El presidente Obama pierde el norte con respecto a Guantánamo
24 de diciembre de 2010
Andy Worthington
El 22 de diciembre, durante una rueda de prensa del presidente Obama en la que se
felicitó a sí mismo por los logros alcanzados en la última sesión antes de que
los demócratas perdieran el control de la Cámara de Representantes (entre
ellos, el nuevo tratado START sobre control de armamento y la derogación de la
política "don’t ask, no digas"), uno de los fracasos más evidentes de la
Administración —la imposibilidad de cerrar Guantánamo— solo se mencionó al
final de la rueda de prensa, cuando Mike Emanuel, corresponsal de Fox News en
la Casa Blanca, formuló una pregunta que se hacía eco de un informe
reciente del Washington Post.
En ese reportaje, publicado el martes, funcionarios de la administración Obama explicaban que estaban a punto de
ultimar un decreto ejecutivo que "formalizaría la detención indefinida sin
juicio para algunos detenidos en la prisión militar estadounidense de la bahía
de Guantánamo, Cuba, pero permitiría a esos detenidos y a sus abogados impugnar
los fundamentos de su encarcelamiento continuado".
Los hombres en cuestión —48 de los 174 presos restantes— fueron designados
para permanecer en detención indefinida sin cargos ni juicio durante una
revisión de los casos de Guantánamo que duró un año y que llevó a cabo el año
pasado el Grupo de Trabajo para la Revisión de Guantánamo, creado por el
presidente Obama al asumir el cargo y compuesto por "más de 60 profesionales de
carrera, entre los que se incluyen analistas de inteligencia, agentes de las
fuerzas del orden y abogados, procedentes del Departamento de Justicia,
Departamento de Defensa, Departamento de Estado, Departamento de Seguridad
Nacional, Agencia Central de Inteligencia, Oficina Federal de Investigación y
otras agencias de la comunidad de inteligencia".
El Grupo de Trabajo también aprobó la puesta en libertad de 90 de los presos restantes y propuso juicios para otros 33, pero
fue la propuesta de detener indefinidamente a 48 de los hombres lo que causó
mayor consternación entre todos aquellos que esperaban que la Administración
Obama repudiara por completo las políticas de detención de la Administración
Bush en la "guerra contra el terrorismo" y que, o bien presentara cargos contra
todos los presos heredados del régimen anterior, o bien los pusiera en libertad.
Uno de los funcionarios que habló con el Post intentó justificar el decreto ejecutivo propuesto, explicando que podría realizarse
una revisión cada año, y preguntó: "Cuando el comité de revisión clasifique a
alguien en la categoría de detención a largo plazo, esas 48 personas, ¿qué
pasará entonces? ¿Permanecerán allí el resto de sus vidas? ¿Cuál es el
mecanismo de revisión? ¿Hasta qué punto es imparcial? ¿Tienen la oportunidad de
impugnarlo? Hay que dar respuesta a todas esas preguntas. Y hemos estado
trabajando en una orden ejecutiva que establezca estos elementos".
Para ser justos, algún tipo de proceso de revisión, en el que participen abogados, es mejor que un proceso en el que a
los presos designados para la detención indefinida sin cargos ni juicio no se
les dé ninguna oportunidad de impugnar la decisión del Grupo de Trabajo, pero
como dijo al Post Laura W. Murphy, directora de la oficina legislativa de la
Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en Washington: "La detención
indefinida sin cargos ni juicio es incorrecta, ya provenga del Congreso o de la
pluma del presidente. Nuestra Constitución exige que se imputen y juzguen a las
personas acusadas de delitos. No se puede vender un plan de detención
indefinida añadiendo unos cuantos adornos de garantías procésales y esperar que
eso restablezca el Estado de derecho. Eso es malo para Estados Unidos y no es
la forma de justicia que queremos que otras naciones imiten".
