Nuevo libro: “Los abogados de Guantánamo”, y una charla a cargo de
Jonathan Hafetz
25 de octubre de 2009
Andy Worthington
Publicado el 9 de noviembre por NYU
Press (y disponible en Amazon),
The Guantánamo Lawyers: Inside a Prison, Outside the Law, está editado
por Mark Denbeaux (Facultad de Derecho de Seton Hall) y Jonathan Hafetz (ACLU)
y “contiene más de cien relatos personales de abogados que han representado a
detenidos recluidos en “GTMO”, así como en otras prisiones en el extranjero,
desde la base aérea de Bagram en Afganistán hasta cárceles secretas de la CIA o
“sitios negros””. Aquí se encuentra la página web del libro.
Se trata de un libro impactante, que abarca todas las facetas de la ilegal “guerra contra el
terrorismo” de la administración Bush, y es una lectura imprescindible para
cualquiera que desee conocer las historias de los hombres recluidos, contadas
por las únicas personas ajenas a la administración estadounidense (y al Comité
Internacional de la Cruz Roja) a las que se les ha permitido reunirse con
ellos. También es de un valor incalculable para cualquiera que quiera
comprender las luchas legales para garantizar los derechos de estos hombres y
conocer, de primera mano, el tipo de obstáculos que se han interpuesto en cada
paso del camino entre los abogados y sus clientes.
Según me contaron cuando se empezó a planificar el proyecto en 2007, puede considerarse la tercera parte de
una trilogía de libros dedicada a dar vida a los presos y a sus historias, con
el fin de contrarrestar la retórica deshumanizadora y sin fundamento de la
administración Bush. Esto comenzó con Poems from
Guantánamo, editado por Marc
Falkoff, que dio vida a los prisioneros a través de su poesía, y continuó
con mi libro The Guantánamo
Files, que contaba las historias de los prisioneros a través de sus
propios relatos, basados en gran medida en documentos publicados por el
Pentágono, informes de prensa y entrevistas.
El libro tampoco es el único resultado del arduo trabajo de Mark Denbeaux y Jonathan
Hafetz. Como señalan también los editores: “En el momento de la publicación
estará disponible un archivo en línea, alojado en las bibliotecas de la
Universidad de Nueva York, que contendrá los textos completos, así como otros
relatos aportados por abogados de Guantánamo. Los documentos estarán
disponibles gratuitamente en Internet para fines de investigación, enseñanza y
usos no comerciales, y se conservarán indefinidamente como colección
histórica”.
A modo de introducción al libro, reproduzco a continuación una conferencia impartida la semana pasada por
Jonathan Hafetz en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, que
ofrece una excelente introducción al libro y a sus temas.
“Guantánamo y el Estado de derecho”
Por Jonathan Hafetz
Conferencia en el Instituto
Harris, Facultad de Derecho de la Universidad de Washington
20 de octubre de 2009
Hace cuarenta años, Estados
Unidos llevó al primer hombre a la Luna, una hazaña que sigue siendo un símbolo
perdurable de promesa y posibilidad. Hoy, tras más de ocho años, Estados Unidos
parece incapaz de encontrar una solución al destino de unos 200 prisioneros que
languidecen en la bahía de Guantánamo que respete los valores más básicos de su
Constitución. ¿Cómo puede una nación capaz de lograr tanto ser incapaz de tan poco?
Tras su toma de posesión en enero, el presidente Obama anunció que Guantánamo
debía cerrarse en el plazo de un año, y que hacerlo era una exigencia tanto
de los valores de Estados Unidos como de su seguridad. Cuatro meses después, en
un discurso
pronunciado en los Archivos Nacionales —el lugar donde se conservan la
Declaración de Independencia y la Constitución—, Obama recordó al país que «la
existencia de Guantánamo probablemente ha creado más terroristas en todo el
mundo de los que jamás ha detenido». Ahora, sin embargo, es cada vez más
probable que no se cumpla la fecha prevista para el cierre, ya que altos
funcionarios de la Administración, tanteando el terreno político ante la
decepción que se avecina, han comenzado a citar una letanía de complicaciones
—algunas reales, otras imaginarias— para justificar el retraso previsto.
