Las demenciales pruebas secretas británicas sobre el terrorismo
17 de marzo de 2009
Andy Worthington
Hace un mes, cuando los Lores
británicos dictaminaron que tres hombres que habían pasado entre seis y
ocho años encarcelados sin cargos ni juicio, o retenidos sin cargos ni juicio
bajo estrictas condiciones de libertad bajo fianza equivalente a arresto
domiciliario, podían ser deportados a sus países de origen, aunque existiera el
riesgo -o, tal vez, incluso la probabilidad- de que fueran torturados o
sometidos a malos tratos, los medios de comunicación británicos se despertaron
brevemente con la noticia. Esto se debió casi exclusivamente a que uno de los
hombres era Omar Mahmoud Othman (más conocido como Abu Qatada), un hombre
descrito habitualmente como "el embajador espiritual de Al Qaeda en Europa",
aunque esta afirmación nunca se haya probado ante un tribunal.
La sentencia de los Lores fue impugnada de inmediato por los abogados de los hombres y su deportación se
detuvo mientras se presentaba un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, pero al día siguiente se produjo un escándalo sensacionalista cuando
Qatada y otros 10 hombres recibieron alrededor de 26.000 libras esterlinas, más
53.000 libras esterlinas en concepto de costas judiciales, como indemnización
por su detención sin cargos ni juicio en Belmarsh, entre diciembre de 2001 y
marzo de 2005, que, según los jueces, había vulnerado sus derechos humanos.
La parte de Qatada, que apareció en los titulares de todo el país, fue de 2.500 libras, bastante menos
que las 170.000 libras que había solicitado y, como explicó The
Guardian, "los jueces dijeron que la indemnización en metálico de
los detenidos era 'sustancialmente inferior' a la de casos anteriores de
'detención ilegal'",'" porque "reconocieron que el plan de
detención del gobierno fue 'concebido ante una emergencia pública, y como un
intento de conciliar la necesidad de proteger a la población del Reino Unido contra
el terrorismo con la obligación de no devolver a los solicitantes a países en
los que corrían un riesgo real de sufrir malos tratos.'"
A pesar de la repulsa generalizada en los medios de comunicación, The
Independent señaló, a quienes podían ver más allá de la retórica
estrecha, que el TEDH sólo confirmaba la sentencia de los Lores en 2004, según
la cual la actuación del gobierno al encarcelar a Qatada y a los otros hombres
había sido "desproporcionada e ilegal", y añadió: "Por
desagradable que sea Qatada, no había pruebas (desde luego ninguna que se
sostuviera en un tribunal ordinario) de que hubiera infringido la ley desde que
llegó a Gran Bretaña en 1993. La respuesta del gobierno a esta falta de pruebas
fue encerrarlo indefinidamente bajo la autoridad de un tribunal de inmigración
secreto, socavando así el principio de que toda persona en Gran Bretaña debe
recibir un juicio justo y abierto antes de ser encarcelada. Este pago de 2.500
libras es más de lo que merece el repugnante Qatada, pero es un pequeño precio
a pagar si ayuda a preservar nuestras libertades civiles de los asaltos de un
gobierno que parece incapaz de comprender el concepto mismo."
Aparte de este audaz editorial, pocos otros medios de comunicación importantes se centraron en el
panorama general: si estaba justificado arriesgarse a contravenir la Convención
de la ONU contra la Tortura enviando a personas de vuelta a países donde
podrían ser torturadas y, lo que es aún más importante, la razón por la que
habían sido encarceladas sin cargos ni juicio (y, posteriormente, bajo arresto
domiciliario), que era, sencillamente, porque el gobierno se negaba a seguir al
resto del mundo en la búsqueda de una manera de probar las supuestas pruebas
que tenía en un tribunal de justicia, protegiendo al mismo tiempo sus fuentes
de inteligencia (PDF).
