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Luchando contra Guantánamo en los tribunales del presidente Biden

3 de junio de 2021
Andy Worthington

Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 30 de junio de 2021


Tres de los prisioneros de Guantánamo que actualmente buscan su liberación de la prisión a través de los tribunales estadounidenses. De izquierda a derecha Khalid Qassim y Abdulsalam al-Hela, ambos yemeníes y Asadullah Haroon Gul, afgano.

En los diecinueve imperdonables largos años desde que la prisión de la “guerra contra el terror” en la bahía de Guantánamo fue establecida, los abogados han trabajado incansablemente para retar y revocar las indignantes políticas polémicas del gobierno de Bush acerca de que todos los que terminaran en Guantánamo era “enemigo combatiente” sin derechos que podía ser detenido de manera indefinida sin cargos o juicio.

Ha habido victorias en el camino, pero la triste realidad es que la fundamental falta de ley en Guantánamo continúa intacta hasta el día de hoy. Desde el 2010, sólo un prisionero ha sido liberado por las acciones de abogados y los tribunales estadounidenses (un hombre de Sudán cuya salud mental persuadió al Departamento de Justicia, en esta instancia únicamente, que no se retara la petición de habeas corpus) y, como se mostró en los cuatro años de la presidencia de Trump, si el presidente no quería que nadie saliera de Guantánamo, ningún camino legal existe para hacer que sea de otra manera.

La gran victoria legal de los prisioneros de Guantánamo llegó a la Suprema Corte en lo que ahora parece un lejano y perdido pasado. En junio del 2004, en Rasul v. Bush, la Suprema Corte dijo que los prisioneros tenían derechos de habeas corpus; en otras palabras, el derecho a que la evidencia en su contra fuera objetivamente valorada por un juez. Ese fallo le permitió a los abogados entrada a la prisión para comenzar a representar a los hombres detenidos, rompiendo el velo de secretismo que había permitido que las condiciones abusivas prosperaran, pero el Congreso intervino para bloquear la legislación de habeas corpus y no fue sino hasta junio del 2008 que la Suprema Corte, revisitando Guantánamo, falló en Boumediene v. Bush que el Congreso había actuado de manera inconstitucional y afirmó que los prisioneros tenían derechos de habeas constitucionalmente garantizados.

Por dos años, la ley finalmente aplicó en Guantánamo y treinta y ocho prisioneros tuvieron su petición de habeas aprobada por jueces en el Tribunal de Distrito en Washington D.C. Los jueces fallaron a favor de que, aunque una barrera de evidencia había sido puesta, el gobierno había fallado en establecer que los hombres en cuestión tenían algún nivel significativo de participación o con al-Qaeda o con los talibanes.

Desafortunadamente, jueces con motivaciones políticas en tribunales de apelación en Washington D.C. tomaron una excepción a estos fallos y comenzaron a perjudicarlos. Aunque la mayoría de los treinta y ocho prisioneros a los cuales se les otorgó la petición de habeas fuero subsecuentemente liberados, tres fallos fueron revertidos en apelaciones y otros tres fueron abandonados, con los jueces de los tribunales de apelaciones bajando el nivel de evidencia requerido para el encarcelamiento continuo y fallando que la evidencia del gobierno, que era ridícula, debería ser tratada como supuestamente precisa. También insistieron, en el caso llamado Kiyemba v. Obama, que, como explicó el abogado Tom Wilner que representó prisioneros en sus casos de Suprema Corte, “aunque los detenidos pudieran tener derecho a una audiencia de habeas, no tienen derecho constitucional al proceso legal debido”.

El resultado de estos fallos, como expliqué en una página en mi sitio web, dando un registro de los fallos de habeas, fue que se convirtió “en algo apropiado el considerar que un grupo de jueces de derechas estaban dictando las políticas de detención del gobierno y habían eviscerado el habeas corpus de todo sentido y remedio”.

Después de julio del 2010, ningún fallo de habeas fue hecho a favor de los prisioneros y fue particularmente decepcionante que los argumentos agresivos, pro detención hechos por el Departamento de Justicia tomaran lugar bajo el presidente Obama, con nadie que pudiera dirigirlos a cambiar su postura, incluso cuando se discutía la continua detención de hombres que habían sido aprobados para ser liberados por el proceso de revisión de alto nivel gubernamental de Obama, el Guantánamo Review Task Force, (Equipo de Trabajo para Revisión de Guantánamo) establecido cuando tomó poder en el 2009. Además, fue profundamente decepcionante que la Suprema Corte repetidamente se negara a considerar cada apelación en relación a los fallos del Tribunal de Circuito de DC, confirmando, por ende, que las ramificaciones legales de la política de detención en Guantánamo habían sido, efectivamente, usurpadas por jueces de un tribunal menor.

