A quienes hemos estado siguiendo la trayectoria reciente del coronel Lawrence Wilkerson
no nos sorprendió que, la semana pasada, presentara una declaración (PDF) en
el marco de una demanda de indemnización contra el Gobierno de EE.UU.
interpuesta por el exprisionero de Guantánamo Adel
Hassan Hamad. Hamad, un trabajador sanitario sudanés, fue entregado a las
fuerzas estadounidenses por sus aliados paquistaníes sin escrúpulos en el
verano de 2002, pero no fue liberado de Guantánamo hasta diciembre de 2007.
En la declaración, el coronel Wilkerson, que sirvió en el ejército estadounidense durante 31 años y
fue jefe de gabinete del secretario de Estado Colin Powell desde agosto de 2002
hasta enero de 2005, afirmó que George W. Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld
sabían —y no les importaba— que "la gran mayoría de los detenidos de Guantánamo
eran inocentes".
El pasado mes de marzo, el coronel Wilkerson escribió una columna como colaborador invitado para The
Washington Note, titulada “Algunas
verdades sobre la bahía de Guantánamo”, en la que expuso por primera vez
algunas de sus principales críticas sobre los fallos de las políticas de
detención de la Administración Bush en la "guerra contra el terrorismo". En su
artículo, el coronel Wilkerson denunció "la absoluta incompetencia de los
controles realizados sobre el terreno en Afganistán durante las primeras fases
de las operaciones estadounidenses en ese país" y explicó: "En pocas palabras,
los funcionarios competentes, tanto civiles como militares, no realizaron en el
país ningún intento significativo de seleccionar a quiénes estábamos
trasladando a Cuba para su detención e interrogatorio".
Nunca me ha llegado a la atención de forma convincente —ya sea a través de información clasificada o de otro tipo— que
se haya obtenido información de inteligencia relevante de ninguno de los
detenidos en la Bahía de Guantánamo, salvo de un puñado de líderes
indiscutibles y sus compañeros, claramente no más de una docena o dos de los
detenidos, e incluso su supuesta contribución de información de inteligencia
sólida y útil para la acción es objeto de intensa controversia en los círculos
pertinentes, como los de inteligencia y las fuerzas del orden. Esta es quizás
la verdad más asombrosa de todas, cuidadosamente enmascarada por hombres como
Donald Rumsfeld y Richard Cheney en su retórica estridente —que continúa
incluso ahora en el caso de Cheney— sobre futuros atentados frustrados, el
resurgimiento de los terroristas, la necesidad indiscutible de la tortura y los
interrogatorios severos, así como de prisiones secretas y lugares como Guantánamo.
Las críticas del coronel Wilkerson a la incompetencia de la administración Bush reflejaban lo que otros
investigadores y yo habíamos descubierto y, como resultado, me sentí animado a
ponerme en contacto con él para preguntarle si estaría dispuesto a concederme
una entrevista. Me alegré mucho cuando aceptó, y la entrevista resultante,
dividida en dos partes, fue publicados por la Future of Freedom Foundation el
pasado agosto
y septiembre.
En ella, el coronel Wilkerson se extendió sobre las caóticas políticas de detención tras la
invasión de Afganistán en octubre de 2001 y explicó cómo el Departamento de
Estado se había visto obligado a lidiar con los países que reclamaban la
repatriación de sus ciudadanos. Reconoció que Cheney y Rumsfeld les habían
mantenido en gran medida al margen de la información, y añadió que, en opinión
de Colin Powell, el presidente Bush "no tenía ni idea" de la "magnitud" de lo
que Cheney estaba tramando entre bastidores. También reiteró que no había
motivo para que se hubiera retenido a la mayoría de los prisioneros, citando a
un colega anónimo que le dijo, después de que 742 prisioneros hubieran sido
trasladados a Guantánamo: "Te lo digo ya: 700 de ellos no han hecho absolutamente
nada, salvo interponerse en el camino de quien iba a capturarlos".
