¿Qué está pasando con los casos de Guantánamo?
18 de julio de 2008
Andy Worthington
Es posible que se lo pregunten. Hace un mes, el Corte Supremo dictaminó, en el caso Boumediene
contra Bush, que los presos de Guantánamo tienen derechos
constitucionales de habeas corpus; en otras palabras, el derecho a preguntar
por qué, tras seis años y medio de encarcelamiento sin cargos ni juicio, están
detenidos. Los más altos jueces del país dictaminaron hace cuatro años, en Rasul
contra Bush, que los presos tenían derechos de habeas corpus, pero sólo les
concedieron derechos estatutarios, y el ejecutivo respondió persuadiendo al
Congreso para que cambiara la ley.
Con Boumediene, por tanto, el Corte Supremo envió un mensaje claro tanto al ejecutivo como a los
políticos del Congreso de que aprobar nuevas leyes -la Ley sobre el Trato a los
Detenidos de 2005 y la Ley de Comisiones Militares de 2006- para privar a los
presos del derecho a saber por qué están detenidos era realmente inconstitucional.
El Corte Supremo se había visto impulsado a dictar esta sentencia aparentemente inusual -conceder
derechos de habeas corpus a extranjeros detenidos en tiempo de guerra- debido a
su grave preocupación por el hecho de que los prisioneros, retenidos ni como
prisioneros de guerra, protegidos por los Convenios de Ginebra, ni como
delincuentes, que podían ser juzgados en el sistema judicial estadounidense,
nunca habían sido examinados adecuadamente a través del proceso administrativo
que el gobierno había establecido en respuesta a Rasul, y no tenían,
literalmente, recurso alguno a la justicia./p>
En esto, sin duda, tenían razón. Las audiencias administrativas -los Tribunales de Revisión del Estatuto
de los Combatientes- fueron
criticadas el año pasado por un antiguo miembro de la CIA, el teniente
coronel Stephen Abraham, que se burló de ellas por basarse en información
terriblemente débil, generalizada y sin fundamento, disfrazada de
"pruebas", y por estar diseñadas, esencialmente, para refrendar las
afirmaciones sin control del gobierno de que los prisioneros eran
"combatientes enemigos", que podían ser retenidos sin cargos ni juicio.
Dos semanas después de Boumediene, por fin se permitió al Tribunal de Apelación examinar los argumentos del
gobierno contra uno de esos "combatientes enemigos". El caso, Parhat
contra Gates, había permanecido, al igual que los propios prisioneros, en
un limbo jurídico a la espera de la decisión del Corte Supremo, pero una vez
que los jueces tuvieron libertad para actuar, dictaminaron
debidamente que la designación de Huzaifa Parhat, un musulmán chino, como
"combatiente enemigo" desde hacía cuatro años, era
"inválida", y arremetieron contra la calidad de las pruebas del
gobierno por ser similares a un poema sin sentido de Lewis Carroll, autor de
Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas.
Desde entonces, sin embargo, los redactores de titulares han seguido adelante, porque la mayor
parte de la respuesta a Boumediene y Parhat se está produciendo ahora entre
bastidores. Tras algunas quejas del Presidente, que declaró en una reunión del
partido republicano: "Con esta decisión, terroristas curtidos, terroristas
extranjeros curtidos, disfrutan ahora de ciertos derechos legales antes
reservados a los ciudadanos estadounidenses", y una extraordinaria
diatriba de John McCain, la administración se vio obligada a reconocer que
no tenía ninguna posibilidad de enmendar la Constitución a corto plazo, y
recurrió, en cambio, a tácticas dilatorias.
Mientras el Tribunal de Distrito de EE.UU. actuaba con celeridad, y el juez jefe Royce C. Lamberth
anunciaba, el 2 de julio, que el juez superior Thomas F. Hogan había sido
designado "para coordinar y gestionar los procedimientos en todos los
casos de la Bahía de Guantánamo, de modo que estos casos puedan abordarse con
la mayor celeridad posible", el Departamento de Justicia empezó a
arrastrar los pies.
Cuando los abogados de los presos y los representantes del Departamento de Justicia se reunieron con el
juez Hogan la semana pasada, el fiscal general adjunto Gregory Katsas
"pidió dos meses para contratar abogados y al menos otros dos meses para
modificar las declaraciones existentes [unas 100 en total] y presentar 100
nuevas". Afirmó, además, que el esfuerzo sobrecargaría los recursos del
Departamento de Justicia "casi hasta el punto de ruptura."