La lucha por asegurar derechos de proceso legal debido

Una pérdida legal de una década le siguió, en la que los únicos destellos de luz fueron dos casos en el que dos nuevos jueces designados por Obama para el Tribunal de Circuito de DC finalmente comenzaron a deshacer la nefasta influencia de jueces que habían hecho tanto por destruir el habeas corpus entre 2009 y 2011.

El primero de estos casos, de junio del 2019, fue Qassim v. Trump, un caso que involucró al prisionero yemení Khalid Qassim, cuando Tom Wilner, quien argumentó el caso, explicó, en un fallo escrito por la nominada de Obama, la jueza Patricia Millett de D.C, apoyada por otra nominada, la jueza Cornelia Pillard y el juez Harry Edwards, designado por Jimmy Carter en 1980, “revocaron un fallo de ocho años que ha prevenido que los detenidos de Guantánamo vean y refuten evidencia que justifica sus detenciones”. Fue parte de un fallo en el cual los jueces le otorgaron a Qassim la petición de revertir la negación a su petición de habeas corpus, mandándola de vuelta a un tribunal menor para “conducir el proceso de habeas del Sr. Qassim en relación a procedimientos que le dieran una “revisión significativa” a las bases de su detención”.

Desafortunadamente, sin embargo, el caso de Qassim desaparición de la vista, tal vez esperando a que alguien del Tribunal de Distrito lo levantara, aunque en mayo del 2020 la jueza Millett escribió la decisión mayoritaria en otro caso, el Ali v. Trump, que involucraba a Abdul Razak Ali, un argelino, en el cual el tribunal, así como la columnista del New York Times Linda Greenhouse explicó “mantenía que la juzgado de distrito había hecho bien en rechazar la petición de habeas corpus de un reo, pero había hecho mal al hacerlo tan categóricamente. La jueza Miller destacó que, mientras que “el precedente del circuito todavía no ha resuelto comprensivamente” la cuestión, “el fallo de la corte de distrito acerca de que la Cláusula del Proceso Debido es categóricamente inaplicable para detenidos en Guantánamo fue injustificada”.

Aunque fue un fallo perfectamente razonable, provocó la furia del juez veterano que odia el habeas, A. Raymond Randolph, que jugó un papel importante en varios fallos previos que socavaron a Boumediene v. Bush. El juez Randolph, como explicó Greenhouse, “rechazó firmar el fallo de la jueza Miller, acusándola de ignorar lo que insistía era un precedente claro de la Suprema Corte que hacía que el proceso legal debido garantizado no estuviera disponible para “enemigos extranjeros no residentes detenidos por los Estados Unidos afuera de nuestro territorio soberano”.

Más aun, en Septiembre del 2020, el juez Randolph fue parte de un panel encabezado por la designada de Trump, la jueza Neomi Rao, en Al Hela v. Trump, un caso que involucra a Abdulsalam al-Hela, un hombre de negocios y político yemení que supuestamente colaboró con al-Qaeda, en el que, respondiendo al alegato de Al Hela de que “la confianza del gobierno en rumores anónimos en los reportes de inteligencia que utilice para justificar su continua detención violaron su derecho a proceso legal debido”, declaró Rao. “Rechazamos el reclamo acerca del proceso legal de Al Hela en la determinación limitante de que, como extranjero afuera del territorio soberano de los Estados Unidos, no podrá invocar la protección de la cláusula de proceso debido”.

Greenhouse añadió que “una nota al pie de página a su opinión contenía la sobresaliente aserción de que “nuestro tribunal ha anexado a Eisentrager, manteniendo que la Cláusula de la Quinta Enmienda no aplica afuera del territorio de los Estados Unidos y, por lo tanto, no puede ser invocada por detenidos en Guantánamo”.

El tercer juez, Thomas Griffith, que subsecuentemente fue retirado, emitió una opinión separada, en la cual señaló que “nunca hemos realizado una declaración tan profunda acerca de la aplicación extraterritorial de la Cláusula”, pero como añadió Greenhouse, “la objeción no dio frutos”.

