¿Responderá la administración Bush por crímenes de
guerra?
23 de diciembre de 2008
Andy Worthington
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 25 de septiembre de 2023
La respuesta debería ser afirmativa, si el veredicto de la investigación del
Comité de las Fuerzas Armadas del Senado sobre el trato a los detenidos bajo
custodia estadounidense significa algo.
El informe bipartidista (véanse aquí,
aquí
o aquí,
y véanse aquí
las audiencias de junio y septiembre de 2008), basado en una investigación de
dos años y publicado el 11 de diciembre por los senadores Carl Levin y John
McCain, concluye que la tortura y los malos tratos infligidos a los prisioneros
bajo custodia estadounidense en la "Guerra contra el Terror" son el
resultado directo de políticas autorizadas o aplicadas por altos funcionarios
de la actual administración, entre ellos el presidente George W. Bush, el ex
secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el vicepresidente Donald Rumsfeld, el ex
secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld, el ex secretario de Estado de
Defensa Donald Rumsfeld, el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el ex
secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el ex secretario de Defensa John
McCain. Bush, el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el ex asesor
jurídico del vicepresidente Dick Cheney (y ahora jefe de gabinete) David
Addington, y el ex asesor general del Pentágono William J. Haynes II.
Desde que estalló el escándalo de los malos tratos infligidos a los prisioneros de la prisión iraquí
de Abu Ghraib en abril de 2004, más de una docena de investigaciones han detectado
problemas relacionados con el trato a los prisioneros en Irak, Afganistán y
Guantánamo, pero hasta ahora ningún informe oficial ha mirado hacia arriba en
la cadena de mando para culpar a los altos cargos de autorizar la tortura e
instigar políticas abusivas, y el gobierno de Bush ha podido mantener, como
hizo a raíz del escándalo de Abu Ghraib, que cualquier abuso era el resultado
de las actividades deshonestas de "unas pocas manzanas podridas".
Esto es ahora insostenible. Como se afirma en el informe,
Los malos tratos infligidos a detenidos bajo custodia estadounidense no pueden atribuirse simplemente a las
acciones de "unas pocas manzanas podridas" que actuaron por su
cuenta. El hecho es que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos
solicitaron información sobre cómo utilizar técnicas agresivas, redefinieron la
ley para crear la apariencia de su legalidad y autorizaron su uso contra los
detenidos. Esos esfuerzos perjudicaron nuestra capacidad de recopilar
información de inteligencia precisa que podría salvar vidas, fortalecieron la
mano de nuestros enemigos y comprometieron nuestra autoridad moral.
Aunque contiene poca información nueva, el informe es condenatorio en su revelación de cómo altos
funcionarios buscaron y aprobaron la ingeniería inversa de técnicas enseñadas
en las escuelas SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia, Escape) del ejército
estadounidense para su uso en prisioneros capturados en la "Guerra contra
el Terror". Estas técnicas, señalan los autores, incluyen "despojar a
los detenidos de su ropa, colocarlos en posturas de estrés, ponerles capuchas
en la cabeza, interrumpir su sueño, tratarlos como animales, someterlos a
música a todo volumen y luces intermitentes, y exponerlos a temperaturas
extremas". En algunas circunstancias, también incluyen el submarino,
una conocida técnica de tortura que consiste en el ahogamiento controlado.
Tras señalar explícitamente que estas técnicas se enseñan para entrenar al personal "a
soportar técnicas de interrogatorio consideradas ilegales según las
Convenciones de Ginebra" y que "se basan, en parte, en técnicas
comunistas chinas utilizadas durante la guerra de Corea para obtener
confesiones falsas", los autores exponen una cronología convincente de la
introducción de estas técnicas, que comienza con un memorando crucial emitido
por el Presidente Bush el 7 de febrero de 2002. En él se declaraba que las
protecciones de los Convenios de Ginebra, que, según señalan los autores,
"habrían proporcionado unas normas mínimas de trato humano", no se
aplicaban a los prisioneros capturados en la "Guerra contra el
Terror". El informe añade que "la decisión de sustituir una doctrina
militar bien establecida, es decir, el cumplimiento legal de los Convenios de
Ginebra, por una política sujeta a interpretación, repercutió en el trato de
los detenidos bajo custodia estadounidense."
