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Impunidad a los torturadores (y a los presidentes)

“Como presidente, tengo derecho a hacer lo que quiera”

Rebecca Gordon | 24 de febrero de 2020


Fuentes: TomDispatch

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

El 5 de febrero el Senado votó y absolvió al presidente Donald J. Trump de las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso. En otras palabras, la jactancia de Trump previa a las elecciones de que “podría pararse en medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien” y que esa acción no le haría “perder a ningún votante” demostró ser algo más que una hipérbole de altos vuelos. (Aunque, para ser exactos, perdió un “votante” republicano en el Senado, Mitt Romney, pero ese hecho no fue lo suficientemente trascendente).

El hecho de que el Senado no haya condenado al presidente no hace sino confirmar la concepción que tiene de su cargo como un espacio de poder absoluto (algo que, como se nos ha dicho, “corrompe absolutamente”). Este es el hombre, después de todo, que dijo en una convención de activistas estudiantiles: “Cuento con el Artículo II, en función del cual tengo derecho a hacer lo que quiera como presidente. Pero ni siquiera hablaba de eso”. Excepto, por supuesto, de que hace lo que quiere.

El día posterior a la votación del Senado, un Trump decididamente irreductible habló en un Desayuno de Oración Nacional, blandiendo una copia del USA Today cuyo titular en portada contenía una sola palabra: “Absuelto”. Después de estar en desacuerdo con la sugerencia de oración ofrecida por Arthur Brooks, exjefe del conservador American Enterprise Institute (y un par de milenios antes por un tal Jesús de Nazaret), de que debemos amar a nuestros enemigos, el presidente acusó de inmediato a Mitt Romney y a la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de rezar una oración inadecuada. Identificó a Romney con las personas “que usan su fe como justificación para hacer lo que saben que está mal” y acusó a Pelosi, y no por vez primera, de mentir cuando dice que reza por él.

La irreductible jactancia de Trump acerca de su invulnerabilidad podría atribuirse ciertamente a la deplorable ciénaga de su propia psique, pero hay otra explicación, al menos parcial, para ello, y radica en la incapacidad colectiva del país a la hora de exigir responsabilidades a nadie por los delitos cometidos desde 2001 en la “guerra contra el terror”. Si un gobierno puede irse de rositas después de encerrar a detenidos en cajas tipo ataúd y torturarlos de muchas otras maneras, ¿por qué no debería quedar impune otra forma de tortura posterior como la de meter a niños migrantes en jaulas, por poner solo un ejemplo?

Hay que mirar adelante, no hacia atrás

En 2009, Barack Obama se dispuso a entrar en la Oficina Oval prometiendo poner fin a los peores excesos de la guerra contra el terrorismo de la anterior administración. Aunque cerró los centros de detención de la CIA y prohibió la tortura, también se dio prisa en señalar que nadie tendría que rendir cuentas por la práctica ya documentada de torturas promovidas por la administración de George W. Bush y su vicepresidente, Dick Cheney. Aproximadamente una semana antes de la toma de posesión de Obama, el presidente electo ya le estaba asegurando a George Stephanopoulos, de ABC News, que aunque habría enjuiciamientos si “alguien ha violado la ley de manera flagrante”, en general creía “que debemos mirar hacia adelante en lugar de ponernos a mirar hacia atrás”.

A Obama le preocupaba especialmente que los operativos del gobierno se sintieran frenados en el futuro por temor a ser enjuiciados por actos pasados ​​sancionados por altos funcionarios:

“Y parte de mi trabajo es asegurarme de que en la CIA, por ejemplo, puedas tener a personas con talentos extraordinarios que están trabajando muy duro para mantener a salvo a los estadounidenses. No quiero que de repente sientan que tienen que pasarse todo el tiempo mirando hacia atrás por encima del hombro”.

