Las Juntas de Revisión Periódica han aprobado el
encarcelamiento continuado de otros tres presos en Guantánamo, incluso cuando
los legisladores instan a Donald Trump a que las elimine
Por Andy Worthington, Close
Guantánamo, 18 de febrero de 2017
El problema de Guantánamo nunca ha sido lo que los derechistas se engañan a sí mismos pensando
que es: que es una instalación perfectamente aceptable y segura para retener
terroristas cuya existencia se ve socavada por los liberales que intentan
constantemente cerrarla, poniendo en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.
En lugar de eso, el problema es el propio Guantánamo, un lugar de detención arbitraria, donde muy
pocas de
las 779 personas retenidas allí por el ejército en los últimos 15 años han
sido realmente acusadas de alguna implicación con el terrorismo, pero donde,
debido al desprecio de la administración Bush por las leyes y tratados
internacionalmente reconocidos en materia de encarcelamiento, la mayoría de los
hombres retenidos -en su inmensa mayoría, soldados de infantería de los
talibanes y civiles, muchos vendidos por recompensas- han sido privados de todo
derecho y sólo pueden ser liberados a capricho del poder ejecutivo.
Durante un breve periodo, de 2008 a 2010, los retenidos podían apelar a los tribunales
estadounidenses, donde los jueces podían
revisar sus peticiones de hábeas corpus y, en unas pocas docenas de casos,
ordenar su liberación, pero este resquicio legal pronto fue
cerrado por jueces políticamente motivados del tribunal de apelaciones de
Washington, D.C., y el Corte Supremo se
ha negado persistentemente a revisar las sentencias positivas que dictó en
relación con los derechos de hábeas corpus de los presos en 2004 y 2008,
arrojando de nuevo a los hombres a un vergonzoso limbo jurídico en el que su
única esperanza de liberación depende, una vez más, del capricho presidencial.
Aunque el presidente Obama no hizo nada para desafiar al poder judicial ni, más concretamente, para
frenar a los abogados del Departamento de Justicia que lucharon por mantener a
todos los presos en Guantánamo como si sus vidas dependieran de ello, sí
introdujo un mecanismo administrativo para evaluar quién debía ser puesto en
libertad y quién debía ser procesado, a través del Equipo
de Trabajo de Revisión de Guantánamo, de alto nivel e interinstitucional,
que creó poco después de asumir el cargo por primera vez en enero de 2009. Al
revisar los casos de los 240 hombres que heredó de George W. Bush, el equipo
de trabajo llegó a la conclusión de que 156 debían ser puestos en libertad
y 36 debían ser procesados, y, de esos 156 hombres cuya puesta en libertad se
recomendaba, todos menos tres habían sido liberados cuando Obama dejó el cargo.
Resulta alarmante, sin embargo, que el grupo de trabajo creara también una tercera categoría de
presos: 48 hombres que, según recomendaron, debían seguir recluidos sin cargos
ni juicio, porque se los consideraba "demasiado peligrosos para ponerlos
en libertad", aunque los miembros del grupo de trabajo admitieran también
que no existían pruebas suficientes para someterlos a juicio. En el mundo real,
esto significaba que las supuestas pruebas eran fundamentalmente poco fiables,
en gran medida contaminadas por el uso de la tortura y otros malos tratos. Sin
embargo, cuando se trataba de los hombres retenidos en Guantánamo, la cautela,
basada en el temor a liberar a alguien realmente peligroso (que, además, se vio
avivada por los exagerados
informes sobre reincidencia que surgieron de la propia administración de
Obama), y el legado fundacional de anarquía de la prisión hicieron que la
extrema cautela con respecto a estos 48 hombres se considerara aceptable.
Tuvieron que pasar dos años -hasta marzo de 2011- para que el presidente Obama presentara una
orden ejecutiva que pretendía justificar la reclusión indefinida de estos
48 hombres, y aunque se suponía que esa orden ejecutiva endulzaría el amargo
trago de la reclusión indefinida prometiendo revisiones periódicas de los casos
de los hombres, que se completarían en el plazo de un año, esas revisiones ni
siquiera comenzaron hasta pasados otros dos años y ocho meses.
