¿Qué supone la revolución de Túnez para los presos políticos, incluidos
los detenidos en Guantánamo?
21 de enero de 2011
Andy Worthington
Para los doce tunecinos recluidos en Guantánamo durante los últimos nueve años, la
noticia de que un levantamiento popular obligó al odiado dictador, el
presidente Zine al-Abidine Ben Ali, a huir del país hacia Arabia Saudí el
pasado viernes, tras 23 años en el poder, habrá supuesto una gran sorpresa y
también un motivo de profunda satisfacción. Al fin y al cabo, es probable que
ninguno de los hombres detenidos por las fuerzas estadounidenses en la prisión
experimental de Guantánamo hubiera acabado allí de no ser por la persecución
que sufrieron bajo el régimen de Ben Ali o por su huida del país por motivos económicos.
En su mayor parte, el sufrimiento de los tunecinos en Guantánamo ha sido profundamente deprimente.
Muchos, si no la mayoría, sufrieron terribles abusos, y cuando la
Administración Bush decidió finalmente autorizar la puesta en libertad de la
mayoría de ellos (en su mayor parte en 2006), su pesadilla estaba lejos de
haber terminado. Los hombres temían ser repatriados, porque todos habían
abandonado Túnez muchos años antes y eran conscientes de que lo único que les
esperaba en su país eran más abusos y encarcelamiento, seguidos de juicios
farsa basados en información obtenida mediante la tortura de otras personas en
Túnez, lo que les había valido condenas
de prisión en ausencia.
Los dos tunecinos repatriados desde Guantánamo en 2007
No obstante, la Administración Bush, en aras de los estrechos vínculos de Estados Unidos con
Ben Ali y de su prolongado apoyo a su régimen opresivo, repatrió de forma
sigilosa a dos tunecinos en junio de 2007 —Lotfi Lagha, de 38 años, y Abdullah
bin Omar, de 51— basándose en «garantías diplomáticas" acordadas entre EE.UU. y
Túnez, que supuestamente aseguraban que ambos recibirían un trato humano a su regreso.
Poco se sabía de Lotfi Lagha, ya que no contó con representación legal en Guantánamo, a pesar de que
el Corte Suprema había concedido a los presos el derecho de hábeas corpus tres
años antes de su liberación. Como expliqué
en un artículo en aquel momento, "todo lo que existe en el dominio público
que dé cuenta de sus 2.000 días de encarcelamiento son tres páginas de notas"
de una comisión de revisión militar de 2005.
De este breve documento —repleto de acusaciones sin fundamento sobre vínculos con terroristas— se
desprendía claramente que Lagha, que fue detenido en la frontera entre
Afganistán y Pakistán en diciembre de 2001, había servido en el ejército
tunecino en su juventud y que posteriormente había huido a Italia, donde parece
haberse establecido durante muchos años. A principios de 2001 viajó a
Afganistán, donde se instaló junto con otros tunecinos en Jalalabad y, en algún
momento, se relacionó con miembros de la organización misionera
Jamaat-al-Tablighi. Según su propio relato, nunca se entrenó en ningún
campamento de Afganistán, nunca empuñó las armas contra los estadounidenses ni
contra nadie más, y consideraba que "el sistema de creencias de Al Qaeda era
extraño y que ellos no eran buenas personas".
Solo más tarde se supo que le habían amputado todos los dedos, excepto los pulgares, mientras se
encontraba bajo custodia estadounidense en la base aérea de Bagram, en
Afganistán, una intervención supuestamente necesaria por razones médicas que él
sostenía que era innecesaria.
Bin Omar, tal y como expliqué
en un artículo en aquel momento, había trabajado como mecánico para los
ferrocarriles tunecinos, pero había abandonado el país para irse a Arabia Saudí
en 1989, debido a la persecución religiosa. Poco después, se trasladó a
Pakistán con su mujer y sus hijos, donde residía cuando fue declarado culpable,
en ausencia, por un tribunal tunecino de pertenecer al partido político
islamista Ennahdha, y condenado a 10 años de prisión. Human Rights Watch
informó de que la "prueba principal" en su contra en este juicio (celebrado en
1995) "parece haber sido la declaración que uno de sus 19 coacusados hizo a la
policía en 1993, en la que afirmaba que [él] había ocupado un puesto de
liderazgo en una organización conocida como el Frente Islamista Tunecino
mientras se encontraba en Pakistán". Basándose en su experiencia con casos
similares, su abogado, Samir Ben Amor, explicó que consideraba "probable que
esta declaración incriminatoria fuera fruto de la tortura y los malos tratos".
