Por un solo voto, un tribunal estadounidense autoriza la
tortura y las “entregas extraordinarias”
15 de septiembre de 2010
Andy Worthington
El caso Jeppesen (imagen compuesta de The World’s Got Problems, mapa de Trevor Paglen).
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A veces, una historia resulta tan inquietante que lleva tiempo asimilarla, y la sentencia dictada el
pasado miércoles por el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito (PDF), en una
demanda presentada por la ACLU en nombre de cinco hombres sometidos a “entregas
extraordinarias” y tortura,
es uno de esos casos. Los hombres —Binyam
Mohamed, Ahmed Agiza, Abou Elkassim Britel,
Mohamed Farag
Ahmad Bashmilah y Bisher
al-Rawi— afirman, con cierta justificación y con abundantes pruebas en su
poder, que su entrega y su tortura en diversos países fueron facilitadas por
Jeppesen Dataplan, Inc., una filial de Boeing cuyo papel como “agente
de viajes de la CIA” fue revelada por primera vez, a través de
declaraciones realizadas por un antiguo empleado de Jeppesen, en un artículo de
Jane Mayer para The New Yorker en octubre de 2006.
En unas declaraciones que posteriormente se presentaron ante el tribunal, Sean Belcher, un antiguo
empleado, afirmó que el director de Jeppesen International Trip Planning
Services, Bob Overby, le había dicho: "Nosotros nos encargamos de todos los
vuelos de entregas extraordinarias", a los que también se refería como "los
vuelos de tortura" o "los vuelos secretos". Belcher declaró que "había algunos
empleados que no se sentían cómodos con ese aspecto del negocio de Jeppesen"
porque sabían que "algunos de estos vuelos acababan" con los pasajeros siendo
torturados, pero añadió que Overby había explicado: "así son las cosas, los
hacemos" porque "los vuelos de entrega especial se pagaban muy bien".
El miércoles pasado, sin embargo, cuando se le pidió que dictaminara si estos cinco hombres debían tener
su oportunidad de defenderse ante un tribunal, o si se debía permitir al
Gobierno desestimar su demanda alegando que la divulgación de cualquier
información relacionada con las "entregas extraordinarias" y la tortura
amenazaba la seguridad nacional de los Estados Unidos, la justicia
estadounidense contempló la posibilidad de mirarse directamente en el espejo,
decirle la verdad al poder y conceder a estos hombres la oportunidad de abordar
lo que les había sucedido ante un tribunal, pero, en el último momento, se echó
atrás y miró hacia otro lado. Por seis votos contra cinco, el Tribunal decidió
que, en interés de la seguridad nacional, se denegaría a los hombres su derecho
a un juicio.
Tal y como afirmó el juez Raymond C. Fisher en el dictamen mayoritario (al que se sumaron el presidente
del tribunal, Alex Kozinski, y los jueces Richard C. Tallman, Johnnie B.
Rawlinson, Consuelo M. Callahan y Carlos T. Bea):
Este caso nos obliga a abordar el difícil equilibrio que la doctrina del secreto de Estado establece entre los
principios fundamentales de nuestra libertad, entre ellos la justicia, la
transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad nacional. Aunque como
jueces nos esforzaron por respetar todos estos principios, hay ocasiones en que
circunstancias excepcionales crean un conflicto irreconciliable entre ellos. En
esas raras ocasiones, estamos obligados a seguir la advertencia del Tribunal
Supremo de que "ni siquiera la necesidad más apremiante puede prevalecer sobre
la invocación del privilegio si el tribunal llega a la conclusión definitiva de
que están en juego secretos [de Estado]". Tras una larga deliberación,
concluimos a regañadientes que este es uno de esos casos, y que la demanda de
los demandantes debe desestimarse.
Se trata de un resultado extraordinariamente desalentador, ya que el caso Jeppesen, que había sido desestimado
por el Tribunal de Distrito en 2008, se ganó posteriormente en apelación
ante tres jueces del Tribunal de Apelación del Noveno Circuito en abril de
2009. En aquella ocasión, los jueces en cuestión —los jueces Michael Daly
Hawkins, Mary M. Schroeder y William C. Canby, Jr.— habían desmontado por
completo la alegación del Gobierno —presentada en un primer momento por la
Administración Bush y luego, para gran sorpresa de los jueces, copiada
servilmente por el Departamento de Justicia del presidente Obama— de que podía
desestimar el caso invocando la doctrina de los "secretos de Estado".