Cuando comenzaron, en noviembre de 2013, 64 hombres que seguían recluidos en Guantánamo fueron
considerados aptos para las Juntas de Revisión Periódica (PRB por sus
siglas en inglés) -41 de los 48 hombres designados como
"demasiado peligrosos para ser puestos en libertad" por el grupo de
trabajo de 2009 (después de que dos murieran y cinco fueran liberados en un
canje de prisioneros), y 23 de los 36 hombres que habían sido recomendados para
ser juzgados- después de que el sistema de juicios de las comisiones militares
establecido tras el 11-S fuera
desacreditado casi por completo en un puñado de apelaciones que anularon
algunas de las pocas condenas conseguidas en la casi permanentemente
problemática historia de las comisiones.
Funcionando como juntas de libertad condicional, las Juntas de Revisión Periódica trataron de
determinar si los presos eran capaces de demostrar contrición, y si se podía
confiar en ellos para establecer vidas constructivas y pacíficas después de la
liberación, y, de los 64 hombres, 38 fueron aprobados para su liberación entre
enero de 2014 y diciembre de 2016, incluyendo siete hombres cuyo
encarcelamiento continuo fue recomendado en sus PRB iniciales, pero cuya
liberación fue recomendada más tarde cuando sus casos fueron revisados por
segunda vez.
Cabe destacar que el proceso de los PRB implica revisiones
administrativas de los expedientes cada seis meses y, cada tres años, revisiones
completas en las que los funcionarios del gobierno de la península pueden
volver a hablar directamente con los hombres y debatir sus casos con ellos por
videoconferencia, aunque en el caso de las revisiones completas hay que señalar
que, en la práctica, suelen tener lugar entre uno y dos años después de las
revisiones iniciales.
Aunque las PRB son un proceso defectuoso, al igual que las deliberaciones del grupo de trabajo que
las precedió, han demostrado ser una forma viable de romper la inercia que, de
otro modo, impregna Guantánamo, condenando a los detenidos a una reclusión de
por vida sin esperanzas de liberación.
Y, sin embargo, bajo Donald Trump, están amenazados. En su primera semana en el cargo, se filtró
un borrador de orden ejecutiva sobre Guantánamo en el que se establecía
que, además de querer traer nuevos presos a Guantánamo, Trump también quiere
"suspender cualquier esfuerzo de transferencia existente a la espera de
una nueva revisión sobre si dichas transferencias son en interés de la
seguridad nacional de Estados Unidos". Esa redacción no se incluyó en un segundo
borrador de orden ejecutiva filtrado, pero la semana pasada once senadores
republicanos notoriamente derechistas escribieron a Donald Trump para
apoyar el uso continuado de Guantánamo y manifestar su creencia de que el
proceso del PRB "debería suspenderse inmediatamente."
Exagerando salvajemente, y sin pruebas que respalden sus afirmaciones, los senadores
escribieron que la "norma y el umbral" por los que los PRB decidían
qué liberación aprobar estaban "peligrosamente viciados por la
subjetividad y la amplia interpretación", y también pidieron que los cinco
hombres cuya liberación se aprobó cuando Obama dejó el cargo siguieran
detenidos. Los senadores describieron erróneamente a los cinco como personas a
las que las Juntas de Revisión Periódica habían concedido el traslado, cuando,
en realidad, el grupo de trabajo de 2009 aprobó la puesta en libertad de tres
de ellos, y las PRB sólo aprobaron la puesta en libertad de dos.
