El Senado autoriza por fin los juicios de Guantánamo en EE.UU., pero no
ofrece un hogar a los hombres inocentes
27 de octubre de 2009
Andy Worthington
Tras criticar duramente a senadores y diputados por sus intentos cobardes, desinformados e inaceptables
de impedir que el presidente Obama traslade a ningún preso de Guantánamo al
territorio continental de Estados Unidos por ningún motivo —ni siquiera para
ser juzgado—, sobre lo que escribí recientemente en un artículo titulado “En
Guantánamo, los legisladores revelan que siguen siendo peones de Dick Cheney”,
me complace informar de que, el martes pasado, el Senado entró por fin en razón
y votó, por 79 votos contra 19, como parte de un proyecto de ley de 42 800
millones de dólares para Seguridad Nacional, a favor de aceptar que la
Administración pueda trasladar a los presos al territorio continental de EE.
UU. para que se enfrenten a juicios.
La votación sigue a una marcha atrás
similar hace dos semanas por parte de la Cámara de Representantes, que
recientemente se había dejado hipnotizar por una moción paranoica propuesta por
el representante Hal Rogers (republicano por Kentucky), y el proyecto de ley
será ahora promulgado como ley por el presidente Obama.
Sin embargo, el Congreso sigue interfiriendo de forma inaceptable en los planes de la Administración,
insistiendo, tal y como lo describió la AFP, en que el presidente proporcione a
los legisladores «una evaluación detallada del posible riesgo para la seguridad
45 días antes» de que los prisioneros sean juzgados en Estados Unidos,
incluyendo “detalles de los peligros que conlleva, medidas para reducir la
posible amenaza, la justificación jurídica del traslado y garantías al gobernador
del estado receptor de que el individuo supone un riesgo para la seguridad
mínimo o nulo”.
Además, el proyecto de ley, tal y como fue aprobado finalmente, sigue permitiendo a los legisladores
interferir en los planes de traslado de presos a otros países, exigiendo —según
la AFP— que los presos «no puedan ser trasladados a otro país a menos que el
presidente facilite al Congreso el nombre del detenido, el destino, una
evaluación de riesgos y las condiciones del traslado». Como me explicó recientemente
el teniente coronel David Frakt, antiguo abogado defensor militar del preso
liberado Mohamed Jawad, esto es en realidad un ejemplo de cómo el Congreso
refuerza los poderes que se otorgó a sí mismo en verano, cuando los
legisladores insistieron en que se les avisara con dos semanas de antelación
antes de que se pudiera liberar a cualquier preso, incluso a aquellos absueltos
por los tribunales tras haber prosperado sus recursos de hábeas corpus.
En palabras del teniente coronel Frakt, esto significaba que el Congreso había decidido que, durante ese
periodo de dos semanas, los presos absueltos por los tribunales estadounidenses
podían ser retenidos “en la condición de “presos del Congreso”, una condición
para la que no existe autoridad constitucional”, y esta usurpación de poderes
inconstitucional no ha sido eliminada en las discusiones finales sobre el
proyecto de ley.
Aun así, lo más lamentable del proyecto de ley —que sigue arrojando una luz de lo más sombría sobre los
legisladores— es la insistencia de estos en que ningún preso pueda ser puesto
en libertad en territorio estadounidense, ya sea en el continente o en territorios
de ultramar como Guam o Puerto Rico. Esto no ha hecho más que alienar a los
países europeos, a los que se les pide que acojan a presos absueltos que no
pueden ser repatriados porque corren el riesgo de sufrir torturas en sus países
de origen y, además, amenaza con enfrentar al Congreso con el Corte Suprema.
El martes pasado, mientras el Senado votaba a favor de permitir que los presos fueran trasladados a EE.UU.
para ser juzgados, el Corte Suprema aceptó revisar el caso de los uigures
(musulmanes de la provincia china de Xinjiang), que permanecen en Guantánamo, a
pesar de que un juez de un tribunal de distrito ordenó
su liberación en Estados Unidos hace más de un año, después de que la
administración Bush admitiera que no tenían ninguna conexión ni con Al Qaeda ni
con los talibanes. El juez, Ricardo Urbina, dictaminó que fueran trasladados a
Estados Unidos, porque no se había encontrado ningún otro país que los aceptara
y porque su detención continuada en Guantánamo era inconstitucional.
