El Tribunal Supremo falla contra el Reino Unido y Estados Unidos en el
caso de Binyam Mohamed, víctima de torturas en Guantánamo
30 de agosto de 2008
Andy Worthington
Andy Worthington, autor de The Guantánamo
Files, informa sobre la importante sentencia dictada la semana pasada por
el Tribunal Superior del Reino Unido a favor del residente británico Binyam
Mohamed, en la que los jueces dictaminaron que el gobierno británico tenía la
obligación de entregar las pruebas en su poder relacionadas con su entrega y
tortura, y la segunda sentencia dictada el viernes, en la que los jueces
dictaminaron que los intentos del gobierno de impedir la divulgación por
motivos de "seguridad nacional" eran insuficientes, pero concedieron
al gobierno una semana más para cumplir.
En el mundo sin ley de Guantánamo -y en la red aún más turbia de prisiones secretas de Estados Unidos
gestionadas por la CIA o en su nombre-, el residente británico Binyam Mohamed
ha tardado seis años y cuatro meses en conseguir algo parecido a la justicia.
Capturado en Pakistán en abril de 2002, Binyam fue trasladado a Marruecos tres meses después, donde fue torturado
en nombre de Estados Unidos durante 18 meses, en sesiones que incluían
regularmente el corte de sus genitales con una cuchilla de afeitar, y después
estuvo recluido nueve meses en Afganistán, primero en la "Prisión
Oscura", prisión secreta gestionada por la CIA, donde también fue
torturado, y después en la base aérea de Bagram. Desde septiembre de 2004 está
recluido en Guantánamo.
Cuando por fin llegó la justicia para Binyam, no fue en Guantánamo, sino en el Tribunal Superior de
Londres, donde, el pasado jueves, Lord Justice Thomas y Mr. Justice Lloyd Jones
lanzaron una dura reprimenda a los gobiernos británico y estadounidense: a los
británicos por la complicidad de los servicios de inteligencia del Reino Unido
en las políticas de "entregas extraordinarias" y tortura de la
administración estadounidense tras el 11-S, y a los estadounidenses por la
ilegalidad de los juicios ante las Comisiones Militares creadas tras los
atentados del 11-S para tratar a los "sospechosos de terrorismo" como
Binyam (aunque los jueces declararon en su sentencia que "no consideraban
necesario formarse una opinión sobre la imparcialidad general del procedimiento
de las Comisiones Militares").
El camino hacia el Tribunal Supremo se abrió en mayo de este año, cuando los abogados de Binyam de la
organización benéfica Reprieve, que representa a más de 30 presos de Guantánamo,
se asociaron con abogados de Leigh Day & Co. para demandar
al gobierno británico, solicitando la divulgación de información relativa al
conocimiento británico de la entrega y tortura de Binyam, en preparación de su
inminente juicio en Guantánamo.
En el caso, esto fue premonitorio, ya que el 28 de mayo se presentaron cargos
contra Binyam en relación con el espectral
complot de la "bomba sucia" que se lanzó hace años contra el
ciudadano estadounidense José
Padilla. Por lo tanto, era imperativo que las pruebas potencialmente
exculpatorias -que poseían los británicos y que también habían entregado a los
estadounidenses- se pusieran a disposición de sus abogados para que pudieran
empezar a preparar una defensa y, preferiblemente, descubrir pruebas de
tortura, que respaldarían las afirmaciones de Binyam de que los cargos contra
él se basaban únicamente en confesiones obtenidas mediante tortura y, por lo
tanto, harían que la administración estadounidense suspendiera su próximo juicio.
Un indicio de lo alejadas que están las comisiones militares de las normas jurídicas es que, aunque los
abogados de Binyam sostenían que había sido torturado y habían descubierto
registros de vuelos de "entregas extraordinarias" que coincidían con
sus declaraciones, la administración estadounidense no sólo no les había
proporcionado ninguna información que les permitiera defenderlo, sino que
además se había negado categóricamente a dar cuenta de su paradero antes de su
llegada a Bagram.
Cualquier información que ellos y los británicos poseyeran se pondría a disposición de la abogada militar
defensora de Binyam, la teniente coronel Yvonne Bradley, en la fase de
presentación de pruebas, en caso de que el juicio siguiera adelante. Pero, como
demostró el juicio de Salim
Hamdan a finales de julio, algunas pruebas se ocultaron a la defensa hasta
el último momento y otras -relativas, por ejemplo, a los interrogatorios
coercitivos de Hamdan llevados a cabo por la CIA en Afganistán- fueron
declaradas prohibidas por el juez militar que presidía el juicio y, en esencia,
se consideraron como si no existieran.
