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Entrevista de Revolución

Shayana Kadidal, del Centro pro Derechos Constitucionales, sobre el espionaje oficial generalizado en telefonía e internet

3 de julio de 2013 | Periódico Revolución | revcom.us

Las denuncias que han salido desde la primera semana de junio, las cuales las reportó primero el periodista investigador Glenn Greenwald, han sacado a la luz el espionaje a gran escala por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos sobre la actividad telefónica y de internet de miles de millones de personas en este país y a través del mundo. Esto es un asalto peligroso y siniestro por el gobierno estadounidense contra los derechos populares básicos, con el objetivo de monitorear y controlar las ideas y el modo de pensar, las comunicaciones y la actividad de todo el mundo. (Vea "Cinco puntos básicos de orientación sobre las denuncias de espionaje del gobierno" en revcom.us.)

En vista de eso, Revolución habló con Shayana Kadidal, el abogado ejecutivo de la Iniciativa de Justicia Global de Guantánamo del Centro pro Derechos Constitucionales (CCR) en la Ciudad de Nueva York, para conocer más sobre este espionaje generalizado por el gobierno estadounidense. Los casos en los cuales Kadidal ha participado en el CCR incluyen demandas contra el programa de vigilancia sin autorización judicial.

Durante esta entrevista, Kadidal vincula las filtraciones recientes del espionaje vasto que Obama sigue manejando, al espionaje oficial que se denunció durante los años de George W. Bush, y a la ley PATRIOTA, la ley aprobada tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, que expandió enormemente los poderes represivos del gobierno. En particular, señala la Sección 215 de dicha ley, que permitió al gobierno obtener todo tipo de datos sobre las actividades de las personas — por ejemplo obligar a las bibliotecas a entregar datos sobre los libros sacados y al mismo tiempo prohibirles ni siquiera avisar al público de que se le está vigilando. Actualmente están utilizando la Sección 215 como el fundamento "legal" para llevar a cabo parte de la masiva vigilancia.

* * * * *

Revolución: ¿Nos da un vistazo a lo que se ha emergido, desde que salieron estas denuncias más recientes, sobre el espionaje generalizado por parte del gobierno estadounidense sobre las llamadas telefónicas y la actividad en el Internet?

Shayana Kadidal: La primera serie de artículos señaló algo del cual ya habíamos escuchado en general en el pasado, desde el mayo de 2006: de que el gobierno está montando una enorme base de datos de básicamente todos los datos de llamadas de todas las compañías principales de telefonía en Estados Unidos. Así que, el artículo denunció una orden de la corte secreta Vigilancia de Inteligencia al Extranjero (FISA, por sus siglas en inglés), que le exigió que Verizon Business, antes MCI, entregara todos los datos de llamadas de sus clientes — quién le llamó, a quién llamó, cuándo se hicieron esas llamadas, la ubicación del celular si corresponde, etcétera. Que entregara al gobierno todos esos datos de un período de tres meses.

Bueno, cuando eso salió, muchas personas pensaban, un período de tres meses, quizás era una respuesta al bombardeo en Boston que ocurrió solamente 10 días antes. Pero no tenía sentido, porque la investigación terminó después de 10 días, y la orden era para tres meses y no se limitó para nada a datos relacionados con Boston. Al último [la senadora] Dianne Feinstein confirmó que simplemente estaban renovando la orden, que cada 90 días reciben la misma orden, durante lo que ya vienen siendo siete años, desde el 2006. Así que, básicamente, es el mismo programa sobre el cual informó USA Today en 2006, cuando este cotidiano reportó que estaban recogiendo datos de muchas otras compañías de telefonía también.

Así que en esencia ya sabemos que el gobierno cuenta con una enorme base de datos sobre todos los datos telefónicos. Al obtener una orden judicial bajo la Sección 215 de la Ley PATRIOTA —conocida como la "Disposición Biblioteca" porque era una disposición muy controvertida que se aprobó, no porque permitía al gobierno hacer cosas locas como éstas sino porque le permitía conseguir los datos de biblioteca—, podían vigilar lo que uno sacó para leer.

Resulta que el gobierno no la utilizó mucho para eso. Pero logró que unos jueces muy obedientes de la FISA le firmaran una orden mucho más amplia de lo que ese estatuto parece comprender, para permitirle llevar a cabo este programa. Unos puntos sobre eso: Cuando el congreso aprobó la ley PATRIOTA, no era exactamente un gran momento para las libertades civiles, pero por lo menos pensaron que iba a reinar algún nivel de supervisión por el hecho de que esos jueces de la FISA debían revisar las solicitudes oficiales de vigilancia para asegurarse de su relevancia para alguna investigación actual. Y que por ese requisito de relevancia una orden aprobada por lo menos tendría ciertos límites. Que no todas las llamadas que entraran, todas las que salieran, de toda una compañía, durante un largo período de tiempo. Así que la corte FISA era una medida de supervisión, ¿no es así? Sólo que autoriza la mayoría de las órdenes sin más ni más. A los jueces los escoge el presidente de la Suprema Corte, así que o Roberts o Rehnquist escogió a todos. Operan en secreto. Nunca publican sus dictámenes. Históricamente han aprobado sin preguntar siquiera — no negaron ni una solicitud, me parece, de los primeros veinte años de órdenes que les pidió el gobierno. Creo que rechazaron cinco de las primeras 19.000 órdenes, algo así. Qué supervisión ni que nada.