En otros pasajes de su carta, cargados de propaganda, los senadores afirman también que "animan a
que se lleve a cabo una revisión completa y juiciosa de la función y las
responsabilidades de la PRB, examinando la insuficiencia de los criterios que
informan la inadecuada norma y umbral para transferir a los detenidos de
GTMO", y añaden: "Creemos que debe prohibirse la transferencia de
cualquier detenido de GTMO hasta que se establezcan medidas y políticas
adicionales que certifiquen inequívocamente que el detenido no representa una
amenaza para nuestra seguridad nacional". Los senadores también sugieren
que se considere el análisis de "altos mandos militares como el Jefe del
Estado Mayor Conjunto y los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas",
pero todo esto son fanfarronadas, ya que los PRB ya cuentan con representantes
de los Departamentos de Estado, Defensa, Justicia y Seguridad Nacional, así
como de la oficina del Director de Inteligencia Nacional y de la Oficina del
Estado Mayor Conjunto, todos los cuales se toman sus responsabilidades muy en serio.
Para confirmar lo distorsionadas que están las valoraciones de los senadores, en los dos últimos
meses se ha vuelto a recomendar el encarcelamiento de tres presos cuyo
encarcelamiento continuado fue recomendado por los PRB, pero a los que luego se
les concedió la
revisión completa de sus casos porque "se planteó una cuestión
importante en cuanto a si [su] detención continuada [estaba] justificada",
lo que demuestra lo contrario de lo que los senadores afirmaban que era un
proceso "peligrosamente defectuoso".
Segunda revisión completa de Moath al-Alwi
Moath al-Alwi (alias Muaz al-Alawi), en una foto de Guantánamo incluida en los
archivos militares clasificados filtrados por Chelsea Manning y publicados por
WikiLeaks en 2011.
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El primero de los tres es Moath al-Alwi (alias Muaz al-Alawi, ISN 029, Yemen), que recibió una segunda
revisión completa el 10 de noviembre. Al-Alwi fue
recomendado para prisión continuada en octubre de 2015, tras una audiencia
del PRB el mes anterior. En huelga de hambre desde hacía mucho tiempo, pesaba
solo 97 libras en el momento de su PRB, y se le consideraba un preso
"obediente", a pesar de que seguía en huelga de hambre. También había
destacado como escultor y cocinero, pero los miembros de la junta de revisión
lo consideraron "evasivo y hostil en respuesta a sus preguntas, así como
incapaz de reconocer o aceptar la responsabilidad por sus acciones anteriores".
Esas "acciones previas" no son significativas, por cierto, ya que
al-Alwi no era más que un soldado de infantería de los talibanes.
Para su segunda revisión completa, su representante personal (un oficial militar asignado para
representarlo en su PRB) señaló que "tiene una mentalidad abierta y está
abierto al cambio", y que "puso fin a su huelga de hambre y está
trabajando para ganar peso y ponerse en forma físicamente", añadiendo que
"sigue siendo muy positivo y esperanzado sobre su futuro". Al-Alwi
también estuvo
representado en su vista por la abogada Beth Jacob, que trabaja con Ramzi
Kassem, quien le representa desde 2009. Jacob reiteró algunos de los puntos
expuestos por su representante personal, abundando en su talento como escultor
y señalando que tiene una familia que le apoya y que "será una influencia
estabilizadora para él cuando sea puesto en libertad."
Sin embargo, los miembros de la junta, determinando,
el 21 de diciembre de 2016 que "la continuación de la detención conforme a
la ley de guerra [...] sigue siendo necesaria para proteger contra una continua
amenaza significativa a la seguridad de los Estados Unidos", declararon
que eran "incapaces de determinar si el detenido ha tenido un cambio en su
mentalidad extremista debido a sus respuestas escuetas y vagas a las preguntas
de los miembros de la Junta", y también señalaron su "incumplimiento
significativo" antes de julio de 2015, y su supuesta "susceptibilidad
al reclutamiento" por extremistas, aunque reconocieron sus habilidades
artísticas y el hecho de que había puesto fin a su huelga de hambre, "así
como su compromiso con su familia sobre planes futuros." También le
animaron a "ser cumplidor y ofrecer un compromiso más sincero y reflexivo
en futuras revisiones."