Sin duda, cerrar Guantánamo
no es fácil, sobre todo con un Congreso
decidido a poner obstáculos en forma de medidas presupuestarias inspiradas
en el síndrome NIMBY que restringen el traslado de detenidos a Estados Unidos,
incluso para su encarcelamiento en prisiones de máxima seguridad ya existentes.
Pero, seamos claros, tampoco es ciencia espacial. Como dijo recientemente un
funcionario europeo con frustración: “A Estados Unidos parece gustarle su Guantánamo.
Que se lo queden”.
Guantánamo representa todo lo que está mal —legalmente, moralmente y estratégicamente— en la “guerra
contra el terrorismo”. Se ha convertido en un icono de la detención ilegal, la
tortura y el secretismo. También se ha convertido en un escalofriante ejemplo
de hasta qué punto un gobierno está dispuesto a luchar para ocultar la verdad y
perpetuar una mentira.
¿De qué trata realmente Guantánamo?
Guantánamo trata de personas como Abdul
Matin, quien, junto con otros siete detenidos, estuvo encarcelado durante
años por llevar un reloj digital Casio barato. El motivo: esos relojes, que se
venden y llevan millones de personas en todo el mundo, resultaron haber sido
utilizados en el pasado por algunos terroristas como temporizadores en
atentados con bomba.
Guantánamo trata sobre personas como el ciudadano afgano Haji
Bismullah, a quien Estados Unidos tildó de «combatiente enemigo» y mantuvo
encerrado durante seis años a pesar de que había luchado junto a Estados Unidos
para derrotar a los talibanes y había ocupado un cargo como funcionario local
en el gobierno de transición de Afganistán. Bismullah había instado
repetidamente a Estados Unidos a ponerse en contacto con su hermano para
verificar su historia, pero Estados Unidos se negó.
Guantánamo se trata de presos como Mohammed
al-Qahtani, el ciudadano saudí que se convirtió en conejillo de indias para
el uso de las llamadas «técnicas de interrogatorio mejoradas» en Guantánamo.
Durante un periodo de dos meses, al-Qahtani fue interrogado entre 18 y 20 horas
al día y sometido a dolorosas posturas de estrés, desnudez forzada y privación
del sueño y sensorial. Si al-Qahtani se quedaba dormido, los interrogadores lo
rociaban con agua. Se utilizaron perros militares para asustarlo e intimidarlo.
Un interrogador le ató una correa al cuello a al-Qahtani y le obligó a realizar
una serie de trucos de perro. En un momento dado durante su interrogatorio,
al-Qahtani tuvo que ser trasladado al hospital y reanimado después de que su
frecuencia cardíaca bajara tanto que corría peligro de morir.
Guantánamo tiene que ver con los
uigures, un grupo de más de 20 musulmanes del noroeste de China vendidos
por cazarrecompensas al ejército estadounidense en Afganistán y trasladados al
otro lado del mundo, a Guantánamo. Estados Unidos se dio cuenta hace mucho
tiempo de que los uigures no eran terroristas y no representaban ningún peligro
para Estados Unidos, pero siguió tratándolos como «combatientes enemigos» para
apaciguar a los chinos. Ahora, Estados Unidos no puede enviar a los uigures a
casa porque serían perseguidos o asesinados. Por lo tanto, los mantiene
encerrados año tras año hasta que pueda encontrar un país dispuesto a
acogerlos, en lugar de asumir la responsabilidad de su error y reasentarlos aquí.
