Mientras el terrorista de los calzoncillos es condenado a cadena
perpetua en un tribunal federal, la obsesión de los legisladores por los
juicios militares parece una idiotez
23 de febrero de 2012
Andy Worthington
El pasado jueves 16 de febrero, Umar Farouk Abdulmutallab, el llamado "terrorista de
la ropa interior", fue condenado
a cadena perpetua en un tribunal de Detroit. Abdulmutallab, de nacionalidad
nigeriana, había intentado hacer estallar un avión con destino a Detroit el día
de Navidad de 2009, sin conseguirlo, sufriendo graves quemaduras cuando la
bomba no detonó.
Tras ser detenido, se le leyeron sus derechos Miranda y fue interrogado sin coacción por el FBI, pero
esto no era aceptable para los partidarios de la tortura, que procedieron a
demostrar que se estaba abriendo una nueva fase de alarmismo y paranoia en lo
que, para entonces, deberían haber sido los últimos días de la "guerra
contra el terror".
En este nuevo espíritu de histeria, el descubrimiento de que había sido reclutado para su fallida misión
en Yemen dio lugar a un coro de peticiones de que no se liberaran más presos de
Guantánamo en Yemen, desde el Senador Joe
Lieberman (I-CT), el Rep. Peter Hoekstra (R-Mich. Peter Hoekstra
(republicano de Michigan), Peter King (republicano de Nueva York) e incluso
Bennie Thompson (demócrata de Mississippi), presidente de la Comisión de
Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, que declaró a Politico:
"En cuanto a enviar a más de ellos de vuelta a Yemen, sería un poco
exagerado. Yo, como mínimo, diría que cualquier cosa que estuviera a punto de
hacer tendríamos al menos que fregarla de nuevo de arriba abajo".
En respuesta a la histeria, el presidente Obama decretó
una moratoria sobre la liberación de más yemeníes de Guantánamo,
explicando, en una rueda de prensa el 5 de enero de 2010, sólo once días
después del ataque fallido: "He hablado con el fiscal general y hemos
acordado que no transferiremos más detenidos de vuelta a Yemen en este momento."
Con una
excepción, esa prohibición sigue en vigor, sin que haya indicios de cuándo
se levantará, si es que se levanta, lo que significa que los yemeníes cuya puesta
en libertad ha autorizado el Equipo de Trabajo de Revisión de Guantánamo de
interinstitucional del propio presidente -58 hombres en total- pueden
permanecer recluidos para siempre, aunque algunos de ellos fueron autorizados
por primera vez bajo el
mandato del presidente Bush en 2004, y a pesar de que mantener recluidos a
hombres cuya puesta en libertad ha sido autorizada es una burla a cualquier
noción de justicia, y sólo demuestra que, en su reacción exagerada a los acontecimientos
del día de Navidad de 2009, el gobierno estadounidense está dispuesto a seguir
reteniendo a hombres sobre la base de lo que sólo puede describirse como
"culpabilidad por nacionalidad".
Seis días después del atentado fallido, Rasmussen,
de forma alarmante, descubrió que el 58% de los estadounidenses creía que
Abdulmutallab debería haber sido sometido a submarino, a pesar de que, en marzo
de 2009, el fiscal general Eric Holder había declarado correctamente: "El
submarino es tortura. Mi Departamento de Justicia no lo justificará, no lo
racionalizará y no lo condonará". Luego, en el Washington
Post, otro crítico del trato dado a Abdulmutallab, Charles Krauthammer,
decidió denunciar a Holder por no haber enviado a Abdulmutallab a Guantánamo.
Holder contraatacó. "Lo que hicimos es totalmente coherente con lo que ha ocurrido en todos
los casos similares" desde el 11-S, declaró a Jane Mayer, del New
Yorker, en febrero de 2010, y añadió: "Hay un deseo de ignorar los
hechos para intentar apuntarse tantos políticos. Es un poco chocante".
Mayer también declaró: "Sin excepción, señaló, todos los sospechosos de
terrorismo detenidos anteriormente dentro del país habían sido tratados como
delincuentes civiles." Un alto funcionario de seguridad nacional de la
Casa Blanca apoyó la postura de Holder, explicando: "¡Es una fantasía!
¿Bajo qué sistema legal alternativo pueden las Fuerzas de Operaciones
Especiales volar a Detroit y llevarse a alguien sin supervisión judicial?".
Kate Martin, directora del Centro de Estudios de Seguridad Nacional, en Washington D.C., añadió que la
propuesta que los militares "simplemente agarren a sospechosos dentro de
EE.UU. y los retengan sin cargos ni audiencia" era inaceptable porque
"viola la Constitución, que se extiende a todos dentro de EE.UU.. No se
puede detener a nadie sin causa probable. Tienes derecho al debido proceso y a
ser juzgado por un jurado de tus iguales, lo que no es una comisión militar."
