Organizaciones de derechos humanos y ciudadanos piden a Obama: “Cierren
Guantánamo con justicia ya”
10 de enero de 2011
Andy
Worthington
Con el inicio del décimo año de funcionamiento de Guantánamo el martes 11 de enero, y sin que se
vislumbre un final para esta lúgubre prisión inaugurada en pleno apogeo de la
arrogancia de la “guerra contra el terrorismo” del Gobierno de Bush, me
complace enormemente —mientras estoy aquí
en Estados Unidos haciendo campaña por el cierre de Guantánamo— ser
signatario de un llamamiento a la justicia para los 173 presos que quedan,
iniciado por el Center
for Constitutional Rights y otros grupos de Estados Unidos,
y firmado por destacadas organizaciones de derechos humanos, activistas,
académicos, artistas, escritores y supervivientes de tortura de todo el mundo.
Este documento de campaña, “Cerrar Guantánamo con justicia ya”, insta al presidente Obama a superar la
cobardía que se ha apoderado de él en los últimos 20 meses, desde sus
inspiradoras palabras durante la campaña electoral y en sus primeros días en el
cargo en enero de 2009, cuando prometió
cerrar Guantánamo en el plazo de un año, pidiéndole que asuma un nuevo
compromiso para cerrar la prisión, juzgar o liberar a los hombres allí
recluidos, abandonar
sus planes de mantener a 48 hombres detenidos indefinidamente sin cargos ni
juicio, levantar
la prohibición de liberar a los presos absueltos en Yemen, permitir que los
presos absueltos se establezcan
en EE.UU., investigar
tres muertes muy sospechosas ocurridas en Guantánamo en junio de 2006,
garantizar la rendición
de cuentas por los delitos cometidos por altos funcionarios y abogados de
la administración Bush, garantizar el bienestar
de los hombres liberados de Guantánamo y evitar la repatriación forzosa de
hombres a países donde corren el riesgo de ser torturados.
Cerrar Guantánamo con justicia ya
Al inicio de su mandato, el presidente Obama firmó un decreto ejecutivo que ordenaba el cierre del centro
de detención de la bahía de Guantánamo (Cuba) en el plazo de un año. Sin
embargo, la prisión sigue abierta y, el 11 de enero de 2011, cumple su décimo
año de funcionamiento. Al no cumplir la orden ejecutiva, la administración
Obama también ha prolongado algunos de los peores aspectos del sistema de
Guantánamo al continuar con las detenciones indefinidas sin cargos ni juicio,
al recurrir a comisiones militares ilegítimas para juzgar a algunos sospechosos
y al impedir que se rindan cuentas por la tortura, tanto al negarse a llevar a
cabo investigaciones independientes y exhaustivas como al intentar impedir que
los tribunales examinen las demandas presentadas por antiguos detenidos.
Como organizaciones de derechos humanos y personas de conciencia, exigimos el cierre de Guantánamo,
así como transparencia en todos los centros de detención gestionados por
Estados Unidos y que se rindan cuentas por los abusos que se cometen en ellos.
Nos oponemos a los centros de detención secretos, incluidos los denominados
centros de «filtración» o «cribado», como la «prisión negra» encubierta de
Bagram, a la que se ha denegado el acceso incluso al Comité Internacional de la
Cruz Roja y donde, según se afirma, se llevan a cabo interrogatorios abusivos.
También expresamos nuestra oposición a las condiciones de reclusión excesivamente
punitivas en las prisiones y centros de detención dentro de Estados Unidos, y
señalamos que el aislamiento prolongado es una forma de tortura prohibida por
las normas internacionales de derechos humanos. Rechazamos que la
administración Obama continúe con las políticas ilegales y abusivas de
detención e interrogatorio de la era Bush.
La historia de Guantánamo sigue siendo el vergonzoso caso del Gobierno de Estados Unidos, que detuvo a
casi 800 hombres y niños, los tildó indiscriminadamente de «lo peor de lo peor»
y los encerró en una prisión insular diseñada para quedar fuera del alcance de
la ley, donde no tendrían derecho a impugnar su detención ni a denunciar los
abusos. La gran mayoría de los presos de Guantánamo nunca deberían haber sido detenidos.