“Guantánamo” trata sobre Mohammed
Jawad, el joven afgano al que representé en su recurso de hábeas corpus
ante un tribunal federal. Jawad fue detenido en Afganistán en diciembre de 2002
por supuestamente lanzar una granada que hirió a dos militares estadounidenses
y a su intérprete. Jawad, que probablemente tenía entre 14 y 15 años en ese
momento, fue golpeado y amenazado por funcionarios afganos para que confesara
falsamente, y luego entregado a funcionarios estadounidenses que continuaron
con los abusos antes de enviarlo a Guantánamo. Allí continuaron los horrores: a
Jawad lo aislaron deliberadamente, le dijeron que nunca saldría de allí y lo
sometieron a una grave privación del sueño —conocida como el “programa de
viajero frecuente”—, en el que lo trasladaron 110 veces en 14 días. La
situación se agravó tanto que Jawad, que a menudo lloraba llamando a su madre,
intentó suicidarse golpeándose la cabeza contra la pared.
Guantánamo, en el fondo, se trata de los más de 750 hombres de más de cuarenta países que han estado
encarcelados allí desde enero de 2002 y de los más de 220 que siguen allí. Es
un lugar donde cientos de seres humanos han pasado cada uno más de 2000 días (y
sumando) entre rejas, a miles de kilómetros de su hogar y su familia, sin la
garantía más esencial de nuestra Constitución y nuestra tradición jurídica: un
juicio justo.
Los juicios, en esencia, giran en torno a la verdad y la justicia. En la Edad Media, los juicios se
celebraban mediante ordalías —en las que se obligaba al prisionero a someterse
a alguna prueba dolorosa, como caminar sobre brasas o ser sumergido en agua—
para demostrar su inocencia. Siglos más tarde, en Guantánamo, la administración
Bush ideó una nueva forma de llegar a la verdad: los “Tribunales de Revisión
del Estatus de Combatiente”, en los que a los presos que intentaban impugnar su
detención se les negaba incluso el derecho a un abogado, a ver las pruebas en
su contra y a llamar a testigos a su favor, así como a un juez imparcial. Lo
que estaba en juego no podía ser más importante y el
proceso, más deficiente —incluso peor que el que se recibe en mi ciudad
natal, Brooklyn, para impugnar una multa de aparcamiento—. La administración
Bush también ideó las “comisiones
militares” —que ahora están en su tercera iteración (hablamos de ponerle
lápiz de labios a un cerdo)—, las cuales durante mucho tiempo admitieron
pruebas obtenidas mediante tortura y otros abusos, y cuyas normas pueden
describirse mejor como «inventadas sobre la marcha». Los resultados no son
menos arbitrarios que los juicios medievales por ordalía. Pero sin duda son
peores en el sentido de que —ahora, en el siglo XXI y cientos de años después
de la Ilustración y la Revolución Americana— no solo sabemos más, sino que
contamos con el sistema de nuestros tribunales penales ordinarios, probado por
el tiempo, que hemos dejado de lado.
Guantánamo es objeto de tres sentencias históricas del Corte Suprema: Rasul contra Bush, Hamdan
contra Rumsfeld y Boumediene
contra Bush, que ahora forman parte de los libros de casos y los planes
de estudios de las facultades de Derecho. Es objeto de numerosas resoluciones
de tribunales inferiores; de una cobertura mediática casi diaria; y de cientos
de libros y artículos académicos, a los que se sumarán muchos más. Todos ellos,
de una forma u otra, tratan de abordar el tema de Guantánamo, comprender su
significado y explicar su importancia.
Si el caso de Guantánamo pudiera resumirse en unas pocas ideas fundamentales, estas sin duda estarían
entre ellas. Guantánamo trata de las terribles consecuencias de crear una
prisión al margen de la ley: un lugar donde los presos carecen de derechos y
los tribunales no tienen cabida. Guantánamo trata también de la humanidad del
hombre hacia el hombre, y de la facilidad con la que incluso los principios más
preciados pueden abandonarse ante el canto de sirena de la “seguridad nacional”
y la “seguridad pública”. El objetivo de proteger al país de nuevos ataques no
es erróneo. Pero los medios empleados no pueden justificar todo lo que se hace
en su nombre. Como nos recordó recientemente el juez Kennedy, “la seguridad
subsiste también en la fidelidad a los principios fundamentales de la
libertad”, entre los que destaca “la libertad frente a la restricción
arbitraria e ilegal y la libertad personal que se garantiza mediante la
adhesión a la separación de poderes”. Pero Guantánamo no se reduce simplemente
a una búsqueda mal orientada de la seguridad. En muchos casos, el objetivo en
sí mismo no ha sido mantener la seguridad de la nación, sino encubrir errores,
abusos e ilegalidades para evitar la vergüenza y eludir la rendición de cuentas.
