La tortura empaña el caso del preso de Guantánamo Mohamed Jawad
16 de enero de 2009
Andy Worthington
En un artículo
anterior, informé extensamente sobre una extraordinaria declaración
presentada ante un tribunal de Washington D.C. el 13 de enero para la revisión
del hábeas corpus de Mohamed
Jawad, preso afgano en Guantánamo. La declaración, del teniente coronel
Darrel Vandeveld, ex fiscal del sistema de juicios de la Comisión Militar de
Guantánamo, que dimitió
en septiembre de 2008, era enormemente significativa, ya que trazaba cómo
Vandeveld pasó de ser un "verdadero creyente a alguien que se sentía
verdaderamente engañado".
A lo largo de la declaración, Vandeveld reveló cómo, durante sus 16 meses de servicio, se
encontró con una fiscalía "caótica" y en completo desorden, que no
quería ni podía recopilar pruebas plausibles ni proporcionar pruebas
exculpatorias a los equipos de defensa.
También reveló cómo, paso a paso, tanto por accidente como gracias a una diligencia encomiable, se enteró
de que Jawad, que se enfrentaba a un juicio ante una Comisión Militar por haber
atacado supuestamente con una granada a dos soldados estadounidenses y a un
traductor, sólo tenía 16 o 17 años en el momento del ataque, fue engañado para
que se uniera a un grupo insurgente, fue drogado en el momento del ataque, fue
amenazado con torturas bajo custodia afgana hasta que hizo una confesión falsa
(o le hicieron una confesión falsa en su nombre), fue uno de los cuatro presos
que, al parecer, confesaron el crimen (aunque no se pudo localizar a los
demás), y fue sometido a graves malos tratos físicos y psicológicos en la
prisión estadounidense de la base aérea de Bagram y en Guantánamo, incluido un
periodo de dos semanas en el que fue trasladado de celda en celda 112 veces
para impedirle dormir, en el marco de lo que se denominó eufemísticamente
"programa de viajeros frecuentes"."
Dado que la tortura ha saltado recientemente a los titulares con la admisión de Susan J. Crawford, la
alta funcionaria del Pentágono que supervisa las Comisiones, de que el preso
saudí Mohammed al-Qahtani fue torturado
en Guantánamo y que, como consecuencia de ello, decidió abandonar su caso,
tengo claro que hay que plantearse preguntas difíciles sobre por qué la
política de privación prolongada del sueño, que formaba parte del procedimiento
operativo estándar (según un oficial que prestó testimonio en el caso de
Jawad), y a la que, según un antiguo interrogador, fueron sometidos más de cien
presos en Guantánamo, no cuenta también como tortura.
Aunque muchos informes médicos han llegado a la conclusión de que la privación del sueño es una forma
de tortura, una de las descripciones más contundentes la hizo Menachem Begin,
ex primer ministro israelí, que fue torturado por el KGB. En su libro White Nights: The Story of a Prisoner in Russia (Noches
blancas: La historia de un prisionero en Rusia), escribió:
En la cabeza del prisionero interrogado comienza a formarse una neblina. Su espíritu está extenuado hasta
la muerte, sus piernas se tambalean y tiene un único deseo: dormir...
Cualquiera que haya experimentado este deseo sabe que ni siquiera el hambre y
la sed son comparables a él. Me encontré con prisioneros que firmaban lo que se
les ordenaba, sólo para obtener lo que el interrogador les prometía. No les
prometía su libertad, no les prometía comida para saciarse. Les prometía -si
firmaban- ¡dormir sin interrupciones! Y, después de firmar, no había nada en el
mundo que pudiera moverles a arriesgarse de nuevo a pasar esas noches y esos días.
Sin la persistencia de Vandeveld, poco o nada de la verdadera historia de Mohamed Jawad habría salido
a la luz, y su detallado testimonio sirve no sólo como condena exhaustiva de
las Comisiones Militares, sino también como confirmación de que la
administración carece efectivamente de argumentos contra Jawad, y que no sólo
debería desestimarse su juicio, sino que el juez de su caso de hábeas corpus
debería ordenar su inmediata puesta en libertad de Guantánamo.
A pesar de ello, el Washington
Post informó de que el fiscal jefe de la Comisión, el coronel Lawrence
Morris, respondió desdeñosamente -incluso insultantemente- al detallado informe
de Vandeveld. En un correo electrónico, Morris afirmaba que Vandeveld "se
sintió decepcionado cuando no le elegí como jefe de equipo, y pidió la dimisión
poco después, sin haber planteado nunca un problema ético durante los 9 meses
que le supervisé. Confié en las declaraciones que me hizo sobre Jawad y otros
casos que le confié (que incluían su defensa de una condena de 40 años para el
Sr. Jawad la semana antes de su marcha)."
Sus palabras provocaron una tajante respuesta de Vandeveld, que dijo, simplemente: "No me creería ni
una palabra de lo que dice".
La presentación de la declaración del teniente coronel Vandeveld no fue la única actividad en el caso
de Jawad el 13 de enero. En otro lugar de la capital, la cuestión de la tortura
volvió a salir a relucir cuando el tribunal de apelación de las Comisiones
Militares (convocado apresuradamente en el verano de 2007 después de que dos
jueces, el coronel Peter Brownback y el capitán Keith Allred, desbarataran
temporalmente todo el proceso de la Comisión) se reunió para considerar la
alegación del gobierno de que debía restablecerse una declaración hecha por
Jawad a los interrogadores estadounidenses en diciembre de 2002, en la que
aparentemente admitía el atentado con granada, horas después de la declaración
bajo custodia afgana que se le extrajo mediante amenazas de tortura.