En el caso de Binyam, sus abogados demandaron al gobierno británico después de que se rechazara un
intento anterior de obtener pruebas potencialmente exculpatorias del gobierno
británico, cuando los abogados del Tesoro, actuando en nombre del gobierno,
intentaron dejar de lado la complicidad británica en la entrega, tortura y
falsas confesiones de Binyam afirmando que "el Reino Unido no tiene
ninguna obligación, en virtud del derecho internacional, de ayudar a los
tribunales extranjeros a garantizar que no se admitan pruebas de tortura",
y añadiendo que "la postura del gobierno de Su Majestad es que ... las
pruebas en poder del Gobierno del Reino Unido de que las autoridades
estadounidenses y marroquíes participaron en torturas o entregas no pueden ser
obtenidas" por sus abogados británicos.
El jueves pasado, tras una revisión judicial en el Tribunal Superior desencadenada cuando los abogados de
Binyam demandaron al gobierno, Lord Justice Thomas y Mr. Justice Lloyd Jones
echaron por tierra la defensa del gobierno de sus acciones en una sentencia de
75 páginas (también disponible como resumen de cinco páginas).
Los jueces dejaron claro que, después de que Binyam fuera capturado y de que los agentes estadounidenses
llegaran a considerarlo "una grave amenaza potencial para la seguridad del
Reino Unido", los servicios de inteligencia británicos tenían "todos
los motivos para tratar de obtener de él tanta información como fuera posible
de conformidad con el Estado de Derecho y para cooperar al máximo con las
autoridades estadounidenses a tal fin". Sin embargo, concluyeron que las
actuaciones de los servicios de inteligencia desde mayo de 2002, cuando un
agente británico visitó a Binyam bajo custodia paquistaní supervisada por
Estados Unidos, hasta febrero de 2003, cuando los británicos recibieron por
última vez información de Estados Unidos sobre sus interrogatorios, habían
colocado al gobierno británico en una posición en la que "estaba
implicado, aunque fuera inocentemente, en la presunta fechoría", que había
contribuido a facilitar.
En cuanto a la estancia de Binyam en Pakistán, donde el agente británico que le visitó el 17 de mayo de 2002
dejó claro que el gobierno británico "no le ayudaría a menos que cooperara
plenamente con las autoridades estadounidenses", los jueces dictaminaron
que la detención de Binyam era "ilegal" según la legislación
paquistaní, porque "estaba siendo detenido por Estados Unidos en régimen
de incomunicación y sin acceso a un abogado". Además, los jueces señalaron
que los servicios de inteligencia británicos "proporcionaron más
información a Estados Unidos y más preguntas para que se las hicieran a BM
[Binyam]" durante nueve meses después de esta visita, a pesar de que
"seguía incomunicado y también debieron darse cuenta de que no estaba en
una instalación de Estados Unidos y de que la instalación en la que estaba
detenido era la de un gobierno extranjero (distinto de Afganistán)".
Los jueces señalaron que todo lo anterior era especialmente significativo porque la información obtenida
de Binyam "se pretendía utilizar como confesión en un juicio en el que los
cargos... son muy graves y pueden acarrear la pena de muerte", y que es
"un principio arraigado del common law que las confesiones obtenidas
mediante tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes no pueden utilizarse
como prueba en ningún juicio". Por lo tanto, dictaminaron que "al tratar
de entrevistar a BM en las circunstancias constatadas y suministrar información
y preguntas para sus entrevistas, la relación entre el Gobierno del Reino Unido
y las autoridades de Estados Unidos fue mucho más allá de la de un espectador o
testigo de la presunta fechoría".
La gravedad de esta situación se puso de manifiesto durante la revisión judicial, cuando el agente
que había entrevistado a Binyam en Pakistán fue interrogado durante varios días
en sesiones a puerta cerrada que eran claramente tan peligrosas para el agente,
en términos de posible responsabilidad penal por crímenes de guerra en virtud
de la Ley de la Corte Penal Internacional de 2001, que llevó consigo a su
propio asesor jurídico y, según se reveló en la sentencia, inicialmente se negó
a responder a las preguntas de los jueces, por temor a autoinculparse. Esto,
por supuesto, contrasta notablemente con la postura mantenida por la
administración estadounidense, que se ha negado a firmar la adhesión al
Tribunal Penal Internacional y que, además, mantiene que "no tortura"
y sigue haciendo todo lo posible por negar que haya sido responsable de graves
abusos contra los derechos humanos.