Manteniendo vigente esta historia, se ha presentado una apelación contra el fallo Al Hela y será escuchado por toda la corte el 30 de septiembre y esto, como explicó Linda Greenhouse en su más reciente columna acerca de Guantánamo, el 6 de mayo es significativo porque, como describió, “existen todas las razones para suponer que el caso vuelto a argumentar tendrá un distinto final. Las matemáticas simples así lo sugieren. De los 9 jueces que votaron acerca de si escuchar de nuevo la decisión del panel (el voto actual no fue revelado) 6 fueron designados por presidentes demócratas” — y el juez Randolph, afortunadamente, no puede ser parte de, porque tomó un status de senior en el 2008 y los jueces senior “no pueden sentarse en casos ‘en banc’ escuchados por el tribunal completo”.

Mientras esperamos la audiencia de Al Hela en el tribunal de circuito de D.C, Ali v. Trump (ahora Ali v. Biden) está en camino a la Suprema Corte, aunque, por las nominaciones de Trump (y el vergonzoso bloqueo de los republicanos de la nominación de Merrick Garland bajo el presidente Obama) ese tribunal está ahora muy a la derecha de cuando estaba al momento de Boumediene.

De manera preocupante, sin embargo, Just Security explicó en un artículo el 21 de abril, que la administración de Biden parece no dar señales de reconocer que puede y debería, utilizar el caso Ali “para distanciarse del rechazo categórico de los derechos de proceso legal debido por parte de la administración de Trump para los detenidos en Guantánamo”. En lugar de eso, el Departamento de Justicia de Biden está “insistiéndole a la Suprema Corte que niegue la revisión de la petición solicitada en Ali”, defendiendo las políticas de detención establecidas hace mucho tiempo que están en contrariedades con la intención declarada de cerrar la pisión antes de que el término presidencial de Biden termine.

Tristemente, podría ser más apropiado concluir que, como pasó con Obama, el presidente Biden está fundamentalmente indispuesto a retar a los tribunales en relación a Guantánamo y prefiere, en lugar de eso, como se mencionó en los archivos de Ali que “los discretos y administrativos PRBs conducen la valoración de una ‘amenaza futura’ que satisfice la Cláusula de Proceso Debido”. Esto puede ser visto en la reciente decisión por parte de los PRBs­— un proceso tipo Libertad condicional establecido bajo el presidente Obama, que llevó a la liberación de 36 prisioneros en sus últimos tres años de presidencia — para aprobar la liberación de tres hombres, pero, como explicaron Jonathan Hafetz, Scott Roehm y Hina Shamsi en el artículo de Just Security, “los PRBs no son un sustituto de una revisión judicial con salvaguardas constitucionales y toman en cuenta de manera adecuada las experiencias de tortura y trauma no tienen debidamente en cuenta de los sobrevivientes en particular”.

Como continuaron a explicar, la oposición del gobierno en Ali “harán que el cierre de Guantánamo sea más difícil” y citaron la reciente carta enviada al presidente Biden por parte de 24 senadores demócratas pidiéndole que cierre la prisión, en la cual los legisladores declararon que “si el Departamento de Justicia no se opusiera a las peticiones de habeas en casos apropiados, aquellos detenidos podrían ser transferidos más fácilmente conforme a las órdenes de los tribunales”. Como mencionaron los autores del artículo de Just Security “esto es porque la ley actual que le pide que el secretario de Defensa realice una serie de certificaciones relacionadas con seguridad mayormente antes de una transferencia foránea no aplica a las liberaciones ordenadas por tribunales”. Añaden que, “de hecho, dadas las restricciones actuales del Congreso acerca de las transferencias de detenidos, es difícil ver por qué el gobierno de Biden continúa a resistirse a dar al judicial, que no está obligado por aquellas restricciones, la habilidad de poner a prueba rigurosa la evidencia en contra de detenidos y, cuando es apropiado, ordenar su liberación o facilitar su transferencia”.

Ponerle un fin a la guerra en Afganistán

Sin embargo, no es solo en Ali que la renuencia del gobierno de Biden a seguir el consejo de los senadores se está haciendo aparente. Cuando el presidente Biden anunció, en abril su intención de ponerle fin a la guerra en Afganistán para el aniversario 20 de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, abogados fueron envalentonados para decirles a los jueces federales “que cualquiera que sea la autoridad legal de tiempos de guerra que el gobierno tiene para detener a sus clientes, se está evaporando”, como explicaron Charlie Savage y Carol Rosenberg para el New York Times.

