Philip Zelikow, director de la Comisión del 11-S, condena el programa
de tortura de Bush
21 de abril de 2009
Andy Worthington
Como saben los lectores habituales, rara vez hago "cross-post" de otros artículos, pero el siguiente artículo de
Philip Zelikow, ex consejero del Departamento de Estado y director ejecutivo de
la Comisión del 11-S, que se ha publicado hoy en el
blog de Foreign Policy, Shadow Government, es una adición particularmente
notable a la floreciente literatura sobre la publicación, la semana pasada, de cuatro
memorandos de la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de
Justicia, que pretendían justificar el uso de la tortura en "detenidos de
alto valor" detenidos en la "Guerra contra el Terror" - y, en
particular, Abu
Zubaydah y Khalid
Sheikh Mohammed.
La visión de Zelikow no sólo es relevante porque la Comisión del 11-S tuvo problemas bien documentados para obtener
información fiable sobre la supuesta inteligencia obtenida de los
"detenidos de alto valor" (como demuestra el primer enlace más
abajo), sino también porque fue uno de los tres únicos funcionarios del
Departamento de Estado (los otros eran Condoleezza Rice y John Bellinger) que
vieron tres de los cuatro memorandos (los redactados por Steven Bradbury en
mayo de 2005, a diferencia del memorando aún más secreto de agosto de 2002,
redactado por John Yoo y Jay S. Bybee) en el momento de su publicación.
Impedido de comentar directamente los memorandos hasta ahora (aunque ha sido crítico con las políticas de la
administración Bush en los años posteriores), las reflexiones de Zelikow son
especialmente interesantes no sólo por su cuidadosa disección de los fallos del
programa de tortura, sino también por sus revelaciones de que las protestas que
hizo en su momento a colegas de otras agencias, "advirtiéndoles de que
otros abogados (y jueces) podrían considerar insostenibles las opiniones de la
OLC", llevaron a la Casa Blanca a "intentar recoger y destruir"
todas las copias de su memorando.
Los "memorandos sobren la tortura" de la OLC: reflexiones de un disidente
Por Philip Zelikow
Tuve acceso por primera vez a los memorandos de la OLC y conocí detalles sobre el programa de la CIA para
detenidos de alto valor poco después de que se emitiera el conjunto de
dictámenes en mayo de 2005. Lo hice en calidad de representante político de la
Secretaria de Estado Condoleezza Rice ante el Comité de Adjuntos del NSC sobre
estas y otras cuestiones de inteligencia/terrorismo. En el Departamento de
Estado, la Secretaria Rice y su Asesor Jurídico, John Bellinger, eran entonces
las únicas otras personas informadas sobre estos detalles. En cumplimiento de
los acuerdos de seguridad que he firmado, nunca he discutido ni revelado
detalles sustanciales sobre el programa hasta que se ha hecho pública la
información clasificada.
Al haber sido director ejecutivo de la Comisión del 11-S, soy consciente de lo que hicieron algunos de
estos cautivos. La Comisión se preguntó cómo se interrogaba a los cautivos
(para más detalles al respecto, véase este informe
divulgado previamente), y el asunto es ahora objeto de una investigación
penal federal a cargo del fiscal especial John Durham. No obstante, las pruebas
contra la mayoría -si no todos- de los detenidos de alto valor siguen siendo
condenatorias. Pero la cuestión no es quiénes son o qué son. Se trata de
quiénes o qué somos nosotros.
Basándome en lo publicado anteriormente, he ofrecido algunas opiniones generales sobre "Política legal para una guerra
crepuscular". Con la publicación de estos memorandos de la OLC, puedo
añadir tres conjuntos más de comentarios, cada uno de los cuales podría
desarrollarse con mucha mayor extensión.
1: Al centrarse en el submarino se olvida el objetivo principal del programa
Que era un programa. A diferencia de la imagen del uso de la coerción física intensa como un recurso rápido y
desesperado, el programa desarrolló "planes de interrogatorio" para
desorientar, abusar, deshumanizar y atormentar a los individuos a lo largo del tiempo.
El plan empleaba el uso combinado y acumulativo de muchas técnicas de coerción física supervisadas
médicamente. Antes de llegar al ahogamiento simulado, el cautivo ya había sido
desnudado, encadenado a cadenas de techo que lo mantenían de pie para que no
pudiera dormirse durante periodos prolongados, regado periódicamente con agua
fría, abofeteado, metido en cajas, etc., etc. La privación del sueño es lo más importante.
2: Medir el valor de estos métodos debe hacerse profesional y moralmente antes de
recurrir a los abogados
Un análisis profesional no se limitaría a preguntar ¿Nos han proporcionado información importante? Al
parecer, el Congreso se dispone ahora a analizar las distintas alegaciones al
respecto, lo que sería muy valioso.
Pero el argumento de que nos dieron información vital, que los lectores pueden ver desplegada en los
memorandos igual que se desplegaron para tranquilizar a un presidente inquieto,
se basa en una falacia. La verdadera pregunta es: ¿cuál es el valor único de
estos métodos?