Capturado en Pakistán en abril de 2002, durante unos meses frenéticos en los que se detuvo a todo tipo
de árabes inocentes, bin Omar declaró en Guantánamo que los pakistaníes lo
vendieron a los estadounidenses por 5.000 dólares. Durante sus cinco años de
detención, solo se le permitió reunirse con un abogado por primera —y única—
vez el 1 de mayo de 2007, cuando Zachary Katznelson, de Reprieve, se reunió con
él y explicó que "manifestó su profunda preocupación por que, de ser devuelto a
Túnez, las autoridades de ese país lo torturarían para obligarlo a confesar o a
convertirse en informante". Katznelson añadió: "Cuando Reprieve se enteró más
tarde de la condena en rebeldía del Sr. Bin Omar en Túnez —una condena de la
que el Sr. Bin Omar probablemente no tiene conocimiento—, Reprieve solicitó en
repetidas ocasiones visitas adicionales con nuestro cliente. El Gobierno de
Estados Unidos no respondió a ninguna de esas solicitudes" —y, de hecho, lo
repatrió de forma sigilosa antes de que Reprieve pudiera protestar al
respecto—, tal y como explicó el director de Reprieve, Cive Stafford Smith, en
la revista New Statesman en julio de 2007.
Resumiendo la difícil situación de bin Omar, Katznelson también declaró, tras la repatriación de
este, que "se encuentra convertido en conejillo de indias de un experimento
diplomático potencialmente mortal. Estados Unidos está tan desesperado por
sacar a gente de la bahía de Guantánamo que está dispuesto a pasar por alto el
horrible historial de Túnez en materia de derechos humanos. Ahora la atención
del mundo debe centrarse en Túnez. Túnez se enfrenta a una elección sencilla:
¿hará lo correcto y demostrará al mundo que defiende los derechos humanos, o
volverá a su oscuro pasado? Todos estamos pendientes".
Maltratos, juicios espectáculo y condenas de prisión para los hombres repatriados de Guantánamo
Puede que el mundo estuviera pendiente —o al menos aquellas partes del mundo a las que aún les
importaban los derechos humanos en la "guerra contra el terrorismo"—, pero al
presidente tunecino no le importaba. En septiembre de 2007, cuando Jennifer
Daskal, de Human Rights Watch, intentó visitar a los hombres, que se
encontraban recluidos en prisión, se lo impidieron, pero se reunió con
activistas locales, abogados, funcionarios del Gobierno y familiares —a algunos
de los cuales se les había permitido reunirse con ellos— que le explicaron
que estos habían estado "diciendo a los visitantes que la situación era tan
mala que preferirían estar de vuelta en Guantánamo".
Al parecer, a su regreso a Túnez, Bin Omar había sido abofeteado, sometido a privación del sueño y
amenazado conque violarían a su mujer y a sus hijas. Daskal añadió que las
amenazas contra su familia "fueron más de lo que pudo soportar: le dijo a su
abogado que firmó el documento que los funcionarios le pusieron delante, a
pesar de que su vista se había deteriorado tanto y sus gafas eran tan viejas que
no tenía ni idea de lo que ponía".
A continuación, fue llevado brevemente ante el tribunal militar que lo había condenado en ausencia y,
durante las seis semanas siguientes, permaneció "en régimen de aislamiento en
una celda sin ventanas ni ventilación a la que él llamaba su “tumba”", sin que
se le permitiera ningún contacto con otros presos.
A raíz de estas informaciones, Jennifer Daskal no quedó tranquila cuando pidió a Robert F.
Godec, embajador de Estados Unidos en Túnez, que le explicara qué estaba haciendo
la Administración Bush "para hacer un seguimiento de los casos de ambos
hombres", y se le respondió que "tenía garantías “específicas y creíbles” del
Gobierno tunecino de que no sufrirían malos tratos", añadiendo: "Hacemos un
seguimiento de estas garantías". Tal y como explicó, le preocupaba que él "no
quisiera decir si el trato recibido por [bin Omar] y Lagha se había ajustado a
las promesas de Túnez; ni tampoco quisiera decir si algún funcionario
estadounidense se había reunido con ellos desde su regreso a casa", y concluyó,
acertadamente: "Esto es preocupante: lo único que tenemos son promesas de un
régimen notoriamente abusivo, y, sin embargo, los funcionarios estadounidenses
ni siquiera dicen si están haciendo un seguimiento de esas garantías hablando
con los propios detenidos".