Nadie se preocupó de los otros dos hombres -conocidos sólo como RB y U- ni de otros que posiblemente se
enfrenten a órdenes de expulsión similares en las decisiones que tomará en las
próximas semanas el Tribunal Especial de Apelación sobre Inmigración (SIAC), un
lugar donde el secretismo que sustenta todo el régimen británico al estilo de
Guantánamo se ve más claramente en el papel de los abogados especiales. Se
trata de abogados designados para actuar en nombre de los presos en sesiones
judiciales a puerta cerrada (consideradas esenciales por razones de seguridad
nacional), pero a los que no se permite decir ni una palabra sobre lo ocurrido
ni a los presos ni a sus abogados.
|
Hace tres semanas, pocos medios de comunicación se dieron por enterados cuando, a raíz
del recurso ante el TEDH, el Gobierno instó a la SIAC a revocar las órdenes de
libertad bajo fianza de RB y U -y de otros tres, sólo conocidos como Y, Z y
VV-, que establecían su reclusión en condiciones estrictas equivalentes a
arresto domiciliario, y a ordenar su encarcelamiento, una vez más, en Belmarsh,
basándose en que, desde la sentencia de los Lores, existía supuestamente un
mayor riesgo de fuga. Cuando el juez, el Sr. Mitting, se negó, argumentando en
su lugar que las condiciones de la fianza eran suficientes hasta que la SIAC
pudiera completar una revisión exhaustiva de los casos de los hombres, la
Ministra del Interior, Jacqui Smith, intervino
de la manera más extraordinaria, secuestrando a U y VV cuando eran
entregados en sus casas, apresando a los otros tres hombres en redadas
domiciliarias, y entregándolos a todos a Belmarsh, sin informar a sus abogados
o a sus familias con antelación.
Al día siguiente, el juez Mitting respondió con admirable moderación, absteniéndose de atacar al gobierno
por haber pisoteado su decisión, y ordenando la liberación de todos los hombres
menos uno, con la promesa de que las razones para mantener a este último
hombre, U, en Belmarsh, que aparentemente se basaban en nuevas "pruebas
secretas" en posesión del gobierno, serían revisadas la semana siguiente.
Cuando la SIAC volvió a reunirse hace dos semanas para examinar con más detalle las razones del
gobierno para afirmar que U debía ser recluido en Belmarsh, en lugar de en las
estrictas condiciones de libertad bajo fianza en las que ha estado recluido
desde julio de 2008, se desencadenó otra extraordinaria historia de hipérbole e
ineptitud gubernamental.
A diferencia de algunos de los detenidos en virtud de órdenes de control, que han sido trasladados
deliberadamente por el gobierno a pisos apenas habitables en zonas desfavorecidas
del Reino Unido, donde se enfrentan a la hostilidad racista y también pueden
ser acosados impunemente por los agentes del gobierno, que pueden asaltar sus
casas en controles de seguridad a cualquier hora del día o de la noche, y
pueden acusarles de incumplir supuestamente sus condiciones de libertad bajo
fianza sin la presencia de testigos incómodos, al detenido conocido sólo como U
se le permitió -tras muchas negociaciones con el gobierno- ocupar una
habitación en una casa de una conocida ciudad del sur de Inglaterra en la que
otras habitaciones se alquilan a estudiantes, donde cuenta con el apoyo no sólo
del propietario de la casa, sino también de otros miembros de la comunidad local.
U, hombre culto y de mente inquieta, ya había cursado una licenciatura mientras estaba en prisión, y
respondió al estricto toque de queda que se le impuso, que, de hecho, le
retenía en la casa permanentemente, sin posibilidad alguna de salir al
exterior, embarcándose en un máster de la Open University en Gobernanza
Europea. En los últimos meses, sin embargo, los Procuradores del Tesoro,
responsables de aprobar los recorridos que los presos bajo arresto domiciliario
pueden hacer como peatones, le habían permitido salir de casa durante una hora
dos veces por semana.