En la segunda parte de su sentencia, los jueces tomaron como punto de partida una admisión del Secretario
de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, que tuvo lugar "después
del inicio de esta solicitud pero antes de la vista", de que había
"identificado documentos que considera que podrían considerarse
exculpatorios o que de otro modo podrían ser relevantes en el contexto del procedimiento
ante la Comisión Militar". Tras afirmar que David Miliband había informado
a los abogados de Binyam y había "facilitado estos documentos al Gobierno
de los Estados Unidos", los jueces añadieron: "Es de lamentar que los
documentos no se hayan puesto a disposición de los abogados de BM, que tienen
una habilitación de seguridad de las autoridades de los Estados Unidos como
mínimo de nivel secreto, en el marco del procedimiento ante la Ley de
Comisiones Militares".
Esta no fue la única crítica apenas velada de los jueces al comportamiento de las autoridades
estadounidenses, pero fue por tres razones concretas por las que procedieron a
dictaminar que el Ministro de Asuntos Exteriores tenía "el deber" de
revelar "confidencialmente" a los asesores jurídicos de Binyam la
información solicitada, que era "no sólo necesaria, sino esencial para su
defensa": en primer lugar, porque el Ministro de Asuntos Exteriores no
había puesto los documentos a disposición de los abogados de Binyam; en segundo
lugar, porque las autoridades estadounidenses también se habían negado a
hacerlo; y en tercer lugar, porque el Ministro de Asuntos Exteriores había
aceptado que Binyam había "establecido un caso discutible" de que,
hasta su traslado a Guantánamo, "fue sometido a tratos crueles, inhumanos
y degradantes por o en nombre de Estados Unidos", y también "fue
sometido a tortura durante dicha detención por o en nombre de Estados
Unidos".
Tras echar por tierra los argumentos presentados por los gobiernos británico y estadounidense, los jueces
tendieron un salvavidas al Ministro de Asuntos Exteriores, señalando que
"no ordenarían la entrega de la información" hasta que "tuviera
la oportunidad de considerar los intereses de la seguridad nacional a la luz de
estas sentencias", y fijaron la fecha de una segunda vista para el
miércoles 27 de agosto.
Ese día, lo que en un principio se consideró una audiencia sencilla para que el Ministro de Asuntos
Exteriores anunciara su respuesta a la sentencia de los jueces se convirtió en
otra larga sesión, ya que el gobierno respondió a las preocupaciones de
seguridad mencionadas por los jueces presentando un Certificado de Inmunidad de
Interés Público (PII) con el que pretendía suprimir la divulgación de los
documentos por motivos de seguridad nacional, y el Departamento de Estado
estadounidense intentó llegar a un acuerdo mediante correspondencia con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth (FCO).
John Bellinger, Asesor Jurídico del Departamento de Estado de EE.UU., afirmó que la divulgación
pública de los documentos "probablemente causaría graves daños a la
seguridad nacional de EE.UU. y podría perjudicar los acuerdos existentes de
intercambio de información de inteligencia entre nuestros dos gobiernos".
Su única concesión a la decisión de los jueces fue señalar que la Oficina del
Fiscal Jefe de la Oficina de Comisiones Militares había accedido a facilitar
los documentos de los servicios de inteligencia británicos (44 en total) a la
autoridad convocante de la Comisión, Susan Crawford, si ésta los solicitaba,
"con la única condición de que los nombres de los funcionarios de los
gobiernos estadounidense y británico y la ubicación de las instalaciones de los
servicios de inteligencia se suprimieran de los documentos antes de su entrega".
Añadió que, si el juicio de Binyam seguía adelante, los documentos redactados
se pondrían a disposición de su abogado militar en la "fase normal de
descubrimiento" del proceso.
En otro correo electrónico enviado al FCO, Stephen Mathias, uno de los adjuntos de John Bellinger, ofrecía
otra concesión "a modo de actualización", en la que afirmaba que el
Asesor Jurídico había decidido ahora presentar los documentos a Susan Crawford,
sin esperar a que ella se los pidiera. Describiendo este hecho como "un
avance significativo", Stephen Mathias procedió a afirmar, con un grado de
contundencia que parecía más bien intimidatorio: "Ordenar ahora la
revelación de la información de inteligencia de EE.UU. sólo tendría los efectos
marginales de un daño grave y duradero a la relación de intercambio de
inteligencia entre EE.UU. y el Reino Unido, y por tanto a la seguridad nacional
del Reino Unido, y de una intervención agresiva y sin precedentes en los
procesos judiciales, aparentemente en funcionamiento, de un aliado de larga
data del Reino Unido, en contravención de principios bien establecidos de
cortesía internacional."
