El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Polonia a pagar 262
000 dólares a los presos de los “sitios negros” de la CIA
01 de marzo de 2015
Andy Worthington
Me estoy poniendo al día con una noticia de hace dos semanas que no pude publicar en su
momento porque estaba ocupado con otras dos noticias: la anulación
de la condena de David Hicks en Guantánamo y la campaña
en curso para liberar a Shaker Aamer.
La noticia sobre la que no tuve tiempo de informar tenía que ver con el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y el «centro de detención secreto» de la CIA que existió en territorio
polaco entre diciembre de 2002 y septiembre de 2003. En julio del año pasado,
el tribunal dictó una sentencia sin precedentes: según describió The
Guardian, Polonia “había violado el derecho internacional al permitir
que la CIA infligiera lo que “equivalía a tortura” en 2002 en unas
instalaciones secretas situadas en los bosques del noreste de Polonia. El
tribunal determinó que Polonia “permitió a las autoridades estadounidenses
someter [a los detenidos] a tortura y malos tratos en su territorio” y fue
cómplice de ese “trato inhumano y degradante””.
La sentencia se refería a dos de los «detenidos de alto valor» recluidos en el centro: Abu Zubaydah, un
palestino nacido en Arabia Saudí, para quien se diseñó específicamente el
programa de tortura, aunque posteriormente se descubrió que no estaba vinculado
a Al-Qaeda, y Abd al-Rahim al-Nashiri, un saudí acusado de participar en el
atentado contra el USS Cole en 2000. Ambos hombres fueron sometidos a la
antigua técnica de tortura conocida como “submarino”, así como a otras diversas
técnicas de tortura, y, mientras que Abu Zubaydah sigue detenido sin cargos ni
juicio, al-Nashiri se enfrenta a un juicio por crímenes de guerra ante las
comisiones militares de Guantánamo, un proceso que lleva años estancado en la
fase previa al juicio, ya que su equipo de defensa intenta plantear la cuestión
de la tortura y los fiscales hacen todo lo posible por mantenerla oculta.
Al informar sobre la sentencia, The Guardian añadió:
La sentencia de julio supuso la primera vez que un tribunal internacional condenaba a una nación por su
participación en el “programa de entregas extraordinarias de detenidos de alto
valor” de la CIA, que, según registros
de aviación y otras
pistas, mantenía centros clandestinos en Rumanía,
Afganistán, Tailandia y el atolón
británico de Diego García. El tribunal consideró “inconcebible” que la CIA
llevara a cabo su programa de entregas extraordinarias sin el conocimiento y
consentimiento de Polonia.
La sentencia tuvo, por supuesto, una enorme relevancia, ya que continúa la búsqueda de
responsabilidades por el programa de tortura, las entregas extraordinarias y
los “sitios negros” de la Administración Bush.
Desde la sentencia del pasado mes de julio, como es lógico, se han dedicado páginas y páginas de
prensa y horas de emisión al resumen
ejecutivo del informe de la Comisión de Inteligencia del Senado de EE.UU. sobre
el programa de tortura de la CIA, publicado en diciembre —una aportación
extremadamente importante a nuestro conocimiento sobre el programa de tortura—,
pero sigue sin haber rendición de cuentas en EE.UU., donde el presidente Obama
dejó claro desde el inicio de su presidencia que no estaba interesado en exigir
responsabilidades a sus predecesores por sus crímenes, y ha bloqueado cualquier
intento de hacerlo en los tribunales estadounidenses.
Este
mapa identifica los nueve "sitios negros" mencionados en el
informe: en Tailandia, Polonia, Rumanía, Lituania y Guantánamo, y cuatro más en Afganistán.
Como expliqué en un artículo el pasado mes de febrero, “Polonia
y Lituania, atormentadas por su participación en el alojamiento de prisiones de
tortura de la CIA”:
En la larga búsqueda de responsabilidades para los torturadores de la administración Bush, que ha sido
frenada en gran medida por el presidente Obama, los abogados y activistas de
derechos humanos han tenido que intentar avergonzar a EE.UU. a través
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o bien centrarse en
otros países, en particular aquellos que albergaron prisiones secretas de tortura
de la CIA o que participaron explícitamente en entregas extraordinarias.
Los éxitos han sido escasos, pero de enorme importancia: la condena
de funcionarios y agentes de la CIA en Italia por el flagrante secuestro a
plena luz del día de Abu Omar, un clérigo, en una calle de Milán en febrero de
2003, y la
victoria judicial en Macedonia de Khaled El-Masri, un ciudadano alemán
secuestrado en Macedonia, donde había ido de vacaciones, y enviado a un «centro
clandestino» de la CIA en 2003 hasta que Estados Unidos se dio cuenta de que se
trataba de un caso de identidad equivocada. En el Reino Unido, el tufillo a
complicidad en la tortura en las más altas esferas del Gobierno de Blair
condujo a indemnizaciones
para los ciudadanos y residentes británicos enviados a Guantánamo.
También se iniciaron procesos judiciales en España, aunque se hicieron
grandes esfuerzos por frenarlos, en parte debido a la implicación de
Estados Unidos (bajo el mandato del presidente Obama); sin embargo, uno de los casos sigue muy
vivo, ya que hace apenas tres meses un juez dictaminó que podía seguir
adelante a pesar del recurso presentado por el Gobierno, y actualmente
se están realizando esfuerzos para que Estados Unidos rinda cuentas ante la
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos por el uso de Yibuti en
varios casos relacionados con “entregas extraordinarias” y “sitios negros”.
