Alabama aprueba nueva ley anti-inmigrante
fascista
Revolución
#237, 26 de junio de 2011
El 9 de junio, el gobernador de Alabama, Robert Bentley, firmó una ley
anti-inmigrante vilmente represiva. La ley, “Proyecto de Ley de la Legislatura
de Alabama 56”, o HB 56, es una norma polifacética. Se llama un “proyecto de ley
general”, cuya intención es, en las palabras de un periodista de derecha, tratar
“casi todos los concebibles problemas que causan los ‘ilegales’”.
Entre sus muchas normas fascistas, el HB 56 de Alabama:
- requiere que las escuelas averigüen la condición migratoria de los “alumnos
sospechosos”
- impide que los jóvenes inmigrantes indocumentados asistan a las
universidades públicas
- requiere que los empleadores utilicen el sistema “de verificación
electrónica” creado por el gobierno federal para averiguar la condición
migratoria de todos sus empleados
- hace que sea una ofensa penal “alquilar a sabiendas una residencia a un
‘extranjero ilegal’”
- requiere que todo elector presente un comprobante de su ciudadanía
- ordena que la policía, cuando tenga una “sospecha razonable” de que una
persona esté en el país ‘ilegalmente’, averigüe la condición migratoria de todo
el que pare
- impide la declaración de “ciudades santuarios” (no existe ni una en Alabama)
- permite que la policía mete a la cárcel a las personas de una “condición
migratoria no averiguada” hasta que se haga una averiguación y que las acusen de
“entrada ilegal”, que es una ofensa penal en Alabama
- estipula que trasportar a un inmigrante indocumentado, aunque sea para ver a
un médico o ir al hospital, es una ofensa penal.
Hay litigios en contra del HB 56. Cecilia Wang, la directora del Proyecto de
los Derechos del Inmigrante de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU),
dijo: “Al firmar el proyecto como ley, el gobernador Bentley ha estatuido la
discriminación oficial en el estado de Alabama. Tomaremos acciones para impedir
que entre en vigor esta ley a fin de garantizar la protección de los derechos
civiles y las libertades de todos los habitantes de Alabama”. Pero el estado de
Alabama está tomando medidas para poner en vigor el HB 56 el 1º de septiembre.
Si no prosperan las apelaciones contra la ley, eso traerá un nivel de terror sin
precedentes las 24 horas al día contra todos los inmigrantes en Alabama y contra
cualquiera que tenga pinta “distinta” o hable “de manera distinta” según las
normas de cualquier policía del estado.
Versión 1.0: Arizona
Las medidas de estado policial previstas en el HB 56 retoman el modelo del
odiado HB 1070 del estado de Arizona. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer,
firmó como ley el SB 1070 en abril de 2010, lo que signó una gran
intensificación nacional de la persecución a los inmigrantes. Al aproximarse el
plazo de julio de 2010 para la entrada en vigor del SB 1070, sacudieron el
estado durante unos meses protestas de decenas de miles de personas que
abandonaron la escuela, ocuparon edificios del gobierno y marcharon y
organizaron mítines en Phoenix, Tucson y otras ciudades. Prominentes artistas
denunciaron la ley y muchos grupos e individuos llamaron a realizar boicots del
estado. Al aproximarse el mes de julio, un sinnúmero de inmigrantes abandonaron
el estado.
A fines de junio de 2010, una decisión de un tribunal federal prohibió
temporalmente que entraran en vigor los apartados más descarados del HB 1070,
entre ellos, el requisito de que todos los agentes de la policía interroguen a
cualquiera que detuvieran acerca de su condición migratoria en caso de tener una
“sospecha razonable” de que tal persona estuviera en Estados Unidos “de manera
ilegal”. Pero nueve apartados importantes y muy represivos del HB 1070 entraron
en vigor, avalados por el tribunal federal.
Desde ese entonces por todo el país, se ha intensificado la implacable y
cruel represión contra los inmigrantes.