Y así resultó, no tuvieron razón alguna para preocuparse. El 17 de abril de 2009, como informaron Carrie Johnson y Julie Tate en el Washington Post: “El presidente Obama y el fiscal general Eric H. Holder Jr. tranquilizaron ayer a los empleados de la CIA asegurándoles que los interrogadores no se enfrentarían a enjuiciamiento penal si seguían asesoría legal adecuada”. Como dijo Holder: “Sería injusto enjuiciar a hombres y mujeres entregados que trabajan para proteger a Estados Unidos por conductas que fueron aprobadas previamente por el Departamento de Justicia”.

El asesoramiento legal en cuestión estaba contenido en una serie de infames memorandos escritos por la Oficina para la Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés) de ese Departamento entre 2002 y 2005. En ellos, se “esclarecía” la definición legal de tortura para un nervioso fiscal general, Alberto González, y para la CIA. Uno de los memorandos, redactado por el fiscal general adjunto John Yoo y firmado por el fiscal general adjunto para la OLC Jay Bybee, explicaba que para que “constituya tortura”, según la ley, el dolor físico “debe ser equivalente en intensidad al dolor que acompaña a una lesión física grave, como un fallo orgánico, deterioro de la función corporal o incluso la muerte”. Para cumplir con la definición legal de tortura psicológica, el sufrimiento mental “debe provocar un daño psicológico significativo de duración considerable, por ejemplo, que dure meses o incluso años”.

No resulta sorprendente que, a pesar del sello de aprobación de la administración anterior sobre lo que eufemísticamente se denomina “técnicas de interrogatorio mejoradas”, una investigación de tres años del Departamento de Justicia de Obama sobre las prácticas de interrogatorio de la CIA llegara a un compungido final en agosto de 2012, cuando Holder anunció que los únicos dos casos de tortura que quedaban, que comportaron muertes bajo custodia estadounidense, iban a ser rechazados.

Un año antes, como Glenn Greenwald informó en The Guardian, Holder había decidido no procesar a nadie en otros 99 casos de “abusos severos a detenidos”. Los dos casos restantes se referían a la muerte por tortura e hipotermia de Gul Rahman, en la famosa prisión de Salt Pit de la CIA en Afganistán en 2002, y la de “Manadel al-Yamadi, quien murió bajo custodia de la CIA después de que lo golpearan, lo desnudaran, le vertieran agua fría encima y finalmente lo encadenaran a la pared” en la prisión de Abu Ghraib en Iraq.

Entre los sujetos que Holder decidió no acusar estaban los hombres responsables de diseñar y poner en marcha los protocolos que condujeron a la muerte de Rahman por torturas como el submarino y el “muro” (golpear la parte posterior de la cabeza de un preso repetidamente contra la pared sujetándole por el cuello con una toalla). Así terminó cualquier esperanza de responsabilizar legalmente a los torturadores en los Estados Unidos de América, una prueba anticipada del tipo de impunidad que, en los años de Trump, se ha extendido a otros lugares.

El retorno de los torturadores

Poco antes del reciente triunfo de Donald Trump en el Senado, una de esas “personas de talento extraordinario” aclamadas por el presidente Obama resurgió en la sala del tribunal no como acusado, sino como testigo hostil. James Mitchell fue llamado al estrado por la defensa en audiencias previas al juicio en el centro de detención de Guantánamo en Cuba, la prisión en el exterior para detenidos en la guerra contra el terrorismo lanzada por la administración Bush en 2002. En el banquillo, casi 18 años después, hay cinco hombres que llevan mucho tiempo allí detenidos y que han sido acusados ​​de participar en los ataques terroristas del 11 de septiembre. El más famoso es Khalid Shaikh Mohammed, descrito a menudo como el “cerebro” del 11-S.