La otra cosa que debía ser un mecanismo de supervisión era que se debía darle un informe al congreso al fin del año, sobre cuántas veces se había usado la disposición para bibliotecas. Pero si una sola orden cubre toda una compañía de telefonía con 10 millones de suscritores y todititas sus llamadas, el informe sería muy engañoso. Podrían informar al fin del año que hubo cinco órdenes, pero éstas podrían cubrir el 95 por ciento del público estadounidense que usa el teléfono.

Así que fallaron todos los mecanismos de supervisión, y la autoridad para vigilar ya relativamente amplia que se aprobó en el Ley PATRIOTA se aplicó mucho más ampliamente de lo debido, en parte por esas fallas en el mecanismo de supervisión.

Revolución: ¿Y qué tal de la vigilancia sobre la actividad en el internet — el programa PRISM de la NSA?

Kadidal: Sí, pero un punto más, en términos de por qué importa. Mira, se puede averiguar mucho sobre el contenido de las comunicaciones estudiando los patrones de cuándo suceden. Si un reportero de la AP llamara a tres personas en la Cámara de Representantes y al día siguiente publicara un artículo incómodo que revelara unos secretos oficiales sucios, no le resultaría muy difícil al gobierno suponer de qué estaba hablando ese periodista por teléfono con sus fuentes, ¿verdad? Los metadatos son casi más importantes que el contenido en esos casos. En un caso parecido, si un congresista estuviera llamando repetidamente a líneas del sexo por teléfono durante varios años, esos datos pueden aprovecharse al estilo J. Edgar Hoover (el ex director del FBI), es decir, las agencias de inteligencia podrían chantajearlo.

Revolución: Tienen los datos recolectados y almacenados, así que pueden sacar datos del pasado.

Kadidal: Correcto. Absolutamente pueden hacerlo. La defensa principal de la administración sobre eso es que, bueno tienen que sacar otra orden para buscar en la base de datos. [Habla el gobierno], "Ustedes no se dan cuenta por el documento filtrado, pero hay muchas otras reglas que gobiernan este programa, ya ha durado siete años, así que los jueces no van a precisarlo todo en las órdenes. Pero para buscar esta base de datos se requieren diferentes cosas".

¿Es creíble eso? No parece creíble basado en lo que la orden dice. ¿Sería un arreglo plausible? Ese tipo de cosas son las que tenemos que investigar y averiguar, ¿no es así? El congreso tiene que estudiarlo. El público estadounidense tiene que reclamar respuestas. Bueno, en resumen, eso es lo de los teléfonos.

Una cosa más al respecto. Debido a que eso se tramitó por medio de la Ley PATRIOTA 215, que requiere que esa corte sumisa emita una orden, mucha gente no se da cuenta, pero para que ellos recolecten los registros de las llamadas de las personas, no necesitan una orden judicial. Sólo necesitan hacer una citación. La Suprema Corte decidió en un caso llamado Smith v Maryland en 1979, que no existe la misma protección sobre los números marcados como el contenido de las llamadas. Para el contenido se requiere que un juez emita una orden judicial. Para una llamada dentro del país, necesitan comprobar que tienen motivos para creer que uno está probablemente involucrado en algún crimen, para el cual necesitan interceptar el teléfono para investigarlo. Pero para conseguir los datos del teléfono, sólo tienen que tramitar un affidávit de que los quieren para fines de alguna investigación. Es muy fácil cumplir con ese requisito. El gobierno utiliza esas citaciones mucho más de que utilizan órdenes judiciales tradicionales.

Para darte un ejemplo, no se aplica solamente a los datos telefónicos sino todo al mismo estilo — algo parecido al domicilio escrito en el sobre de una carta en vez del contenido de la carta. Según la noción de la Suprema Corte, uno está entregando esa información a la compañía de teléfonos, un tercero, para que éste la utilice para enrutar sus llamadas, así que uno no puede esperar que se mantenga en privado. Además aparece en la factura y cosas al estilo, de plano no es tan privado porque se entregó a un tercero. Bueno, y ¿qué otras cosas se entregan a un tercero? Los datos del banco. La tarjeta de crédito. Los mensajes electrónicos, puesto que requieren al proveedor de servicios de internet para intercambiarse, ¿no es así? Se protegen solamente por un estatuto adicional que el congreso creó después del caso Smith. ¿Qué más? Documentos en el almacenamiento en nube. Ciertos tipos de chateo. Hay un montón de datos los que las personas se imaginan que se requeriría una orden judicial para recolectarlos, pero no se la requiere. Pues, eso es un punto importante, me parece.