Para este análisis, la administración se benefició del trato que el gobierno estadounidense dio en el
pasado a los detenidos de alto valor en su propia historia (especialmente en la
Segunda Guerra Mundial y Vietnam) y de las importantes y dolorosas lecciones
aprendidas de gobiernos extranjeros simpatizantes. En 2005, la administración
Bush también se benefició de lo que fue un estudio doble ciego que había
realizado sin darse cuenta, comparando los métodos que se habían desarrollado
en Irak (diferentes normas basadas en Ginebra, diferentes tipos de equipos) y
los métodos que había desarrollado la CIA, utilizando ambos contra asesinos curtidos.
Los opositores tampoco deberían exagerar su postura. Si se hubiera llevado a cabo un análisis serio de
antemano (al parecer no se hizo), creo que se habría llegado a la conclusión de
que la coacción física puede doblegar a las personas más rápidamente, con la
contrapartida de unos resultados menos fiables y degradados.
Lo que subraya la importancia del análisis moral. Hay una distinción elemental, que se pierde con
demasiada frecuencia, entre la pregunta moral (y política): "¿Qué debemos
hacer?" - y la pregunta jurídica: "¿Qué podemos hacer?". Vivimos
en un mundo político demasiado inclinado a convertir a los abogados en
sacerdotes sustitutos que conceden una forma de absolución. "Los abogados
dicen que está bien". Bueno, en realidad no. Dicen que podría ser legal.
No saben si está bien.
3: Los dictámenes jurídicos presentan graves deficiencias
El más débil de todos es el dictamen
del 30 de mayo, simplemente porque tuvo que superar la norma más baja:
"cruel, inhumana o degradante" del artículo 16 de la Convención
contra la Tortura. Esa norma también estaba siendo codificada en el proyecto de
ley que el senador John McCain estaba luchando por aprobar [que se convirtió en
la horriblemente comprometida Ley sobre el Trato a los Detenidos de 2005].
También se encuentra en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, una
norma que el Corte Supremo dictaminó en 2006 [en Hamdan contra Rumsfeld]
que se aplica a estos prisioneros. La violación del Artículo Común 3 es un
crimen de guerra según la ley federal (18 U.S.C. sección 2441), un delito
punible con hasta cadena perpetua. (Las opiniones de la OLC no discuten esta
ley porque en 2005 la administración también negó la aplicabilidad del Artículo Común 3).
La OLC sostiene, con razón, que Estados Unidos cumple la norma internacional si cumple el conjunto comparable
de prohibiciones constitucionales de la legislación estadounidense (la 5ª, la
8ª y la 14ª Enmiendas). Muchos años antes, yo había trabajado en ese ámbito del
Derecho. Creía que los dictámenes de la OLC (especialmente el del 30 de mayo)
presentaban al gobierno de Estados Unidos una interpretación distorsionada de
la legislación estadounidense pertinente.
En aquel momento, en 2005, difundí una opinión contraria al razonamiento jurídico. Mi posición
burocrática, como asesor del Secretario de Estado, no me daba derecho a ofrecer
una opinión jurídica. Pero me sentí obligado a exponer una opinión alternativa
a mis colegas de otras agencias, advirtiéndoles de que otros abogados (y
jueces) podrían considerar insostenibles las opiniones de la OLC. Mis colegas tenían
derecho a ignorar mis opiniones. Hicieron más que eso: La Casa Blanca intentó
recoger y destruir todas las copias de mi memorándum. Espero que al menos una o
dos sigan en los archivos del Departamento de Estado.
Expresadas de forma abreviada, principalmente en beneficio de otros especialistas que trabajan en
estos temas, mis principales preocupaciones eran:
la jurisprudencia sobre el criterio de "choque a la conciencia" para los interrogatorios
proscribiría los métodos de la CIA;
el memorando de la OLC ignoraba básicamente el análisis estándar de las "condiciones de reclusión" de
la 8ª Enmienda (incorporado desde hace tiempo a la 5ª Enmienda como una
cuestión de garantías procésales sustantivas y, por tanto, aplicable a
detenciones como éstas). Esa jurisprudencia consideraría ilegales las
condiciones de reclusión en las instalaciones de la CIA.
El uso de una prueba de equilibrio para medir la validez constitucional (beneficio para la seguridad nacional
frente a perjuicio para las personas) es lícito para algunas técnicas, pero
otros tipos de tratos crueles deberían prohibirse categóricamente en virtud de
la legislación estadounidense, sea cual sea el supuesto beneficio.
El absurdo subyacente de la postura de la administración puede resumirse así. Una vez que se llega a un análisis de
cumplimiento sustantivo para "cruel, inhumano y degradante" se llega
a la posición de que la norma sustantiva es la misma que en el derecho
constitucional estadounidense análogo. Así pues, la OLC debe argumentar, en
efecto, que los métodos y las condiciones de reclusión del programa de la CIA
podrían infligirse constitucionalmente a ciudadanos estadounidenses en una
cárcel de condado.
En otras palabras, los estadounidenses de cualquier ciudad de este país podrían constitucionalmente ser colgados del
techo desnudo, privados del sueño, sometidos a ahogamiento simulado y todo lo
demás, si la supuesta justificación de seguridad nacional fuera convincente. No
creía que fuera razonable esperar que nuestros tribunales federales estuvieran
de acuerdo con esa interpretación de la Constitución.
Philip Zelikow es catedrático de Historia White Burkett Miller en la Universidad de Virginia. Fue consejero del
Departamento de Estado, adjunto a la Secretaria Rice, entre 2005 y 2007.
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