El coronel Wilkerson también lanzó una bomba sobre la recopilación de información de inteligencia,
explicando cómo, "tras hablar con cientos de personas, literalmente", se había
convencido recientemente de que, aunque antes pensaba que el temor de la
Administración a otro atentado terrorista persistió a lo largo de 2002 (es
decir, cuando se estaba desarrollando todo
el programa de tortura), "su temor a otro atentado se disipó con bastante
rapidez después de que su atención se centrara en Irak y de que, según
recuerdo, a finales de noviembre [de 2001], se ordenara a Tommy Franks que
comenzara a planificar la intervención en Irak y dejara de centrarse en Afganistán".
A pesar de estas críticas anteriores a la Administración Bush, la declaración del coronel Wilkerson en
apoyo de la demanda de indemnización de Adel Hassan Hamad es bienvenida por
varias razones. La primera es que la memoria es crónicamente corta en este
mundo de noticias incesantes, y es posible que muchas personas (tanto
periodistas como el público en general) hayan olvidado —si es que alguna vez se
dieron cuenta— que el coronel Wilkerson lleva un año librando una batalla en
solitario contra la Administración Bush.
La segunda es que, por fin, implica a George W. Bush en las políticas aplicadas en gran medida por Cheney y
Rumsfeld; y la tercera es que la Administración de Obama ha llegado a una
especie de parálisis en sus intentos por cerrar Guantánamo, y los hombres
inocentes que siguen detenidos allí —así como el puñado de auténticos
sospechosos de terrorismo— merecen o bien la libertad o bien un juicio justo, para
que esa abominación que es Guantánamo pueda cerrarse de una vez por todas.
Una cuarta razón, quizás la más condenatoria de todas, se refiere a la base misma de las políticas de
detención —facilitar los interrogatorios— y aquí el coronel Wilkerson amplía su
revelación, del verano pasado, de que la recopilación de información de
inteligencia se desvió para justificar la invasión de Irak en lugar de para
proteger al pueblo estadounidense de otro atentado terrorista.
El primer punto es evidente por sí mismo, como se desprende de los periodistas de los principales medios de
comunicación, que parecen no haberse dado cuenta antes de que, tal y como
explicó el coronel Wilkerson en su declaración, "muchos de los prisioneros
detenidos en Guantánamo habían sido puestos bajo custodia sin tener en cuenta
si eran realmente combatientes enemigos o, de hecho, si muchos de ellos eran
enemigos en absoluto", y que muchos eran "víctimas de una investigación de
antecedentes incompetente en el campo de batalla".
El coronel Wilkerson también señaló que "en primer lugar, no eran las fuerzas estadounidenses, en su
mayoría, las que capturaban a los prisioneros", y explicó que "en cambio,
contábamos con los afganos, como las fuerzas del general Dostum, y con los
pakistaníes, para que nos entregaran a los prisioneros que habían capturado o
que les habían sido entregados a cambio de recompensas, que en ocasiones
ascendían a 5.000 dólares por persona". Como también explicó, "recuerdo
conversaciones con oficiales militares en activo en aquella época, que me
dijeron que muchos detenidos eran entregados por motivos equivocados, sobre
todo a cambio de recompensas y otros incentivos".
El coronel Wilkerson también explicó que, "a finales de agosto de 2002, descubrí que, de los 742
detenidos iniciales que habían llegado a Guantánamo, la mayoría nunca había
visto a un soldado estadounidense durante el proceso de su detención inicial y
su cautiverio no había sido objeto de ninguna revisión significativa".
Claramente preocupado por ello, añadió que también se hacía "cada vez más evidente que muchos de esos
hombres eran inocentes o, como mínimo, que su culpabilidad era imposible de
determinar, y mucho menos de demostrar, ante cualquier tribunal, ya fuera civil
o militar", y que, durante sus reuniones informativas matutinas, Colin Powell
"solía manifestar que le preocupaba especialmente la falta de un plan sobre el
destino final de los detenidos, sobre todo si la idea era mantenerlos en
detención indefinida, sin juicio, para siempre".