A diferencia del miércoles pasado, cuando la mayoría se mostró de acuerdo con el Gobierno en lo relativo a
la doctrina de los "secretos de Estado", el tribunal de jueces de abril de 2009
no dudó, al examinar lo que describieron como la "historia relativamente
escasa" de la doctrina, en desestimar la invocación por parte del Gobierno de
dos precedentes debido a su irrelevancia para el caso Jeppesen. Uno de ellos,
Totten contra Estados Unidos, se refería a un acuerdo secreto entre el Gobierno
y un espía en el siglo XIX, y el otro, Estados Unidos contra Reynolds, de 1953,
trataba de la prevención del "descubrimiento de pruebas secretas cuando su
divulgación pudiera amenazar la seguridad nacional".
Como expliqué en un
artículo en aquel momento:
[Los jueces, en un dictamen redactado por el juez Hawkins] lo hicieron, en primer lugar, señalando el
"error manifiesto" que cometió el Tribunal de Distrito al desestimar
inicialmente el caso, cuando declaró que "dado que el caso implica
“alegaciones” sobre la conducta de la CIA, se invoca el privilegio para
proteger información que, en realidad, está sujeta al privilegio del secreto de
Estado", y también declaró que "el propio objeto de este caso es un secreto de
Estado". Por el contrario, los jueces del Tribunal de Apelación insistieron en
que "el objeto del caso […] no es un secreto de Estado, y el caso no debería
haberse desestimado desde el principio".
Desestimando los argumentos del Gobierno, concluyeron que, aunque el Gobierno pueda tener derecho a proteger
ciertas pruebas en interés de la seguridad nacional, no tiene justificación
para suprimir el escrutinio judicial del caso en su conjunto, en particular
porque parte de la información relacionada con el caso ya es de dominio
público, y también porque lo que el Gobierno está tratando de hacer en
realidad, sin ningún tipo de precedente legal, es imponer una prohibición
general de todo debate sobre posibles irregularidades del Gobierno.
En un pasaje especialmente impactante, el juez Hawkins afirmó:
En esencia, el Gobierno sostiene […] que los secretos de Estado constituyen el objeto de una demanda y, por lo
tanto, esta debe desestimarse siempre que la demanda contenga alegaciones cuya
veracidad o falsedad haya sido clasificada como secreta por un funcionario del
Gobierno. El tribunal de distrito se mostró de acuerdo y desestimó el caso
exclusivamente porque "implica alegaciones" sobre conductas [secretas] de la
CIA. Esta caracterización generalizada de la excepción basada en el "mismo
objeto" no tiene ningún límite lógico: se aplicaría igualmente a las demandas
de ciudadanos estadounidenses, no solo a las de extranjeros; y a conductas
secretas cometidas en territorio estadounidense, no solo en el extranjero.
Según la teoría del Gobierno, el Poder Judicial debería, en la práctica, aislar
todas las acciones secretas del Gobierno del escrutinio judicial, inmunizando a
la CIA y a sus socios frente a las exigencias y los límites de la ley (énfasis añadido).
Por otra parte, como ya expliqué:
Los jueces se basaron en el caso Boumediene
[contra Bush, la sentencia de 2008 que reconocía a los presos de Guantánamo
el derecho al hábeas corpus garantizado por la Constitución], en el que el
Tribunal Supremo afirmó que, si bien "la seguridad depende de un sofisticado
aparato de inteligencia", "también subsiste en la fidelidad a los principios
fundamentales de la libertad [entre ellos] la libertad frente a la restricción
arbitraria e ilegal y la libertad personal que se garantiza mediante la
adhesión a la separación de poderes". También se basaron en Hamdi contra
Rumsfeld, otro importante caso de Guantánamo ante el Corte Suprema (en
2004), en el que los magistrados afirmaron: "Las cuestiones relativas a la
separación de poderes adquieren un papel especialmente importante en el
contexto de la conducta secreta del Ejecutivo. Como bien sabían los fundadores
de esta nación, el encarcelamiento arbitrario y la tortura, en cualquier
circunstancia, constituyen un “acto de despotismo flagrante y notorio”".
