Operación Streamline: La criminalización generalizada e injusta de
inmigrantes
17 de marzo de 2014 | Periódico Revolución |
revcom.us
De lunes a viernes, a la 1:30 de la tarde, un Tribunal Federal en Tucson,
Arizona, se llena de grupos de hombres y mujeres encadenados de las manos y los
pies. Los desfilan, en grupos de siete, ante un juez federal. Todos son de
México o Centroamérica. A cada uno lo acusan de uno de dos delitos federales:
entrada ilegal a Estados Unidos, un delito menor que lleva una sentencia que va
de 30 días hasta 6 meses en una prisión federal, una cárcel del condado o una
prisión privada; o reentrada ilegal, que lleva una posible condena de dos años
de prisión, o hasta 20 años si la persona fue condenada anteriormente de un
delito agravado.
Justicia imperialista y criminalización generalizada
Al concluir la tarde, el tribunal habrá oído, condenado y sentenciado a más o
menos 70 personas. A cada una le habrá tocado unos 25 segundos para oír las
acusaciones, hacer una declaración y recibir la condena. Uno de los jueces que
maneja este proceso estilo línea de ensamble de “justicia” imperialista se jactó
a un reportero, “mi record es de 30 minutos” (para procesar a todos). Continuó,
“Lo que hacemos es constitucional, cumple con el debido proceso. Pueda que no se
vea bien, pero satisface los requisitos de la ley”.
En media hora, más o menos, las vidas, esperanzas y sueños de 70 personas
empobrecidas y desesperadas para buscar trabajo quedan aplastados dentro de los
procedimientos constitucionales de un sistema capitalista imperialista
fundamentado en la explotación salvaje de personas a través del mundo.
Todos los días ocurren semejantes escenas en El Paso, Del Río, Laredo,
McAllen y Brownsville, Texas; Las Cruces, Nuevo México y Yuma, Arizona. Eso es
la “Operación Streamline (Agilizar)”, un programa al cual lo inició la
administración de George W. Bush y lo expandió enormemente la de Obama. Los
inmigrantes agarrados por la Patrulla Fronteriza al batallar para cruzar
desiertos, praderas, montañas y cañones en temperaturas extremas de calor o frío
son encadenados de los pies, apiñados en autobuses y traídos inmediatamente al
calabozo. Muchos ya habían viajado durante semanas desde el interior de México
antes de ser cazados en el último tramo al brincar la frontera hasta El Norte.
No les permiten bañarse o cambiar la ropa. Muchas veces no les dan de comer. Al
día siguiente los llevan ante el juez para tener su día en la corte, o más bien,
su medio minuto en la corte.
Sólo en 2011, condenaron a más o menos 62 mil inmigrantes como criminales
bajo la Operación Streamline. La criminalización generalizada de
inmigrantes es un componente clave de la política migratoria de un sistema
criminal.
Según le contó Fabiana Ramos a un reportero, le habían dicho exactamente qué
tenía que hacer y contestar en el tribunal de Tucson. Solamente debía responder
cuando decían su nombre, contestar “sí” a cualquier pregunta y simplemente decir
“culpable” cuando le leyeran la acusación. Dijo que los abogados que les
aconsejaron a ella y los demás “simplemente te van a decir lo que tienes que
decir, lo que a te conviene decir a ti. Que me convenía decir que yo sí era
culpable, y que sí aceptaba el tiempo que me daban. Son como 10 minutos, al
parecer”. Según estadísticas oficiales, el 97% de los arrestados se declaran
culpables.
Cruel “imposición de consecuencias”
Michael J. Fisher, el jefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense, le
informó al congreso en octubre de 2011 que la Operación Streamline y
otras medidas son parte del “enfoque totalidad-de-gobierno” de la administración
de Obama en el asalto represivo contra su frontera suroccidental con México. En
el contexto de lo que Fisher describió como “niveles históricos de personal,
tecnología y recursos que el Departamento de Seguridad de la Patria ha
desplegado en la frontera”, describió un “sistema de imposición de
consecuencias” para castigar dura y rápidamente a los inmigrantes arrestados en
la frontera.
La Operación Streamline es un componente clave de este proyecto: es
la aplicación específica de “tolerancia cero” con los detenidos en la frontera.