Al poner de manifiesto la incompetencia de la Administración Bush con mayor claridad que antes, el
coronel Wilkerson añadió que "al menos parte del problema era que resultaba
políticamente imposible liberarlos", y que una de las principales
preocupaciones era que, al liberar a los presos, "las medidas de detención en
Guantánamo quedarían al descubierto como la operación increíblemente confusa
que eran".
Al igual que en sus artículos y entrevistas anteriores, también dejó claro que uno de los
principales obstáculos para la puesta en libertad de los presos era Donald
Rumsfeld, quien "simplemente se negaba a dejar marchar a los detenidos", y que
otro era Dick Cheney, a quien "no le preocupaba en absoluto que la gran mayoría
de los detenidos de Guantánamo fueran inocentes, ni que no existieran pruebas
válidas contra la gran mayoría de ellos". Si cientos de personas inocentes
tenían que sufrir para detener a un puñado de terroristas empedernidos, que así
fuera. Esa parecía ser la filosofía que imperaba en la Oficina del Vicepresidente".
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Sin embargo, mientras que el verano pasado el coronel Wilkerson me había indicado
que el presidente Bush apenas tenía idea del grado en que Cheney dirigía las
políticas del Gobierno tras el 11-S, en su declaración implicó plenamente al
presidente, señalando que, aunque "al vicepresidente Cheney le resultaba fácil
dar mil vueltas al presidente Bush desde el punto de vista burocrático, ya que
contaba con la red necesaria dentro del Gobierno para hacerlo", y que "la
mayoría de las veces conseguía la aquiescencia del presidente" "aprovechándose
de lo que el secretario Powell denominaba los “instintos de vaquero” del
presidente", Powell también le dijo que, en su opinión, "no solo el
vicepresidente Cheney y el secretario Rumsfeld, sino también el presidente
Bush, participaban en toda la toma de decisiones sobre Guantánamo".
El tercer punto —la incapacidad del presidente Obama para cerrar Guantánamo— es especialmente
relevante en estos momentos. Esto quedaba en gran medida fuera del ámbito de
competencia del coronel Wilkerson para la declaración, pero resultaba
deprimente darse cuenta, al repasar sus declaraciones anteriores, de que hace
un año había señalado "la suposición ahora predominante, reforzada
recientemente por el nuevo equipo de la Casa Blanca, de que cerrar nuestras
instalaciones penitenciarias en la bahía de Guantánamo llevaría algún tiempo y
requeriría la elaboración de un plan muy complejo". Debido a las desafortunadas
realidades políticas que ahora entran en juego —las recientes declaraciones estridentes
y casi sin precedentes de Cheney sobre los peligros de mimar a los terroristas,
y la vulnerabilidad de los demócratas en general ante cualquier cuestión de
seguridad nacional—, puede que haya algo de verdad en ello. Pero en lo que
respecta al cierre físico y seguro de las instalaciones penitenciarias, es una tontería".
A la luz de las explicaciones del coronel Wilkerson sobre la insignificancia de la mayoría de
los presos de Guantánamo, resulta realmente deprimente darse cuenta de que, un
año después de que escribiera estos comentarios, 183 hombres siguen recluidos
en Guantánamo, y que el propio grupo de trabajo del Gobierno ha reforzado los
temores del coronel Wilkerson respecto a la vulnerabilidad de los demócratas en
cuestiones de seguridad nacional al recomendar que, aunque 35 hombres deberían
ser juzgados, otros 47 deberían seguir
detenidos indefinidamente sin cargos ni juicio.
El coronel Wilkerson ha prestado un gran servicio a quienes (como yo mismo, el personal y los
estudiantes de la Facultad de
Derecho de Seton Hall) hemos estudiado con detenimiento las historias de
los presos y hemos señalado insistentemente que no hay razones válidas para
mantener detenidos a la mayoría de los presos que aún se encuentran en
Guantánamo. Sin embargo, el hecho de que se haya avanzado tan poco en el último
año —y de que, de hecho, la Administración Obama se vea más claramente dominada
que nunca por la cautela, la cobardía y la inercia— debería realmente dar mayor
peso y urgencia a su análisis.