Igualmente preocupante es el hecho de que el proceso de revisión del Grupo de Trabajo entre en conflicto con otro proceso
establecido antes de que Obama asumiera el cargo: las solicitudes de hábeas
corpus presentadas ante el Tribunal de Distrito de Washington D. C., en las que
los jueces (independientes del Gobierno, cabe señalar) han podido examinar los
casos de los presos, y han podido ordenar la puesta en libertad de los presos
cuyas peticiones han prosperado (en 38
de los 57 casos resueltos hasta la fecha), aunque esas resoluciones no
siempre han dado lugar a la puesta en libertad efectiva de los presos —en
general, porque el Gobierno ha recurrido y el conservador Tribunal de Apelación
del Distrito de Columbia tiende
a encontrar motivos para justificar el mantenimiento de la detención.
El artículo de The Post señalaba: "Los detenidos en Guantánamo seguirían teniendo acceso a los tribunales federales
para impugnar su encarcelamiento en virtud de la doctrina jurídica del hábeas
corpus", pero resulta preocupante observar que la Administración Obama parece
haber preferido siempre su propio proceso de revisión al de los tribunales, y
la siguiente afirmación del artículo del Post —que "el plan ofrecería a los
detenidos cuya petición de hábeas corpus haya sido denegada la posibilidad de
poner fin algún día a su estancia bajo custodia estadounidense" —, es,
francamente, engañosa, porque, como se ha señalado anteriormente, la
Administración tiene un historial de recurrir las peticiones que prosperan y,
por lo tanto, no hay razón para suponer que los altos funcionarios tengan
ningún interés en un proceso de revisión que conduzca a la puesta en libertad
de presos que han perdido sus peticiones.
El presidente Obama aún no ha revisado la propuesta, por supuesto, pero me pareció que valía la pena examinar lo que dijo
sobre Guantánamo en su rueda de prensa, ya que el fracaso a la hora de cerrar
Guantánamo resulta especialmente preocupante tan cerca del noveno aniversario
de la apertura de la prisión. He insertado mis respuestas a lo que dijo en el cuerpo del texto.
Mike Emanuel: Guantánamo, señor. Tengo entendido que se está preparando un borrador de un
decreto presidencial para usted, y no espero que comente nada al respecto en este momento...
Presidente Obama: Correcto.
Mike Emanuel: Aún no le ha llegado.
Presidente Obama: Sí.
Mike Emanuel: Pero me pregunto cuál es su postura, señor, al cumplirse ya casi dos años en
Guantánamo, cuando su cierre era una
de sus prioridades iniciales, señor.
Presidente Obama: Es evidente que no hemos conseguido cerrarla. Y permítanme dar un paso atrás y
explicar que la razón por la que queríamos cerrar Guantánamo era porque mi
prioridad número uno es garantizar la seguridad del pueblo estadounidense. Una
de las herramientas más poderosas de las que disponemos para garantizar la
seguridad del pueblo estadounidense es no proporcionar a Al Qaeda y a los
yihadistas medios de reclutamiento para futuros terroristas.
Y Guantánamo es probablemente el principal medio de reclutamiento que utilizan estas organizaciones yihadistas. Y lo vemos
en los sitios web que crean. Lo vemos en los mensajes que transmiten.
Por eso, mi convicción es que podemos garantizar la seguridad del pueblo estadounidense persiguiendo a quienes se
dedican al terrorismo. Y mi administración ha sido tan agresiva en la
persecución de Al Qaeda como cualquier otra administración. Y hemos visto
avances, como señalé durante la revisión de la situación en Afganistán.
Todos los informes de inteligencia que estamos viendo muestran que Al Qaeda está más acorralada de lo que ha estado
desde la invasión original de Afganistán en 2001, que ha reducido su capacidad
financiera y su capacidad operativa. A sus altos mandos les resulta mucho más
difícil comunicarse, y muchos de ellos no pueden hacerlo porque ahora se encuentran
en la clandestinidad.
Mi análisis: Aquí hay poco que analizar. Antes de empezar a responder a la pregunta concreta
sobre el decreto ejecutivo propuesto, Obama se posicionó como el presidente que
se muestra firme contra el terrorismo, y añadió lo que parece ser la principal
justificación de la Administración para cerrar Guantánamo: porque es "la
principal herramienta de reclutamiento" de los terroristas, y no porque su
existencia siga siendo una mancha imborrable en la reputación de Estados Unidos.