También me llamó especialmente la atención el siguiente pasaje:
Si el mero hecho de que la información sea clasificada bastara para que las pruebas que la contienen quedaran
amparadas por el privilegio [del secreto de Estado], entonces toda la
investigación sobre el secreto de Estado —desde determinar qué asuntos son
secretos hasta qué revelaciones suponen una amenaza para la seguridad nacional—
recaería exclusivamente en el poder ejecutivo, lo que contraviene claramente la
advertencia del Tribunal Supremo de que "el control judicial sobre las pruebas
de un caso no puede dejarse al capricho de los funcionarios ejecutivos" sin que
ello "dé lugar a abusos intolerables". … Una norma que equiparara
categóricamente los asuntos "clasificados" con los "secretos" animaría, por
ejemplo, de forma perversa al presidente a clasificar información políticamente
embarazosa simplemente para ponerla fuera del alcance del proceso judicial.
Como también expliqué:
Lo más destacable de este pasaje era que resumía de forma concisa todo el enfoque que la Administración Bush
mantenía respecto a la información "clasificada", y además mencionaba el
recurso a la seguridad nacional para evitar situaciones embarazosas —o, se
podría decir, para impedir la revelación de delitos.
Dieciséis meses después, al revisar el dictamen del juez Hawkins queda claro que nada ha cambiado de manera
fundamental y que, por lo tanto, la mayoría que prevaleció la semana pasada
simplemente ha repetido el "error manifiesto" que cometió el Tribunal de
Distrito cuando desestimó inicialmente el caso, y ha respaldado el derecho del
presidente a "clasificar información políticamente embarazosa simplemente para
ponerla fuera del alcance del proceso judicial", aunque con una mayor
apariencia de preocupación.
Si la justicia sigue significando algo bajo la cobarde administración de Obama, el caso Jeppesen
llegará al Corte Suprema; aunque, desde que el juez John Paul Stevens se jubiló
(PDF),
tampoco queda ya mucha esperanza de que se haga justicia allí. La sustituta del
juez Stevens, la ex fiscal general de Obama, Elena Kagan, está contaminada
por su participación en argumentos de seguridad nacional en nombre de su
antiguo jefe, y tendrá que recusarse de cualquier asunto que toque el tóxico
legado de la administración Bush. Como resultado, es probable que el Corte
Suprema se divida 4-4 en cuestiones como el caso Jeppesen, devolviendo la
victoria a los altos funcionarios de la administración que ansían
tan desesperadamente la inmunidad total para los torturadores de la
administración Bush.
Es una idea profundamente deprimente, sobre todo teniendo en cuenta que tantos comentaristas han
expresado su repulsa ante la sentencia de la semana pasada. En un editorial
titulado “La
tortura es un delito, no un secreto”, el New York Times lamentaba:
"La decisión merma cualquier esperanza de que esta práctica odiosa [la “entrega
extraordinaria”] reciba por fin la calificación jurídica que merece: una
violación del derecho internacional", y el Los
Angeles Times declaró: "La decisión de eludir el proceso judicial es
más que una interpretación errónea de la ley; es una flagrante injusticia. Esto
resulta obvio al examinar la demanda de los demandantes. Uno de ellos afirmó
que, mientras estuvo encarcelado en Egipto, le colocaron electrodos en los
lóbulos de las orejas, los pezones y los genitales. Otro, retenido en
Marruecos, dijo que fue golpeado, privado de comida y amenazado con tortura
sexual y castración. Un tercero afirmó que sus captores marroquíes le rompieron
los huesos y le hicieron cortes con un bisturí por todo el cuerpo, y le
vertieron un líquido caliente y abrasador en las heridas abiertas".
En nombre de la ACLU, Ben
Wizner declaró:
Este es un día triste no solo para las víctimas de tortura, cuyo intento de obtener justicia se ha visto frustrado,
sino también para todos los estadounidenses a quienes les preocupa el Estado de
derecho y la reputación de nuestra nación en el mundo". Hasta la fecha, ni una
sola víctima del programa de tortura de la administración Bush ha tenido la
oportunidad de defenderse ante un tribunal. Si se permite que la decisión de
hoy se mantenga, Estados Unidos habrá cerrado las puertas de sus tribunales a
las víctimas de tortura, al tiempo que otorga total inmunidad a sus
torturadores. Los artífices de la tortura y quienes la facilitaron pueden haber
escapado al juicio de este tribunal, pero no escaparán al juicio de la historia.
