"Un proceso sin ley": los abogados
militares se oponen a los intentos de revivir las denostadas Comisiones
Militares de Guantánamo
29 de agosto de 2007
Andy Worthington
El viernes, en un segundo acontecimiento jurídico relacionado con Guantánamo (véase aquí
el primero), la administración intentó revivir su asediado -y muy denostado-
sistema de Comisiones Militares. Al igual que los tribunales de Guantánamo -los
Tribunales de Revisión del Estatuto de los Combatientes- han sido condenados
por constituir una pálida e injusta imitación de los derechos de hábeas corpus,
los cuatro años de historia de las Comisiones se han visto sacudidos por
reveses judiciales y procedimientos abortados y farsescos, con la creencia
generalizada de que, como un espejo de los tribunales las Comisiones
-establecidas para juzgar a los detenidos considerados más peligrosos de
Guantánamo en un sistema totalmente nuevo que desprecia tanto el derecho
militar como el derecho civil promulgado en el continente- son otro sistema
judicial de segundo nivel, tan injusto y carente de principios como los CSRT, y
diseñado, al igual que los tribunales, para garantizar un veredicto de
culpabilidad a toda costa, y para impedir de forma similar toda mención a la
tortura por parte de las fuerzas estadounidenses.
Condenadas por primera vez por el Corte Supremo en junio de 2006, que dictaminó que eran ilegales en
virtud de la legislación estadounidense y de los Convenios de Ginebra, las
Comisiones fueron reactivadas a finales del año pasado cuando el Senado aprobó
la Ley de Comisiones Militares, pero se vinieron abajo nada más ser
restablecidas, hace dos meses, cuando los jueces militares nombrados por el
gobierno en dos casos -el del niño soldado Omar Khadr y el del yemení Salim Hamdan,
que trabajó como chófer para Osama bin Laden- archivaron
los procedimientos porque la MCA les había autorizado a juzgar a
"combatientes enemigos ilegales", mientras que el proceso del CSRT,
que hacía que los detenidos pudieran ser juzgados por una Comisión Militar,
sólo había dictaminado que eran "combatientes enemigos".
A pesar de los intentos del gobierno de desestimar la distinción como un mero tecnicismo, los
jueces -el coronel del ejército Peter Brownback (por Khadr) y el capitán de
navío Keith Allred (por Hamdan)- se negaron a dar marcha atrás, y la
administración, en un arrebato de ira, declaró que recurriría las decisiones,
la asombrosa ineptitud de su enfoque renegado de la ley -una mezcla de
estalinismo y justicia vaquera- se puso de manifiesto como la chapuza de
bricolaje que realmente es cuando se reveló que el tribunal de apelación en el
que el gobierno presentaría sus petulantes quejas aún no se había establecido.
Este descuido oscuramente risible ya ha sido subsanado. Cuando el tribunal especial de
apelación se reunió el viernes, en lo que el New
York Times describió como "una sala prestada a media manzana de la
Casa Blanca", el coronel retirado del Ejército Francis Gilligan, uno de
los fiscales militares, declaró: "Estamos intentando empezar los
juicios", aunque añadió, un poco avergonzado: "Hemos tenido una
especie de parón judicial". Esto, por supuesto, fue una especie de
eufemismo, y queda por ver si el recién creado y grandilocuentemente titulado
"Tribunal de Revisión de Comisiones Militares de Estados Unidos"
puede anular las objeciones expresadas por los jueces militares en junio.
La sesión, convocada para tratar, en primera instancia, el caso de Omar Khadr, no tuvo un buen
comienzo. Nada más empezar, los abogados de la defensa cuestionaron la
legitimidad misma del tribunal, "argumentando", como dice el Times,
"que estaba constituido de forma inadecuada porque sus miembros no habían
sido nombrados por el secretario de Defensa, como exige la ley, sino por un
vicesecretario". Haciendo caso omiso de esta verdad incómoda, Gilligan
dijo que el tribunal debería poder aceptar que el tribunal de Khadr lo declaró
efectivamente combatiente ilegal, "en parte porque Al Qaeda no sigue las
reglas de la guerra", y añadió que, aunque los jueces rechazaran ese argumento,
a la acusación "se le debería permitir presentar pruebas a un juez de
primera instancia de que el Sr. Khadr era de hecho un combatiente ilegal y, por
tanto, podía ser procesado ante una comisión militar".
Los jueces no parecían estar convencidos. Dos de los tres miembros del tribunal "expresaron su
escepticismo ante el argumento de la fiscalía de que la celebración de
revisiones previas del estatuto podría interpretarse como una declaración de
que los detenidos eran combatientes ilegales" -como habían argumentado
Brownback y Allred cuando desestimaron los casos en junio- y, aunque los tres
jueces indicaron que estaban estudiando si los propios jueces de primera
instancia podían decidir si los detenidos eran combatientes ilegales y, por
tanto, podían ser procesados por una comisión militar, no es seguro que
Brownback y Allred queden convencidos.
La administración también se enfrenta a la dura oposición de los abogados defensores militares
que, como en el caso del teniente
comandante Charles Swift, que representó a Hamdan hasta que fue rechazado
para un ascenso y se vio obligado a abandonar el ejército el mes pasado, están
dispuestos a sacrificar
sus carreras para mantener la oposición a lo que consideran un sistema
diseñado para justificar la tortura e infringir la ley. Swift, según parece, no
fue despedido tan fácilmente, y seguirá dirigiendo el equipo de Hamdan como
abogado civil, desde su nuevo puesto en la Facultad de Derecho de la
Universidad Emory de Atlanta, y su sucesor, el mayor del ejército Thomas
Roughneen, ya ha expresado su oposición al sistema, explicando que está
"seguro" de que "se derrumbará bajo el escrutinio de los
tribunales superiores", y añadiendo: "Es como el Titanic. Sabes que algún
día el barco se va a hundir. Dios todopoderoso, lleguemos ya a ese punto".
Uno de ellos, el teniente comandante William C. Kuebler, que recientemente describió
las Comisiones como amañadas, ridículas, injustas, farsas y una farsa, y que
añadió: "Creo que se han hecho cosas a la gente que bajo cualquier
definición, excepto la muy estrecha de esta administración, sería
tortura", ya ha indicado que sigue oponiéndose implacablemente a cualquier
intento de revivir las Comisiones, diciendo a los periodistas después de la
audiencia, "Al igual que un héroe de antaño, concluyó: "Este es un
proceso sin ley", y espero con impaciencia más fuegos artificiales legales
mientras la administración cojea e intenta -espero que sin éxito- intimidar
para cometer más injusticias.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