Esos esfuerzos
se han visto reforzados desde la publicación del resumen ejecutivo del
informe sobre torturas de la CIA, que está abriendo nuevas vías para quienes
buscan que se rindan cuentas. El 17 de diciembre, por ejemplo, el Centro Europeo para los
Derechos Constitucionales y Humanos, con sede en Alemania, “presentó
denuncias penales contra el exdirector de la CIA George Tenet, el exsecretario
de Defensa Donald Rumsfeld y otros miembros de la administración del
expresidente estadounidense George W. Bush”, acusándolos de “el crimen de
guerra de tortura” en virtud del Código alemán de Crímenes contra el Derecho
Internacional.
Además, retomando la mención anterior a Diego García, en enero de este año Lawrence Wilkerson, antiguo jefe de gabinete
del secretario de Estado Colin Powell, afirmó
que se habían llevado a cabo “actividades nefastas” en la isla del Océano
Índico, que el Reino Unido arrienda al ejército estadounidense, y añadió que
era “difícil creer” que las autoridades británicas no tuvieran conocimiento de
que allí se interrogaba a prisioneros. Hasta la fecha, el Reino Unido solo ha
admitido que dos vuelos que transportaban prisioneros hicieron escala en Diego
García, lo que claramente dista mucho de ser una admisión completa.
Como también expliqué en mi artículo de febrero del año pasado, “Quizás la más duradera de las investigaciones en curso
sea la de Polonia, uno de los tres países europeos que albergaron “sitios
negros” de la CIA, siendo los otros Rumanía y Lituania”.
Los tres países aparecen mencionados en el informe del Senado sobre la tortura, pero mientras que Polonia ha estado
constantemente en el punto de mira desde octubre de 2010, cuando se concedió a al-Nashiri
la “condición de víctima” como resultado de una investigación fiscal (a la que
siguió la de Abu Zubaydah en enero de 2011) —y, tan pronto como se publicó
el informe sobre la tortura, "Alexander Kwasniewski, presidente de Polonia
entre 1995 y 2005, admitió por primera vez que Polonia había aceptado albergar
un “sitio negro” de la CIA”, tal y como lo expresó el Daily
Telegraph—, Rumanía se había resistido sistemáticamente a abordar su
papel en el programa de tortura desde que la existencia de las prisiones salió
a la luz hace casi diez años.
Sin embargo, en diciembre, el exjefe de los servicios de inteligencia del país, Ioan Talpes, afirmó que
Rumanía había cooperado con el programa de tortura de EE.UU.,
proporcionando “al menos” una prisión en el país, en la que “es probable que se
encarcelara a personas y se las tratara de manera inhumana” entre 2003 y 2006.
Añadió, sin embargo, que Rumanía “no había mostrado explícitamente ningún
interés en saber qué hacía allí la CIA”, y que solo estaba involucrada en un
esfuerzo por incorporarse a la OTAN.
Lituania, que investigó brevemente su papel en 2011, vuelve a estar en el punto de mira, tal y como
informó Vice News en enero, afirmando lo siguiente:
Un dossier
y un informe
presentado a la fiscalía lituana cruzan los registros de vuelo recientemente
obtenidos con extractos del informe del Comité de Inteligencia del Senado de
EE.UU. sobre las detenciones e interrogatorios de la CIA, que fue desclasificado
en diciembre.
Los investigadores que trabajan para la ONG de derechos humanos Reprieve recopilaron información
sobre los movimientos de los detenidos, contenida en el informe del Senado,
junto con registros judiciales, solicitudes de libertad de información y
documentación obtenida de la organización europea de gestión del tráfico aéreo
Eurocontrol, así como de otras fuentes. El dossier corrobora las acusaciones
de que el sito negro “Violet”, al que se hace referencia en el informe del
Comité de Inteligencia del Senado, fue una prisión secreta operada en Lituania
entre 2005 y 2006 como parte del programa de entregas extraordinarias de EE.UU.
posterior al 11-S.
También aporta la prueba más sólida hasta la fecha de que, de hecho, hubo detenidos en ese centro,
una afirmación que ha sido sistemáticamente desmentida por Lituania y ignorada
por Estados Unidos.
En Polonia, por su parte, el tribunal europeo desestimó
el 17 de febrero el recurso presentado por Polonia en octubre sin ofrecer
ninguna explicación y, tal y como lo describió The
Guardian, “ordenó a Polonia pagar 100 000 euros (114 000 dólares) a
al-Nashiri y 130 000 euros (148 000 dólares) a Zubaydah”. El tribunal “también
exigió a Polonia que llevara a cabo una investigación inmediata y exhaustiva
sobre lo ocurrido en la cárcel, al considerar que su anterior investigación
sobre la prisión era defectuosa e insuficiente”.
En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Grzegorz Schetyna, afirmó que el país acataría la orden
judicial. “Tenemos que hacerlo”, declaró en una entrevista en la emisora
polaca Trójka, “porque somos un país que respeta las leyes”.
Afirmó que los detalles tendrían que concretarse en las próximas semanas, abordando la “cuestión de cómo se gastará
el dinero y si tendremos que pagarlo directamente a las personas que nos
demandaron”, y añadió: “Les resultará difícil utilizarlo mientras sigan en la
cárcel”. Joe Margulies, uno de los abogados de Abu Zubaydah, declaró a The
Bureau of Investigative Journalism que su cliente donaría el pago “a
las víctimas de tortura”.
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