Como expliqué
en un artículo la semana pasada, el Departamento de Justicia, tanto bajo el
mandato de George W. Bush como bajo el de Barack Obama, no estaba de acuerdo,
al igual que el Tribunal de Apelación, que dictaminó que las cuestiones
relacionadas con la inmigración de extranjeros eran competencia del Poder
Ejecutivo y no de los tribunales, a pesar de que los abogados de estos hombres
señalaron que esto, en la práctica, vaciaba de todo significado el hábeas corpus.
El presidente Obama, por supuesto, no estuvo a la altura de este desafío al traer a estos hombres a
Estados Unidos y, desde entonces, su administración ha andado a tientas, de una
manera generalmente poco digna, tratando de encontrarles nuevos hogares, enviando
a cuatro a Bermudas en junio y esperando que el resto fuera reubicado
en la remota isla de Palau, en el Pacífico.
Sin embargo, tal y como señaló el Washington
Post en un editorial de principios el pasado miércoles, el escollo de
este plan —por lo demás viable— de fingir que Estados Unidos no tiene ninguna
obligación hacia los hombres a los que encarceló injustamente durante casi ocho
años es que Palau se ha negado a acoger a uno de ellos, Arkin Mahmud, quien
“padece graves problemas de salud mental a causa de su detención y de los
prolongados períodos de aislamiento”. Como consecuencia, su hermano, Bahtiyar
Mahnut, ha decidido rechazar la oferta de Palau de un nuevo hogar para él, con
el fin de permanecer junto a su hermano. Como señaló el Post, “A menos
que otro país acoja a los hermanos, podrían permanecer bajo custodia
indefinidamente —una perspectiva inaceptable y que sin duda influyó en la
decisión de los magistrados de examinar el asunto”.
El Post continuó explicando que el Corte Suprema se enfrentaba a una decisión jurídica delicada,
ya que los magistrados deberán considerar si, en defensa del hábeas corpus, y
en referencia a la situación única en la que se encuentran los presos de
Guantánamo, se les pide que decidan si un juez tiene la facultad de ordenar la
puesta en libertad de los presos en Estados Unidos, cuando todos los
precedentes, como dejó claro el Tribunal de Apelación, establecen que la
admisión de extranjeros en Estados Unidos es competencia de los poderes
ejecutivo y legislativo del Gobierno.
Sin embargo, como también señalaba el Post:
[L]os imperativos morales y éticos son claros y contundentes. Los uigures se encuentran detenidos no porque intentaran
entrar ilegalmente en el país, sino porque fueron capturados en Pakistán y
Afganistán tras la invasión estadounidense de Afganistán en 2001 y trasladados
por la fuerza a Guantánamo. Estados Unidos tiene el control total sobre el
destino de estos hombres y debería asumir toda la responsabilidad para corregir
la situación. Esto debería incluir una legislación cuidadosamente redactada que
permita la entrada de Mahmud y Mahnut en Estados Unidos, donde podrían
permanecer juntos y Mahmud podría recibir la asistencia médica que necesita.
Se trata de una medida audaz por parte de uno de los principales periódicos del país, pero felicito
sin reservas a los editores del Post por ello, ya que aborda un dilema
aparentemente insoluble que, en mi opinión, no puede resolverse de otra manera.
Si bien es probable que varios de los uigures restantes comiencen pronto una
nueva vida en Palau, el Gobierno debería reflexionar detenidamente sobre qué
hacer con Arkin Mahmud y Bahtiyar Mahnut, y estar agradecido de que solo el Washington
Post haya decidido poner de relieve el encarcelamiento continuado de un
hombre inocente cuya detención no solo se considera inconstitucional desde hace
más de un año, sino que además “sufre graves problemas de salud mental debido a
su detención y a los largos periodos de aislamiento”.
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