Manifestantes británicos conmemoran el 13º aniversario de la masacre en
una cárcel libia
30 de junio de 2009
Andy Worthington
La amistad con dictadores, como la que el Reino Unido y Estados Unidos han mantenido con
el coronel libio Gadafi desde que el primer ministro británico Tony Blair
realizó una visita oficial a Libia en marzo de 2004, conlleva su propia serie
de compromisos sin principios. En el caso de Libia, la hipocresía resultante se
ha delineado con crudeza. Aunque vilipendiado como patrocinador del terrorismo
internacional durante décadas, Gadafi se transformó instantáneamente en un
aliado en la "Guerra contra el Terror", cuando Blair declaró que
"le había sorprendido cómo el coronel Gadafi quería hacer 'causa común con
nosotros contra Al Qaeda, los extremistas y el terrorismo'".
El primer ministro británico ignoró convenientemente el hecho de que, mientras se reunía con Gadafi,
se reveló (como
dijo la BBC) que "el gigante petrolero anglo-holandés Shell había
firmado un acuerdo por valor de hasta 550 millones de libras por los derechos
de exploración de gas frente a las costas libias", y tampoco mencionó que,
como resultado de esta nueva relación, la principal implicación del Reino Unido
con Libia en cuestiones relacionadas con el terrorismo se centraría, al
parecer, no en Al Qaeda, sino en los exiliados opuestos al régimen de Gadafi,
ya que el gobierno británico tomó medidas para deportar a su patria a un puñado
de disidentes libios basándose en pruebas secretas que no les fueron reveladas.
Posteriormente, el gobierno se vio frustrado por dos tribunales: SIAC, el Tribunal Especial de Apelaciones
sobre Inmigración, que se ocupa de casos relacionados con el terrorismo, la
deportación y el uso de pruebas secretas, y el Tribunal de Apelación. En
octubre de 2008, el Tribunal de Apelación confirmó una sentencia anterior del
SIAC (de octubre de 2007), en la que el tribunal secreto de delitos de
terrorismo dictaminaba que dos sospechosos -presuntos miembros del Grupo
Islámico Libio de Combate (LIFG, por sus siglas en inglés), grupo dedicado a
desalojar a Gadafi del poder- correrían el riesgo de sufrir tortura y la
denegación "total" de un juicio justo si eran devueltos a Libia. El
Tribunal de Apelación confirmó la decisión de la SIAC de que no se podía
confiar en que Gadafi respetara un "memorando de entendimiento" firmado
con el Reino Unido en 2005 y que supuestamente garantizaba que los presos
devueltos recibirían un trato humano, y también ratificó la conclusión del
tribunal de que la tortura "se utiliza ampliamente contra los opositores
políticos, entre los que los extremistas islamistas y los miembros del LIFG son
los más odiados por el gobierno libio, las organizaciones de seguridad y, sobre
todo, por el coronel Gadafi". La SIAC también señaló que la detención en
régimen de incomunicación de opositores políticos sin juicio, a menudo durante
muchos años, "es una característica desfigurante de la justicia y el
castigo libios."
Aunque el gobierno británico no recurrió la sentencia y abandonó sus planes de deportar a los
sospechosos de terrorismo libios, el Ministerio del Interior ha seguido
manteniendo a los hombres bajo órdenes de control, una forma de arresto
domiciliario que, como dictaminaron
recientemente los Lores de la Ley, infringe el artículo 6 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un juicio justo.
Como resultadas de esta cínica maniobra por parte del gobierno británico, las críticas oficiales a
Libia han llegado a su fin. En el último perfil de Libia del Foreign and
Commonwealth Office, no se hace mención alguna a cuestiones de derechos humanos
(a diferencia de otros países - véase, por ejemplo, Marruecos), y en su último
informe sobre derechos humanos (PDF),
el FCO no incluyó a Libia en su estudio de los 20 "Principales países que
suscitan preocupación", y tampoco incluyó a Argelia, Jordania y Túnez, con
los que también ha firmado "memorandos de entendimiento" o, en el
caso de Argelia, un "intercambio de cartas" aún menos vinculante. Y
ello a pesar de que, como señaló
Human Rights Watch en octubre de 2008, "todos los gobiernos en
cuestión tienen historiales bien documentados de tortura y malos tratos, en
particular de personas sospechosas de estar implicadas en terrorismo o
islamismo radical."
El lunes se puso de manifiesto de la forma más cruda posible el alcance de la hipocresía del
gobierno británico en materia de derechos humanos, cuando exiliados libios y
defensores de los derechos humanos conmemoraron el 13º aniversario de una
masacre en una prisión de Libia en la que fueron asesinados a sangre fría al
menos 1.200 presos y que, de haber ocurrido en otro lugar, se habría
considerado sin duda un ejemplo especialmente vil de asesinato en masa
sancionado por el Estado.