Lamentablemente, la atención principal de los medios de comunicación —como parte del implacable
ciclo de noticias que he mencionado anteriormente— se ha centrado más en las
revelaciones del coronel Wilkerson sobre el conocimiento que tenía el
presidente Bush del fracaso de su experimento en materia de detenciones e
interrogatorios, y bastante menos en la falta de justificación alguna para
mantener recluidos a la mayoría de los 183 hombres que aún languidecen en Guantánamo.
También se han pasado por alto, con implicaciones no menos graves, las continuas revelaciones del coronel
Wilkerson sobre cómo todo el proceso de interrogatorios, que condujo al uso
generalizado de la tortura, no tenía como objetivo proteger a Estados Unidos de
otro ataque terrorista, sino que, por el contrario, estaba diseñado para obtener
información que justificara la invasión ilegal de Irak. Esto supuso una
auténtica bomba cuando el coronel Wilkerson me lo reveló el verano pasado, y
sigue siendo igual de impactante ahora. Tal y como explicó en su declaración:/p>
Para el vicepresidente, el secretario Rumsfeld y otros, la cuestión principal era obtener más información
de inteligencia lo antes posible, tanto sobre Al Qaeda como sobre sus planes
actuales y futuros, pero también, cada vez más en 2002-2003, sobre los
contactos entre Al Qaeda y los servicios de inteligencia y la policía secreta
de Sadam Husein en Irak. Su opinión era que el hecho de que personas inocentes
languidecieran en Guantánamo durante años… se consideraba aceptable si ello
conducía a un panorama de inteligencia más completo y satisfactorio con
respecto a Irak, justificando así los planes de la Administración para la
guerra contra ese país.
En sus comentarios finales, el coronel Wilkerson señaló: "He tomado la decisión personal de dar un paso al
frente y hablar de los abusos que se produjeron porque saber que formé parte de
una Administración que torturó y maltrató a los detenidos en las instalaciones
de la bahía de Guantánamo y en otros lugares, y que mantuvo detenidos
indefinidamente a personas inocentes por motivos políticos, ha supuesto un
punto bajo en mi carrera profesional, y deseo dejar constancia clara de lo que ocurrió".
Con ello, espero que las declaraciones del coronel Wilkerson no solo generen presión para que se libere
a la mayoría de los presos que aún permanecen en Guantánamo, sino que también
contribuyan a que se exija que quienes autorizaron la tortura y los malos
tratos rindan cuentas por sus actos. Se trata de llamamientos que, en los
círculos respetuosos con la ley, se han
intensificado desde el reciente
encubrimiento de un informe que recomendaba medidas disciplinarias contra
John Yoo y Jay S. Bybee, de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de
Justicia, autores de los "memorandos sobre la tortura", que pretendían
redefinir el concepto de tortura para que pudiera ser utilizada por la CIA —y
que posteriormente se extendieron al ámbito militar.
Para el coronel Wilkerson, que sigue "extremadamente preocupado por el hecho de que las Fuerzas Armadas de
los Estados Unidos, donde pasé 31 años de mi vida profesional, estuvieran
profundamente implicadas en estos trágicos errores", la necesidad de rendir
cuentas tiene un significado especialmente personal; pero para el resto de
nosotros, no debería ser menos importante el hecho de que la tortura se
utilizara para justificar una guerra ilegal, que contaminara al ejército
estadounidense, que quienes la autorizaron sigan en libertad para seguir
difundiendo sus mentiras venenosas (al menos en el caso de Dick Cheney) y que
haya hombres que sigan languideciendo en Guantánamo como consecuencia de ello
—y también como consecuencia de la falta de voluntad o la negativa de la
Administración Obama a afrontar los hechos que el coronel Wilkerson ha revelado.
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