La segunda revisión completa de Said Nashir
Said Nasher (alias Hani Abdullah), en una foto de Guantánamo incluida en los
archivos militares clasificados filtrados por Chelsea Manning y publicados por
WikiLeaks en 2011.
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El segundo de los tres es Said Nashir (alias Hani Abdullah, ISN 841, Yemen), que recibió una segunda
revisión completa el 8 de diciembre. Es uno de los seis hombres considerados
integrantes de una célula de Al Qaeda en Karachi, tras su captura en septiembre
de 2002, que tuvieron que esperar a sus PRB del año pasado para que el gobierno
reconociera que no había célula de Al Qaeda. Se aprobó la puesta en libertad de
los otros cinco hombres, y todos fueron liberados antes de que el presidente
Obama dejara el cargo, pero a Nashir se
le aprobó por los pelos el mantenimiento en prisión, en noviembre de 2016,
siete meses después de que se revisara su caso, debido a que se le consideraba
partidario de la yihad violenta.
Para su segunda revisión completa, su representante personal habló de cómo era "su
sonriente yo de siempre", y también lo describió como "de muy buen
carácter", con buenas perspectivas de trabajo como electricista, y como
alguien que, en Guantánamo, ha estudiado informática. Su abogado, Charles
Carpenter, que le conoce desde hace 12 años, también
llamó la atención de la junta sobre el hecho de que "es un hombre
relativamente sencillo, quizá ingenuo, poco dado a artificios o intrigas",
para quien las vistas del PRB son "altamente estresantes".
No obstante, en una
decisión adoptada el 11 de enero de 2017 (15º aniversario de la apertura de
Guantánamo), los miembros del consejo aprobaron que continuara encarcelado, tras considerar sus "lazos pasados con los
planificadores de operaciones externas y los altos mandos de Al Qaeda, incluido
el conspirador del 11-S Walid Bin Attash", e ignorando la petición de
Carpenter de que se reconociera que, en el momento de su captura, Nashir estaba
"escondido, receloso y desesperado por volver a casa", y "no
estaba en condiciones de interrogar al hombre que le lanzó un aro salvavidas
por muy razonables que pudieran parecer esas preguntas en retrospectiva 20-20."
Los miembros de la junta también consideraron la "falta de credibilidad de Nashir debido a su falta
de franqueza e incoherencia en las respuestas a las preguntas de la junta,
incluyendo: razones para ir y salir de Afganistán, y sus puntos de vista sobre
la violencia". A los miembros de la Junta también les preocupaba "su
falta de detalles respecto a un plan para el futuro y su susceptibilidad al
reclutamiento", y declararon que, "debido a su falta de credibilidad,
veracidad, evasivas y respuestas vagas carentes de concreción", eran
"incapaces de evaluar [sus] intenciones para el futuro."
Segunda revisión completa de Uthman Abd al-Rahim Muhammad Uthman
Uthman Abd al-Rahim Muhammad Uthman, en una foto de Guantánamo incluida en los
archivos militares clasificados filtrados por Chelsea Manning y publicados por
WikiLeaks en 2011.
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El tercer examen completo fue para Uthman Abd al-Rahim Muhammad Uthman (ISN 27, Yemen), cuyo
segundo examen completo tuvo lugar el 15 de diciembre. Otro soldado de
infantería talibán, Uthman tenía
su encarcelamiento en curso aprobado en mayo de 2016, después de una
revisión el mes anterior, cuando los miembros de la junta encontraron que
había demostrado una "falta casi completa de franqueza" que
"hizo difícil para [ellos] para evaluar su estado mental actual y las
intenciones para el futuro."
Para su segunda revisión completa, su representante personal habló
de una "persona muy cordial y amable", pero que "da la
impresión de estar triste por los años pasados aquí", y añadió:
"Cuando hablas con él, el tiempo parece haberse detenido. Sus respuestas
fluyen a lo largo de los años, a diferencia de pensar en el aquí y ahora. Tuve
que aprender esto reuniéndome con él el año pasado. Le preguntaba cómo se
sentía sobre algo y su respuesta eran sus sentimientos de hace trece años".