Una tormenta de leyes represivas recorre el país
Una oleada de proyectos de ley sádicamente crueles, abiertamente racistas y
férreamente represivos recorrió el país. Según la Conferencia Nacional de
Legislaturas Estatales, “en el primer trimestre de 2011, los legisladores de los
estados presentaron 52 proyectos de ley generales relacionados con la
inmigración en 30 estados”, y hasta ahora este año, se han presentado un total
de 1.538 “proyectos de ley relacionados con la inmigración”. El odiado HB 1070
de Arizona se convirtió en modelo en varios estados, como Georgia, Utah,
Carolina del Sur, Oklahoma e Indiana. Pero ninguno de estos proyectos era más
severo que el de Alabama.
Kris Kobach, el secretario de estado por Kansas y ex profesor de derecho de
la Universidad de Missouri, ha tenido un papel importante en la redacción de
muchas leyes anti-inmigrante. Redactó casi todo el HB 1070 de Arizona. También
tuvo un papel de peso en la elaboración del HB 56 de Alabama, que contiene
muchos apartados de la ley de Arizona, pero es aún más represivo. Después de la
firma del HB 56 por el gobernador Bentley, Kobach se jactó de que “ahora Alabama
es el nuevo estado Número Uno en la ejecución de medidas migratorias. He
trabajado de cerca con las dirigencias del Senado y la Cámara de Representantes
(en Alabama) para garantizar que se redacte bien la ley de Alabama. Si la ACLU o
esa gente a favor de fronteras abiertas deciden entablar un demanda contra
Alabama en los tribunales, esta ley contará con el apoyo de éstos”.
Muchos políticos dicen que una importante causa de este auge de leyes
represivas en los estados es que el “gobierno federal no cumple con sus
deberes”, o sea, según estos políticos, el gobierno de Obama no está haciendo lo
suficiente para apretar las clavijas contra la inmigración y los inmigrantes. De
hecho, el gobierno de Obama ha aumentado agresivamente la represión contra los
inmigrantes, un hecho que Obama ostenta con orgullo. En El Paso en mayo, Obama
dijo: “En los últimos dos años… hemos reforzado la seguridad fronteriza mucho
más allá de lo que se creía que era posible. La Patrulla Fronteriza tiene 20 mil
agentes, más del doble de 2004… Triplicamos el número de analistas de
inteligencia que trabajan en la zona fronteriza. He desplegado vehículos aéreos
no tripulados para patrullar los cielos desde Texas hasta California… Más allá
de la frontera, estamos procesando a los empleadores que a sabiendas explotan a
personas y violan la ley. Estamos deportando a aquellos que están aquí
ilegalmente”.
Durante el mandato de Obama, han aumentado las deportaciones en un 10% en
comparación con el último año de la presidencia de George W. Bush, a un total de
279.035 durante 2010. A pesar de la declaración de Obama ante la multitud en El
Paso de que “estamos canalizando nuestros recursos y personal limitados hacia
los transgresores violentos y las personas condenadas de delitos”, las propias
cifras del gobierno muestran que menos de una de cada seis personas deportadas
en 2010 tenía una condena por delitos calificados como “violentos” y el 51% no
tenían antecedentes penales en absoluto.
Mucho en juego para los gobernantes estadounidenses
La vil e implacable explotación de millones de inmigrantes, tanto
documentados como indocumentados, es un elemento esencial del
funcionamiento del sistema de capitalismo-imperialismo en este país y de su
posición dominante en el mundo. Los millones de inmigrantes realizan los
trabajos más míseros, más rompe-lomos, peor pagados y a veces sin paga: en los
campos y los huertos, en las fábricas y las bodegas, en los hoteles y los
restaurantes, en los campos de golf y los clubes campestres de los acaudalados.
Su explotación, o sea, las ganancias que se exprimen de su mano de obra, ha
constituido un componente clave del funcionamiento de la economía
estadounidense. Alan Greenspan, antiguo jefe del Banco de la Reserva Federal,
dijo en su testimonio ante el Congreso en 2007: “Queda poca duda de que la
inmigración no autorizada, es decir, ilegal, ha hecho una importante
contribución al crecimiento de nuestra economía”.