Además, el lunes, Scott
Horton, de la revista Harper’s Magazine, no solo señaló que los
hechos del caso "quedaron demostrados más allá de toda duda razonable sin
necesidad de recurrir a información clasificada", sino que también recordaron a
los lectores que: "en virtud de la Convención Internacional para la Protección
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que adopta la
postura que el Departamento de Justicia de EE.UU. asumió en 1946, el delito de
desaparición relacionado con la tortura es un crimen contra la humanidad, sin
prescripción y sin que sea aplicable la defensa de órdenes superiores". Horton
también recordó a los lectores que, al firmar la Convención
de las Naciones Unidas contra la Tortura en 1987, Estados Unidos "asumió un
compromiso inequívoco ante la comunidad internacional de indemnizar a quienes
fueran torturados por sus agentes" —y también, cabe señalar, de llevar a los
responsables ante la justicia.
Además, Horton señaló que, en febrero de este año, el Tribunal de Apelación de Londres, que
"ya había examinado las contundentes
pruebas" del caso de Binyam Mohamed, puso fin a 18 meses de obstruccionismo
al estilo Obama por parte del ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband,
en relación con el conocimiento por parte del Reino Unido de las torturas
infligidas a Mohamed por agentes estadounidenses, y había ordenado
que se hiciera pública la información, lo que dio lugar a una investigación
penal, que sigue en curso, y, con el cambio de gobierno, al anuncio de una investigación
judicial sobre la complicidad británica en la tortura —algo que muchos de
los partidarios de Obama esperaban que ocurriera en Estados Unidos. Como
explicó Horton, "el tribunal británico concluyó, tal y como el Noveno Circuito
estaba legalmente obligado a hacer, que las alegaciones de secreto de Estado no
podían utilizarse para bloquear la revelación de pruebas de delitos"
Horton también explicó que, aunque la postura adoptada por el Departamento de Justicia de Eric Holder
—según la cual se trata de "proteger secretos de Estado esenciales para nuestra
seguridad"— es "ridícula, y la mitad del tribunal se dio cuenta de ello", lo
que realmente está en juego es la posibilidad de que las pruebas obtenidas en
EE.UU. puedan utilizarse en otros lugares. Tal y como afirmó:
Veintitrés agentes estadounidenses ya han sido condenados
por su participación en una entrega extraordinaria en Milán. La Fiscalía
española ha dictado órdenes
de detención contra otros 13 agentes estadounidenses implicados en un caso
de entrega extraordinaria fallida que afectó a territorio español. La Fiscalía
alemana ha abierto una investigación penal sobre el uso de la base aérea de
Ramstein en relación con torturas y secuestros ilegales. La
Fiscalía polaca está investigando un asunto similar. Y el primer ministro
David Cameron se vio obligado recientemente a informar al presidente Obama de
su decisión de ordenar una investigación formal que podría dar lugar a procesos
judiciales directamente relacionados con el asunto del caso Mohamed. Este es el
notable trasfondo del caso resuelto por el Noveno Circuito y,
sorprendentemente, no aparece ni una sola palabra al respecto en ningún lugar
del dictamen —ni siquiera en la mayoría de las noticias de prensa al respecto.
Mientras esperamos a ver qué sucede a continuación —si es que ocurre algo—, me gustaría
compartir con ustedes unas palabras sensatas sobre el alcance legítimo de la
doctrina de los "secretos de Estado", tal y como las escribió el juez Hawkins
en los párrafos iniciales de su opinión disidente de la semana pasada, a la que
se sumaron de nuevo los jueces Schroeder y Canby, así como los jueces Sidney R.
Thomas y Richard A. Paez:
La mayoría desestima el caso en su totalidad antes incluso de que Jeppesen haya presentado una contestación a la
demanda de los demandantes. Fuera del estrecho contexto de Totten, el
privilegio de los secretos de Estado nunca se ha aplicado para impedir que las
partes litiguen sobre la veracidad o falsedad de las alegaciones, los hechos o
la información simplemente porque el Gobierno considere que la veracidad o
falsedad de las alegaciones es secreta. Dentro del marco de Reynolds, la
desestimación se justifica si, y solo si, las pruebas privilegiadas específicas
son en sí mismas indispensables para establecer la veracidad de las alegaciones
de los demandantes o una defensa válida de la que, de otro modo, dispondría el demandado.