Presidente Obama: Pero es importante para nosotros, incluso mientras perseguimos agresivamente a
los malos, asegurarnos que también estamos a la altura de nuestros valores,
nuestros ideales y nuestros principios. Y de eso se trata el cierre de
Guantánamo: no porque crea que las personas que dirigen Guantánamo estén
haciendo un mal trabajo, sino más bien porque se ha convertido en un símbolo. Y
creo que podemos hacer un trabajo igual de bueno alojándolos en otro lugar.
Mi análisis: Es interesante que Obama admita ahora que su principal interés en cerrar
Guantánamo radica en "alojar [a los presos] en otro lugar", más que en
llevarlos a juicio. También es evidente que la prisión es más que un simple
símbolo, como mencioné anteriormente. No es solo un símbolo de la injusticia
vigente, sino que es, de hecho, una manifestación concreta de la injusticia y
de la perdurabilidad de la maligna reescritura de las leyes y tratados
internacionales llevada a cabo por la administración Bush.
Presidente Obama: Ahora, en cuanto a la cuestión que planteabas sobre la revisión. Tienes razón,
no voy a hacer comentarios en este momento sobre una revisión que aún no he
recibido. Puedo decirte que, en los últimos dos años, a pesar de no haber
cerrado Guantánamo, hemos intentado enmarcar nuestra lucha contra los
terroristas en un marco jurídico coherente con nuestra tradición de Estado de
derecho. Y hemos tenido éxito en varios frentes.
Uno de los problemas más difíciles es qué hacer con personas que sabemos que son peligrosas, que sabemos que han
participado en actividades terroristas, que son declarados enemigos de Estados
Unidos, pero que, debido a la forma en que fueron capturados originalmente y a
las circunstancias en las que fueron interrogados justo después del 11-S,
resulta difícil juzgarlas, ya sea en un tribunal del Artículo III o en una
comisión militar.
Mi análisis: La situación a la que se enfrentan los 48 presos designados para la detención
indefinida sin cargos ni juicio por el Grupo de Trabajo de Revisión de
Guantánamo es un tema que traté con detenimiento cuando se publicó
el informe del Grupo de Trabajo, y a continuación cito ampliamente dicho
informe para explicar por qué merece la pena cuestionar las conclusiones del
Grupo de Trabajo. Sin embargo, lo que llama especialmente la atención de los
comentarios de Obama es que su mención a "la forma en que fueron capturados
originalmente, las circunstancias en las que fueron interrogados justo después
del 11-S" no puede ocultar que lo que el presidente está hablando es del uso de
la tortura.
Para conocer el conjunto de mis opiniones sobre la decisión de mantener detenidos indefinidamente a 48 hombres sin cargos
ni juicio, los siguientes pasajes proceden de mi artículo “¿Sabe
realmente Obama, le preocupa acaso, quién sigue en Guantánamo?”, publicado
en junio de este año (y he modificado las cifras de casos de hábeas corpus
mencionadas en consecuencia):
Los miembros del grupo no perdieron la ironía –esa detención indefinida fue lo que estableció exactamente el
Presidente Bush en primer lugar-, ya que intentaron sofocar las críticas de la
siguiente forma: Los obstáculos principales al enjuiciamiento en los casos
considerados inviables por el grupo de trabajo no estaban motivados por la
preocupación de proteger fuentes sensibles o métodos que no se pudieran
revelar, ni porque pensaran que las pruebas contra los detenidos estuvieran
falseadas. Aunque esas preocupaciones estaban presentes en algunos de los
casos, se consideraba que la mayoría de los detenidos no podían ser enjuiciados
sobre la base de pruebas más esenciales y limitaciones jurisdiccionales ligadas
a los requerimientos de un foro criminal.
