Mi mensaje a Obama: Gran discurso, pero nada de comisiones militares ni
de "detención preventiva"
21 de mayo de 2009
Andy Worthington
En primer lugar, el Presidente no ha perdido ni un ápice de su capacidad oratoria. Su discurso
de seguridad nacional de hoy, en el que ha buscado -y creo que en gran
medida encontrado- el equilibrio adecuado con respecto al horrible legado de
Guantánamo, ha estado bien elaborado y pronunciado. Ha rechazado con delicadeza
a los
miedosos de ambos partidos que recientemente han intentado sacar provecho
político de Guantánamo, ha expuesto los hechos sobre la prisión con una
claridad admirable, ha hecho un elocuente llamamiento a la unidad de todos los
partidos en esta cuestión tan acuciante y ha explicado sus propuestas de
solución de forma exhaustiva.
Analizo estos puntos en el artículo que sigue, pero aunque creo que este discurso ayudará al Presidente a
ganar puntos frente a quienes, últimamente, han estado tratando de socavarle,
también tengo que señalar que, en dos cuestiones -el uso de Comisiones
Militares y la propuesta de introducir una forma de "detención preventiva"-
ninguna elocuencia puede erosionar mi implacable oposición a ambas sugerencias.
El Presidente empezó siendo abiertamente crítico con sus predecesores, quienes, "ante una amenaza
incierta... tomaron una serie de decisiones precipitadas". Aunque esas
decisiones estaban "motivadas por un sincero deseo de proteger al pueblo
estadounidense", dejó claro que muchas de ellas estaban "basadas en
el miedo más que en la previsión" y, curiosamente, señaló que la
administración Bush "con demasiada frecuencia recortó hechos y pruebas
para adaptarlos a predisposiciones ideológicas", una afirmación que parece
referirse a la insuficiencia de las pruebas contra numerosos presos de
Guantánamo, sobre la que llevo escribiendo más de tres años y que he destacado
en dos artículos
recientes.
Obama procedió a señalar que la administración Bush también había dejado de lado los principios
fundamentales de Estados Unidos "como lujos que ya no podíamos
permitirnos", pero también extendió la responsabilidad de permitir que
esto sucediera a "políticos, periodistas y ciudadanos", que todos
"callaron" en esta "temporada de miedo".
"En otras palabras", prosiguió, "nos desviamos del camino", y sugirió que
el pueblo estadounidense se había dado cuenta de ello cuando "designó
candidatos a la Presidencia de los dos grandes partidos que, a pesar de
nuestras muchas diferencias, pedían un nuevo enfoque: un enfoque que rechazara
la tortura y reconociera la necesidad imperiosa de cerrar la prisión de Guantánamo".
Pasando a lo concreto, Obama defendió la prohibición absoluta del uso de la tortura -aunque, por
supuesto, no mencionó algunas reservas sobre las lagunas de esta política que
analicé aquí-
y refutó sin reservas las afirmaciones de que el submarino
fuera necesario o útil (un estribillo conocido, pero especialmente centrado ahora
en Dick
Cheney, que parece estar en una gira interminable sobre la tortura).
"Sé que algunos han argumentado que métodos brutales como el submarino era
necesario para mantenernos a salvo", dijo, pero añadió: "No podría
estar más en desacuerdo. Como Comandante en Jefe, ve la inteligencia, tengo la
responsabilidad de mantener seguro a este país, y rechazo la afirmación de que
estos son los medios más eficaces de interrogatorio."
Sobre Guantánamo, Obama y su equipo sin duda habían investigado. El Presidente mencionó en dos ocasiones
que los juicios de la administración Bush ante la Comisión Militar sólo habían
dado lugar a tres condenas en siete años, y que 525 presos fueron liberados de
la prisión bajo la presidencia de su predecesor, y procedió a hacer hincapié en
que estaba "limpiando algo que es -simplemente- un desastre; un
experimento equivocado que ha dejado a su paso una avalancha de desafíos legales
con los que mi Administración se ve obligada a lidiar de forma constante, y que
consume el tiempo de funcionarios del Gobierno cuyo tiempo debería dedicarse a
proteger mejor a nuestro país".
