AMBIENTE:
Bush acusado de amordazar a científicosPor Stephen Leahy
TORONTO, 18 feb (IPS) - Crece la evidencia de que el gobierno de
Estados Unidos prohibió a varios científicos divulgar información sobre el
cambio climático y otros asuntos ambientales.
En enero, uno de los
más reconocidos científicos estadounidenses, James Hansen, acusó al gobierno de
George W. Bush de impedir que información sobre el recalentamiento planetario
llegara al público.
Hansen, director del Instituto Goddard para Estudios
Espaciales de la NASA, la agencia espacial estadounidense, aseguró que expertos
a su cargo y de la Oficina Nacional de Administración Océanica y Atmósférica
(NOAA, por sus siglas en inglés) eran amordazados por las autoridades.
"Esto se parece más a la Alemania nazi o a la Unión Soviética que a
Estados Unidos", había dicho Hansen en un panel público sobre ciencia y ambiente
celebrado el 10 de este mes en Nueva York.
Durante el otoño boreal,
autoridades ordenaron a Hansen que retirara información publicada en Internet
según la cual 2005 podía ser el año más caliente del que se tuviera registro.
Pocos meses después, ese pronóstico fue confirmado por varias instituciones
científicas.
El gobierno también habría prohibido a periodistas
entrevistar a científicos sobre estas investigaciones.
El gobierno de
Bush es renuente a reconocer el vínculo entre el gran consumo de combustibles
fósiles y el cambio climático, y ha repudiado el Protocolo de Kyoto, único
instrumento internacional que obliga a las naciones industriales a reducir las
emisiones de gases que recalientan la atmósfera..
"Las cosas están aún
peor en la NOAA y en la Agencia de Protección Ambiental", dijo Hansen a un canal
de televisión.
La NOAA descartó cualquier conexión entre el
recalentamiento planetario y la temporada de huracanes del año pasado, a pesar
de la creciente evidencia aportada por otros expertos en cambio climático. El
miércoles, la oficina reconoció que muchos de sus científicos discrepaban con
esa posición oficial.
"El gobierno de Bush rechaza el método
científico", afirmó Lewis Lapham, editor de Harper's Magazine y autor del libro
"Gag Rule" ("La ley mordaza"), que denuncia la censura que ejerce la
administración con quienes discrepan de sus posturas.
"El
recalentamiento planetario no entra en su actual estructura de pensamiento",
dijo Lapham a IPS.
El periodista sostuvo que Estados Unidos parece
ingresar en una era en la que la fe es más importante que los hechos y el
disenso es considerado una traición.
Cuando se trata de investigar, el
gobierno ha ido incluso más allá de la tradicional práctica de los políticos de
cambiar los números para hacer que los resultados sean los que ellos quieren,
dijo Lapham.
"Si la ciencia no demuestra lo que se le dice debe
demostrar, entonces ellos creen que ha sido alterada por Satanás o por el
(opositor) Partido Demócrata", señaló.
Hace dos años, 60 prominentes
científicos firmaron un documento aseverando que, a menos que sus puntos de
vista o la evidencia presentada coincidiera con la ideología del gobierno de
Bush, su testimonio era siempre ignorado o rechazado. Desde entonces, más de
8.500 científicos ratificaron esa denuncia.
La Union of Concerned
Scientists (UCS, Unión de Científicos Comprometidos) acusó al gobierno de
tergiversar los resultados de las investigaciones de la Academia Nacional de
Ciencias, de los propios expertos gubernamentales y de toda la comunidad
académica que estudia el cambio climático.
La UCS elaboró una
convincente lista de instancias de interferencia política en investigaciones,
incluyendo la remoción de científicos altamente calificados de comités de
asesoramiento que tratan sobre salud infantil, ambiental y reproductiva, así
como sobre abuso de drogas. Estos especialistas fueron reemplazados por
individuos vinculados o contratados por industrias sujetas a la regulación del
Estado.
La financiación también fue denegada a científicos que se
expresaron libremente o llevaron a cabo investigaciones que podían contradecir
la política de la Casa Blanca.
Científicos que investigaban el impacto
ambiental de los motores a hidrógeno se quedaron sin financiamiento de la NASA
luego que en un estudio preliminar encontraron que esta tecnología podía causar
serios daños ambientales.
El gobierno de Bush promovió y financió la
investigación sobre este tema por considerarlo un futuro reemplazo para los
vehículos alimentados a gasolina.
A comienzos de este mes, la Oficina de
Administración de Tierras se negó a continuar financiando un estudio de la
Universidad Estatal de Oregon que sugería que la tala de árboles no era la mejor
manera de recuperar bosques destruidos por incendios.
El gobierno de
Bush apoya la tala a cargo de las empresas forestales como una práctica buena
para la ecología y para prevenir futuros incendios.
"La ciencia siempre
ha estado influenciada por los políticos", señaló Stephen Bocking, profesor
asociado de estudios ambientales en la canadiense Universidad de Trent.
En los años 50 y 60, las empresas químicas persuadieron a los gobiernos
de financiar investigaciones sobre el uso de productos químicos en la
agricultura. En los años 80 y 90, muchas de las mismas compañías utilizaron su
influencia para obtener grandes sumas de dinero público para realizar
investigaciones sobre cultivos genéticamente modificados, dijo Bocking en una
entrevista.
La influencia de las corporaciones sobre el gobierno siempre
estuvo presente, pero Bocking reconoce que es más fuerte ahora que nunca. Por
ejemplo, buena parte de la investigación estatal en áreas como la agricultura
sólo satisface las necesidades de las grandes corporaciones.
Aunque
serviría al bien público, ni el gobierno canadiense ni el estadounidense han
gastado una adecuada cantidad de dólares en investigación sobre los impactos
ambientales de los transgénicos, dicen los críticos.
Los intentos
explícitos de los gobiernos por amordazar a los científicos que hacen
investigaciones estatales no son tan comunes, dijo Bocking. "Hay maneras mucho
más sutiles de dirigir la investigación", afirmó.
Las decisiones sobre
cómo son financiados los proyectos, durante cuánto tiempo y la metodología
empleada, entre otros factores, influyen mucho más en las conclusiones finales,
afirmó. "Los resultados de las investigaciones tienden a reflejar quién está
pagando por ellas".
Esto no tiene nada que ver con la integridad
personal de los científicos, insistió. La mejor prueba de ello es que
científicos creíbles financiados por empresas farmacéuticas produjeron
resultados que luego fueron invalidados por investigadores pagados por el
estado.
La investigación estatal es crucial para contrarrestar a la
financiada por las corporaciones, dijo. Y se necesita mucho más de la primera.
"Las decisiones sobre qué investigación financia el estado también
deberían tomarse en colaboración con los científicos y el público", concluyó
Bocking. (FIN/2006)
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