Mitchell es uno de los dos psicólogos, el otro es John “Bruce” Jessen, que diseñaron el principal programa de torturas de la CIA. Tiene el honor de ser considerado el inventor del submarino, una serie de técnicas destinadas a producir sufrimiento inducido por el agua que han formado parte del arsenal de los torturadores durante siglos. (Quizás “reinventor” sería el término más exacto). Mitchell fue, de hecho, la primera persona en practicar el submarino en la guerra contra el terror, además de ser el arquitecto del muro, de confinar a las víctimas en cajas pequeñas y de toda una variedad de lúgubres “técnicas de interrogatorio mejoradas” empleadas por vez primera en los “sitios negros” de la CIA establecidos en todo el mundo en esos años.

Llamado por abogados defensores para describir la tortura que sufrieron sus clientes, un “desafiante” Mitchell dijo ante el tribunal: “Me levantaría hoy y lo volvería a hacer”.

Como explicó la reportera del New York Times Carol Rosenberg, Mitchell no estaba hablando realmente sobre lo que le hizo a cualquiera de los cinco acusados ​​en el banquillo de Guantánamo, aunque sí torturó a algunos de ellos. Se estaba refiriendo al primer prisionero que fue sometido a simulación de ahogamiento (submarino) bajo el programa de torturas de la CIA, el nacional saudí Abu Zubaydah, quien fue sometido al submarino un total de 83 veces en el transcurso de un mes. El secretario de defensa del presidente George W. Bush, Donald Rumsfeld, afirmó (falsamente, como se vio después) que Zubaydah era “si no el número dos, alguien muy cercano a la persona número dos en al-Qaida” y que había dirigido un campo de entrenamiento de este grupo en Afganistán.

De hecho, como reconoció la administración Obama en 2010, Abu Zubaydah nunca fue miembro de ese grupo, y mucho menos uno de sus lugartenientes clave. Capturado en una operación conjunta de la CIA y el FBI en Pakistán en 2002, sería trasladado de un sitio negro de la CIA a otro durante los cuatro años y medio siguientes, incluido el sitio secreto “Strawberry Fields” en Guantánamo. En parte debido a lo que la CIA hizo con él, Abu Zubaydah sigue encarcelado allí hasta el día de hoy. Según las recomendaciones de la CIA, nunca “debe colocársele en una situación en la que tenga algún contacto significativo con otros y/o tenga la oportunidad de ser liberado”.

Sin embargo, Mitchell supervisó las 83 veces que Abu Zubaydah fue sometido a simulacro de ahogamiento en un solo mes en un sitio negro de la CIA en Tailandia, durante el cual estuvo a punto de morir ahogado. En una de esas ocasiones, como reveló el informe de 2014 del Comité de Inteligencia del Senado sobre la tortura de la CIA, se observó que estaba “completamente inconsciente y que de la boca abierta y llena de agua salían burbujas”.

A diferencia de nuestro presidente, Mitchell parece sentirse profundamente herido por lo que él percibe como una crítica injusta. “Ustedes han estado diciendo cosas falsas y maliciosas sobre mí y el Dr. Jessen durante años”, se quejó a los abogados defensores en la audiencia de Guantánamo. La gente puede haber dicho cosas malas sobre él, pero lejos de rendir cuentas por las torturas, James Mitchell se ha deleitado en su impunidad, obteniendo derechos de autor por su libro Enhanced Interrogation: Inside the Minds and Motives of the Islamic Terrorists Trying to Destroy America y dando charlas organizadas a través del Worldwide Speakers Group (que lo anuncia como “psicólogo, interrogador de la CIA y escritor”) a razón de 15.000 a 25.000 dólares cada una.

Tampoco le fue mal a Mitchell mientras estuvo empleado por la CIA. De hecho, la Agencia pagó a la empresa formada por Mitchell y Jessen 81 millones de dólares por sus trabajos. Además, su contrato incluía una cláusula que garantizaba que el gobierno de EE. UU. cubriría los costes legales en los que incurriera como resultado de tales trabajos hasta el año 2021. Esto le resultaría muy útil cuando, en 2015, la American Civil Liberties Union (ACLU) les demandó a los dos en nombre de tres de sus víctimas: Suleiman Abdullah Salim, Mohamed Ahmed bin Soud y la familia de Gul Rahman, el detenido que había muerto por exposición al frío en Salt Pit. Mitchell y Jessen llegaron a un acuerdo en 2017 a cambio de una suma no revelada, también pagada por el gobierno estadounidense.