El hecho de que Guantánamo haya permanecido abierto durante tanto tiempo, de que los presos hayan
permanecido recluidos sin cargos ni juicio durante tantos años, y de que este
sistema haya sido respaldado por tantas personas (tanto dentro como fuera del
Gobierno), es en sí mismo profundamente preocupante. Puede que la creación de
Guantánamo fuera obra de una camarilla de funcionarios del presidente Bush.
Pero su existencia continuada no puede achacarse a una sola persona o a un
grupo concreto de personas. Que Guantánamo siga existiendo, parafraseando a
Hannah Arendt, es un recordatorio de la banalidad de la injusticia.
Pero hay que tener cuidado de no centrarnos de forma demasiado limitada en Guantánamo como lugar. Porque
Guantánamo es, y siempre ha sido, más que una simple prisión. Su realidad no
reside en el ladrillo y el cemento, en los muros de acero y la alambrada, ni en
su ambiente frío, inhóspito y aséptico. Guantánamo es un sistema, uno de detención
indefinida, abierta y sin límites, al margen de las garantías básicas de
nuestra Constitución. Por eso, el simple cierre de la prisión de Guantánamo,
por importante que sea, no es suficiente. Guantánamo, el sistema, debe ser erradicado.
En la práctica, esto implica varias cosas. Significa que los presos que quedan en Guantánamo deben
ser acusados sin demora y juzgados en nuestros tribunales federales, o bien
puestos en libertad. Significa que Estados Unidos debe dejar de alegar que
puede detener a sospechosos de terrorismo —capturados en cualquier parte del
mundo— sin cargos ni juicio. También significa que Estados Unidos debe dejar de
crear “nuevos Guantánamos”, como está haciendo en el Centro
de Internamiento de Bagram, en Afganistán, donde, al igual que en
Guantánamo, se arroga la facultad de detener a personas sin revisión de hábeas
corpus. Y deben garantizar no solo que se abolirá la tortura (como el
presidente Obama ha tomado medidas para hacer), sino que se adopten medidas por
los abusos cometidos en el pasado, tanto en forma
de exigir responsabilidades a los culpables como de garantizar la
posibilidad de indemnización para las víctimas, en lugar de cerrar las puertas
de los tribunales al clasificar
la tortura como “secreto de Estado”.
¿En quién podemos confiar? No podemos dejarlo en manos del poder ejecutivo, que creó Guantánamo para
mantener y ampliar sus poderes. Y ni siquiera en un poder ejecutivo, como el
actual, que profesa fidelidad a los principios constitucionales, pues el deseo
de traspasar los límites de esos límites siempre se pondrá a prueba,
especialmente en el contexto de la seguridad nacional.
No es el Congreso, que ha decepcionado una y otra vez: desde que aprobó en dos ocasiones leyes (la Ley sobre el Trato
a los Detenidos y la Ley de Comisiones Militares) para privar a los detenidos
de cualquier derecho a una revisión judicial efectiva mediante la supresión del
hábeas corpus, hasta sus últimos intentos de tratar Guantánamo como un arma
arrojadiza política en lugar de la vergüenza política que es.
Esto no quiere decir que debamos renunciar a los poderes políticos, que cuentan con hombres y mujeres
comprometidos con encontrar soluciones que respeten los derechos en materia de
seguridad nacional, incluidos muchos en las instituciones militares y de
inteligencia. Más bien, quiere decir que, incluso cuando se les presiona y se
les empuja, podemos esperar que los poderes políticos hagan lo correcto (y a
veces lo harán), pero nunca podemos contar con ello.