Para su crédito", como explicó el Miami Herald en un agudo editorial, "el tribunal se
mostró escéptico, por no decir otra cosa". El juez Hogan dijo que no podía
entender por qué de repente había que cambiar las pruebas si se habían
considerado lo suficientemente sólidas como para justificar la retención de los
detenidos por períodos de hasta seis años." En palabras del propio Hogan:
"Si no eran suficientes, entonces no deberían haber sido detenidos".
Tal y como recoge el blog Legal
Times, el juez Hogan añadió que "quería que las declaraciones se
presentaran antes", dijo que tenía "recelos sobre conceder al
gobierno 'carta blanca' para aumentar sus pruebas 'sin decir por qué'", y
recordó al gobierno lo que el Corte Supremo había declarado en Boumediene:
"El coste del retraso no puede seguir siendo soportado por quienes están
detenidos". Con una floritura final, dijo
al Departamento de Justicia en términos inequívocos: "Ha llegado el
momento de sacar esto adelante. Dejen de lado cualquier otro caso que esté
pendiente en la división y aborden primero este caso".
El gobierno no tuvo más suerte cuando se enfrentó al juez de distrito Richard Leon, que había decidido
no transferir sus casos -12 en total, que afectan a 35 presos- al juez Hogan.
"Esto se va a mover lo más rápido posible", dijo
el juez Leon en una reunión similar de abogados de Guantánamo y representantes
del DoJ. "Estos hombres han esperado lo suficiente para obtener una
decisión. El Corte Supremo ha hablado. Quieren que se haga. Por Dios, lo
conseguiremos".
El juez Leon también explicó, como lo describió Reuters, que "no permitiría que el Departamento
de Defensa o la CIA retrasaran los casos mientras revisan la información
clasificada utilizada para mantener a los prisioneros como combatientes
enemigos." "Que no quepa duda de que el Departamento de Defensa y la
CIA deben estar preparados para acudir a la sala y defender sus decisiones si
tenemos la sensación de que hay un esfuerzo por parte de esas agencias para
ralentizar los procedimientos", dijo, añadiendo, en un comentario que se
hacía eco de las dudas del juez Hogan sobre las tácticas dilatorias del
gobierno, "que probablemente exigiría al gobierno que mostrara por qué
quiere presentar nuevas pruebas para justificar la retención de un
detenido." A continuación, "ordenó a ambas partes que presentaran
informes de situación antes del 18 de julio, en los que se abordaran cuestiones
como cuándo y dónde se había puesto bajo custodia al detenido" y
"programó reuniones a puerta cerrada con ambas partes para los días 23 y
24 de julio", añadiendo que quería resolver los casos antes de que el
próximo Presidente tomara posesión de su cargo en enero de 2009.
Los abogados de los presos trabajan ahora horas extraordinarias preparando sus casos, con la esperanza de
que la esquiva justicia que sus clientes llevan tantos años buscando esté casi
al alcance de la mano.
Sin embargo, sigue habiendo problemas. Incluso con sentencias comparables a la de Parhat contra Gates,
no se ha resuelto la dificultad de encontrar nuevos hogares para muchos de
estos hombres. Huzaifa Parhat permanece en Guantánamo, a pesar de su éxito en
el Tribunal de Apelaciones, porque no puede ser devuelto a China, como
consecuencia de los tratados que impiden la devolución de ciudadanos
extranjeros a países donde corren el riesgo de ser torturados.
El gobierno anunció recientemente que 54 presos en total (el 20 por ciento de la población actual
de Guantánamo) están a la espera de ser liberados de Guantánamo si se les
encuentra un hogar adecuado. Como ya he informado
anteriormente, muchos de estos hombres proceden de países como Argelia, Libia,
Túnez y Uzbekistán, donde también se enfrentarían a tortura -o a algo peor- si
fueran repatriados, y se teme que, aunque muchos de los demás presos sean
finalmente absueltos por un tribunal estadounidense, muchos de ellos tampoco
puedan regresar a casa.
Como concluía acertadamente el editorial del Miami Herald, "en los casos en que las pruebas del
gobierno sean débiles o inexistentes, los jueces podrán ordenar la liberación
de los sospechosos, pero carecen de autoridad para traer a los detenidos a
Estados Unidos. Por eso la administración Bush debería trabajar horas extras
para encontrar países que los acojan".
Pocos lo mencionan, pero también habría que preguntarse si no es el momento de entablar conversaciones
serias sobre la búsqueda de hogares para estos hombres en el país cuyo gobierno
fue responsable de su encarcelamiento injusto en primer lugar.
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