La llamativa oposición de Hillary Clinton al Tribunal Penal Internacional
5 de marzo de 2016
Stephen Zunes
Los defensores del derecho internacional han mostrado su consternación por
el hecho de que la candidata demócrata a presidente de Estados Unidos Hillary
Clinton apoyó enérgicamente (al igual que sus rivales republicanos) la invasión
y ocupación ilegal de Irak. Un respaldo, el de Clinton a la petición de la
administración Bush, que la posicionó claramente en contra de la Carta de
Naciones Unidas y de los principios de Núremberg que prohíben este tipo de
guerras ofensivas. Irónicamente, hablamos de normas jurídicas internacionales
diseñadas en gran medida por funcionarios pertenecientes al mismo partido político
que ella aspira a representar en la carrera a la Casa Blanca.
Los defensores de Clinton insisten en que su voto de apoyo a la invasión de
Irak fue simplemente un “error”, como si la diplomada en derecho por Yale
hubiera olvidado los principios básicos del derecho internacional o la obligación
de Estados Unidos (por el artículo VI de su constitución) de defender los
tratados internacionales vinculantes.
Sin embargo, la hostilidad de la candidata demócrata hacia las leyes
internacionales va mucho más allá de su apoyo a las ambiciones imperialistas de
la administración Bush en Oriente Medio. En artículos anteriores he destacado
por ejemplo su respaldo a la anexión ilegal del oeste del Sáhara por parte de
Marruecos, su apoyo a la anexión ilegal de la zona ocupada del este de Jerusalén
por parte de Israel o su propuesta de anexión de grandes segmentos de los
territorios ocupados en Cisjordania, su defensa de los crímenes de guerra
israelíes y sus ataques al Tribunal Internacional de Justicia por su resolución
en 2004 en la que se defendía la aplicación de la Convención de Ginebra en los
territorios bajo ocupación militar extranjera. Pero, aun así, uno de los
ejemplos más inquietantes su férrea oposición al Tribunal Penal Internacional
(TPI, en sus siglas en castellano).
Los defensores de Clinton insisten en que su voto de apoyo a la invasión de Irak
fue simplemente un “error”, como si la diplomada en derecho por Yale hubiera
olvidado los principios básicos del derecho internacional.
El Tribunal Penal Internacional fue establecido en 2002 en La Haya, Holanda, como
un medio para procesar a individuos por genocidios, crímenes contra la
humanidad y otros crímenes de guerra internacionales. Bebía del Estatuto de
Roma, firmado en 1998 por los Estados Unidos y otros 122 países, y nacía con la
esperanza de rendir cuentas y reclamar responsabilidades individuales a las
graves violaciones de la ley humanitaria internacional.
En respuesta a su firma, los presentadores de programas de televisión del ala más
derechista de Estados Unidos, así como otros conspiradores, empezaron a decir
que el Tribunal Penal Internacional obligaría a soldados estadounidenses a
enfrentarse (desposeídos de derechos) a juicios por acusaciones falsas en
tribunales “anti-americanos”. De hecho, muchos veían en ello un complot de
Naciones Unidas para imponer un “gobierno global”.
Pero la realidad es que el TPI solo tiene jurisdicción en casos en los que los
tribunales nacionales son incapaces o reticentes a procesar soldados y
similares por dichos crímenes. A pesar de algunos fallos notables en el
procesamiento de algunas de las infracciones, el Código de Justicia Militar
proporciona un mecanismo suficiente para tratar de impedir que cualquier
miembro de las fuerzas armadas estadounidenses sospechoso de presuntos crímenes
de guerra caiga bajo jurisdicción del TPI. Es más, casi todos los que han sido
llevados ante el Tribunal han sido hasta el momento figuras militares o políticas
muy destacadas, y en ningún caso se ha tratado de soldados a secas.