Manifestantes ante la embajada libia en Londres en el 13º aniversario de la masacre de la prisión de
Abu Salim, 29 de junio de 2009.
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La masacre de la prisión de Abu Salim, 29 de junio de 1996
En un relato de la masacre publicado en 2007, un testigo presencial de los hechos comenzaba explicando que
la prisión de Abu Salim en Trípoli (también conocida como Abu Saleem), donde
tuvo lugar la masacre (y donde el "preso fantasma" más famoso de la
CIA, Ibn
al-Shaykh al-Libi, murió
recientemente en circunstancias misteriosas), había estado superpoblada
durante ocho años antes de que se produjera la masacre, después de que
"los grupos islámicos se volvieran más activos políticamente y se
enfrentaran a una brutal represión a gran escala por parte de los diversos
aparatos de seguridad"." El testigo explicó que, en 1996, la prisión
albergaba entre 1.600 y 1.700 presos, a pesar de que sólo había 112 celdas, y
que, además del hacinamiento, los presos se veían obligados a soportar
"condiciones insalubres, escasez de alimentos, falta de toda atención
médica y trato inhumano por parte de los guardias."
Al parecer, las condiciones en la prisión empeoraron tras una serie de fugas en 1995 y principios de 1996.
Como explicó el testigo,
Se cancelaron todas las visitas y se confiscaron todas las pertenencias de los presos, incluida la ropa. A los
presos no se les permitía tener nada más que sus uniformes de prisión,
colchonetas para dormir y dos mantas ... Las penas aumentaron, los presos eran
golpeados cada vez que salían a buscar sus comidas, la calidad de los
alimentos, cuando estaban disponibles, se deterioró aún más, la basura no se
retiraba, y los presos se vieron obligados a vivir con alcantarillas atascadas
y desbordadas. La diferencia entre la vida y la muerte se hizo muy borrosa. Se
hicieron muchos intentos de reunirse con el alcaide para discutir estas
condiciones, pero fueron en vano. En ese momento, algunos de los presos
decidieron probar un método diferente: decidieron protestar.
Según el testigo presencial, y según Hussein al-Shafa'i, otro testigo presencial entrevistado
por Human Rights Watch en 2004 y 2006, los acontecimientos que condujeron a la
masacre comenzaron en algún momento entre las 16.30 y las 16.40 horas del 28 de
junio, cuando los presos de una celda dominaron a un guardia -
"empujándolo por detrás [de modo que] cayó de bruces, golpeándose contra
el suelo de cemento"- e inmediatamente se dispusieron a liberar a otros
presos. En poco tiempo, según al-Shafa'i, que estuvo recluido en Abu Salim de
1988 a 2000 y que trabajaba en la cocina de la prisión en aquel momento, cientos
de presos de tres de los ocho bloques de celdas de la prisión habían sido
liberados, pero cuando salieron al patio de la prisión, los guardias del tejado
comenzaron a disparar. Según ambos testigos, 17 presos resultaron heridos o muertos.
En menos de media hora, según la descripción de al-Shafa'i, llegaron a la prisión altos funcionarios de
seguridad y "un contingente de personal de seguridad". Entonces se
entablaron negociaciones y, según al-Shafa'i, "que dijo haber observado y
escuchado las negociaciones desde la cocina, los presos pidieron... ropa
limpia, actividades recreativas al aire libre, mejor atención médica, visitas
familiares y el derecho a que sus casos fueran oídos ante un tribunal, porque
muchos de los presos estaban en la cárcel sin juicio". Uno de los
funcionarios, Abdullah Sanussi, casado con la hermana de la esposa de Gadafi,
"dijo que se ocuparía de las condiciones físicas, pero que los presos
tenían que volver a sus celdas" y liberar a dos rehenes que habían tomado.
Uno fue liberado, pero el otro, ya mencionado, murió a causa de sus heridas.
Según describió al-Shafa'i, el personal de seguridad "se llevó entonces los cadáveres de los muertos y
envió a los heridos a recibir atención médica". Añadió que "unos 120
presos enfermos más subieron a tres autobuses, aparentemente para ir al
hospital", aunque "vio que los autobuses llevaban a los presos a la
parte trasera de la prisión". El otro testigo ocular dio una explicación
ligeramente diferente. Dijo que
A los acusados de pertenecer a grupos de la oposición se les ordenó bajar de los autobuses. Todos los demás fueron
llevados fuera de la sección de la prisión a otra parte del recinto. Fueron
alineados y fusilados, al estilo ejecución, por jóvenes reclutas cuyas opciones
eran disparar, o permanecer con ellos para ser fusilados. Esto fue reportado
más tarde por un oficial, que desafió las órdenes esa noche y pudo escapar.