Muchos simplemente se encontraban en el lugar equivocado en el momento
equivocado y huían del caos de la guerra cuando las fuerzas estadounidenses
entraron en Afganistán. Solo uno de cada veinte fue capturado por el ejército
estadounidense. La mayoría fue capturada por civiles y autoridades locales en
Afganistán y Pakistán y vendida a Estados Unidos a cambio de una cuantiosa
recompensa. Según el coronel Lawrence Wilkerson, un alto funcionario del
Departamento de Estado que prestó servicio en la administración Bush entre 2002
y 2005, la administración Bush sabía desde el principio que la mayoría de los
hombres de Guantánamo eran inocentes, pero no los liberó debido a la
preocupación política de que hacerlo pudiera perjudicar el apoyo a la campaña
del Gobierno a favor de la guerra en Irak y a la más amplia «guerra global
contra el terrorismo».
Ahora está claro que la Administración Obama no tiene planes de cerrar Guantánamo a corto plazo,
mientras que la oposición del Congreso hace que ese objetivo sea aún más
lejano. La prisión de Guantánamo sigue existiendo en contravención de las
normas éticas y legales, y supone un riesgo para nuestra seguridad colectiva.
El presidente Obama debe actuar con decisión o se arriesga a que Guantánamo y
el régimen de detención de Bush se conviertan en elementos permanentes del
panorama estadounidense. Hacemos un llamamiento al presidente Obama y a los
departamentos pertinentes de su administración para que:
• Se comprometan de nuevo a cerrar Guantánamo rápidamente y dejen claro que muchos de los hombres allí
recluidos fueron detenidos por error. A estas alturas está
ampliamente demostrado, incluso por antiguos funcionarios de la administración,
que la mayoría de los presos de Guantánamo nunca deberían haber sido detenidos.
Si el presidente Obama ejerciera su liderazgo y reconociera esto, contribuiría
a crear el clima político necesario para cerrar la prisión.
• Imputar o poner en libertad a los hombres detenidos en Guantánamo. En 2004
y 2008, el Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los presos de
Guantánamo pueden impugnar su detención ante los tribunales federales
estadounidenses mediante recursos de hábeas corpus. Desde entonces, los jueces
federales han dictaminado, en la gran mayoría de los casos, que el Gobierno
carecía de pruebas suficientes para justificar la detención continuada de los
demandantes. Otros hombres en Guantánamo han sido autorizados para su puesta en
libertad por el propio Grupo de Trabajo de Revisión de Guantánamo del Gobierno
de EE.UU., que está formado por representantes de todas las agencias
gubernamentales con interés en el asunto, incluidos el Departamento de
Justicia, el Departamento de Defensa y la CIA. Todos los hombres cuya puesta en
libertad haya sido finalmente autorizada por los tribunales o el Gobierno deben
ser repatriados o reasentados de inmediato, y todos los demás deben ser
acusados formalmente y juzgados en un proceso justo y público.
• Abandonar cualquier plan de detención indefinida. La Administración Obama ha
declarado que mantendrá recluidos en Guantánamo a unos 50 de estos hombres de
forma indefinida, sin cargos ni juicio, y tiene previsto formalizar la
detención indefinida mediante un decreto presidencial. La justificación oficial
es que estos hombres son "demasiado peligrosos" para ser puestos en libertad,
pero "no es viable" procesarlos, supuestamente porque no hay pruebas
suficientes contra ellos que cumplan los requisitos mínimos de cualquier
tribunal; porque sus juicios podrían comprometer la recopilación de información;
o porque los detenidos podrían impugnar las pruebas obtenidas mediante
coacción. Pero los tribunales federales son plenamente capaces de manejar
pruebas sensibles, y si el Gobierno solo cuenta con pruebas viciadas contra un
detenido, entonces las únicas pruebas de que dispone son ilegales y poco
fiables, y no justifican la detención continuada. El plan de la Administración
para la detención indefinida constituye un sistema de encarcelamiento
preventivo basado en la supuesta probabilidad de un delito futuro, y no en una
conducta pasada verificable. Este plan es totalmente incompatible con el Estado
de derecho y debe ser rechazado.