Mayer señaló, acertadamente, que la confusión puede haber sido generada por el trato dado por
George W. Bush al ciudadano estadounidense José
Padilla y al residente legal en Estados Unidos Ali
al-Marri, ambos "detenidos en Estados Unidos por funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley y acusados de delitos penales", pero a
los que el Presidente Bush declaró "combatientes enemigos" y mantuvo
y torturó bajo custodia militar. Tras señalar que "ninguno de los dos
sospechosos proporcionó información de inteligencia útil", Mayer explicó
que, después de que la postura de la administración fuera impugnada ante los
tribunales, el Presidente Bush, que "no estaba dispuesto a arriesgarse a
una derrota ante el Tribunal Supremo, devolvió a los sospechosos al sistema
civil", donde finalmente fueron juzgados, condenados y sentenciados.
Resulta alarmante que la paranoia que comenzó con la captura de Abdulmutallab condujera directamente a
las disposiciones más desoladoras de la reciente Ley de Autorización de la
Defensa Nacional, en la que los legisladores obligaban a mantener bajo custodia
militar obligatoria, potencialmente de por vida, sin cargos ni juicio, a
todos los sospechosos de terrorismo presuntamente asociados con Al Qaeda.
El presidente Obama declaró no estar dispuesto a seguir estas disposiciones (aunque firmó la NDAA para
convertirla en ley), y no se sabe con certeza si algún presidente en el futuro
conseguirá retener a ciudadanos o residentes estadounidenses bajo custodia
militar sin provocar que el Corte Suprema se pronuncie en contra (como era el
temor de Bush con respecto a José Padilla y Ali al-Marri), pero ahora es la
ley, y la aprobación de la NDAA fue un día terrible para la justicia en Estados Unidos.
La exitosa condena de Umar Farouk Abdulmutallab debería haber demostrado lo desproporcionadas e injustas
que habían sido las numerosas respuestas a su captura: el apoyo a Guantánamo,
el apoyo al submarino, la consagración en la legislación estadounidense de la
custodia militar obligatoria para los sospechosos de terrorismo. Es
decepcionante, pero no inesperado, que apenas se haya mencionado esto, si es
que se ha mencionado, desde que se dictó la sentencia.
Sin embargo, hay otra respuesta a la sentencia de Abdulmutallab que tampoco debe pasarse por alto, y
es cómo contrasta con la evolución actual de las comisiones militares en
Guantánamo. Este sistema alternativo de juicios, sacado por primera vez de los
libros de historia por Dick Cheney en noviembre de 2001, se encuentra ahora en
su tercera encarnación, después de que el Congreso declarara ilegal la versión
de Cheney en 2006, y de que el presidente Obama decidiera entonces juguetear
con el sustituto del Congreso en 2009, en lugar de enviarlo al desguace, como
le aconsejaron
los expertos en cuestiones jurídicas y militares.
Fue un gran error, ya que permitió a los detractores de los juicios ante tribunales federales impugnar
con éxito el juicio ante tribunales
federales previsto contra Khalid Sheikh Mohammed y otros cuatro hombres
acusados de estar implicados en los atentados del 11-S (en los que,
casualmente, Eric Holder había apostado su credibilidad) y, por supuesto, la
resurrección de las comisiones también alimentó la histeria en torno a Umar
Farouk Abdulmutallab.
Desde la reactivación de las comisiones, el gobierno de Obama ha obtenido
tres resultados satisfactorios, pero sólo mediante la negociación de
acuerdos de culpabilidad, con dos presos sudaneses, Ibrahim al-Qosi (cocinero
en Afganistán) y Noor Uthman Muhammed (instructor en un campo de
entrenamiento), y también con Omar Khadr, ciudadano canadiense y ex niño preso
cuya condena fue una vergonzosa parodia de justicia y una traición a cualquier
idea de que Estados Unidos o Canadá están comprometidos con los derechos de los
niños soldados.
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Desde entonces, se han dado tímidos pasos hacia el procesamiento de Abd
al-Rahim al-Nashiri, un saudí recluido durante más de nueve años, incluidos
cuatro en prisiones secretas de la CIA, donde, al principio, fue sometido a
ahogamiento simulado, y, la semana pasada, los fiscales militares anunciaron
que acusaban a Majid
Khan, otro de los 14 "detenidos de alto valor" trasladados a
Guantánamo desde prisiones secretas de la CIA en septiembre de 2006. Khan, ciudadano
paquistaní que ahora tiene 31 años, vivió de niño en los suburbios de
Baltimore, donde se graduó en el instituto en 1999, y luego pasó algún tiempo
trabajando en gasolineras propiedad de su familia. Sin embargo, tras regresar a
Pakistán, se unió presuntamente a Al Qaeda, trabajando con Khalid Sheikh
Mohammed, y está acusado de conspirar para hacer estallar depósitos
subterráneos de combustible en Estados Unidos, conspirar para asesinar al
presidente Musharraf y supuestamente entregar 50.000 dólares a un grupo de Al
Qaeda en Indonesia.