A pesar de esto, el senador ultraconservador Jesse Helms introdujo una enmienda llamada “Ley para la
Protección del Personal Militar Estadounidense” para prohibir que los
Estados Unidos cooperaran de alguna forma con el TPI y el procesamiento de
individuos responsables de graves crímenes contra la humanidad, como son ahora
los responsables del genocidio en Darfur. Además, esta ley también limita la
ayuda exterior a los países que apoyan al Tribunal Penal Internacional.
Como presidente, Hillary Clinton seguramente fomentaría una política exterior mucho
más agresiva que la de su marido.
Para gran sorpresa y consternación de muchos de sus electores, Hilary Clinton votó a
favor de esa enmienda promovida por los republicanos, enmienda que fue signada
de forma inmediata por el entonces presidente, George W. Bush. Pero aun más
inquietante es que esta resolución (que Clinton ayudó a que se convirtiera en
ley) también autoriza al presidente de Estados Unidos a usar “todos los medios
necesarios y apropiados para liberar a miembros de las fuerzas armadas
estadounidenses y otras personas aliadas en el caso de estar detenidas o
encarceladas por una corte criminal internacional.” Teniendo en cuenta que esto
incluye presumiblemente el uso de la fuerza, el proyecto de ley fue apodado rápidamente
como “La ley de invasión de La Haya”.
Como era de esperar, hubo una crítica internacional generalizada hacia dicha ley,
especialmente en Holanda. Allí, el ministro de exteriores hizo pública una
protesta formal, y el parlamento aprobó una resolución por unanimidad
planteando sus preocupaciones acerca de la autorización del uso de la fuerza,
acción que conduciría presumiblemente a un enfrentamiento armado con los
soldados y, por tanto, a un enfrentamiento con los policías holandeses que
protegen el complejo judicial de La Haya. Además de violar la Carta de Naciones
Unidas, tal ataque sería contrario a los tratados de la OTAN, de la que forman
parte tanto Estados Unidos como los Países Bajos.
No está claro por qué Clinton siente tan poco respeto por el derecho internacional. Algunos
dicen que es porqué siente la necesidad de mostrarse muy dura a ojos de los
posibles opositores republicanos. Lo más probable, sin embargo, sea que esté
relacionado con su propósito de establecer una cooperación militar mucho más
estrecha con un buen número de líderes extranjeros acusados de crímenes de guerra.
Pero aparentemente, Clinton (quien como Senadora y Secretaria de Estado ha defendido
la intervención militar de EE.UU. en más de una docena de países y ha hablado
en mítines fuera del marco de Naciones Unidas protestando por el funcionamiento
del organismo internacional), no tiene ningún problema con esto. Su posición
con respecto al Tribunal Penal Internacional la coloca a la derecha del
presidente Obama (quien sí ha manifestado su apoyo al tribunal), y la acerca a
los republicanos que aspiran a la Casa Blanca. Cabe decir que fue precisamente
el presidente Bill Clinton quién firmó inicialmente el citado Estatuto de Roma,
predecesor del Tribunal Penal Internacional. Como presidente, Hillary Clinton
seguramente fomentaría una política exterior mucho más agresiva que la de su marido.
No está claro por qué Clinton siente tan poco respeto por el derecho internacional.
Algunos dicen que es porque siente la necesidad de mostrarse muy dura a ojos de
los posibles opositores republicanos, quienes están aún mucho más a la derecha.
Lo más probable, sin embargo, sea que esté relacionado con su propósito de
establecer una cooperación militar mucho más estrecha con un buen numero de líderes
extranjeros acusados de crímenes de guerra y que podrían muy probablemente ser
acusados por el TPI. Aun así, y sea cual sea la motivación, es probable que
Clinton obtenga la nominación demócrata a la presidencia. A los partidarios del
derecho humanitario internacional no les quedan muchas otras alternativas en
las elecciones de noviembre.
Artículo publicado originalmente en National Catholic Reporter
Traducción de Anna Galdón
Fuente: http://www.elviejotopo.com/topoexpress/la-llamativa-oposicion-de-
hillary-clinton-al-tribunal-penal-internacional/
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