El fin de Guantánamo —no solo la prisión, sino el sistema— dependerá en última instancia de ustedes,
estudiantes de Derecho y futuros miembros de la profesión jurídica. Dependerá
de su capacidad para defender la Constitución e insistir en que la justicia
estadounidense no es simplemente un ideal, sino una realidad. Dependerá de la
función que desempeñen, ya sea en el sector público o en el privado.
Como abogados, el litigio siempre será una de las herramientas más importantes de vuestro arsenal. El
litigio es importante por varias razones, pero, sobre todo, por la posibilidad
de impugnar ante los tribunales las actuaciones ilegales del Gobierno. Hasta
ahora, el poder judicial ha sido el único poder que se ha enfrentado a
Guantánamo, plantando para los excesos, la intransigencia y el secretismo del
Gobierno. Pero lograr resultados en los tribunales solos es posible mediante
una defensa enérgica, lo cual es especialmente cierto en el contexto de la
seguridad nacional.
Durante siete años, la administración Bush luchó para impedir que cualquier detenido de Guantánamo
obtuviera un juicio justo: primero, alegando que los detenidos no tenían
derecho al hábeas corpus; luego, después de que el Corte Suprema rechazara ese
argumento en el caso Rasul, recurriendo a la ayuda del Congreso mediante
la aprobación de una ley que limitaba las competencias de los tribunales.
Finalmente, en junio de 2008, el Tribunal Supremo dictaminó en el caso Boumediene
que los detenidos tenían el derecho constitucional al hábeas corpus y ordenó
que se les concediera lo que hasta entonces se les había negado: un juicio justo.
Desde entonces, las vistas han comenzado a celebrarse, de forma lenta pero segura, en el tribunal federal
de distrito de Washington, D.C. Los resultados han desmentido
para siempre la mentira, perpetuada por los funcionarios de la administración
Bush, de que todos los detenidos allí representan “lo peor de lo peor”. El
proceso de hábeas corpus que se está desarrollando ahora en Washington dice
mucho, por un lado, de la capacidad de nuestro sistema para cometer injusticias
y, por otro, de la importancia de los tribunales y de la defensa comprometida
para combatirlas.
En 30 de las 38 resoluciones dictadas hasta la fecha, los jueces han dictaminado que las
detenciones son ilegales, es decir, que no hay fundamento para retener a los
presos como «combatientes enemigos». El peso de esta estadística no radica
simplemente en su importancia numérica —aunque esa cifra en sí misma es
asombrosa si se compara con la elevada tasa de éxito de los fiscales
estadounidenses a la hora de obtener condenas en los procesos penales
(especialmente teniendo en cuenta la mayor carga de la prueba y las normas
probatorias más rigurosas en los casos penales)—. El peso radica también en el
contenido de esas resoluciones y en lo que los jueces están diciendo sobre la
forma en que el Gobierno de EE.UU. ha encarcelado a tantas personas durante
tanto tiempo con pruebas tan escasas.
Tomemos como ejemplo a la jueza
Ellen Huvelle en el caso de Mohammed Jawad, antes de ordenar la puesta en
libertad de Jawad tras su detención ilegal: “Siete años y su caso está plagado
de lagunas”, dijo a los abogados del Departamento de Justicia tras excluir las
pruebas del Gobierno por ser fruto de la tortura y denegar otra solicitud más
del Gobierno para aplazar el proceso. “Este caso es una vergüenza”.
O los comentarios de la jueza Coleen Kollar-Kotelly, al
ordenar la puesta en libertad del detenido kuwaití Fouad Mamoud al-Rabiah
tras siete años de encarcelamiento ilegal: “El Tribunal no está dispuesto a dar
crédito a unas confesiones que el Gobierno ni siquiera puede defender como
verosímiles”. Al analizar los hechos en profundidad, Kollar-Kotelly concluyó
que las “confesiones” de al-Rabiah eran el resultado de técnicas de interrogatorio
severas, entre las que se incluían advertencias de que al-Rabiah nunca podría
regresar a Kuwait si no confesaba, y de que “nadie sale de Guantánamo inocente”.