Queda por ver si todo esto es cierto o no, al igual que la posibilidad de que se esté preparando a Khan
para un acuerdo con la fiscalía, que implicará que sea testigo contra Khalid
Sheikh Mohammed. Poco se sabe de él porque, vergonzosamente, todas y cada una
de las palabras intercambiadas entre los 14 "detenidos de alto valor"
y sus abogados durante los últimos cinco años siguen siendo confidenciales, por
lo que sus abogados no han podido facilitar al público ninguna información
sobre ellos.
Lo que está claro, sin embargo, es que hay razones para creer que Majid Khan fue sometido a tortura
tras su captura en Pakistán en marzo de 2003 y que, por tanto, el caso contra
él puede no ser fiable. Como expliqué en un
artículo de julio de 2007, basándome en el proceso de revisión militar (el
Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente) que Khan llevó a cabo en
Guantánamo en 2007, su padre, Ali, escribió al tribunal, y así es como describí
sus declaraciones:
"Si creen que ha hecho algo malo, muéstrenme las pruebas. Acúsenle de un delito y sométanle a un juicio
justo en un tribunal de verdad. Este tribunal no es un tribunal de verdad... Es
sólo un espectáculo y probablemente el resultado ya esté decidido". Y
añadió: "Cualquier cosa que haya confesado o que otros presos hayan dicho
sobre él también debe considerarse sospechosa, porque es probable que hayan
sido torturados o forzados a declarar. En estas circunstancias, ¿cómo podría
alguien creer lo que dice el gobierno sobre mi hijo?"
En pasajes que, sorprendentemente, no fueron redactados, Ali Khan describió la tortura de Majid a manos de agentes
estadounidenses y paquistaníes, explicando que "tras ocho días de
interrogatorio por parte de agentes estadounidenses y paquistaníes", se
permitió a su hijo Mohammed ver a Majid, que "tenía un aspecto terrible y
estaba muy, muy cansado", y procedió a explicar a su hermano que "los
estadounidenses lo torturaron durante ocho horas seguidas, atándolo fuertemente
en posiciones de tensión en una pequeña silla hasta que se le entumecieron las
manos, los pies y la mente", pies y mente", que "lo volvían a
atar a la silla cada hora, apretando cada vez más las ataduras de manos y pies
para que fuera más doloroso", y que "lo golpeaban
repetidamente", lo sometían a privación del sueño y, cuando no lo
interrogaban, lo mantenían en una pequeña celda infestada de mosquitos, que
estaba "totalmente a oscuras y era demasiado pequeña para que pudiera
tumbarse o sentarse con las piernas estiradas"."
En el testimonio de Ali, la declaración más devastadora fue la siguiente: "Esta tortura sólo cesó
cuando Majid accedió a firmar una declaración que ni siquiera se le permitió
leer", aunque también señaló que la tortura se reanudó cuando "fue
incapaz de identificar ciertas calles y barrios de Karachi que no conocía."
Esto es inquietante, pero no inesperado, por supuesto, porque todos los "detenidos de alto valor" fueron sometidos
a tortura. Lo que llama la atención, sin embargo, cuando se compara el caso de
Majid Khan con el de Umar Farouk Abdulmutallab, es la petición del padre de
Khan de "un juicio justo en un tribunal de verdad", que todavía no es
algo que pueda garantizarse ni remotamente, casi nueve años después de su
captura, y cinco años desde que esa petición fue hecha por su padre.
En cambio, Umar Farouk Abdulmutallab, que no fue torturado ni sufrió malos tratos, fue condenado a
cadena perpetua poco más de dos años después de su captura. Quienes apoyan
Guantánamo, la tortura y la custodia militar obligatoria de los sospechosos de
terrorismo deberían aprender de esto que sus deseos no sólo son injustos, sino
también contraproducentes.
POSTSCRIPT: Hoy (23 de febrero), el Washington
Post anunció que Khan, cuya esposa e hija viven en Pakistán, había
"llegado a un acuerdo con los fiscales militares que lo obliga a
testificar en los juicios de otros detenidos a cambio de una sentencia muy
reducida y su eventual libertad, según funcionarios familiarizados con el
caso". El Post añadió: "En los últimos días, Khan, ciudadano paquistaní
que residía legalmente en Estados Unidos, fue trasladado fuera del Campo 7 de
máxima seguridad, que alberga a los detenidos de alto valor, en previsión de
una comparecencia la próxima semana en la que se declarará culpable, dijeron
los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato antes de la vista."
El Post también señaló: "Khan ha aceptado, si se le solicita, testificar en los juicios de
la comisión militar en los próximos cuatro años, y entonces sería elegible para
ser transferido a Pakistán en algún momento después de eso, dijeron los
funcionarios. [No quisieron especificar la cantidad de tiempo que Khan
cumpliría si cumplía sus obligaciones en virtud del acuerdo".
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