Como argumentó Ben Jaffey (en nombre de Binyam) ante el tribunal, ni las "concesiones cuidadosamente
calibradas" del Departamento de Estado ni la alegación de inmunidad de
interés público del gobierno británico eran defendibles. Señaló, como hicieron
los jueces en su sentencia, que el caso no implicaba la divulgación pública de
los documentos, sino sólo la divulgación confidencial a los abogados de Binyam,
la teniente coronel Yvonne Bradley y Clive Stafford Smith, director de
Reprieve, ambos con habilitación de seguridad estadounidense. Añadió que las
supuestas concesiones demostraban simplemente que el gobierno estadounidense
estaba decidido a encontrar cualquier método posible para impedir la
divulgación, y añadió que nada de lo ofrecido por el Departamento de Estado
abordaba la "cuestión central" relativa a la entrega y tortura de
Binyam. "¿Dónde", preguntó, "estuvo el Sr. Mohamed entre 2002 y 2004?".
Ben Jaffey fue igualmente despectivo con las alegaciones de PII del gobierno británico, señalando, en
particular, que David Miliband había concedido efectivamente que el gobierno
británico iba a entregar los documentos de inteligencia a los abogados de Binyam
hasta que interviniera el Departamento de Estado, y desestimando con calma las
alegaciones de seguridad nacional del gobierno. Su compostura contrastaba con
la del representante del gobierno, Tim Eicke, que luchaba por mantener un
argumento coherente, a pesar de los esfuerzos de los numerosos representantes
del gobierno y de los servicios de inteligencia en el fondo del tribunal, que
no dejaban de pasarle notas que sugerían nuevos giros en el espurio caso de la
seguridad nacional.
El viernes, los jueces dictaron su segunda sentencia sobre el caso de Binyam. Tras señalar que la
correspondencia del Departamento de Estado estadounidense suponía un
"cambio significativo" en la postura de Estados Unidos, se negaron a
aceptar la postura del gobierno británico en relación con su certificado de
inmunidad de interés público. Al parecer, les convencieron en particular las
declaraciones de los abogados especiales, Thomas de la Mare y Martin Goudie,
que representaron a Binyam en las diversas sesiones del tribunal que se
cerraron al público cuando se debatía material confidencial. En opinión de los
Abogados Especiales, el Certificado PII, y otras propuestas presentadas en una
sesión a puerta cerrada el miércoles, "no abordaban, a la luz de las
alegaciones formuladas por BM, el aborrecimiento y la condena que merecen la
tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes".
Añadiendo que esta cuestión era algo cuya importancia había sido "aceptada en nombre del Secretario de
Asuntos Exteriores", los jueces procedieron a señalar que el Secretario de
Asuntos Exteriores "sostenía, no obstante, que las cuestiones derivadas de
las alegaciones de BM sobre tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes
estaban implícitamente tratadas en su Certificado" y en la documentación
utilizada en la sesión a puerta cerrada. "Habiendo considerado
cuidadosamente este asunto", escribieron los jueces, "no consideramos
que la cuestión derivada de las alegaciones formuladas por BM se trate
implícitamente en estos documentos".
Negándose a llevar el asunto más lejos, los jueces elogiaron al Ministro de Asuntos Exteriores y al
Asesor Jurídico del FCO, Daniel Bethlehem QC, por haber "hecho un esfuerzo
muy considerable para proporcionar asistencia al BM", señalando que era
"evidente" que habían "participado en largas discusiones que han
conducido a los importantes cambios" resumidos en la segunda sentencia.
"Esto", añadieron, "ha llevado mucho tiempo y ha supuesto una
carga, y ha prestado una ayuda muy real a los intereses de la justicia en este caso".
Como resultado, los jueces concluyeron su segunda sentencia dando al Ministro de Asuntos Exteriores otra
semana para presentar una respuesta a su sentencia inicial y a la evolución de
los acontecimientos desde entonces. Sugirieron que podría ser en forma de otro
certificado de seguridad, aunque espero, por supuesto, que, después de haber
sido lanzado otro salvavidas, el gobierno podría encontrar preferible -
teniendo en cuenta la descripción de los abogados especiales de "la
aversión y la condena acordada a la tortura y cruel, inhumano o
degradante", o bien dar a los abogados de Binyam lo que piden o,
preferiblemente, convencer a la administración estadounidense de que, para
mantener la puerta de las cámaras de tortura firmemente cerrada, la única medida
disponible es retirar los cargos contra Binyam y devolverlo al Reino Unido.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