Una muestra de la desproporcionada respuesta del gobierno a la supuesta amenaza que representa U
es que, para estas breves excursiones quincenales, tenía que ir acompañado de
dos miembros de su equipo de apoyo (sus amigos, que tienen que contar con la
autorización de seguridad del gobierno), así como de cuatro representantes del
Ministerio del Interior: dos caminando detrás y dos siguiéndole en un coche.
Cuando la SIAC escuchó las "pruebas secretas" del gobierno, que supuestamente justificaban el
regreso de U a Belmarsh, los observadores se horrorizaron al descubrir que el
argumento esgrimido por Robin Tam QC, Procurador del Tesoro, era que, aunque la
ruta había sido aprobada por su propio departamento gubernamental, existía
supuestamente un riesgo de fuga de U porque la ruta pasaba por una carretera
principal, estaba a dos kilómetros de una estación de tren y no estaba lejos de
varios puertos. No se explica cómo se supone que este hombre de letras va a
arrollar a cuatro representantes del Ministerio del Interior y darse a la fuga.
En un comunicado, U respondió afirmando: "Mi único salvavidas en prisión y bajo fianza ha sido
la educación. Si hubiera tenido intención de fugarme no me habría matriculado
en un curso de máster. Nunca me fugaría ni huiría del proceso". Añadió:
"Creo en la justicia", y también señaló: "No es justo que no
conozca las pruebas secretas contra mí".
Las declaraciones de testigos en apoyo de U procedieron de varias de las personas que han llegado a
conocerlo, entre ellas el hombre cuya casa comparte, que lo describió como
"mi muy buen amigo", señaló que "se ha interesado mucho por
todos los temas" y añadió: "Cuando tuve un accidente, el Sr. U me
cuidó y cocinó como yo no podía". También declaró que U "nunca ha
incumplido las condiciones de la fianza", y que "no iba a zonas de la
casa donde no hubiera señal" de la etiqueta que debe llevar, y declaró:
"Creo sinceramente que no se fugará. Espero que se le permita seguir
viviendo en mi casa".
|
Más allá del ridículo escenario de la supuesta vía de escape de U, el caso de la
fiscalía se centró esencialmente en la afirmación del gobierno de que las
condiciones de la fianza de U eran "difíciles de gestionar", y que la
dirección, a diferencia de las casuchas vulnerables mencionadas anteriormente,
era "inmanejable". Lo que esto significa es que U no está aislado,
como desea el gobierno. Su anfitrión ha tenido grandes dificultades para
encontrar estudiantes que alquilen otras habitaciones de su casa, no sólo
porque se les prohíbe tener ordenadores en las instalaciones, sino también
porque tienen que soportar redadas periódicas de hasta siete representantes del
Ministerio del Interior (que, como explicó uno de los miembros del equipo de
apoyo de U, "no han hecho ningún esfuerzo por conocer a nadie, declarando
desde el principio que no iban a trabajar en equipo con nosotros, sino más bien
diciéndonos lo que permitirían y lo que no"), en busca de pruebas de que U
está a punto de fugarse, o está utilizando un ordenador o un teléfono móvil.
Sin embargo, dado el estrecho círculo de amigos de U, además de los otros
inquilinos, la realidad, para el Ministerio del Interior, es que sus redadas,
alimentadas por la paranoia, son supervisadas regularmente por testigos, que
observan horrorizados cómo revuelven el contenido de la casa, buscando en vano
pruebas de que U esté haciendo algo más que ocuparse de sus propios asuntos y
esperando -aparentemente en vano- algo parecido a la justicia.