Destacando que «el problema de qué hacer con los detenidos de Guantánamo no fue causado por mi
decisión de cerrar las instalaciones; el problema existe debido a la decisión
de abrir Guantánamo en primer lugar», Obama señaló que “los retos legales que
han suscitado tanto debate en las últimas semanas” —la orden judicial de
liberar a 17
uigures en Estados Unidos y la sentencia del Corte Suprema de 2006 sobre la
invalidez de las comisiones militares— se habían producido bajo la
administración Bush y, en el caso del Corte Suprema, en un tribunal «nombrado
en su gran mayoría por presidentes republicanos”. Esto era cierto, pero el
énfasis que puso en ello le permitió convenientemente eludir
la responsabilidad de no haber intervenido para impedir que un tribunal de
apelación revocara vergonzosamente la sentencia sobre los uigures hace apenas
tres meses.
Una vez establecido este contexto, Obama criticó abiertamente “algunas de las campañas
de miedo que surgen cada vez que discute este tema”, y añadió: “Al escuchar el
debate reciente, he oído palabras que están calculadas para asustar a la gente
en lugar de educarla; palabras que tienen más que ver con la política que con
la protección de nuestro país”. Explicando que “quiero resolver estos
problemas, y quiero resolverlos juntos como estadounidenses”, insistió en que
“la respuesta equivocada es fingir que este problema desaparecerá si mantenemos
un statu quo insostenible”, y añadió: “Nuestros intereses de seguridad no lo
permitirán. Nuestros tribunales no lo permitirán. Y tampoco debería permitirlo
nuestra conciencia”.
Pasando a las cuestiones específicas relacionadas con el cierre de Guantánamo, Obama comenzó
asegurando a los posibles críticos que «no vamos a liberar a nadie si ello pone
en peligro nuestra seguridad nacional, ni liberaremos a detenidos dentro de
Estados Unidos que pongan en peligro al pueblo estadounidense» (una declaración
destinada, creo, a tranquilizar sobre el hecho de que los uigures no son una
amenaza). A continuación, entró en detalles, comenzando con la promesa de que,
“cuando lo exijan la justicia y la seguridad nacional”, “algunos detenidos”
—afortunadamente, no los 240— serán trasladados a prisiones seguras en el
territorio continental de Estados Unidos (con la garantía añadida de que “nadie
ha escapado nunca de una de nuestras prisiones federales de máxima seguridad”).
Tras desestimar parte de la retórica estridente sobre las tasas de reincidencia de
los presos liberados, achacándola al “enfoque mal planificado y fortuito” de la
administración Bush para liberar presos (y sin mencionar, por supuesto, que
ayer mismo se filtró
otro informe chapucero y exagerado de su propio Departamento de Defensa),
Obama prometió que “cuando sea posible, juzgaremos a quienes hayan violado las
leyes penales estadounidenses en tribunales federales”, mencionando,
afortunadamente, cómo los tribunales federales han sido perfectamente capaces
de juzgar a terroristas (como, por ejemplo, en los casos de Ramzi Yousef y
Zacarias Moussaoui), y mencionando también el tranquilizador anuncio de hoy de
que uno de los «detenidos de alto valor» de Guantánamo, Ahmed Khalfan Ghailani,
presunto colaborador de los autores de los atentados contra las embajadas africanas,
será juzgado
en un tribunal federal de Nueva York.
Más preocupante aún es que Obama también confirmó que, en algunos casos,
presionaría para que se celebraran juicios utilizando una versión revisada de
las comisiones
militares que fueron concebidas inicialmente por Dick
Cheney y David Addington como un lugar adecuado para juzgar a los
“sospechosos de terrorismo”, argumentando —erróneamente, en mi opinión, que
tienen una noble historia, son “un lugar adecuado para juzgar a los detenidos
por violaciones de las leyes de la guerra” y que, con algunos ajustes, serán
“justas, legítimas y eficaces”.
Al menos podemos estar tranquilos de que, a diferencia de Cheney y Addington, Obama
prometió «trabajar con el Congreso y las autoridades legales de todo el
espectro político en la legislación» relacionada con las comisiones, pero debo
decir que seguiré haciendo campaña contra el restablecimiento de las comisiones
en cualquier forma, y que también considero que la decisión de hoy de juzgar a
Ahmed Khalfan Ghailani en un tribunal federal es una clara indicación de que
los juicios en el sistema judicial estadounidense son la única vía legítima
para avanzar, y que establecer un sistema de dos niveles —por un lado, los
tribunales federales y, por otro, las comisiones militares— no parece ser más
que una receta para el desastre.