Aunque tienen una autoridad ridículamente amplia para vigilar por medio de una orden judicial, ni siquiera la necesitan. Y, obviamente, si son citaciones nada más que dan a las compañías telefónicas, solamente saldrían a la luz si dichas compañías soltaran la sopa, ¿verdad? Pero por lo general amordazan a las compañías telefónicas, para que no revelen la orden. Por ejemplo, les prohibieron revelar una orden de la 215. Esa mordaza está en el mismo texto de la orden, de que solamente se la pueden revelar a sus propios abogados, son las únicas otras personas a las que pueden decir, si los abogados quieren impugnarla en representación de la compañía telefónica. Pero no pueden contárselo al cliente los datos del cual los están entregando.

Tratándose de las citaciones, son diferentes las reglas. Algunas se llaman cartas de seguridad nacional. Puede que se les aplique reglas de mordaza semejantes. Pero lo importante es que las compañías telefónicas obran en una industria tan fuertemente regulada, con leyes antimonopolios sobre sus cobros, con impuestos sobre ciertos tipos de servicios, la amplitud de banda, que no tienen ninguna motivación para oponerse al gobierno, tienen hasta menos de lo que tiene una corporación típica.

Revolución: Todo eso es bien indignante ya — pero encima de eso salieron las denuncias sobre el programa PRISM, el espionaje por Internet de la NSA.

Kadidal: Respecto PRISM: lo descabellado, me parece, es que el gobierno tiene algún tipo de conexión directa dentro de los sistemas de las compañías telefónicas, como ya sabemos. Ahora bien, salieron una que otra indicación de eso desde hace mucho. Si te acuerdas, Electronic Frontier Foundation entabló una demanda a base de unos documentos filtrados que recibieron de un tipo que se llamaba Mark Klein que trabajaba en la AT&T. Klein indicó que básicamente, en el centro de conmutación en San Francisco donde unos gigantescos cables de fibra óptica salían desde lo hondo del océano para luego conectarse con la red nacional, la NSA tenía un cuarto especial dentro de la instalación grande de conmutaciones de la AT&T en la calle Folsom. En ese cuarto, básicamente desviaban una copia completita de todo lo que venía en esos cables masivos de fibra óptica que traen todas las comunicaciones internacionales. Así que estaban básicamente absorbiendo toditito, desde dentro de la compañía telefónica.

En vista de eso, no debe sorprender que parezca que tienen algún tipo de capacidad de conectarse directamente con los sistemas de Google, Apple, Microsoft y quien sea, ¿no es así?

Revolución: Las compañías dicen que no le han concedido al gobierno una "puerta trasera" a sus sistemas.

Kadidal: Los ejecutivos y otros representantes de las compañías niegan saber nada de eso. Pero mira, el programa en sí sería clasificado. Así que las personas que conocen los detalles técnicos van a ser los gerentes técnicos de bajo nivel los que manejan su ejecución concreta, y quizás algunos de los abogados. No van a ser los altos ejecutivos. Aún si ese tipo o mujer tuviera autorización de seguridad, no va a tener permiso de hablar sobre el programa. Por eso no sé por qué sorprendería lo de que niegan saber. Lo más probable es que resulta del desconocimiento más que nada, que a su vez es una consecuencia del sistema de clasificación.

Con respecto al PRISM, el gobierno ha revelado más información en defensa de su posición, diciendo básicamente que eso es simplemente un sistema técnico que hemos establecido para ejecutar la vigilancia bajo el Acta de Enmienda a FISA, los cambios al Acta de Vigilancia de Inteligencia al Extranjero en el verano de 2008. En lo esencial, aprobaron esa lay de enmienda para codificar el programa de la NSA el que el New York Times reveló en 2005 — ese programa de recolectar todo, lo que quiera el gobierno por cualquier sospecha por mínima que sea, sin que la corte FISA intervenga mucho en los detalles individuales. Y este programa es lo mismo, en lo fundamental. Acuden a la corte FISA, y lo que la corte aprueba no es una orden judicial individual sino todo un programa completo de vigilancia. Apuntan sus criterios — lo que están buscando en términos muy generales. Puede ser tan amplio como "todas las llamadas a Israel" o "todas las llamadas a Venezuela o de Venezuela" o lo que sea. Mientras se trate principalmente de recolectar las comunicaciones de extranjeros, la corte lo autoriza sin cuestionar, y con eso lo ejecutan.