Me pareció una explicación conmovedora de cómo es Uthman tras sus largos años de
encarcelamiento, pero no me pareció una fuente de preocupación desde el punto
de vista de la seguridad, y también me tranquilizó oír al representante
personal hablar de cómo su familia "está preparada y dispuesta a apoyarle",
y de cómo "ha pensado mucho en un plan de negocio que pueda llevarse a
cabo en cualquier país porque a todo el mundo le gustan los helados".
No obstante, en una decisión adoptada el 17 de enero de 2017, los miembros de la junta reiteraron
sus anteriores preocupaciones sobre él, aunque añadieron que apreciaban que
"fuera más sincero en respuesta a las preguntas y proporcionara un plan
post-detención más realista" que antes, y le animaron a "seguir
participando en el proceso, aprovechar las oportunidades educativas durante su
detención y seguir quejándose y cooperando con los guardias y los
interrogadores" (y sobre este último punto, debo señalar que me resulta
chocante que, 15 años después de su captura, los presos sigan siendo sometidos
a interrogatorios).
Segunda revisión completa de Omar al-Rammah
Omar al-Rammah (alias Zakaria al-Baidany), en una foto de Guantánamo incluida en los
archivos militares clasificados filtrados por Chelsea Manning y publicados por
WikiLeaks en 2011.
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El día en que los senadores escribieron su carta a Donald Trump, instándole a desechar los PRB,
se estaba llevando a cabo otra revisión completa, la primera bajo la
administración Trump. El preso cuyo caso se estaba revisando era Omar al-Rammah
(alias Zakaria al-Baidany, ISN 1017, Yemen), cuyo caso
se había revisado en julio de 2016 y cuya detención
continuada se había aprobado en agosto. Al-Rammah había sido capturado en Georgia,
en la antigua Unión Soviética, en 2002, pero para su PRB las autoridades
estadounidenses, como expliqué entonces, "admitieron que no tenían
información que estableciera que era algo más que un facilitador de bajo nivel
que trabajaba con combatientes musulmanes por la libertad en Chechenia."
Su PRB también fue notable por la revelación, a través de su abogado
recientemente nombrado, Beth Jacob, de que no había estado en contacto con su
familia durante 14 años bajo custodia estadounidense.
No obstante, los miembros de la junta aprobaron su encarcelamiento continuado debido a su
"evasividad general" e, irónicamente, porque no tenía planes para
después de su puesta en libertad, a pesar de que dichos planes habrían sido
casi imposibles para alguien como al-Rammah, que no había podido ponerse en
contacto con su familia.
Al-Rammah fue sometido a una revisión de su expediente el 10 de noviembre, en la que "se planteó una cuestión
importante en cuanto a si [su] detención continuada [estaba] justificada",
lo que dio lugar a su segunda revisión completa, cuya declaración
inicial de su representante personal se ha hecho pública, pero no la de su
abogado. El representante personal lo describió como "un musulmán moderado
que denuncia la violencia, la muerte y la destrucción causadas por los
radicales", y que también "disfruta con las películas occidentales,
los deportes y los videojuegos", y "prosigue su educación en GTMO
estudiando matemáticas e inglés, y tiene previsto continuar sus estudios de
Empresariales cuando sea puesto en libertad", con el plan de abrir una cafetería.
El representante personal también reveló que ahora está en contacto con su familia, que es
"muy culta y viajada", y está "comprometida a ayudarle a obtener
la educación y formación necesarias para que esta empresa sea un éxito".
La familia también "ha ofrecido el apoyo emocional y monetario necesario
para la transición de Zakaria". El representante personal añadió que
"desde que supieron que Zakaria seguía vivo, han mantenido varias
reuniones familiares y han desarrollado un plan minucioso que incluye tener a
un miembro de la familia al lado de Zakaria, independientemente del lugar al
que sea trasladado. El plan inicial es tener a la madre de Zakaria a su lado
mientras otros miembros de la familia rotan cada dos meses."