Según el grupo de trabajo, esas “pruebas fundamentales y limitaciones jurisdiccionales” estaban relacionadas
con las circunstancias de la captura de los prisioneros y los problemas
percibidos al procesarles en los tribunales federales o en las comisiones militares.
En cuanto al primer punto, el grupo de trabajo explicó que, debido a que “el objetivo en el momento de su
captura era reunir información de inteligencia y eliminarles del combate, no se
les sometió a investigaciones criminales formales y que las pruebas no se
reunían ni preservaban pensando en procesarles”. Esto hizo que las
circunstancias de su captura –en gran medida en manos de los aliados
pakistaníes y afganos del ejército estadounidense en un momento en que estaban
muy generalizados los pagos por botín- parecieran menos
caóticas de lo que realmente fueron y también se ocultó la clase de trato, o
maltrato, a que fueron sometidos durante “la recogida de información de inteligencia”.
Con esto en mente, no resulta más tranquilizador leer la evaluación del grupo de trabajo sobre la calidad de los
informes utilizados por los servicios de inteligencia para establecer la
importancia de esos 48 prisioneros. El grupo de trabajo trató de explicar que
“la inteligencia sobre esos hombres podía ser precisa y fiable”, pero que “por
diversas razones, no puede ser prueba admisible o suficiente para satisfacer
una carga criminal de prueba en una comisión militar o en tribunal federal”.
No se explicaron esas “diversas razones”, pero leyendo entre líneas lo que esta declaración, bastante suave
aunque condicional, muestra con el uso destacado que hace de la palabra “puede”
es que la inteligencia invocada como prueba no podría probablemente enfrentarse
a ningún tipo de control genuinamente objetivo, y las razones de esto se
revelan inadvertidamente en la línea final del párrafo relativo a las
“limitaciones de las pruebas”.
“Un problema común”, escribió el grupo de trabajo, “es que, para muchos de los detenidos, no hay testigos
disponibles que puedan testificar en su contra en cualquier acción legal”.
Aquí, la utilización de la disponibilidad de los testigos es una especie de
cortina de humo, que trata de ocultar una verdad contundente: que la
inteligencia y cualquier testigo del que se pudiera disponer, están
contaminados por las circunstancias bajo las que tuvo lugar “la recogida de
inteligencia”: los interrogatorios coercitivos y, en algunos casos, la tortura
a los mismos prisioneros o a sus compañeros en prisión.
Con 57 fallos ya emitidos en el Tribunal de Distrito en
Washington DC, sobre las peticiones de habeas corpus de los prisioneros (36 de las cuales fueron
ganadas por los prisioneros), los jueces han subrayado una y otra vez esos
problemas, con una objetividad que sin embargo eludió el grupo de trabajo, como
por ejemplo en los casos de Fouad al-Rabiah, un kuwaití al que el Presidente Bush llevó a
juicio ante una comisión militar, que fue liberado después que un juez
dictaminara que todo el caso contra él se basaba en una falsa narrativa
conseguida mediante torturas y amenazas. Y, por citar dos ejemplos más, Alla Ali Bin Ali Ahmed, un yemení atrapado en un albergue
estudiantil en Pakistán, y Mohammed El-Gharani, un nacional del Chad, que sólo tenía
catorce años cuando fue secuestrado en un asalto contra una mezquita en
Pakistán. En ambos casos, fueron liberados después de que los jueces fallaran
que los testigos presentados por el gobierno –los compañeros prisioneros de los
hombres- eran irremediablemente poco fiables y que cuando no se les sometió a
violencia, al menos se les sobornó para que hicieran declaraciones falsas.
Es por tanto, bastante poco honrado que el grupo de trabajo afirmara que el “obstáculo principal para enjuiciar” a
esos 48 hombres “no procedía típicamente de… la preocupación porque las pruebas
contra el detenido[s] estuvieran contaminadas”, cuando, para ser sinceros, las
actas están repletas de ejemplos que prueban lo contrario.