Los abogados de Khalid Qassim fueron los primeros cuando “buscaron el permiso del juez para expandir la demanda de habeas corpus para incluir el nuevo argumento de que, con el anuncio del Sr. Biden del fin de la participación de las tropas estadounidenses en combate activo en Afganistán, ya no habrá bases legales para mantenerlo en detención”.

Le siguieron los abogados de Asadullah Haroon Gul, uno de los últimos dos afganos en Guantánamo. El continuo encarcelamiento de Gul es ya inexplicable. Está acusado de haber ayudado a Hezb-i-Islami Gulbuddin (HIG), un grupo paramilitar que, al momento de la invasión estadounidense en octubre del 2001, era aliado con al-Qaeda. Sin embargo, el líder de HIG, Gulbuddin Hekmatyar, hizo las paces con el gobierno en Kabul en septiembre del 2016 y ahora trabaja en el Alto Consejo de Reconciliación Nacional de Afganistán y, desde el tratado de paz, cientos de miembros del HIG han sido liberados de prisiones afganas y un ex prisionero de HIG, liberado de Guantánamo a los Emiratos Árabes Unidos fue repatriado como parte de una reconciliación entre Hekmatyar y el gobierno afgano en el 2016. Además, a principios de este año, el gobierno afgano entregó un reporte amicus en beneficio de Gul haciendo un llamado para su liberación, siendo la primera vez que un gobierno extranjero ha pedido al tribunal estadounidense que libere a uno de sus ciudadanos.

Sin embargo, el final de la guerra en Afganistán podría no significar el fin del conflicto con al-Qaeda, que, el gobierno sigue insistiendo, es global y aparentemente no tiene fin. En esta audiencia de habeas elm es pasado, la abogada Tara Plochocki, representando el equipo legal “conformado por gente del grupo de derechos humanos Reprieve y del despacho legal Lewis Baach Kaufmann Middlemiss”, como explicó el Washington Post, le dijo al tribunal que Gul era un “prisionero de guerra” en una “guerra que terminó hace varios años” y que “si el estado de derecho significa algo, él debe ser liberado”.

Sin embargo el fiscal Stephen McCoy Elliott respondió alegando que, aunque el gobierno “no toma a la ligera el hecho de que Gul lleva detenido más de diez años”, seguimos “en guerra con al-Qaeda” y que, como consecuencia de eso, su “detención, si bien larga, permanece justificada”, minuciosamente socavando el tratado de paz con HIG e indicando que, en Guantánamo, como pasa seguido, la base para la continua detención de los prisioneros funciona bajo su propia lógica terrible, que no tiene nada que ver con la realidad externa.

En su declaración ante el tribunal, Tara Plochocki dijo que el hecho de que él continúe detenido ha “llegado a ser ridículo” señalando que es uno de los veinte hombres en la prisión que “jamás han sido acusados con algún delito”.

Dirigiéndose a la corte, mencionó como, tal cual lo describió el Post, “después de que HIG bajara las armas, las autoridades estadounidenses cambiaron su justificación para detener a Gul a su supuesto apoyo a al-Qaeda”. Como menciona el Post, “ella reflexionó acerca de su posición era debido a que ‘la política de oponerse a la liberación de detenidos en tribunal es tan arraigada’”.

Por su parte, Gul “negó ser miembro de al-Qaeda y Plochocki describió a un prisionero cuyos valores parecen no coincidir con la ideología del grupo extremista, mencionando que Gul ‘cree fuertemente en la educación de las niñas’”. En una declaración a sus abogados en una llamada telefónica desde Guantánamo, Gul “agradeció a la corte y dijo ‘No soy un terrorista. Soy un afgano’”. Plochocki le dijo al tribunal que él “pidió que lo enviaran a casa para criar a su hija y solicitó su liberación ‘no sólo para mí, sino también porque necesito que la ley signifique algo, como lo hace América también’” y añadió “Estoy de acuerdo con él”.

El otro afgano todavía detenido es Muhammad Rahim, descrito por las autoridades estadounidenses como un “mensajero y facilitador para al-Qaeda, incluido Bin Laden, que tenía conocimiento anticipado de los ataques del 11 de septiembre”, explicó el New York Times, aunque cabe mencionar que nunca ha sido acusado de algún crimen.

