Una mala semana en Guantánamo: se niega a los
abogados el acceso a los detenidos y los juicios espectáculo de la Comisión
Militar vuelven a las andadas
27 de septiembre de 2007
Andy Worthington
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Una cosa que se aprende cuando se estudia Guantánamo es que nunca se puede dar nada
por sentado, y los acontecimientos de la última semana han demostrado, una vez
más, que éste es el caso. Mientras los abogados de los detenidos de Guantánamo
se preparan, como una versión jurídica del Día de la Marmota, para un
enfrentamiento culminante en el Corte Supremo con la administración sobre los
derechos de los detenidos a impugnar el fundamento de su detención
(reproduciendo escenas que se representaron por primera vez hace más de tres
años, en el caso Rasul contra Bush, pero que se desbarataron en el otoño
pasado), el Corte Supremo se enfrenta a la administración por el derecho de los
detenidos a impugnar el fundamento de su detención. Bush, pero que fueron
desbaratadas en la Ley de Comisiones Militares del otoño pasado), otra versión
de esta saga aparentemente interminable -centrada en impugnaciones similares,
en el Tribunal de Distrito, de otra dudosa pieza de legislación posterior a
Rasul, la Ley de Tratamiento de Detenidos de 2005- chocó contra un muro el
jueves pasado.
En Washington, el juez de distrito Ricardo Urbina desestimó 16 demandas contra el encarcelamiento
indefinido de al menos 40 detenidos en Guantánamo, lo que tuvo como
consecuencia la denegación del acceso de los abogados a sus clientes.
Cacareando con suficiencia, el abogado del Departamento de Justicia Andrew
Warden declaró tras la decisión: "A la luz de este acontecimiento, el
acceso de los abogados (tanto el correo legal como las visitas en persona) ya
no está permitido."
Que esto sea posible, 39 meses después de que el Corte Supremo dictaminara de forma decisiva, en
Rasul v. Bush, que los detenidos tenían derecho a impugnar el fundamento de su
detención, y que el hábeas corpus era, como lo describió tan memorablemente el
juez John Stephens, "un mandamiento anterior a la ley... que hunde sus
raíces profundamente en el genio de nuestro derecho consuetudinario",
demuestra, sucintamente, cómo el gobierno de Bush, durante los últimos seis
años, ha avergonzado al "genio" del sistema jurídico estadounidense
reduciéndolo a un juego de ping-pong legislativo.
Aunque los abogados de los detenidos siguen confiando en que el Corte Supremo fallará a favor de éstos
(probablemente en la primavera de 2008), se trata de un terrible revés para los
detenidos en cuestión. Encarcelados sin cargos ni juicio desde hace más de
cinco años y medio, no tienen más contacto con el mundo exterior que a través
de las mínimas gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja, y sus
abogados son a menudo su único salvavidas. Este proceso se hace mucho más
difícil cuando, año tras año, los abogados se ven obligados a admitir ante sus
clientes que, a pesar de la oposición generalizada a la existencia de
Guantánamo, sus intentos de hacerles justicia -un día en los tribunales ante un
juez que pueda sopesar imparcialmente las pruebas presentadas por el gobierno-
se ven repetidamente obstaculizados por la administración.
Con toda probabilidad, la sentencia del juez Urbina no pondrá fin por completo a la relación
abogado-cliente. Como informó Associated Press, Andrew Warden "esbozó una
serie de pasos legales que serían necesarios antes de que los abogados pudieran
reanudar el contacto con los detenidos". Después de pasar por el aro y ser
menospreciados en general, se concertarán acuerdos más restrictivos con los
abogados, pero puede que lleguen demasiado tarde para el detenido libio Abdul
Rauf al-Qassim, de cuya historia informé por primera vez aquí.
Exculpado por una junta militar administrativa tras cinco años en Guantánamo,
al-Qassim, desertor del ejército libio, había pasado una década viviendo en
Afganistán y Pakistán sin levantar las armas contra nadie, y fue secuestrado en
una casa de Lahore, Pakistán, en mayo de 2002, tras huir de Afganistán con su
esposa afgana embarazada.
Al-Qassim ha pasado la mayor parte de este año luchando contra los cínicos intentos de la
administración de devolverlo a su país natal, donde teme legítimamente ser
torturado. Wells Dixon, uno de sus abogados en el Center for Constitutional Rights, explicó que "lo más
probable es que no pueda completar [las nuevas] medidas a tiempo para una
visita programada" con Al Qassim el mes próximo, que describió como
"crucial", porque estaba "en medio de un intento de impedir que
el gobierno lo transfiriera de vuelta a Libia". En tono comedido, añadió:
"Éste es sólo el último ejemplo de los esfuerzos del gobierno por frustrar
el acceso de los abogados a los detenidos." En un comunicado de prensa,
otra abogada del CCR, Shayana Kadidal, expuso la difícil situación de Al Qassim
en términos más contundentes: "Debemos recordar que se trata de un hombre
al que el gobierno ha autorizado su puesta en libertad, lo más parecido a una
declaración de inocencia que el gobierno pueda emitir jamás. En primer lugar,
Abdul Rauf nunca debería haber sido llevado a Guantánamo, y los tribunales no
deben permitir que el gobierno lo 'haga desaparecer' en Libia para encubrir su
propio error".