Presidente Obama: Ponerlos en libertad en este momento podría suponer un mayor peligro para el
pueblo estadounidense. Entonces, ¿cómo abordamos esta situación? Y eso es lo
que este equipo ha estado analizando. ¿Hay formas de asegurarnos que estas
personas cuenten con abogados, de garantizar que tengan la oportunidad de
impugnar su detención, pero al mismo tiempo asegurarnos que no estamos
simplemente liberando a personas que podrían causarnos un daño grave y que han
demostrado en el pasado su capacidad y voluntad para llevar a cabo ataques brutales?
Mi análisis: Estos hombres ya cuentan con abogados para sus recursos de hábeas corpus,
mencionados anteriormente, pero el hecho de que el presidente haya pasado esto
por alto es una muestra del desprecio de la Administración por el proceso de
hábeas corpus (tal y como se menciona en la introducción de este artículo).
Además, liberarlos en esta fase podría suponer un peligro para el pueblo
estadounidense, pero liberar a cualquier prisionero en cualquier momento podría
ser peligroso, y esto no resta importancia al hecho de que, si se les considera
peligrosos, deberían ser juzgados o, si el presidente desea una solución más
radical, reclasificados como prisioneros de guerra y gozar de todas las
protecciones de los Convenios de Ginebra, en lugar de ser retenidos en virtud
de la profundamente problemática Autorización
para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF). Aprobada por el Congreso la semana
tras los atentados del 11 de septiembre, la AUMF estableció la base errónea
para retener a los prisioneros ni como sospechosos de delitos ni como
prisioneros de guerra, sino como lo que en la administración Bush se denominaba
"combatientes enemigos" y que ahora, de forma alarmante, se conoce como
"beligerantes enemigos extranjeros sin privilegios".
Presidente Obama: Así que, cuando reciba ese informe, estoy seguro de que tendré más comentarios
al respecto. La conclusión es que lograr ese equilibrio entre nuestra seguridad
y garantizar que actuamos en consonancia con nuestros valores y nuestra
Constitución no es una tarea fácil, pero, en última instancia, es lo que se
requiere por razones prácticas.
Porque cuanto más se recuerde a la gente lo que hace especial a Estados Unidos —el hecho de que defendemos algo que va más
allá de nuestro poder económico o nuestro poderío militar, sino que tenemos
unos ideales fundamentales que respetamos incluso cuando es difícil—, esa es
una de nuestras armas más poderosas. Y quiero asegurarme que no perdamos esa
arma en lo que es una lucha seria.
Mi conclusión: si quiere que Estados Unidos sea un país especial, señor presidente, y
demostrar que tiene "ideales fundamentales que respetamos incluso cuando es
difícil", entonces perfeccionar la detención indefinida sin cargos ni juicio
mediante un decreto presidencial, negarse a liberar a 58 presos absueltos y
enviarlos a Yemen debido a una moratoria
que usted decretó hace casi un año, y negarse
a plantar con vistas a los críticos que se oponen a que los sospechosos de
actividades terroristas sean juzgados en tribunales federales no es la forma de
hacerlo. Sé que se enfrenta a una dura oposición, pero al fin y al cabo usted
es el comandante en jefe, y cuando, al asumir el cargo, repudió las peligrosas
afirmaciones del presidente Bush sobre un poder ejecutivo sin límites y declaró
que, en su lugar, se basaría en la aprobación del Congreso, eso no significaba
que tuviera que renunciar a ejercer su poder cuando fuera políticamente
inconveniente, ni que solo emitiría un decreto ejecutivo cuando se tratara de
respaldar una de las más viles de las muchas innovaciones viles de su
predecesor: el encarcelamiento falso e injustificable, sin cargos ni juicio, de
hombres calificados erróneamente, hace nueve años, como "lo peor de lo peor",
cuando, en realidad, eran, si no hombres completamente inocentes detenidos por
error, sospechosos de terrorismo o soldados.
Solo le quedan tres vías viables, señor presidente: juzgar a los prisioneros, liberarlos o reclasificar
como prisioneros de guerra a aquellos que los tribunales hayan determinado que
eran soldados.
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