Este estatuto, a diferencia al caso de la telefonía —en el cual interpretaron el estatuto más ampliamente de lo debido, la corte no debía haber aprobado la orden y debía haberle informado mejor al congreso— ahora en este caso, el mismo estatuto era ridículamente amplio. Y ¿quién era una figura clave en su aprobación? El senador Obama cambió su voto, y eso sacó el tema de la vigilancia de la esfera política. Obviamente, él estaba preparándose para finalizar su campaña electoral presidencial en el verano de 2008, y no quería que ese tema surgiera como controversia, me imagino. Pero ya que esto no era un tema político entre los partidos, perdió chispa el movimiento que había surgido cuando salieron por primera vez las revelaciones sobre la NSA a finales del 2005.

Revolución: De la vigilancia que se ha descubierto, ¿cuánto, en su opinión, específicamente va para monitorear e incluso suprimir el disentimiento y la oposición política?

Kadidal: Bueno, ya existen muchos movimientos a los que el gobierno considera como cuasi "terroristas", ¿verdad? Así que el gobierno ya viene vigilando desde hace varios años, todo tipo de activismo relacionado con Gaza, relacionado con Cuba, relacionado con varias revoluciones en el Medio Oriente. Lo que se debe preguntar en realidad es que si el gobierno distingue siquiera entre el terrorismo y el activismo político. También tiene el efecto de intimidar. Simplemente saber que el gobierno tiene esa base de datos, y si decide en el futuro que un grupo es un peligro aunque no lo cree ahora, pues podrá calcular todo sobre con quién uno se asocia, los patrones de sus asociaciones, eso en sí desalienta a las personas a organizarse y formar redes políticas, ¿verdad? Eso en sí es un problema muy pero muy grande. Yo lo podría comparar con los esfuerzos de varios estados de la Confederación durante los años 1960 de conseguir listas de los miembros de la NAACP*.

Revolución: Lo que se ha revelado hasta ahora casi se parece a una película por lo vasta de la vigilancia — pero al mismo tiempo da la impresión de que podría ser solamente la punta del iceberg. ¿Qué opina al respecto?

Kadidal: Bueno, para mí no hemos visto el final del reportaje de Glenn Greenwald sobre el tema tampoco. Esperamos que salga más. Pero una parte de eso es una consecuencia del hecho de que esta agencia, la NSA, probablemente ni siquiera conocemos un desglose de su presupuesto. El presupuesto total para la NSA y la CIA es gigantesco — a eso de los $40 mil millones para las dos, me parece. Sabemos que tienen por allá de 40.000 empleados, así que es más grande que la CIA. Sólo lo sabemos por lo que se ha estimado a base de fotos satelitales de su estacionamiento. Pues hay muy poco conocimiento sobre las capacidades que esa gente está construyendo. Muy poca supervisión sobre eso, también, porque todo lo que concierne a su presupuesto y operación es un secreto bien custodiado. Eso en sí es un problemón. Hay informes — parece que la revista Wired publica un artículo al mes sobre las nuevas instalaciones que están construyendo, sobre lo podrían estar tramando. Pero se parece a la ciencia ficción.

Yo creo que algo increíble de la orden para recabar los datos de las llamadas telefónicas [emitida a Verizon] es ver la orden concreta... como abogado, le impacta a uno. Uno lo ve, y parece como la plantilla de una orden tradicional. Pero cuando uno llega a la sección donde deben describir específicamente —es decir, "aquella persona que habla en esta línea sobre ese tipo de actividad criminal"— en vez de eso, simplemente dice: "Danos todo"... "Danos todos los datos telefónicos de extranjeros"... y "todas las llamadas en el territorio nacional". Hablando del efecto emocional, el darse cuenta de lo que se trata, de lo que está ocurriendo — el tener el documento concreto impacta fuertemente. Demuestra la importancia de la transparencia, aunque en una forma más mínima — de ver una orden de muchas, pero muchísimas más.

 

* Nota de Revolución: En los principios de los años 1960, varios estados anteriormente esclavistas —Alabama, Arkansas, Luisiana, Tennessee, Texas y Virginia— exigieron que la NAACP entregara su lista de miembros bajo varios pretextos jurídicos. Dada la íntima relación entre los gobiernos estatales y la policía, por un lado, y los grupos como el Ku Klux Klan por el otro, quedó claro que entregar la lista traería a los miembros el hostigamiento, represalias económicas, hasta linchamientos. La NAACP libró una lucha en las cortes contra las órdenes, pero las órdenes y la amenaza de enormes multas por no cumplir casi pararon la actividad de la organización en esos estados durante años. [regresa]


 

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