Hacia las 5 de la mañana siguiente, según al-Shafa'i, "las fuerzas de seguridad trasladaron a
algunos de los presos entre las secciones civil y militar de la prisión",
y a las 9 de la mañana "habían obligado a cientos de presos de los bloques
1, 3, 4, 5 y 6 a ir a diferentes patios. Trasladaron a los presos de baja
seguridad del bloque 2 a la sección militar y mantuvieron dentro a los presos
de los bloques 7 y 8, con celdas individuales".
De nuevo, el otro testigo ocular dio una explicación ligeramente diferente. Dijo que los presos del
bloque de celdas 2 "y todos los demás presos acusados de actividades de
oposición fueron sacados de sus celdas y llevados al patio", y que
"lo mismo ocurrió con los bloques de celdas 1, 3, 4, 5 y 6", y añadió
que los presos de los bloques 7 y 8 -que eran aproximadamente 60 presos- no
fueron sacados porque "no se podían romper las cerraduras de sus celdas".
Sin embargo, ambos testigos presénciales coincidieron en lo que ocurrió a continuación. En palabras de
al-Shafa'i: "A las 11:00 lanzaron una granada a uno de los patios. No vi
quién la lanzó, pero estoy seguro de que era una granada. Oí una explosión y
justo después empezó un tiroteo constante con armas pesadas y Kalashnikovs
desde lo alto de los tejados. El tiroteo continuó desde las 11:00 hasta la
1:35". Añadió que fue una "unidad especial" de seis hombres la
que llevó a cabo la masacre y que, a las 2 de la tarde, las fuerzas utilizaron
pistolas para "rematar a los que no estaban muertos."
Al-Shafa'i también afirmó que las fuerzas de seguridad mataron a "unas 1.200 personas",
explicando, según Human Rights Watch, que "calculó esta cifra contando el
número de comidas que preparó antes y después del incidente".
Añadió que, al día siguiente, "las fuerzas de seguridad sacaron los cadáveres con
carretillas" y "arrojaron los cuerpos a las zanjas -de 2 a 3 metros
de profundidad, un metro de ancho y unos 100 metros de largo- que se habían
excavado para construir un nuevo muro". También dijo: "Los guardias
de la prisión me pidieron que lavara los relojes que habían sacado de los
cuerpos de los presos muertos y que estaban cubiertos de sangre."
El otro testigo corroboró ampliamente esta explicación. Cifró en 1.170 el número de muertos y también
explicó que se había producido el saqueo de los cadáveres. "La mayoría de
los guardias se apresuraron a despojar a los cadáveres de sus relojes, anillos,
gafas y a registrar sus bolsillos", escribió. "Se llevaron todo lo
que encontraron. También confiscaron toda la ropa, las mantas, las radios, que
pertenecían a los muertos, y se las repartieron entre ellos. El alcaide se
repartió todos los ventiladores, calefactores y otros aparatos electrónicos.
Luego vendía estos artículos a sus guardias, que a su vez los vendían a los
presos ingresados después de 1996."
Sin embargo, el testigo rebatió la afirmación de Hussein al-Shafa'i de que los cadáveres habían sido
enterrados en la prisión. "Los cadáveres podrían descubrirse fácilmente
dentro del recinto", escribió, y añadió: "El régimen es demasiado
listo para implicarse". Según su versión de los hechos, dos camiones
frigoríficos -uno perteneciente a la Compañía de Transporte de Carne y otro a
la Compañía de Pesca Marítima- se llevaron los cadáveres en dos días sucesivos,
y al tercero, cuando, "a causa del sol y el calor, el hedor de los
cadáveres se hizo insoportable", se trajo en su lugar un gran contenedor,
"y utilizaron una carretilla elevadora para cargar los cadáveres restantes
en el contenedor." Y añadió: "Esto continuó hasta el martes, pero el
hedor persistía a pesar de los desinfectantes y productos químicos que
utilizaron dentro y fuera de la prisión". Los residentes del distrito de
Abu Salim lo saben y lo recuerdan bien".
Sin justicia: las secuelas de la masacre
Resulta crucial el hecho de que, durante los primeros cinco años posteriores a la masacre, el régimen se
ocupó de sus secuelas negando que hubiera tenido lugar. No fue hasta 2001, como
describió Human Rights Watch, cuando las autoridades "empezaron a informar
a algunas familias con un pariente en Abu Salim de que su familiar había
muerto, aunque no facilitaron el cadáver ni detalles sobre la causa de la muerte".