En un segundo acontecimiento, mucho más chocante, las comisiones militares de Guantánamo -los
juicios espectáculo, ampliamente ridiculizados, que pretenden hacer justicia
pero se basan en pruebas secretas obtenidas mediante tortura- volvieron a la
vida el lunes. Condenadas por el Corte Supremo en junio de 2006 como ilegales
en virtud de la legislación estadounidense y de los Convenios de Ginebra, las
Comisiones fueron reinstauradas en la Ley de Comisiones Militares el pasado
otoño, pero volvieron a descarrilar
hace tres meses, cuando los jueces militares designados para presidir los casos
del niño soldado Omar Khadr y de Salim Hamdan, uno de los chóferes de Osama bin
Laden, cerraron los juicios, argumentando, con razón, que la MCA les había
encomendado juzgar a "combatientes enemigos ilegales", mientras que
el sistema que los había hecho elegibles para el juicio -los Tribunales de
Revisión del Estatuto de Combatiente, audiencias "administrativas"
que también se basaban en pruebas secretas obtenidas por medios desconocidos-
sólo los había declarado "combatientes enemigos".
Tras un interludio farsesco, en el que la administración declaró petulantemente que apelaría las
decisiones de los jueces, y luego fue puesta en la picota cuando se supo que el
tribunal de apelación en cuestión aún no se había establecido, el Tribunal de
Revisión de las Comisiones Militares se reunió hace
un mes en una sala prestada cerca de la Casa Blanca.
Al anunciar su veredicto el lunes, los tres jueces militares del tribunal -nombrados todos
ellos por el Pentágono- coincidieron con el juez militar de Khadr, el coronel
Peter Brownback, en que Khadr había sido condenado a tres años de prisión.
Peter Brownback, en que la clasificación de Khadr como "combatiente enemigo"
en su Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente en Guantánamo "no
cumplía los requisitos de jurisdicción establecidos en la Ley de Comisiones
Militares", pero explicaron que Brownback se había "equivocado"
al dictaminar que era necesario que un CSRT determinara que Khadr era un
"combatiente enemigo ilegal" como requisito previo para presentar
cargos contra él en virtud de la MCA. Añadieron, además, que había
"abusado de su discrecionalidad al decidir sobre esta cuestión jurisdiccional
crítica sin considerar antes plenamente" las pruebas del Gobierno.
La decisión fue condenada inmediatamente por activistas de derechos humanos. Jameel Jaffer,
director del proyecto de seguridad nacional de la Unión Estadounidense por las
Libertades Civiles, declaró: "Este fallo puede ser un paso adelante para
las comisiones militares, pero es un paso atrás para el Estado de
derecho". Si bien hay prisioneros en Guantánamo que deben ser juzgados por
crímenes de guerra, deben ser juzgados bajo normas que sean justas y que sean
percibidas como justas. Las normas actuales no superan esta prueba. Permiten el
uso de pruebas secretas, permiten la introducción de pruebas coaccionadas, [y]
limitan el derecho de los acusados a ser representados por un abogado de su
elección... Una sentencia que permite que estos tribunales sigan adelante no es
nada que celebrar."
Y lo que es más importante, el veredicto también fue condenado por los abogados defensores de
Khadr, encabezados por el teniente comandante William Kuebler, el abogado militar
de principios que, en los últimos meses, ha calificado las comisiones de
amañadas, ridículas, injustas, farsas, una farsa y un proceso sin ley. Tan
pronto como el portavoz del Pentágono, Bryan Whitman, anunció que el juicio de
Khadr había sido reactivado, y que era intención del Pentágono "actuar de
manera expeditiva para llevar los casos de la comisión militar a juicio",
Kuebler respondió diciendo que el equipo legal de Khadr apelaría, pidiendo a un
tribunal civil de Washington que bloqueara el juicio. "Este
tribunal", explicó Kuebler, refiriéndose al Tribunal de Revisión de las
Comisiones Militares, "tuvo la oportunidad de aportar cierto grado de
legitimidad a un proceso que, de otro modo, sería ilegal", y añadió:
"No lo hizo". En un comunicado, él y los otros abogados de Khadr
-Dennis Edney y Nathan Whitling- acusaron al juez militar de "coordinación
extraoficial prohibida" y explicaron que la fecha fijada por el Pentágono
para el inicio del juicio de Khadr -el 11 de octubre- no les dio tiempo suficiente
para impugnar el caso. "Es la última prueba de la determinación del
gobierno de precipitarse con el viciado proceso de la comisión militar a una
velocidad vertiginosa, haciendo caso omiso de cualquier derecho de los acusados
que pueda interponerse en el camino", declaró Kuebler.
Cabe esperar más fuegos artificiales por parte del último de una serie cada vez más larga de
abogados militares nombrados por el gobierno que se han vuelto contra sus amos
de la manera más principista posible. Aquellos que tengan alguna duda de que el
teniente comandante Kuebler habla en serio deben recordar que en junio explicó
a un periodista de GQ: "Creo que se han hecho cosas a la gente que, bajo
cualquier definición excepto la muy limitada de esta administración, serían tortura".
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