Nunca es fácil

Pensaba que me resultaría más fácil con el paso del tiempo. Llevo casi dos décadas escribiendo sobre la tortura. A estas alturas, pueden imaginar que al menos me habría insensibilizado un poco ante los detalles y las descripciones. Sin embargo, cada vez que me sumerjo en ese pozo negro, aún me parece más desagradable y aterrador.

Si es difícil para mí, alguien que nunca ha sido torturada ni ha hablado cara a cara con los pocos supervivientes de la tortura, imaginen lo que debe ser para aquellos que sobrevivieron a los programas de tortura de la era Bush y que siguieron siendo torturados durante un número desconocido de años. En realidad no tienen que imaginar demasiado, ya que disponemos de su testimonio sobre cómo dicho abuso afectó a algunos de ellos y la duración de esos efectos. En 2016, los reporteros del New York Times Matt Apuzzo, Sheri Fink y James Risen publicaron una serie de artículos bajo el título “De cómo la tortura estadounidense ha dejado un legado de mentes dañadas”.

Una de esas personas fue Suleiman Abdullah Salim, litigante en la demanda de la ACLU contra Mitchell y Jessen. Nacido en Tanzania, Salim fue detenido en Mogadiscio, Somalia, y entregado a agentes estadounidenses por razones que siguen siendo turbias. Es muy probable que fuera víctima de un error de identificación (y no habría sido el único prisionero de esas características en la guerra contra el terrorismo). Sabemos, al menos, que los estadounidenses que le subieron a un avión esperaban a un árabe yemení y alguien con una piel mucho más clara. Terminó en Afganistán en un sitio negro que recuerda como “la Oscuridad”, que era, de hecho, Salt Pit. Allí fue golpeado, emparedado, encadenado en la más completa oscuridad, expuesto a una música implacable y ruidosa, confinado en una caja tipo ataúd, colgado repetidamente por las muñecas, una vez durante 48 horas seguidas, y empapado a veces con agua helada hasta sentir que se ahogaba.

Finalmente, la CIA trasladó a Salim a una prisión en la base aérea de Bagram en las afueras de la capital afgana, Kabul. En 2008, fue liberado en Afganistán con tan solo la ropa que llevaba puesta. La Cruz Roja Internacional organizó un vuelo de regreso a Zanzíbar, Tanzania, donde aún vive, obsesionado por la experiencia en la Oscuridad.

En 2010, Risen, del Times, escribió: “Physicians for Human Rights, un grupo con sede en Nueva York, pidió a la Dra. Sondra Crosby, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, médica, reservista de la Marina y experta en tortura, que evaluara al Sr. Salim”. Descubrió que estaba consumido “como si fuera un esqueleto” y “hundido en una profunda angustia, incapaz de comer y de dormir”. El informe de Risen continúa:

“‘Se describe a sí mismo como un fantasma que deambula por la ciudad’, agregó. Observó otros síntomas: recuerdos retrospectivos, pérdida de memoria a corto y largo plazo, angustia al ver a alguien con uniforme militar, desesperanza acerca del futuro y un intento desesperado de evitar el ruido. ‘Relata que siente un gran vacío en la cabeza, como si fuera una caja vacía’, dijo”.

La serie del Times relató también el sufrimiento de otro demandante en el caso contra Mitchell y Jessen: Mohamed bin Soud. También estuvo encerrado en Salt Pit, donde su terrible experiencia involucró muchos de los mismos métodos de tortura que Salim había soportado. Hoy tiene un trastorno de estrés postraumático en toda regla. “Está atormentado por las dudas y tiene que esforzarse mucho para poder tomar decisiones sencillas. Su humor cambia continua y drásticamente”, informaba el Times.

