando fuerza sólo hasta que sus partidarios (o un
número suficiente de ellos) actúan como si tuviera una existencia
independiente? ¿Qué ocurre si quienes se sitúan en las altas instancias de
poder se niegan a reconocer este artículo de fe, rechazan creer que debería –o
podría- imponer alguna restricción convincente sobre sus acciones? ¿Qué
sucedería entonces?
Ya hemos visto lo que sucedería. Lo hemos visto durante años, lo estamos viendo ahora, y
todavía no hemos visto, ciertamente, lo peor de todo ello. Como señalé en 2006,
cuando se aprobó la Ley de Comisiones Militares:
La medida expone claramente que es únicamente competencia de la rama ejecutiva la designación de un
“combatiente enemigo”; ni el Congreso ni los tribunales tienen nada que decir
sobre la cuestión. Cuando esta nueva ley acompaña a las “Ordenes Ejecutivas”
existentes que autorizan la “fuerza letal” contra los arbitrariamente
denominados como “combatientes enemigos”, se convierte, literalmente, en
licencia para matar, con el sello de la aprobación del Congreso.
¿Cómo es de arbitrario este proceso que se dedica a gobernar ahora todas nuestras vidas y nuestras
libertades? Dave Niewert en Orcinus ha desenterrado una notable admisión
de su naturaleza completamente caprichosa. En una historia aparecida en
diciembre de 2002 en el Washington Post, el entonces Procurador General
Ted Olson describió la anarquía en el corazón del proceso con franqueza
admirable:
“[No hay] necesidad de que la rama del ejecutivo explique detalladamente sus criterios a la hora de
determinar quién decide que alguien es un combatiente enemigo”, expone Olson.
“No habrá diez normas que desencadenen esto o diez normas que acaben con esto”, dijo Olson en la
entrevista. “Habrá juicios e instintos y evaluaciones e instrumentaciones que
el ejecutivo deberá hacer que, dependiendo de las circunstancias, tendrán que
variar probablemente cada día”.
Es decir, lo que hoy resulta seguro hacer o decir podría poner en peligro tu libertad o tu vida mañana.
Nunca vas a poder saber si estás en el lado justo de la ley, porque la “ley” se
atiene sencillamente al capricho del Líder y sus subordinados: sus “instintos”
son los que determinan tu culpabilidad o inocencia, y sus movimientos de tripas
pueden cambiar de día en día. La incertidumbre más absoluta es la esencia misma
del despotismo, y eso es ahora, formal y oficialmente, el principio rector del
gobierno estadounidense.
Como hemos visto, la reciente decisión del Tribunal Supremo trata únicamente de la cuestión de los derechos
de habeas corpus para los detenidos de Guantánamo. La opinión
mayoritaria insiste en que el resto de la Ley de Comisiones Militares no se ve
afectada en modo alguno por la sentencia. Ahí se mantiene, al igual que se
mantuvo durante todos los dieciocho meses que los demócratas han tenido el
control del Congreso. Ni se han atrevido a desafiar al poder arbitrario del
ejecutivo ni la licencia para matar del Presidente. Como señalé en aquel
artículo anterior:
Y lo que subyace en este
edificio de tiranía es la prerrogativa de asesinato del presidente. Quizá la
enormidad de esa monstruosa perversión de la ley y de la moralidad ha
subsistido sin ser completamente comprendida. ¿Le parece a la mayoría de la
gente increíble que un presidente ordene asesinatos como si fuera un don de la
Mafia? Pues esa es nuestra realidad y lo ha sido durante cinco años [ahora ya
siete años]. Para superar lo que parece ser una extendida disonancia cognitiva
sobre este concepto, necesitamos sólo examinar el antecedente, un antecedente,
a propósito, tomado enteramente de fuentes de libre acceso en los medios de
comunicación. No hay nada secreto ni beligerante en ello, nada que ningún ciudadano
normal no pueda conocer, si es que decide enterarse.
Mostré algunos detalles en un artículo más anterior aún,
de 2005:
El 17 de septiembre de 2001, George W. Bush firmó una orden ejecutiva autorizando el uso de “medidas
letales” contra cualquier persona del mundo a la que él o sus subordinados
designaran como “combatiente enemigo”. Esa orden sigue hoy vigente. No se
requiere prueba judicial alguna, ni vista, ni acusaciones para esos asesinatos;
sin ley, sin frontera, sin supervisión que los contenga. Bush ha dado también
carta blanca a los agentes sobre el terreno para designar “enemigos” por
iniciativa propia y matarles cuando lo consideren.