A continuación, Obama abordó la cuestión de los
21 presos cuya liberación ya ha sido ordenada por los tribunales inferiores
(tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio, en el caso Boumediene
contra Bush, que dictaminó que los presos tienen derecho al hábeas
corpus), exagerando bastante al afirmar que “esto no tiene absolutamente nada
que ver con mi decisión de cerrar Guantánamo”, que “veinte de estas
resoluciones se produjeron antes de que yo asumiera el cargo” y, como nota al
pie casi apologética, que delata, en mi opinión, su preferencia por su
propia revisión interdepartamental de los casos de Guantánamo frente a las
realizadas por los tribunales, afirmando que “Estados Unidos es una nación de
leyes y debemos acatar estas sentencias”.
Tras mencionar de pasada la noticia de que el equipo de revisión ha aprobado el traslado de 50
presos a otros países (hace unas semanas solo eran 30), Obama pasó a un tema
que preocupa al menos tanto a los abogados, los defensores de las libertades
civiles y quienes se ocupan de cuestiones constitucionales como la propuesta de
reactivar las comisiones: los prisioneros que, según el presidente, “no pueden
ser procesados, pero que representan un peligro claro para el pueblo estadounidense”.
Aunque fue reconfortante escuchar a Obama afirmar: “Quiero ser sincero: este es el tema
más difícil al que nos enfrentaremos”, los ejemplos que dio de presos que
podrían ser encarcelados indefinidamente bajo una forma de “detención
preventiva” —“personas que han recibido un amplio entrenamiento en explosivos
en los campos de entrenamiento de Al Qaeda, han comandado tropas talibanes en
combate, han expresado su lealtad a Osama bin Laden o han dejado claro de
alguna otra manera que quieren matar a estadounidenses”— no pueden considerarse
una categoría de prisioneros separada de aquellos, como Ahmed Khalfan Ghailani,
que serán juzgados en un tribunal federal estadounidense.
Francamente, siquiera plantearse la posibilidad de que se pueda crear de la nada una tercera
categoría de justicia (más allá de la culpabilidad y la inocencia) sin socavar
fatalmente los principios sobre los que se fundó Estados Unidos es adentrarse
en un terreno realmente peligroso. Fundamentalmente, Guantánamo es una prisión
que se fundó sobre la presunción de que el “nuevo paradigma” de la
administración Bush justificaba la “detención preventiva” de por vida, y aunque
Obama reforzó sus garantías en este punto de su discurso —hablando de “normas
claras, defendibles y legales”, “procedimientos justos” y “un proceso
exhaustivo de revisión periódica”, es simplemente inaceptable que la “detención
preventiva” (a la que se refirió eufemísticamente como “detención prolongada”)
se considere una opción, por mucho que intentara legitimarla afirmando: “Si
determinamos que Estados Unidos debe detener a personas para impedir que
cometan un acto de guerra, lo haremos dentro de un sistema que implica la
supervisión judicial y del Congreso”.
Para decirlo sin rodeos, no importa cuánto se disfrace. Fíjese en la frase “detener a personas para impedir
que cometan un acto de guerra” y sustituya “un acto de guerra” por “un delito,
cualquier delito”, y espero que se dé cuenta de por qué la política propuesta
es tan aterradora y tan totalmente inaceptable. Si un presidente llegara al
poder prometiendo “detener a personas para impedir que cometan un delito,
cualquier delito”, yo estaría muy preocupado.
Dejaré que otros analicen el resto del discurso del presidente, que abordó cuestiones más amplias de
seguridad nacional, como la doctrina
de los “secretos de Estado”, la publicación
de los memorandos sobre tortura emitidos por la Oficina de Asesoría
Jurídica y la decisión
de no publicar las fotos de los abusos cometidos en las prisiones
estadounidenses de Afganistán e Irak, no porque no me interesen estos temas,
sino porque no quiero desviar la atención de las dos respuestas concretas al
“lío” heredado de la administración Bush que me parecen profundamente
preocupantes: la decisión de reactivar las comisiones militares y la decisión
de impulsar una forma de “detención preventiva”.
Me consterna la primera, porque, como he dejado claro, creo que representa un sistema de dos niveles
innecesario e injustificable, pero la segunda me deja casi sin palabras por la
desesperación que me produce, e instaría a cualquiera que crea en el derecho
fundamental de los seres humanos, en países que pretenden llevar con orgullo el
manto de la civilización, a vivir como hombres y mujeres libres a menos que
sean arrestados, acusados, juzgados y condenados por un delito, a resistirse a
la idea de que una forma de “detención preventiva” es otra cosa que la traición
más fundamental a nuestros valores fundamentales.
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