• Levantar la prohibición general de todas las repatriaciones a Yemen. La
Administración Obama debe poner fin a la suspensión indefinida de todas las
repatriaciones de los hombres yemeníes recluidos en Guantánamo y permitir que
aquellos que hayan ganado sus recursos de hábeas corpus o que hayan sido
declarados aptos para la puesta en libertad por el propio Grupo de Trabajo de Revisión
de Guantánamo del Gobierno de EE.UU. puedan regresar a sus hogares. Los hombres
yemeníes, al igual que todos los detenidos, deben ser evaluados individualmente
en función de lo que hayan hecho, y no castigados por su nacionalidad o por las
presuntas acciones de otros.
• Poner fin a las repatriaciones forzosas de hombres cuya seguridad se vea amenazada por el
traslado. Hay hombres en Guantánamo que han expresado un
profundo temor a regresar a sus países de origen y que no deberían ser
repatriados cuando haya motivos para creer que pueden correr peligro a su
regreso. Ningún detenido debería ser trasladado a un Estado en el que existan
riesgos creíbles para su seguridad.
• Levantar la prohibición de reasentar a estos hombres en Estados Unidos. Más de
15 países, entre ellos Francia, España, Portugal, Irlanda, Hungría, Bélgica,
Suiza, Albania, Letonia y Palau, han acogido a detenidos para su reasentamiento
sin que se haya producido ningún incidente. El Gobierno de Estados Unidos
también debería ofrecer un hogar a los hombres que hayan ganado sus recursos de
hábeas corpus o hayan sido autorizados para su traslado y no tengan ningún otro
país seguro al que acudir. (Un juez federal ordenó la puesta en libertad de
detenidos musulmanes uigures claramente inocentes para su reasentamiento en
Estados Unidos, pero tanto la administración Bush como la de Obama apelaron el
caso y, posteriormente, el Congreso tomó medidas para impedir cualquier
reasentamiento en Estados Unidos de hombres detenidos injustamente). Ofrecer el
reasentamiento de estos hombres también animaría a otros países a hacer ofertas
similares y contribuiría al cierre de Guantánamo.
• Investigar a fondo las muertes de los hombres que fallecieron bajo custodia, incluidos los tres que murieron en 2006. Tres detenidos a los que nunca se les imputó ningún delito
fallecieron en Guantánamo en junio de 2006. Aunque inicialmente se informó de
que se trataba de suicidios, nuevas pruebas aportadas por cuatro soldados
destinados en la base han suscitado serias dudas sobre las circunstancias que
rodearon sus muertes. Hasta ahora, la administración Obama no solo no ha
llevado a cabo una investigación independiente y exhaustiva de las muertes,
sino que se ha opuesto a que los tribunales investiguen y revisen el caso.
• Garantizar la rendición de cuentas por los delitos cometidos. A pesar de su promesa de una
nueva era de rendición de cuentas y respeto por el Estado de derecho, la
Administración Obama ha actuado en repetidas ocasiones para garantizar la
impunidad de quienes, bajo la Administración Bush, planearon, autorizaron y
cometieron actos de tortura. La administración Obama debe cumplir su promesa
llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre los graves y bien
documentados abusos contra los derechos humanos cometidos en Guantánamo y en
otros lugares, incluida la tortura. En concreto, el fiscal general debería
nombrar a un fiscal independiente con plenos poderes para investigar y
enjuiciar a los responsables de torturas y otros crímenes de guerra,
ascendiendo en la cadena de mando hasta donde los hechos lo justifiquen.
Además, el presidente Obama debería condenar las presiones recientemente
reveladas por parte de su propia administración para obstaculizar en secreto
los esfuerzos del poder judicial español por investigar violaciones flagrantes
del derecho internacional, incluida la tortura de antiguos detenidos de
Guantánamo y otras personas que han sido sometidas al programa de tortura de
Estados Unidos, y cooperar plenamente con los procedimientos judiciales en España.
• Asumir la responsabilidad del bienestar de estos hombres tras su puesta en libertad. El
Gobierno de los Estados Unidos no debe mantener a estas personas detenidas sin
cargos en condiciones inhumanas durante años, someterlas a abusos, incluida la
tortura, y luego repatriarlas y reasentarlas en lugares remotos del mundo,
dejando su rehabilitación y reintegración en manos de otros gobiernos,
organizaciones y particulares. El Gobierno tiene la responsabilidad de
garantizar que estas personas cuenten con el apoyo y los recursos adecuados
tras su puesta en libertad.