En octubre de 2007, Lotfi Lagha, que no había hablado sobre el trato recibido, pero que, presumiblemente,
había sido tratado de manera similar —puesto que su abogado informó de que
había permanecido en régimen de aislamiento durante seis semanas tras su
regreso—, fue condenado a tres años de prisión. Como expliqué
en aquel momento:
El juicio de Lagha -cuatro meses después de su repatriación desde
Guantánamo- tuvo todas las características de un juicio espectáculo injusto. Se
retiraron las acusaciones de que había recibido entrenamiento militar en
Afganistán y de que había luchado con el régimen talibán, y en su lugar se le
condenó por "asociación con un grupo criminal con el objetivo de dañar o
causar daños en Túnez", a pesar de que, como informó Associated Press, las
autoridades tunecinas "no dieron el nombre del grupo en el que se decía que
Lagha participaba ni especificaron cuál era su plan de violencia", y a
pesar de que el propio Lagha insistió durante el juicio: "No he estado
implicado en ninguna actividad terrorista. Fui a Afganistán por trabajo".
Tras conocerse el veredicto, su abogado, Samir Ben Amor, se declaró
"decepcionado" por la sentencia, y afirmó que presentaría un recurso,
añadiendo: "Pensábamos que obtendría justicia en su propio país después de
lo que sufrió en Guantánamo."
En noviembre de 2007, tal y como
expliqué en su momento, Abdullah bin Omar fue condenado a siete años de
prisión tras ser declarado culpable de "pertenecer, en tiempos de paz, a una
organización terrorista que operaba en un país extranjero" y de preparar
atentados destinados a "cambiar el Estado mediante la violencia", con el fin de
sustituir al Gobierno por un "régimen fundamentalista". Zachary Katznelson, que
estuvo presente en el juicio, me dijo: "No se presentó ni una sola prueba en su
contra. Ni testigos, ni documentos, nada. Solo una declaración de los servicios
de inteligencia en la que se afirmaba que era culpable. Una acusación presentada
como un hecho". Añadió que esto era "algo demasiado habitual en el contexto de
Guantánamo", pero que resultaba "horrible ver cómo se dictaban las
consecuencias ante mis propios ojos".
Para Lotfi Lagha (que debería haber sido puesto en libertad el pasado mes de octubre) y Abdullah bin
Omar (que lleva tres años cumpliendo una condena de siete), la caída del
régimen de Zine al-Abidine Ben Ali debería ser una buena noticia. No puedo
confirmar si Abdullah bin Omar era miembro de Ennahdha, como se alega, pero hay
motivos para calificar tanto a bin Omar como a Lotfi Lagha de presos políticos
y, tal y como informó The
Guardian el martes, "el nuevo Gobierno de Túnez parece estar a punto de
poner en libertad a los presos políticos, incluidos todos los miembros del
movimiento islamista Ennahdha". Tal y como también explicó The Guardian:
Najib Chebbi, líder de un partido de la oposición que se ha incorporado al nuevo Gobierno, afirmó que todos los
presos habían sido puestos en libertad, [aunque] Samir Dilou, abogado y líder
de Ennahdha, declaró: "Hemos hablado con las familias. No está confirmado. Aún
no están libres". No obstante, el Gobierno podría debatir una amnistía general
ya mañana mismo.
En apoyo a la idea de la participación de Ennahdha en el futuro político de Túnez, Chebbi declaró en el
programa "Hard Talk" de la BBC: "Para tener democracia, debemos integrar a
todas aquellas personas que quieran respetar la ley y participar en el proceso
democrático. El islam político moderado es un componente del panorama árabe e islamista".
Una amnistía general allanaría el camino para que el líder exiliado de Ennahdha, Rachid Ghannouchi, regresara a
su país. Él mismo ha afirmado que esperaría a que se decretara una amnistía
general antes de regresar a Túnez desde Londres.
Los tunecinos que siguen en Guantánamo o que han sido liberados en otros países
El levantamiento en Túnez también puede suponer una buena noticia para otros tunecinos que siguen recluidos en
Guantánamo y para aquellos que han sido liberados en otros países.