Requiere el proceso penal contra la mayoría de los inmigrantes
detenidos en los distritos donde rige esta Operación, en contraste con la
antigua política de procesarlos en el juzgado de lo civil y permitir a muchos
abandonar el país voluntariamente. Como escribió el New York Times,
“Operación Streamline es "el núcleo de un programa federal en vigor en
tres estados fronterizos, que hace uso del proceso y encarcelamiento como un
freno de primera línea contra las personas que tratan de cruzar la frontera
ilegalmente. Es parte de una estrategia más amplia de intensificar las
consecuencias para las personas que violan las leyes migratorias”. En otras
palabras, primero Bush y ahora Obama han criminalizado la inmigración a un nivel
sin precedente.
Streamline es una de nueve medidas federales entrelazadas, a las
cuales las inició o las fortaleció la administración de Obama, que pretenden
“establecer prioridades claras… de aumentar la seguridad fronteriza”, según
Fisher. Incluyen tales medidas como el “Programa de Salida y Traslado de
Extranjeros” que lleva a los deportados hasta una cruce de frontera muy lejos de
donde los arrestaron, y el “Procedimiento de Repatriación al Interior de
México”, que manda a mexicanos hasta el interior del país en vez de los estados
fronterizos, sin importar su estado de origen.
En los últimos años se han disparado las condenas por delitos graves
federales “relacionados con la inmigración”. Un informe oficial en 2011 reportó
que el número de personas arrestadas por las autoridades federales por cargos
migratorios de hecho disminuyó en la década anterior, sin embargo el número de
personas procesadas se triplicó. Ya para el septiembre del año pasado, el número
de procesos contra inmigrantes en tribunales federales alcanzó un máximo
histórico de casi 100.000 personas, o sea, un aumento de 367 por ciento en 10
años.
Conflicto agudo, potencial revolucionario
Un debate intenso y enconado sobre una nueva ley migratoria ha convulsionado
a Washington durante el año pasado. Como escribió Revolución en ese
entonces, este proyecto de ley “no tiene nada que ver con reformar la situación
de opresión en beneficio de la gente. Al contrario, es una parte integral de una
mayor aceleración de la militarización brutal de la frontera entre Estados
Unidos y México, y la instauración de una inscripción y de ataques altamente
represivos contra millones de inmigrantes en Estados Unidos, con el fin de
controlar y explotar con mayor eficiencia a un sector de la población que la
clase dominante de este sistema capitalista imperialista necesita pero que
también teme, todo bajo el pretexto de facilitarles un ‘camino a la ciudadanía’”
(“Nuevo
proyecto de ley migratoria: Un salto ominoso de la represión y la resistencia
que se necesita”).
Tanto los demócratas como los republicanos concuerdan en la necesidad de
intensificar y expandir el control y la represión de inmigrantes. Siguen
discrepando, muchas veces tajantemente, en cómo lograr eso. En este momento no
queda claro cómo resolverán esos desacuerdos este año, si es que logren hacerlo,
y Revolución publicará un análisis más detallado de ese proceso.
Pero es importante notar ciertos temas ahora. Uno es que el proyecto de ley
general sobre inmigración que se aprobó en el Senado en 2013 contenía, entre
otras medidas altamente represivas, la triplicación de fondos para la
Operación Streamline. Pero los republicanos atacaron incluso ese
proyecto, acusando a Obama y los demócratas de ser “muy blandos” y en particular
por no erogar suficiente recursos para convertir a la frontera, ya militarizada,
en una zona de muerte aún más despiadada.
Otro tema es que tanto su necesidad de forjar una nueva política
migratoria/fronteriza, y su dificultad de llegar a un tipo de acuerdo entre los
gobernantes para lograr ese fin, son expresiones de la profundidad y volatilidad
de las contradicciones en torno a la inmigración y la relación entre Estados
Unidos y México, las que confrontan este sistema de explotación y opresión. Los
inmigrantes en Estados Unidos forman un sector extremadamente explotado;
continuar esa explotación es esencial para el funcionamiento de un sistema que
se basa en las ganancias arrancadas al trabajo de millones de personas. La
dominación yanqui de México y los países centroamericanos es un eje de su
imperio global. Evitar y restringir levantamientos en potencia en esos países,
que tendrían repercusiones inmediatas, directas e impredecibles dentro de
Estados Unidos, es de gran importancia estratégica para los imperialistas.
Al final, y de mayor importancia para los que están forjando un movimiento
para la revolución, los millones de inmigrantes, con papeles o sin papeles, son
una tremenda fuente potencial de fuerza revolucionaria en Estados Unidos. Es
necesario que la resistencia a la Operación Streamline que empieza a
propagarse en Arizona y otros lugares, y la resistencia a todos los ataques
contra inmigrantes, se construya cada vez más como una parte de forjar el
movimiento para la revolución, con la orientación de “luchar contra el poder, y
transformar el pueblo, para la revolución”.
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