Esto es importante, porque un enfoque que se centre en pruebas concretas una vez que se han consolidado las
cuestiones litigiosas tiene la ventaja de limitar el alcance de la doctrina del
secreto de Estado, de modo que no se aplique más allá de lo estrictamente
necesario. La doctrina del secreto de Estado es una constructo judicial sin
fundamento en la Constitución; sin embargo, su aplicación suele prevalecer
sobre lo que normalmente consideramos el debido proceso legal. El presente caso
constituye un ejemplo clásico de ello. Los demandantes han alegado hechos —que
deben darse por ciertos a efectos de una moción de desestimación— que cualquier
persona razonable consideraría violaciones graves de las normas del derecho
internacional, subsanables en virtud de la Ley de Reclamaciones por Agravios
contra Extranjeros. Han alegado detalladamente la complicidad o imprudencia de
Jeppesen al participar en estas violaciones. El Gobierno intervino y afirmó que
la demanda pondría en peligro secretos de Estado. La opinión mayoritaria en
este caso acepta esa objeción preliminar del Gobierno, por lo que el intento de
los demandantes de demostrar su caso ante los tribunales queda simplemente
frustrado. Ni siquiera se les permite intentar demostrar su caso mediante el
uso de pruebas no secretas que obran en su poder o en el de terceros.
Es cierto que, aunque se trate de una construcción jurídica, la doctrina del secreto de Estado se ha arraigado en
nuestra jurisprudencia vinculante. Por lo tanto, el poder judicial debe tener
en cuenta las alegaciones del Gobierno en materia de secretos de Estado. Sin
embargo, esta doctrina resulta tan peligrosa como medio para ocultar las
irregularidades del Gobierno bajo el pretexto de la seguridad nacional, y
vulnera de tal manera los derechos fundamentales al debido proceso, que los
tribunales deberían limitar su aplicación a las circunstancias más restringidas
que aún permitan proteger los secretos esenciales del Gobierno. Cuando, como en
este caso, la doctrina se invoca con éxito en la fase inicial del litigio, las
alegaciones de secreto son necesariamente amplias e hipotéticas. El resultado
es una máxima injerencia en las garantías procésales de los tribunales, sobre
la base de las alegaciones más generales del privilegio del secreto de Estado.
Es mucho mejor exigir al Gobierno que formule sus alegaciones de secreto de
Estado con respecto a elementos de prueba específicos o grupos de dichos
elementos, en la medida en que se solicite su uso en el proceso judicial. Una
certificación oficial de que una prueba es verdaderamente un secreto de Estado
será más precisa si el jefe de un departamento debe certificar que la prueba
específica solicitada en el curso del litigio es verdaderamente un secreto y no
puede revelarse sin poner en peligro intereses gubernamentales esenciales y de
mayor importancia. Y cuando se haya completado la contestación a la demanda y
esté en curso la fase de presentación de pruebas, se podrá determinar con mayor
precisión si el material secreto es esencial para la causa de los demandantes o
para la defensa de Jeppesen. […]
Se trata de un recurso contra una desestimación con arreglo a la Regla 12, lo que significa que el tribunal de
distrito estaba obligado a dar por ciertas las alegaciones debidamente
formuladas en la demanda y a que nosotros "interpretemos la demanda de la forma
más favorable para el demandante o los demandantes". La mayoría minimiza la
importancia de estos requisitos al añadir gratuitamente "supuestamente" a casi
todas las frases que describen lo que, según los demandantes, les ocurrió, y al
desestimar rápidamente las numerosas pruebas de dominio público que respaldan
esas alegaciones, incluida la de que Jeppesen sabía lo que estaba ocurriendo
cuando organizó los vuelos descritos por uno de sus propios funcionarios como
"vuelos de tortura". En cambio, la mayoría da por sentado que, incluso si el
caso prima facie de los demandantes y la defensa de Jeppesen no dependieran de
pruebas privilegiadas, la desestimación es necesaria "porque no hay forma
viable de litigar la supuesta responsabilidad de Jeppesen sin crear un riesgo
injustificable de divulgar secretos de Estado". Pero Jeppesen aún no ha
respondido ni siquiera ha presentado alegaciones, por lo que no tenemos ni idea
de cuáles podrían ser esas defensas o afirmaciones. Hacer suposiciones sobre
los contornos de un futuro litigio implica mera especulación, y hacerlo va
directamente en contra de los principios de larga data de la Regla 12 al
extender la investigación a lo que podría divulgarse en un futuro litigio.
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