También fue descrito como "uno de los detenidos con mejor comportamiento", que "ha
tenido muy pocos problemas de conducta durante su detención", y "es
descrito como tranquilo y callado por el personal del campo". También
"siente una fuerte necesidad de compensar por todo lo que hizo pasar a su
madre y tiene la esperanza de que la Junta vea que es un hombre cambiado".
El representante personal concluyó su declaración señalando: "No creo que
Zakaria represente una amenaza continua o significativa para Estados Unidos y
creo que es un buen candidato para la repatriación."
¿Continuarán las Juntas de Revisión Periódica?
El 17 de febrero, Carol Rosenberg, del Miami
Herald, señaló cómo, incluso si la junta de revisión de Omar al-Rammah
decide aprobar su liberación, los portavoces de los Departamentos de Defensa y
Estado no pudieron "explicar cómo ocurriría", porque el gobierno
"ha desmantelado los equipos que negociaron los acuerdos de
reasentamiento" de 144 prisioneros, que fueron enviados a "lugares
tan lejanos como Palau, Senegal y el Sultanato de Omán".
Según explicó Rosenberg, "Paul Lewis, el exasesor del Comité de Servicios Armados de la
Cámara de Representantes que desde 2013 trabajaba como enviado especial del
Pentágono para los traslados de Guantánamo, vació su oficina y dejó el
Departamento de Defensa el 2 de febrero. Lee Wolosky, que fue el tercer enviado
especial del Departamento de Estado para el cierre de Guantánamo, dejó su
trabajo al mediodía del Día de la Inauguración y ha regresado
a su bufete de abogados de Nueva York." Añadió: "Dos trabajadores del
Departamento de Estado siguen en la antigua oficina de Wolosky en una especie
de estado de cuidador, a veces más de dos si se necesita ayuda extra, según uno
de los empleados", pero todo se ha detenido bastante desde que Donald
Trump tuiteó, el 3 de enero, que no debería haber más transferencias desde Guantánamo.
"En algún momento después de eso", señala Rosenberg, "un empleado del Departamento de
Estado retiró el cartel de la 'Oficina
del Enviado Especial para el Cierre de Guantánamo'", y añade: "El
titular está vacío ahora fuera de la oficina dirigida por Tim Andrews, descrito
como un funcionario del Servicio Exterior con 30 años de experiencia en la
lucha contra el terrorismo. Algunos lo describen como el antiguo adjunto de
Wolosky; otros, como el enviado especial en funciones. En cualquier caso, el
anterior adjunto, Charlie Trumbull, ya no está en la oficina, pero sigue
representando al Departamento de Estado ante la Junta de Revisión Periódica".
Rosenberg pasó a hablar de los dos hombres cuya liberación fue aprobada por las Juntas de
Revisión Periódica y que siguen detenidos: un argelino, Sufyian
Barhoumi, y un marroquí, Abdul
Latif Nasir, cuya liberación fue aprobada el verano pasado. Junto con los
otros tres cuya puesta en libertad aprobó el grupo de trabajo de 2009, son los
cinco hombres, de los 41
que Obama dejó en manos de Donald Trump, cuya puesta en libertad se ha
aprobado. Sólo diez hombres se enfrentan a juicios, y los otros 26 tienen su
encarcelamiento en curso aprobado por los PRB.
Al parecer, la liberación de Barhoumi y Nasir se frustró en el último momento. Rosenberg
señaló que el Departamento de Estado había "conseguido acuerdos para
repatriarlos en los últimos días de la administración Obama; Pero el ex
secretario de Defensa Ash Carter se negó a ponerlos en libertad", y
explicó además cómo, en estos momentos, "los portavoces de carrera del
gobierno son incapaces de explicar qué se está haciendo, si es que se está
haciendo algo, para sacar de Guantánamo a esos hombres absueltos", y
añadió: "Los portavoces del Departamento de Estado o de Defensa tampoco pudieron
decir si hay alguna forma de organizar la liberación, la rehabilitación o el
reasentamiento si la Junta de Revisión Periódica absuelve a más presos para siempre".