Libyan Human Rights Solidarity, un grupo libio con sede en Suiza, declaró en
2006 que las autoridades habían notificado a 112 familias que un familiar
recluido en Abu Salim había muerto y, además, 238 familias dijeron que habían
perdido el contacto con un pariente recluido en la prisión.
Varias personas sostienen
fotos de sus familiares desaparecidos durante una protesta para conmemorar el
12º aniversario de la masacre de la prisión de Abu Salim, el 17 de junio de
2008, en Bengasi.
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No fue hasta abril de 2004 -justo después de la misión de Tony Blair a Trípoli para tender puentes- cuando
el coronel Gadafi "reconoció públicamente que se habían producido
asesinatos en Abu Salim y dijo que las familias de los presos tienen derecho a
saber lo que ocurrió", pero a pesar de ello, el gobierno libio ha seguido
negando que "se cometiera delito alguno", según Human Rights Watch.
En mayo de 2005, la organización explicó que el jefe de la Agencia de Seguridad
Interna les había dicho que "los presos habían capturado a algunos
guardias durante una comida y se habían llevado armas del depósito de la
prisión", y que "los presos y los guardias murieron mientras el
personal de seguridad intentaba restablecer el orden". Añadiendo que el
gobierno había abierto una investigación por orden del Secretario de Justicia,
afirmó: "Cuando la comisión concluya su trabajo, porque ya ha empezado,
daremos un informe detallado respondiendo a todas las preguntas."
Tres años después, no se ha presentado ningún informe detallado, y el año pasado, cuando el hijo de Gadafi,
Saif al-Islam, afirmó que se estaba llevando a
cabo una investigación "auténtica" y que "los culpables
serán castigados", los observadores respondieron preguntándose qué tipo de
maquinaciones políticas pretendía ocultar el anuncio.
En este vergonzoso aniversario, la relación del gobierno británico con Libia contrasta
notablemente con la de las Naciones Unidas. En octubre de 2007, el Comité de
Derechos Humanos de la ONU "declaró a Libia responsable de tortura y otras
violaciones graves de los derechos humanos" en el caso de Edriss El-Hassy,
detenido arbitrariamente en 1995. El Comité basó su decisión en el hecho de que
El-Hassy "estuvo detenido en régimen de incomunicación prolongado" y
fue "torturado y luego desaparecido", y porque, "[a]unque es
probable que fuera ejecutado sumariamente en la tristemente célebre masacre de
la prisión... las autoridades libias se han negado a reconocer este hecho".
Para la mayoría de las personas cuyos familiares desaparecieron, las similitudes con el caso de
El-Hassy son sorprendentes y, además, incluso quienes han recibido algún tipo
de notificación del gobierno sobre la muerte de sus familiares están
consternados porque se les ha proporcionado tan poca información y porque no se
les han devuelto los cadáveres.
Un ejemplo típico es el de la familia de Ibrahim al-Awani, a quien sacaron de su casa en julio de 1995 y
nunca más se supo de él. Hace tres años, en el décimo aniversario de la
masacre, su hermano, Farag al-Awani, que vive en Suiza, declaró que en 2002
miembros de la Agencia de Seguridad Interna "dijeron a la familia que
Ibrahim había muerto en un hospital de Trípoli por enfermedad". Un
certificado de defunción indicaba que había muerto el 3 de julio de 2001, pero
no se facilitaba la causa de la muerte y, "[a] pesar de las reiteradas
peticiones, las autoridades nunca devolvieron el cadáver, como exige la
legislación libia". Como explicó Human Rights Watch, "no está claro
si Ibrahim al-Awani murió en el incidente de junio de 1996 o en otro
momento". La respuesta de Farag al-Awani a este misterio permanente fue
sencilla, y refleja las preocupaciones de todos los que perdieron a un familiar
en la masacre del 29 de junio de 1996. "Sólo queremos saber qué ocurrió y
que nos devuelvan el cuerpo", dijo.
Personas con las fotos de
sus familiares desaparecidos en una protesta con motivo del 12º aniversario de
la masacre de la prisión de Abu Salim, el 17 de junio de 2008, en Bengasi.
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Nota:
Las fotos de las personas con las fotos de sus familiares desaparecidos
proceden del sitio web Libya-alyoum. Las otras fotos fueron facilitadas por uno
de los manifestantes ante la embajada libia en Londres el 29 de junio de 2009.
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