O los comentarios del juez Richard Leon, quien años antes había afirmado que los detenidos de Guantánamo
ni siquiera tenían derecho a comparecer ante el tribunal, pero que desde
entonces se ha visto desconcertado por lo escasas que son en realidad las
pruebas del Gobierno. En un caso en el que el Gobierno había seguido
defendiendo la detención de un preso, Abdulrahim
Abdul Razak Janko [alias al-Ginco], a pesar de que Janko había sido
torturado por Al Qaeda y encarcelado por los talibanes durante 18 meses como
espía, Leon señaló al Gobierno: Su postura “desafía el sentido común”.
Sin embargo, en Guantánamo, la justicia siempre es una lucha cuesta arriba e incluso cuando se gana, se
puede perder. Muchos de esos 30 que han ganado sus audiencias siguen recluidos
en la prisión porque no pueden regresar a sus hogares y Estados Unidos insiste
en mantenerlos encarcelados año tras año, en lugar de traerlos a este país
hasta que se pueda organizar su reasentamiento en un tercer país. A menos que
el derecho de hábeas corpus incluya el derecho a ser liberado de una detención
ilegal, se convierte en letra muerta.
Me gustaría terminar, sin embargo, con una nota positiva, mencionando un posible rayo de esperanza en la
nube negra de Guantánamo.
Guantánamo se basaba en la idea de que el presidente podía crear una categoría de personas y espacios al
margen de la ley: que podía llevar a individuos a una isla ultramarina y
negarles la protección jurídica simplemente porque esos individuos no eran
ciudadanos estadounidenses y el territorio no formaba parte oficialmente de los
Estados Unidos (aunque, como Guantánamo, estuviera bajo la jurisdicción y el
control total y exclusivo de Estados Unidos desde hacía mucho tiempo).
En última instancia, el Corte Suprema rechazó ese argumento. Es fundamental señalar que no se limitó a
rechazar el argumento en el caso de Guantánamo, sino que afirmó que los
derechos constitucionales fundamentales, como el hábeas corpus, podían extenderse
a cualquier lugar en el que Estados Unidos encarcelara a alguien. “El criterio
para determinar el alcance de [la cláusula de suspensión de la Constitución]”,
afirmó el juez Kennedy en el pasaje más importante de la sentencia, “no debe
estar sujeto a la manipulación de aquellos cuyo poder está destinado a restringir”.
Con el objetivo de limitar la Constitución, Guantánamo ha desencadenado su posible reconceptualización y
ampliación. Ha insuflado nueva vida a la idea de una Constitución
transnacional, capaz de hacer frente a las detenciones arbitrarias, la tortura
y otras acciones gubernamentales ilegales, independientemente del lugar en que
se produzcan. Partiendo de la idea de que los no ciudadanos carecen incluso de
los derechos constitucionales básicos, Guantánamo ha reforzado la proposición
de que el hábeas corpus —y una oportunidad significativa para impugnar el
propio encarcelamiento— es un derecho de todas las personas, no solo de los
ciudadanos estadounidenses, acercando así la Constitución de los Estados Unidos
al espíritu y la letra de las normas de derechos humanos. Diseñado para
explotar el derecho internacional mediante la invocación selectiva del derecho
de la guerra, Guantánamo ha puesto de relieve su importancia, así como los
peligros de ignorar las obligaciones de Estados Unidos en virtud de los
Convenios de Ginebra.
Queda por ver si Estados Unidos aprenderá finalmente de sus errores y sacará algo positivo de la
catástrofe jurídica, moral y humana de Guantánamo. Pero una cosa es segura:
para que esto suceda —para que Estados Unidos luche contra el terrorismo sin
dejar de ser fiel a su Constitución y a sus valores— dependerá del trabajo de
los futuros abogados para hacer realidad los ideales de justicia y derechos humanos.
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