Rosenberg también señaló que este limbo es alarmante no sólo porque los hombres cuya liberación
se aprobó por unanimidad siguen retenidos, sino también porque "los
traslados no fueron lo único que Wolosky, que tenía rango de embajador, dirigió
como Enviado Especial del Departamento de Estado". En un acto público
celebrado esta semana en la Facultad de Derecho de Fordham, Wolosky también
señaló que, "casi de igual importancia", era "asegurarse de que
se cumplían los acuerdos de traslado, un trabajo que exigía que un miembro del
personal cogiera un teléfono o se subiera a un avión para intentar encarrilar
un reasentamiento o una repatriación".
Wolosky lo calificó de "especialmente crítico a la luz del gran número de traslados de los dos
últimos años", y añadió que, aunque la gente puede "estar de acuerdo
o no" sobre si el cierre de Guantánamo es o no una buena idea, era
importante señalar que "su oficina negoció minuciosamente 'medidas de
seguridad' para cada traslado 'y éstas fueron vigiladas por mi oficina'".
Wolosky también señaló que, en el punto álgido de su trabajo, "tenía 10 empleados en su oficina
del Departamento de Estado -diplomáticos, abogados y profesionales de la
seguridad nacional expertos en la negociación de acuerdos y en el seguimiento,
para 'asegurarse de que se cumplían los términos del traslado, de que se
realizaba el seguimiento'", que se ocupaban de "todo, desde las cosas
relacionadas con la seguridad hasta asegurarse de que la gente entraba en
programas de formación profesional, en los programas de formación profesional adecuados".
También explicó que, "si alguien tenía que recibir un curso de idiomas, un trabajo, incluso
asegurarse de que se resolvían los problemas médicos, su oficina intervenía,
'asegurándose de que los reasentamientos fueran un éxito'". Rosenberg
señaló cómo Estados Unidos "no quería que un cautivo liberado pasara horas
ocioso en un cibercafé, chateando con otros cautivos o buscando ayuda en una
mezquita radical".
Como dijo Wolosky en Fordham: "Si pasara algo malo, será culpa de la administración Trump".
Rosenberg también habló con Shane Kadidal, abogado del Center for
Constitutional Rights, que representa a Sufyian Barhoumi, y que le dijo que "una oficina dedicada a gestionar las
liberaciones puede no ser necesaria", porque George W. Bush "liberó a
más de 500 cautivos de Guantánamo sin un enviado especial." Durante un
tiempo, señaló Rosenberg, "eso formó parte de la cartera de Embajador en
Misión Especial de Estados Unidos para Asuntos de Crímenes de Guerra".
Como también explicó Rosenberg, "los diplomáticos organizaron la repatriación [de Barhoumi] a
finales del año pasado sólo para que alguien en el Pentágono la
suspendiera". Kadidal dijo: "Puede que todo se reduzca a que el
ministro de Asuntos Exteriores argelino llame a [el nuevo secretario de Estado
Rex] Tillerson y le diga: 'Queremos a este tipo de vuelta'. ¿Necesita eso toda
una infraestructura de personas para terminar un traslado parcialmente
negociado? Probablemente no".
Mientras tanto, en el New York Times, Charlie Savage, en un
artículo sobre las PRB, señalaba cómo Charles "Cully" Stimson,
"un académico de la conservadora Heritage Foundation que fue el máximo
responsable de la política de detenidos del Pentágono en el segundo mandato de
la administración Bush y que ayudó a desarrollar la predecesora Junta de
Revisión Administrativa", sostenía que las Juntas de Revisión Periódica
cumplían una "valiosa función".