También instamos a la comunidad internacional a que ofrezca seguridad a los hombres de Guantánamo que no pueden
salir hasta que terceros países se ofrezcan a reasentarlos, y a que garantice
sus derechos y bienestar una vez reasentados. A muchos de los hombres
reasentados no se les ha concedido permiso para trabajar, viajar o reunirse con
sus familias tras años de separación y angustia, y la situación jurídica de
muchos sigue en el limbo.
Invitamos a las personas de conciencia de todo el mundo a colaborar con nosotros para garantizar que Guantánamo se cierre
con justicia, y a renovar su compromiso de abogar por este fin.
Firmas Organizativo:
The Center for Constitutional Rights (CCR)
Amnesty International U.S.A. (AI-USA)
Witness Against Torture (WAT)
International Federation for Human Rights (FIDH)
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Cageprisoners
Physicians for Human Rights
Torture Abolition and Survivors Support
Coalition International (TASCC)
The Program for Torture Victims
Metro NY Religious Campaign Against Torture
Progressive Democrats of America
Project SALAM
Council on American-Islamic Relations (CAIR)
Center for Justice and Accountability
South Asia Solidarity Initiative (SASI)
Action for a Progressive Pakistan
Pakistan Solidarity Network
Appeal for Justice
Bill of Rights Defense Committee (BORDC)
Defending Dissent Foundation
No More Guantánamos
War Resisters League
Guantanamo Justice Center
Friends of Human Rights
Global Exchange
Alliance for Justice
Human Rights Defense Center
CODEPINK for Peace
WESPAC Foundation
International Justice Network
United for Peace and Justice (UFPJ)
National Coalition to Protect Civil Freedoms
(NCPCF)
World Can’t Wait
Disbar Torture Lawyers
Warisacrime.org
Casa Esperanza
New Security Action
NC Immigrant Rights Project
Peace and Justice Task Force at All Souls
Unitarian Church Society of Jesus – New York Province
Peace and Justice Center of Sonoma Country (CA)
WBAI Local Station Board
Voices for Creative Nonviolence
Progressive Peace Coalition of Columbus, Ohio
Peace Action of Montgomery County, MD
Connie Hogarth Center for Social Action
The Make Agency
Justice Through Music
Historians Against the War
La Ligue Algerienne pour la Defense des Droits
de l’Homme (LADDH)
The Egyptian Organization for Human Rights
BADIL Resource Center for Palestinian Residency
and Refugee Rights
Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)
Palestinian Human Rights Organization (PHRO)
Human Rights Foundation of Turkey (HRFT-Turkey)
Human Rights Association (IHD-Turkey)
Committees for the Defence of Democracy Freedoms
and Human Rights in Syria (CDF)
Kurdish Organization for the Defence of Human
Rights and the General Liberties in Syria (DAD)
The Human Rights Organization in Syria (MAF)
The Arab Organization for Human Rights in Syria
(AOHRS)
National Organization for Human Rights in Syria
(NOHR-S)
The Kurdish Committee for Human Rights in Syria
– the rased (KRDCHR)
Women Journalists Without Chains (WJWC-Yemen)
Civil Liberties Organization (CLO-Nigeria)
Human Rights Information & Training Center
(HRITC-Yemen)
Cairo Institute for Human Rights Studies
(CIHRS-Egypt)
Damascus Center for Human Rights Studies
(DCHRS-Syria)
Committees for the Defense of Democracy,
Freedom, and Human Rights in Syria (CDY-Syria)
The Egyptian Organization for Human Rights
Comite de Accion Juridica (CAJ-Argentina)
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Observatorio Ciudadano (OC-Chile)
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos
Humanos (INREDH-Ecuador)
Asamblea Permanente de Derechos Humanos-Bolivia
(APDHB-Bolivia)
Asociación Pro Derechos Humanos de España
(APDHE-Spain)
Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (CCDHRN-Cuba)
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos
Humanos A.C. (Limeddh-Mexico)
La Fundación Diego Lucero A.C.
La Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México
El Observatorio Nacional de Prisiones México
(ONP México)
La Red Universitaria de Monitores de Derechos
Humanos (RUMODH)
El Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de
Mayo A.C.