La existencia de ese universal escuadrón de la muerte –y la total obliteración de la libertad humana que
representa- no ha provocado ni siquiera una migaja, un átomo, una partícula
cuántica de controversia en el Establishment estadounidense, aunque no
sea secreto. Se oyó hablar por vez primera de esa orden del ejecutivo en el Washington
Post en octubre de 2001. La primera vez que escribí sobre ella en mi
columna del Moscow Times fue en noviembre de 2001. The New York Times
añadió más detalles en diciembre de 2002. Ese mismo mes, los funcionarios de
Bush dejaron claro que el pavoroso edicto se podría también aplicar a
ciudadanos estadounidenses, como informó Associated Press.
La primera vez que se confirmó oficialmente el uso de este poder fue con la matanza de un ciudadano
estadounidense en Yemen mediante un misil disparado por un avión teledirigido
de la CIA el 3 de noviembre de 2002…
Del artículo de 2006:
Sin embargo, en ese punto, no hay forma de saber cuántas personas fueron asesinadas por agentes
estadounidenses que actuaban fuera de todo proceso judicial. La mayor parte de
los asesinatos se cometieron en secreto: callada y profesionalmente. Como un
documento del Pentágono descubierto por el New Yorker revelaba en
diciembre de 2002, los escuadrones de la muerte deben ser “pequeños y ágiles” y
“capaces de actuar clandestinamente, utilizando un inmensa gama de coberturas
oficiales y no oficiales para… entrar clandestinamente en los países”.
Y más aún, hay fuertes indicios de que la administración Bush ha subcontratado algunos de los
contratos para operativos en el exterior. En la historia originaria del Post
sobre los asesinatos –en aquellas primeras embriagadoras semanas tras el 11-S,
cuando los funcionarios de la administración estaban mucho más dispuestos a
“deslizarse por el lado oscuro”, como Cheney alardeó en la televisión nacional,
personas del círculo interno de Bush dijeron al periódico que “es también
posible que el instrumento para llevar a cabo los asesinatos decididos sean
agentes extranjeros”, el término que la CIA utiliza para los no empleados que
actúan en su nombre.
Finalicé el artículo de 2005
sobre los escuadrones de la muerte globales de Bush con una escena que, desde
entonces, he citado unas cuantas veces. Pero quiero referirme de nuevo a él
aquí, porque creo que capta lo que es quizás la quintaesencia de nuestra época:
el Establishment bipartidista rompiendo a aplaudir ante una admisión
clara de asesinato por un dirigente situado al margen de la ley que encabeza
una guerra sin fin de terror, agresión y tortura.
Fue una de las más nauseabundas escenas de la reciente historia estadounidense: el discurso de
Bush en el Congreso en enero de 2003 sobre el Estado de la Unión, televisado a
toda la nación durante el frenesí final del batir de tambores de guerra antes
del ataque contra Iraq. Alardeando de sus éxitos en la Guerra contra el Terror,
Bush afirmó que “por todo el planeta se habían arrestado a más de 3.000
sospechosos de terrorismo”, aunque “muchos otros encontraron un destino
diferente”. Su rostro adquirió entonces esa mirada maliciosa característica, y
la extraña y enferma medio sonrisa que adopta cada vez que habla de personas
asesinadas: “Digámoslo así: Han dejado ya de ser problema”.
En otras palabras, los sospechosos –e incluso Bush sabía que eran sólo sospechosos- habían sido
asesinados. Linchados. Matados por agentes que operaban sin control en ese
mundo de sombras donde los servicios de inteligencia, el terrorismo, la
política, las finanzas y el crimen organizado se funden formando una masa
amorfa e impenetrable. Quizá asesinados por mor de la palabra de un informador
dudoso: un cautivo torturado deseando decir lo que sea para poner fin a su
tormento, un rival en los negocios, un adversario personal, un burócrata
intentando impresionar a sus superiores, un soplón pagado con necesidad de
dinero, un ferviente extremista persiguiendo sus odios étnicos, tribales o
religiosos, o cualquier otro proveedor de basura informativa que es la moneda
de cambio en el mundo de las sombras.
Bush mantuvo orgullosamente este atroz sistema como ejemplo de lo que llamó “el significado de la justicia
estadounidense”. Y los legisladores reunidos… aplaudieron. ¡Oh, cómo aplaudían!
Jaleaban regocijados ante el hombrecillo sediento de sangre, lascivo y machista
de película de serie B. Compartían su desprecio absoluto hacia la ley, nuestro
único escudo, aunque sea imperfecto, contra la ciega, bestial, ignorante y
simiesca fuerza bruta. Ni una sola voz se elevó de entre ellos en protesta
contra esa matchpolitik: ni esa noche, ni al siguiente día, ni nunca.
Y todavía no se oye voz alguna en los pasillos del poder gritando contra esa abominación. Ninguna.
Por eso, sí, la decisión del Tribunal Supremo es muy bienvenida; si sirve para evitar el sufrimiento de una
persona inocente, habrá conseguido algo loable. Pero es sólo un guijarro
arrojado contra un embravecido mar de sangre que ha derribado los muros de
contención y está inundando la tierra.
Fuente: http://www.chris-floyd.com/content/view/1540/135/
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