En una valoración contundente, a la que espero que la administración Trump preste atención,
Stimson dijo: "Mantener en funcionamiento esas juntas es una cuestión
separada y distinta de los criterios que deben utilizar y de si los secretarios
van a estar o no de acuerdo en última instancia con cualquier recomendación que
hagan. Yo advertiría a la administración en contra de desecharlos a menos y
hasta que estudien el tema más de cerca."
Otras revisiones realizadas o previstas
La única otra revisión completa que está programada actualmente es la de Sharqawi Abdu Ali Al Hajj
(ISN 1457, Yemen) el 28 de febrero. Al Hajj es un presunto facilitador de Al
Qaeda, cuyo encarcelamiento continuado fue recomendado
por un PRB en abril de 2016, por lo que fue algo sorprendente cuando, el 1
de noviembre, se recomendó para una segunda revisión completa sobre la base de
que "una cuestión significativa [fue] planteada en cuanto a si [su]
detención continuada [estaba] justificada."
No se han programado otras dos revisiones completas. Una es la de Saifullah Paracha (ISN 1094, Pakistán),
hombre de negocios, presuntamente vinculado a Al Qaeda, cuyo encarcelamiento
continuado se recomendó el pasado abril, pero a quien se dijo en octubre,
tras una revisión del expediente, que "se plantea una cuestión
significativa en cuanto a si la detención continuada del detenido está
justificada y, por lo tanto, debe llevarse a cabo una revisión completa
adicional." La Secretaría del Examen Periódico programó inicialmente esa
revisión para el 29 de noviembre de 2016, pero la fecha se eliminó entonces del
sitio web, y no se ha fijado una nueva fecha.
El otro preso pendiente de una segunda revisión completa es Haroon al-Afghani (ISN 3148,
Afganistán), uno de los últimos presos en llegar a Guantánamo, en 2007, cuyo
encarcelamiento en curso fue aprobado el pasado julio. Tuvo una revisión de
expediente el 11 de enero, en la que se estableció que, "Tras revisar la
nueva información relevante relacionada con el detenido, así como la
información considerada durante la revisión completa, la Junta, por consenso,
determinó que se plantea una cuestión significativa en cuanto a si la detención
continuada del detenido está justificada y, por lo tanto, debe llevarse a cabo
una revisión completa adicional."
Además, las revisiones de
expedientes puramente administrativas siguen teniendo lugar cada seis meses,
y en el último mes han aprobado el mantenimiento en prisión de dos hombres:
Mohammed Abdul Malik Bajabu (ISN 10025, Kenia) el 11
de enero, basándose en una revisión de expediente realizada el 6 de
diciembre, y Abd Al-Salam Al-Hilah (ISN 1463, Yemen) el 13
de enero, basándose en una revisión de expediente realizada el 14 de diciembre.
Además, otros cinco presos están a la espera de los resultados de las revisiones de sus
expedientes: Said bin Brahim bin Umran Bakush (alias Saeed Bakhouche, ISN 685,
Libia), cuya revisión tuvo lugar el 4 de enero, Mohammad Mani Ahmad al-Qahtani
(ISN 63, Arabia Saudí), cuya revisión tuvo lugar el 18 de enero, Abdullah Al
Sharbi (alias Ghassan al-Sharbi, ISN 682, Arabia Saudí), cuya evaluación tuvo
lugar el 25 de enero, Abdul Rahim Ghulam Rabbani (ISN 1460, Pakistán), cuya
evaluación tuvo lugar el 1 de febrero, e Ismael Ali Faraj Ali Bakush (ISN 708,
Libia), cuya evaluación tuvo lugar el 8 de febrero.
Aún quedan por examinar los expedientes de Mohd Farik bin Amin (ISN 10021, Malasia), el 8 de
marzo; Encep Nurjaman (alias Hambali, ISN 10019, Indonesia), el 15 de marzo;
Zayn al-Ibidin Muhammed Husayn (alias Abu Zubaydah, ISN 10016, Palestina/Arabia
Saudí), el 22 de marzo; y Suhayl Abdul Anam al Sharabi (ISN 569, Yemen), el 19
de abril.
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