La Asociación de Derechos Humanos del Estado de
México (ADHEM-Mexico)
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
(CEDHU-Ecuador) Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
(PROVEA-Venezuela)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH-Perú
Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba
(Bolivia)
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA- El Salvador)
Observatorio Venezolano de Prisiones
(OVP-Venezuela)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU-
Ecuador)
Centro de Documentación en Derechos Humanos
“Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM- Ecuador)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos
Democracia y Desarrollo
Malta Association of Human Rights
International Muslim Women’s League-Europe
Scotland Against Criminalising Communities
Flemington & Kensington Community Legal
Centre Inc. (FKCLC-Australia)
Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani
(UFTDU – Italy)
Reforest the Earth, UK
Finnish League for Human Rights (FLHR)
Brighton Against Guantanamo (UK)
Worthing Against War (UK)
Citizens United for Rehabilitation of Errants
(CURE)
Lewes Amnesty International Group (UK)
Galway Alliance Against War (Ireland)
Hellenic League for Human Rights
Save Shaker Aamer Campaign – Last UK Resident in
Guantanamo (SSAC)
Firmas individuales:
Ann Wright (Ret. U.S. Army Colonel and State Department Official)
Ray McGovern (Former US Army Intelligence
Officer; CIA analyst)
Ray Abourezk (Former US Senator, South Dakota)
Chris Hedges (Journalist and Author, Pulitzer
Prize Winner)
Kristiina Kouros (Secretary General, Human
Rights League)
Ariel Dorfman (Chilean author, Duke University)
Danial Saoud (President, Committees for the
Defence of Freedoms and Human Rights in Syria)
Mustafa Osso (President, Kurdish Organization
for the Defence of Human Rights and the General Liberties in Syria)
Mahmoud Merai (President, The Arab Organization
for Human Rights in Syria)
Ammar Qurabi (President, National Organization
for Human Rights in Syria)
Radeef Mustafa (The Kurdish Committee for Human
Rights in Syria) Omar Deghayes (formerly detained at Guantanamo)
Moazzam Begg (Director, Cageprisoners, formerly
detained at Guantanamo)
Andy Worthington (Journalist, Author, Filmmaker)
Karen Greenberg
Judith Butler (Author, Maxine Elliot Professor
of Rhetoric and Comparative Literature, Co-Director of the Program in Critical
Theory, University of California, Berkeley)
Almerindo E. Ojeda (The Guantanamo Testimonials
Project)
Raji Sourani (Director, Palestinian Centre for
Human Rights)
Leili Kashani (the Center for Constitutional
Rights)
Frida Berrigan (Witness Against Torture)
Ozturk Turkdogan (General President, Human
Rights Association-Turkey)
Yavuz Onen (Former President of Human Rights
Foundation of Turkey, human rights activist)
Yusuf Alatas (Vice President, FIDH)
Fr. Bob Bossie (SCJ, 8th Day Center For Justice)
Michael P. Seng (Professor, The John Marshall
Law School)
Medea Benjamin (CODEPINK Women for Peace)
Leonard Goodman (Attorney)
Michael Berube (Pennsylvania State University,
Director – Institute for the Arts and Humanities)
Alice Kessler-Harris (Columbia University, Dept.
of History)
Tom Hayden (Peace and Justice Resource Center)
Ellen Schrecker (Yeshiva University, Dept. of
History)
Gregory Friedd (Suffolk University, Department
of Philosophy)
Noam Chomsky (Author, Former Institute
Professor, MIT)
Nancy Fraser (The New School, Dept. of Political
Science)
Todd Gitlin (Columbia University, Professor of
Journalism and Sociology)
Anna Marie Smith (Cornell University, Dept. of
Government)
Richard Flacks (University of California at
Santa Barbara, Dept. of Sociology)
Eli Zaretsky (The New School, Dept. of History)
John D’Emilio (The University of Illinois at
Chicago, Gender & Women’s Studies and History)
Maurice Isserman (Hamilton College, Professor of
History)
Jodi Dean (Hobart and William Smith College,
Dept. of Political Science)
William Blum (Author)
Andrew Arato (The New School, Dept. of Politics)
Richard Bernstein (The New School, Dept. of
Philosophy)
Lawrence Wittner (The State University of New
York at Albany, Dept. of History)
David Newbury (Smith College, Dept. of History)
Van Gosse (Franklin and Marshall College, Dept.