En Guantánamo siguen recluidos cinco hombres —Lotfi bin Ali, Ridah al-Yazidi, Adel Hakeemy, Hisham
Sliti y Abdul Ourgy, todos ellos autorizados para su puesta en libertad por la
administración Bush—, aunque es posible que solo bin Ali se beneficie del
derrumbe de la dictadura tunecina. Allá por octubre de 2007, antes de que Lotfi
Lagha y Abdullah bin Omar fueran condenados, pero después de que salieran a la
luz las denuncias de malos tratos, una jueza del Tribunal de Distrito de
Washington D. C., la jueza Gladys Kessler, desestimó la confianza de la
administración Bush en las "garantías diplomáticas" con Túnez, dictaminando que
"no puede ser enviado a Túnez porque podría sufrir un “daño irreparable” que
los tribunales estadounidenses no podrían revertir".
A pesar de esta sentencia, en los últimos tres años y cuatro meses no se ha encontrado un nuevo lugar de
residencia para Bin Ali, aunque ahora, presumiblemente, no existe ningún
obstáculo para su puesta en libertad, que debería exigirse de inmediato.
En cuanto a los demás, la Administración Obama debería revisar sus casos y reflexionar detenidamente
sobre si desea seguir manteniéndolos detenidos. No veo ninguna razón por la que
Ridah
al-Yazidi no deba ser también puesto en libertad de inmediato, pero es
posible que las autoridades hayan llegado a la conclusión de que es
uno de los 48 hombres que deben permanecer detenidos indefinidamente sin cargos
ni juicio, ya que se les considera demasiado peligrosos para ser puestos en
libertad, a pesar de que el grupo de trabajo interinstitucional que formuló
estas recomendaciones admitió que las supuestas pruebas utilizadas para
realizar estas valoraciones no se sostendrían ante ningún tribunal.
En el caso de Adel Hakeemy, el problema es que, al parecer, el Gobierno belga ha manifestado
su interés en extraditarlo en relación con acusaciones de terrorismo en
Bélgica, al igual que ha hecho con Hisham Sliti, quien, además, perdió
su recurso de hábeas corpus en diciembre de 2008.
En cuanto a Abdul Ourgy, el problema es que, al parecer, el Gobierno italiano ha manifestado
deseos similares, tras la extradición,
en diciembre de 2009, de otros dos tunecinos desde Guantánamo —Adel Ben Mabrouk
bin Hamida Boughanmi y Mohammed Tahir Riyadh Nasseri—. Es poco probable que
estos dos hombres regresen a Túnez en un futuro próximo, a pesar de que no han
sido juzgados desde su dudosa extradición, a menos, claro está, que los
italianos decidan de repente que la caída del régimen de Ben Ali es una excusa
para repatriar a todos los tunecinos indeseados —algo que, de hecho, podría
ocurrir no solo en Italia, sino en toda la UE.
Para terminar con una nota más optimista, otros tres hombres que podrían beneficiarse son los que han sido
puestos en libertad en otros países desde el colapso de las "garantías
diplomáticas" de la Administración Bush — Rafiq al-Hami, que fue puesto en libertad
en Eslovaquia el pasado mes de enero junto con otros dos hombres (de Egipto
y Azerbaiyán); Saleh Sassi, que fue puesto en libertad
en Albania en febrero del año pasado (junto con un egipcio y un libio); y
Hedi Hammamy, que fue puesto en libertad
en Georgia el pasado mes de marzo (junto con dos libios). Al parecer, a
todos les va bien en sus nuevos hogares (aunque los hombres de Eslovaquia
tuvieron que iniciar una huelga de hambre en junio para mejorar sus condiciones
de vida), pero sin duda estarán encantados de volver a casa —si es que su hogar
es, por fin, un país que se ha liberado de la tiranía.
En algunos casos, esto puede deberse a que su oposición política al régimen de Ben Ali está a punto de
ser reconocida como legítima, y no condenada bajo la conveniente etiqueta del
terrorismo; y en otros casos, se debe a que la huida de Ben Ali —y la
movilización continua de lo que el experto en Oriente Medio Juan Cole describió
recientemente como "una revolución populista encabezada por movimientos
sindicales, por activistas de Internet [y] por trabajadores rurales" — pueda
prometer por fin el fin de la pobreza devastadora y del saqueo de la economía
tunecina que caracterizaron el reinado de Ben Ali y que empujaron a tantos
tunecinos al extranjero —a Europa y, en algunos casos, a Afganistán y Pakistán—
en busca de trabajo y libertad.
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