Además, a nivel mundial los imperialistas tienen mucho en juego. Conservar
una apariencia de estabilidad en México y América Central, los países que
Estados Unidos ha dominado, saqueado y desmembrado por más de 150 años, está al
centro de sus intereses globales y estratégicos. Desde hace mucho el orden
establecido ha considerado a los inmigrantes que se vienen a este país y que
trabajan aquí, como una “válvula de escape” para las crecientes tensiones en las
sociedades de México y América Central. Las remesas de los inmigrantes no sólo
sirven para aliviar el enorme sufrimiento económico en esos países sino que la
llamada promesa de la buena vida en Estados Unidos resulta una “salida” de las
insoportables condiciones de millones de personas.
Pero todo eso presenta problemas espinosos para la clase dominante
estadounidense, que también considera a los 11 millones de inmigrantes
indocumentados en este país como una potencial fuente de inestabilidad y
“deslealtad”. La clase dominante estadounidense entera quiere seguir
desarrollando y reforzando sus medidas para controlar y “sacar de las sombras” a
la población indocumentada, a la vez que tiene fuertes discrepancias en la cima
acerca de la manera de hacerlo.
El gobierno de Obama ha estado desarrollando un brutal programa de “control
migratorio” que se apoya en el despiadado control militarizado y de alta
tecnología de la frontera con México, índices récord de deportaciones, castigos
contra un pequeño número de empleadores que contratan a los indocumentados y
unas labores centralizadas para capturar los datos de todos los que trabajan en
este país en una base de datos oficial (el programa “Verificación
electrónica”).
Pero para las fuerzas dominantes del Partido Republicano y todas las
facciones fascistas y racistas de los diversos agrupamientos tipo “Partido del
Té”, ni eso basta para conservar la estabilidad y “aglutinar” esta sociedad.
Como señalamos en un artículo de Revolución de 2010: “El meollo del
programa de estos fascistas es restaurar o regresar a ese contrato social
original, con la supremacía de los hombres y de los blancos, que relacionan con
un tiempo cuando ‘le iba bien’ para Estados Unidos. De hecho, muchos hasta
sueñan con la Confederación que sólo existía para defender la esclavitud. Según
ellos, si se requiere un régimen fascista para lograrlo, que así sea”1.
Resistir a las leyes anti-inmigrante fascistas
A partir del 1º de septiembre, no se permitirá que los niños en edad escolar
en Birmingham y Montgomery se inscriban en la escuela cuando sus padres no
tengan sus papeles en regla. Se requerirá que los caseros de Mobile y Tuscaloosa
averigüen la condición migratoria de los potenciales inquilinos y que rechacen a
cualquiera que no resiste su examen. Todos los agentes de la policía del estado
tendrán autorización para exigir documentos migratorios o de ciudadanía, so el
pretexto de “sospecha razonable”, a las personas que paren, y todo el mundo sabe
lo que eso quiere decir para con las personas cuya tez tiene cierto color o que
hablen con cierto acento.
Esta ley fascista de Alabama es una intensificación ominosa y peligrosa que
perjudica en extremo al pueblo. Anteriormente este año, cuando se aprobó un
proyecto de ley anti-inmigrante en Georgia, surgió una amplia resistencia2. Además, en marzo los habitantes de Alabama protestaron contra
el HB 56. Tal resistencia a todas estas leyes fascistas y todos los ataques a
los inmigrantes tiene que crecer, con urgencia y de forma amplia, entre todos
los sectores del pueblo, inmigrantes y personas nacidas en este país por
igual.
Nuestro movimiento para la revolución es un movimiento internacionalista, que
defiende y lucha por la igualdad de todas las naciones.
Un balance de Revolución acerca de la batalla política contra el HB
1070 de Arizona tiene una aplicación aún más contundente hoy: “Lo que está en
juego es en qué clase de mundo queremos vivir y por la cual estamos dispuestos a
luchar. ¿Será un mundo en que hay cacerías y persecuciones de personas,
separadas de sus familias y seres queridos, correteadas de un lugar a otro,
acorraladas y exhibidas de manera humillante en público, forzadas a atravesar
abrasadores desiertos sin comida ni agua en una lucha desesperanzada por hallar
un mísero trabajo? Los agudos conflictos entre diferentes grupos de opresores
pueden contribuir a generar oportunidades poco comunes para la revolución. Pero
los términos de la división en la clase dominante estadounidense no pueden
determinar los límites de la manera de resolver esta cuestión”3.
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