En primer lugar, ¿no causar daño?

Las audiencias previas al juicio en Guantánamo revelaron también el papel, raramente abordado, que desempeñaron los médicos y otros trabajadores sanitarios en el programa de tortura de EE.UU. Aparentemente, la razón por la que sabemos que Abu Zubaydah fue sometido al submarino 83 veces y Khalid Shaikh Mohammed 183 veces es porque, como testificó James Mitchell en enero, un médico estaba presente dentro de la cámara de tortura y utilizaba un pequeño contador de clics de metal para llevar la cuenta. Según Rosenberg, del Times, sin embargo, los médicos “hicieron algo más que contar las sesiones de submarino. Las investigaciones del gobierno y la evidencia en las audiencias previas al juicio de los detenidos… muestran que los médicos realizaron una “rehidratación rectal”, realizaron búsquedas en la cavidad rectal y examinaron los pies y las piernas hinchadas de los cautivos a los que impedían dormir durante días y mantuvieron encadenados en posturas muy dolorosas”.

Es indudable que queda mucho más por descubrir sobre el papel del personal médico en los sitios negros de la CIA por todo el mundo. De hecho, queda por desvelar sobre todo las formas en que los detenidos fueron despojados no solo de sus derechos humanos sino, al menos en la mente de sus torturadores, de su propia humanidad. En un momento de su testimonio, por ejemplo, Mitchell recurrió al abogado de Ammar al-Baluchi, uno de los cinco acusados ​​del 11 de septiembre. Hablando de Charlie Wise, el jefe de interrogatorios de la CIA y del resto de su equipo, Mitchell dijo: “Parece que usaron a su cliente para entrenarse”. Según Julian Borger, del Guardian, bajo el liderazgo de Wise, “los alumnos tenían de hecho que aplicar cada una de sus técnicas en Baluchi y otros reclusos para conseguir el diploma”.

Y el propio Mitchell usó a Abu Zubaydah como objeto de demostración, por lo tanto, los mandamases de la CIA debían estar implicados en lo que estaba haciendo. Borger informa que “sometió a Abu Zubaydah al simulacro de ahogamiento a pesar de que estaba bastante seguro de que el detenido no tenía inteligencia procesable para rendirse”. Se hizo exclusivamente como demostración para los VIP de la Agencia.

El precio de la impunidad

Gracias a la cobardía de la administración de Obama, ningún funcionario de la CIA ni ningún alto funcionario de la administración de George W. Bush y Dick Cheney, ningún psicólogo, ningún médico, nadie ha sido considerado responsable de los años de tortura practicados a una escala global en la guerra contra el terror. Por supuesto, el propio Donald Trump salió elegido aunque proclamó públicamente que el submarino “me gusta mucho” y, según consta, consideró que las experiencias de tortura en el sitio negro de Gina Haspel constituían una parte positiva de su currículum cuando consideró su nombramiento como directora de la CIA. Mitchell continúa dando discursos y recaudando sus derechos de autor. George W. Bush ha sido rehabilitado como apacible pintor de retratos.

¿Es realmente tan sorprendente, entonces, que tengamos ahora un hombre en la Oficina Oval que cree que tiene “derecho a hacer lo que quiera como presidente”? La historia de la guerra contra el terrorismo del siglo XXI sugiere que si no tiene tal derecho, ciertamente que parece tener el poder.

Rebecca Gordon es colaboradora habitual de TomDispatch y enseñante en la Universidad de San Francisco. Ha publicado recientemente American Nuremberg: The U.S. Officials Who Should Stand Trial for Post-9/11 War Crimes. Ahora está trabajando en un nuevo libro sobre la historia de la tortura en Estados Unidos.

Fuente: http://www.tomdispatch.com/blog/176664/


 

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