Un ejemplo reciente del planteamiento del Ministerio del Interior tuvo lugar durante una de estas
redadas, cuando, como señaló otro miembro del equipo de apoyo de U en una carta
a la SIAC, se llevaron cuatro mapas: de Brighton, de la red de autobuses de
Londres, de Maidstone y de Dieppe (aunque el escritor también señaló que, en un
informe anónimo sobre la redada, presentado al tribunal como parte de las
"pruebas secretas", el mapa de Maidstone se describía en su lugar
como un mapa de Folkestone). "No está claro por qué se mencionaron estos
cuatro", escribió el amigo de U. "Dado el contexto general, sólo se
puede suponer que el redactor del documento pensó que tales mapas podrían
indicar una 'ruta de escape', aunque dado que no hay transbordadores que operen
entre Folkestone (¡y mucho menos Maidstone!) y Dieppe, habría tenido algunas
dificultades con tal ruta. Pero en cualquier caso, es difícil ver por qué el
Ministerio del Interior vería una huida a Francia como un problema, ya que
considera su presencia en el Reino Unido como una amenaza para la seguridad
nacional, y está ansioso por deportarlo."
Y añadió: "Aunque el informe da a entender que esos mapas se encontraron aislados, como si se
hubieran juntado para preparar una fuga, nada más lejos de la realidad. [La
casa contiene muchos cientos de libros y mapas, y los mapas confiscados por los
funcionarios de inmigración ese día fueron tomados de una gran pila de mapas en
el rellano del primer piso; parece que seleccionaron esos cuatro de la pila por
alguna razón - tal vez para dar deliberadamente la impresión antes mencionada,
o para algún otro propósito desconocido. Por supuesto, es posible que la
intención fuera simplemente demostrar que esos objetos estaban disponibles en
la casa en caso de que U deseara llevárselos, lo que concuerda con la
descripción que se hace en el documento de la casa como "difícil de
manejar". Si este es el caso, no me cabe duda de que [el propietario] y
otros miembros del grupo de apoyo estarían encantados de ayudar al personal de
inmigración a identificar, antes de cualquier registro futuro, cualquier objeto
de este tipo en la casa que se considere de algún modo "delicado" o
"peligroso", y a disponer que se guarde en algún lugar fuera del
alcance de U".
Al revisar las "pruebas secretas" del gobierno, el juez Mitting respondió de nuevo
con admirable moderación, insinuando que, si había problemas con el lugar donde
vivía U, se podría encontrar otra dirección para la fianza, pero dejó claro que
el gobierno no había establecido una razón para revocar su fianza. Sin embargo,
en lugar de pronunciarse en ese momento, dijo que esperaría hasta que se
hubieran revisado todos los casos. Esto, dijo, llevaría unas tres semanas, y
añadió que notificaría su decisión a los abogados de los hombres por carta, en
lugar de hacerlo en el tribunal.
Espero que me perdonen si mi conclusión parece bastante dura sobre las acciones del gobierno, pero me
parece evidente que el gobierno está especialmente molesto por el caso de U
porque varios ciudadanos británicos, consternados por la negativa de sus
propios representantes electos a adherirse a lo que el Independent llamó
correctamente "el principio de que todo el mundo en Gran Bretaña debe
recibir un juicio justo y abierto antes de ser encarcelado", han
respondido uniéndose para proteger a un hombre al que han llegado a conocer de
nuevos castigos arbitrarios, lo que, para disgusto del gobierno, ha implicado
vigilar de cerca sus actividades.
En mi opinión, esto no es más que el ejercicio por parte de los ciudadanos británicos de su derecho a
vigilar a su propio gobierno y, como en el caso de los hombres retenidos en
Guantánamo, si al gobierno no le gusta, puede hacer lo correcto: someter a los
hombres a juicio, encontrar una forma de presentar pruebas que no comprometan
sus fuentes y permitir que estas pruebas sean impugnadas de forma justa y abierta.
De lo contrario, esta cruel farsa continuará, aparentemente sin fin, causando
estragos en la salud mental de las personas sometidas a los caprichos del
gobierno, poniendo en peligro nuestros compromisos de oponernos a todo uso de
la tortura, socavando 800 años de habeas corpus e, increíblemente, exigiendo
que aceptemos a pies juntillas las afirmaciones de los políticos y los
servicios de inteligencia de que sus supuestas pruebas son irreprochables y de
que son incapaces de cometer errores.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