Una vez establecido el papel del Presidente como facilitador inicial de los abusos, el informe implica
a continuación a los responsables directos de la aplicación de la tortura de
prisioneros, explicando cómo Haynes empezó a solicitar asesoramiento a la
agencia responsable de las técnicas SERE en diciembre de 2001, y cómo
Addington, John Yoo, asesor jurídico del Departamento de Justicia, y Alberto
Gonzales, consejero de la Casa Blanca, intentaron redefinir la tortura en el
tristemente célebre "Memorando sobre la tortura" de agosto de 2002,
en el que se afirmaba que el dolor soportado "debe ser equivalente al
dolor que acompaña a una lesión física grave, como la insuficiencia orgánica,
el deterioro de las funciones corporales o incluso la muerte".
Los autores también señalan cómo Rumsfeld aprobó el uso de las técnicas SERE en Guantánamo en
diciembre de 2002 (después de que Haynes lo consultara con otros altos
funcionarios), y explican cómo las técnicas migraron a Afganistán en enero de
2003, y fueron aplicadas en Irak por el teniente general Ricardo Sánchez,
comandante de las fuerzas de la coalición, en septiembre de 2003.
Aun así, el informe no está exento de fallos. Los autores se abstienen cuidadosamente de utilizar en
ningún momento las palabras "tortura" o "crímenes de
guerra", lo que constituye un logro semántico considerable, pero que
contribuye poco a fomentar la creencia de que los oficiales implicados rendirán
cuentas algún día por sus crímenes. Curiosamente, también omiten toda mención
al vicepresidente Dick Cheney, e ignoran la importancia de la orden
presidencial de noviembre de 2001, que autorizaba la captura y detención
indefinida de "combatientes enemigos" y establecía el sistema de
juicios de la Comisión Militar, a pesar de que Barton Gellman, del Washington
Post, ha establecido
que Cheney desempeñó un papel significativo en éste y en todos los demás
documentos cruciales que condujeron a la tortura y el maltrato de los
detenidos.
Las respuestas de los medios de comunicación estadounidenses han sido diversas. Curiosamente, la
mayoría de los principales medios de comunicación optaron por centrarse
únicamente en la responsabilidad de Donald Rumsfeld en la aplicación de
técnicas abusivas (el titular del Washington Post, por ejemplo, era
"Rumsfeld responsable de los malos tratos a los detenidos"), a pesar
de que el informe nombraba al menos a otros 12 altos cargos implicados en la
aprobación y aplicación de las políticas.
Comentaristas más reflexivos han puesto en duda que Barack Obama vaya a perseguir a los
responsables, señalando que no estará dispuesto a enemistarse con los
republicanos cuando necesita su apoyo para hacer frente a la crisis económica,
y que muchos demócratas del Congreso conocían las políticas de la
administración Bush, y en algunos casos participaron en su aprobación. Un artículo
publicado en The Nation
el 17 de diciembre señalaba que esta complicidad hacía que "una
revisión sin restricciones pareciera improbable", pero el artículo también
señalaba, más esperanzador, que "un creciente cuerpo de opinión legal
sostiene que Obama tendrá el deber de investigar las acusaciones de crímenes de
guerra y, si se descubre que tienen mérito, procesar a los autores".
Desde el 17 de diciembre, quienes se preocupan por perseguir a los funcionarios de la
administración Bush por crímenes de guerra pueden estar seguros, al menos, de
que entre los autores se encuentra ahora Dick Cheney. En una entrevista
con ABC News, el Vicepresidente se ciñó a un guión ahora desacreditado,
declarando que "no practicamos la tortura, nunca lo hemos hecho",
pero admitiendo por primera vez que conocía el uso del ahogamiento simulado en
un puñado de "detenidos de alto valor", y que consideraba su uso
"apropiado".
Sólo el tiempo dirá si la admisión de Cheney será considerada como una defensa incondicional de la
seguridad nacional, o como el último gesto desafiante de un criminal de guerra.
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