Hace dos meses, el juez de Jawad, el coronel Stephen Henley, dictaminó que su
confesión bajo custodia afgana no podía utilizarse porque "aceptó el
relato del acusado de cómo fue amenazado, mientras altos funcionarios afganos
armados aliados de las fuerzas estadounidenses observaban su
interrogatorio", y porque creyó el relato de Jawad de que un interrogador
le dijo: "Te matarán si no confiesas el ataque con granadas. Detendremos a
tu familia y la mataremos si no confiesas".
El mes pasado, Henley también impidió
el uso de la segunda confesión de Jawad, explicando que había llegado a la
conclusión de que "el efecto de las amenazas de muerte que produjeron la
primera confesión del acusado a la policía afgana no se había disipado con la
segunda confesión a Estados Unidos". En otras palabras, la confesión
posterior fue en sí misma el producto de las amenazas de muerte
precedentes". Tal como lo describió Associated Press, Henley señaló que
los soldados de las Fuerzas Especiales estadounidenses "habían utilizado
técnicas para mantener 'el estado de shock y miedo' asociado a su detención por
la policía afgana, entre ellas vendarle los ojos y colocarle una capucha en la cabeza".
A mí esto me parece bastante claro, pero como el gobierno no conoce la vergüenza (el teniente
coronel Vandeveld describió memorablemente a algunos de los fiscales como
"obstinados y destructores de la credibilidad que persiguen posiciones
legales irrisorias"), el comandante de la Marina Arthur L. Gaston III
compareció ante el tribunal para afirmar que "se trataba de un
interrogatorio separado", a pesar de que estaba bien establecido que en él
se vendaron los ojos y se encapuchó a los detenidos, y que tuvo lugar sólo unas
horas después de que las autoridades afganas lo hicieran. Gaston III compareció
ante el tribunal para afirmar que "se trataba de un interrogatorio
separado y distinto", a pesar de que había quedado bien establecido que en
él se vendaron los ojos y se encapuchó a la víctima, y que tuvo lugar sólo unas
horas después de que las autoridades afganas amenazaran de muerte a Jawad y a
su familia.
Los tres jueces -un civil, Frank J. Williams, presidente del Tribunal Supremo de Rhode Island, el coronel
de las Fuerzas Aéreas David R. Francis, y el capitán de la Armada Daniel E.
O'Toole- no tomaron una decisión inmediata, sino que, como me explicó por
correo electrónico el mayor David Frakt, abogado militar defensor de Jawad,
"eran lo que llamamos un 'banquillo caliente', haciendo muchas, muchas
preguntas. Me pareció que eran un poco más duros, o ciertamente, un poco más
escépticos respecto a la postura del gobierno".
Y añadió: "El abogado del gobierno tenía una batalla cuesta arriba, porque habían perdido en el
tribunal de primera instancia y tenían que convencer al tribunal de que el juez
de primera instancia se había equivocado bajo un criterio de 'abuso de
discreción', lo que requeriría que los jueces consideraran que las conclusiones
del juez Henley eran 'claramente erróneas'". Esto, por supuesto, era mucho
pedir, ya que la sentencia de Henley no se dictó a la ligera.
El mayor Frakt también explicó: "La postura del gobierno era que no se puede considerar que una
declaración se haya obtenido mediante tortura a menos que se haya utilizado la
tortura en la sesión de interrogatorio específica en la que el sospechoso
confesó. El tribunal parecía muy escéptico en cuanto a que los efectos de la
tortura nunca pudieran trasladarse a un interrogatorio posterior". Como
señaló Associated Press, los jueces "se preguntaron si podían ignorar el
hecho de que Jawad fue torturado para obtener su primera confesión", y el
capitán O'Toole preguntó: "¿Podemos admitir declaraciones coaccionadas que
no son voluntarias? Esa es la cuestión básica"
David Brennan, colega del mayor Frakt y profesor de Derecho Internacional en la Western State University,
que también asistió a la vista, hizo otros comentarios. Explicó que los jueces,
que estaban "bien versados en el caso Jawad y en las cuestiones planteadas
[...] parecían reacios a aceptar la sugerencia del gobierno de que el Congreso
podía legislar para eliminar las protecciones constitucionales inherentes a un interrogatorio".
También reforzó lo que parecía ser una creencia predominante de que los jueces estaban particularmente
preocupados por el momento de la segunda confesión, señalando que "no
estaban dispuestos a aceptar la descabellada hipótesis del gobierno de que el
interrogatorio del Sr. Jawad por fuerzas militares estadounidenses poco después
del realizado por funcionarios afganos, que fue innegablemente producto de la
tortura, estaba milagrosamente libre de los efectos persistentes de ese trato
manifiestamente ilegal a un prisionero".
Aunque el tribunal no fijó una fecha para anunciar su veredicto, el mayor Frakt se mostró confiado en que
los jueces confirmarían la sentencia del coronel Henley, dejando el caso
"eviscerado", como explicó el teniente coronel Vandeveld cuando
Henley descartó el uso de la declaración. Confío en que se confirme la
sentencia del juez Henley", escribió el mayor Frakt en su correo
electrónico, "pero es terrible que la administración Bush siga adoptando
estas escandalosas posturas jurídicas hasta el amargo final". El argumento
oral del gobierno fue esencialmente el último suspiro de un régimen en su agonía."
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