El Times añadió que “si la evidencia de que el Sr. Rahim trabajó directamente para al-Qaeda es fuerte, el gobierno puede argumentar que la autoridad de tiempos de guerra continúa existiendo para que su detención evite que regrese a la batalla, aunque guerra entre los Estados Unidos y Afganistán haya terminado. Pero su abogada Cathi Shusky, defensora federal de Ohio, argumentó que esa evidencia era débil”.

Como procedió a explicar el Times, “existe una explicación razonable de que él no fue parte ni de al-Qaeda ni de los talibanes”, dijo la Shusky, quien dijo que muchos detalles de este caso eran clasificados, evitando que ella pudiera elaborar, aunque añadió que “existe cierta torsión de la narrativa. Pienso que cuando los hechos sean revelados completamente, mostrarán que su continua detención es ilegal”.

En su audiencia de PRB en el 2016, su representante militar dijo que “se arrepentía de su pasado y quería regresar a sus dos esposas y siete hijos en Afganistán”, añadiendo que “sus motivaciones no fueron ideológicas”, sino que “hizo lo que hizo por dinero, para poder alimentar a su familia”. Aunque su petición de habeas ha estado detenida por varios años, en la fútil Esperanza de que el PRB recomiende su liberación, Sushky “dijo que ella y otro abogado estaban planeando revivirla ahora en vista de la decisión de retirarse de Afganistán”.

El vergonzoso caso Mohammed al-Qahtani

El otro caso que ahora está en las manos de Biden es el de Mohammed al-Qahtani, quien tiene severos problemas psicológicos, pero que, sin embargo, fue víctima de un extenuante programa de tortura en Guantánamo en el 2002, cuando las autoridades estadounidenses se refirieron a él como el que iba a ser el veinteavo secuestrador de los ataques del 11/9.

El marzo pasado, la jueza de distrito Rosemary Collyer concedió una solicitud de los abogados de al- Qahtani “para obligar a los Estados Unidos a aplicar la regulación del ejército [AR 190-8] diseñada para proteger a los prisioneros de guerra y para crear ‘una comisión médica mixta’ compuesta de un oficial médico del ejército y dos doctores de un país neutral escogidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja y aprobados por los Estados Unidos y Arabia Saudita”, como explicó Carol Rosenberg para el New York Times.

La decisión fue ratificada en agosto por la jueza Ellen Huvelle, que fue asignada al caso después del retiro del juez Collyer. En respuesta, sin embargo, el 11 de enero de este año (en el aniversario 19 de la apertura de la prisión en Guantánamo), “el secretario de la Armada emitió un sorprendente memorándum”, como explicó Just Security, “siempre y cuando la AR 190-8 ‘no es aplicable para ningún detenido de Guantánamo’ sin importar la naturaleza de su reclamación y a pesar de cualquier orden de tribunal que diga lo contrario, (incluido el Sr. al-Qahtani)”.

En su artículo más reciente, Jonathan Hafetz, Scott Roehm y Hina Shamsi mencionaron que, el 25 de marzo, la víspera del primer vencimiento de documentación de la administración de Biden en Al-Qahtani v. Biden, el gobierno pidió una extensión “para permitirle a los nuevos oficiales el considerar apropiadamente y valorar los asuntos y argumentos levantados en y en relación a la oposición de la oposición del demandante a la Moción para Reconsideración”. Mencionaron que esto “parecía ser una señal potencialmente prometedora, por lo menos hasta el informe del gobierno en Ali”, y procedieron a declarar “cómo proceder en Al-Qahtani debería de ser una decisión fácil. El gobierno de Biden debería de hacer lo correcto, retirarse y transferir a Al-Qahtani. El gobierno no discute la gravedad de la enfermedad mental del Sr. Al-Qahtani y Arabia Saudita aceptaría su repatriación. Si se niega a hacerlo, el gobierno debe dar la fácil y humana valoración médica que merece y después transferir al Sr. Al-Qahtani si los expertos médicos independientes que conducirían la evaluación determinan que la repatriación está justificada.

También explicaron que el memo de enero debe ser rescindido y concluyeron, apropiadoramente, con una declaración que, aunque “nadie cree que cerrar Guantánamo y ponerle fin a la detención militar indefinida sería fácil”, no “es un problema irresoluble”, pero antes que nada “el gobierno de Biden necesita dejar de entorpecer”, una opinión con la que estoy de acuerdo incondicionalmente.


 

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