of History)
Jinee Lakoneeta (Drew University, Dept. of
Political Science)
Nicola Foote (Florida Gulf Coast University,
Latin American and Caribbean History)
Timothy Patrick McCarthy (Harvard University,
Carr Center for Human Rights Policy)
Jay Bernstein (The New School, Dept. of
Philosophy)
Paul Apostolidis (Whitman College, Dept. of
Political Science)
Timothy Kaufman-Osborn (Provost and Dean of the
Faculty, Whitman College)
Stephen Duncombe (The Gallatin School, New York
University, Media Studies)
Neil Gordon (Author, The New School, Dept. of
English)
Jeremy Varon (The New School, Dept. of History)
Michael S. Foley (Sheffield University, UK,
Dept. of History)
Alyson Cole (Queens College and the CUNY
Graduate Center, Political Science Department and Women’s Studies Program)
Roxanne Dunbar Ortiz (California State
University, Professor Emerita) Oz Frankel (The New School, Department of
History)
Ian Lekus (Harvard University)
Cyrus Bina (University of Minnesota,
Distinguished Research Professor of Economics)
Ben Sheperd (City University of New York, Department
of Sociology) William Ayers (University of Illinois at Chicago, Distinguished
Professor of Education)
Dan Berger (Postdoctoral Fellow, University of
Pennsylvania)
Amy Kaplan ( University of Pennsylvania,
Department of English) Victoria Langland (University of California at Davis,
Department of History)
Lauren Goodlad (Director, Unit for Criticism,
The University of Illinois at Champagne-Urbana)
John Morefield (Educational Consultant)
Romand Coles (Northern Arizona University,
Program for Community, Culture and Environment)
Robert Shaffer (Shippensburg University of
Pennsylvania, Department of History)
Mark Hatlie (University of Maryland University
College, Department of History)
Robby Cohen (New York University, Department of
Teaching and Learning)
David Lelyveld (William Patterson University,
Department of History) Michael J. Sullivan III (Drexel University, Professor of
History and Politics)
Michael Hanagan (Vassar University, Department
of History)
A. Tom Grunfeld ( Empire State College,
Distinguished Teaching Professor)
John M. Shaw (Portland Community College,
History Instructor)
Nicolas J S Davies (Author)
Scott Laderman (University of Minnesota, Duluth,
Department of History)
Avery Gordon (University of California at Santa
Barbara)
Dick Bennet (University of Arkansas,
Fayetteville, Professor Emeritus of English)
Keith Carson (Atlantic Cape Community College,
Department of History)
E. Wayne Ross (University of British Columbia,
Department of Curriculum and Pedagogy)
Michael C. Batinski (Department of History,
Emeritus)
Marc Becker (Truman State University, Professor
of History)
Marian Mollin (Associate Professor of History,
Virginia Tech)
Takao Takahara (Meiji Gakuin University, Japan,
International Politics and Peace Research)
Bruce Cohen (Worcester State University,
Department of History) Judith Abbott (Sonoma State University, Department of
History)
Stan Nadel (University of Portland)
Harriet Alonso (City College of New York,
Department of History)
Ralph Summy (University of Sydney, Centre for
Peace & Conflict Studies)
Kevin P. Clements (University of Otago, New
Zealend, National Centre for Peace & Conflict Studies)
Brad Simpson (Princeton University, History and
International Affairs) Astra Taylor (Independent Filmmaker)
Sam Green ( Independent Filmmaker)
Jeff Mangum (Musician;, Neutral Milk Hotel)
Andrew Boyd (The Other 98% and Agit-Pop
Communications)
Hilton Obenzinger (Author)
Doug Rossinow (Metropolitan State University)
Paul C. Mishler (Associate Professor of Labor
Studies, IU Program in Labor Studies- IUSB)
Richard Fedder (Civil Rights Attorney)
Toby Lieberman (Affordable Housing Loan Program
Director, Opportunity Fund, San Jose, CA)
Elsie Monge (CEDHU-Ecuador)
Cesar Duque (CEDHU-Ecuador)
Carolina Pazmiño (CEDHU- Ecuador)
Milton Vargas (CEDHU-Ecuador)
Consuelo Cano (CEDHU-Ecuador)
Alicia Granda (CEDHU-Ecuador)
Luisana Aguilar (CEDHU-Ecuador)
Susana Díaz (CEDHU-Ecuador)
Mario Chuquimarca (CEDHU-Ecuador)
Luis Acebal-Monfort (Board Member, Asociación
Pro Derechos Humanos de España-Human Rights Association of Spain)<
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